Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 135656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 29/12/2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC).
HDT
Sentencia Definitiva Causa N° 135656; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº21 - LA PLATA IGLESIAS JOSE ANTONIO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 135656, caratulada: "IGLESIAS JOSE ANTONIO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 29/12/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 07/02/2023, contra el decisorio de fecha 29/12/2022. El medio de impugnación se concedió libremente mediante providencia del 10/02/2023, aunque luego fue “desmejorado” por Presidencia de esta Alzada a través del trámite del 27/09/2023 concediéndoselo en relación y presentándose el memorial de agravios en esta instancia revisora el 03/10/2023, no correspondiendo su sustanciación por no hallarse trabada la litis (ver proveído del 04/10/2023). El día 22/11/2023 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámaras, el que se hizo saber en la misma fecha, encontrándose la causa en estado de resolver.
2. Al momento de dictar el pronunciamiento atacado, el juez de la instancia de origen rechazó la acción colectiva intentada por José Antonio Iglesias en representación de la Asociación Civil por la Defensa de los Derechos Vulnerados de Usuarios y Consumidores de Productos y/o Servicios de Entidades Financieras y/o Prestatarias (en formación) contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires; desestimó la cautelar requerida atento el modo de resolución; sin imposición en costas por la particularidad del caso. Para así decidir, tuvo en cuenta -entre otras cuestiones- que “...la Asociación accionante no se halla habilitada para discutir sobre el objeto que versa el presente litigio, toda vez que no logró acreditar el invocado carácter de organización de defensa del consumidor debidamente inscripta en el que sustente su legitimación...” (ver resolutorio del 29/12/2022).
3. En prieta síntesis, en lo que aquí interesa destacar, se agravia la apelante afirmando que su representada no es un ente inexistente, sino una persona jurídica plena, que existe para el derecho desde su registración.
Manifiesta que sólo pende concluir el trámite de registración en el Registro Nacional de Asociaciones de Defensa del Consumidor y que el mismo está cumplido en lo que atañe a los recaudos de la Asociación, todos integrados, restando -según su estimación- el simple dictado del acto administrativo que dispone su inscripción en el registro.
Entiende que la condición jurídica actual de la Asociación actora, no justifica la denegación absoluta de audiencia que decide el Juez apelado, aplicando una interpretación de una estrictez inapropiada a la materia y a la urgente necesidad de tutela cautelar, desde que la accionante es una persona jurídica debidamente registrada y constituida como tal que, además, cuenta con socios adherentes identificados, quienes en lo particular dieron mandato para la promoción de la acción y decidieron participar en la demanda identificándose con todos sus datos personales para subrayar la entidad colectiva del ente, agregando que su representada planteó esta acción por mandato de sus asociados, en atención a sus intereses individuales homogéneos, asentados en la lesión a sus derechos como consumidores hipervulnerables, perpetrada por los créditos contraídos con el banco demandado.
Adita que no es esta una acción con un ente abstracto y desconectado de mandantes concretos, sino una instada por éstos, quienes participan nominalmente del proceso.
Se duele por no haberse admitido la medida cautelar pretendida en función del rechazo de la acción.
Sostiene que erigir la conclusión del trámite de registración en el registro especial (en el que -asevera- todos los requisitos ya están integrados), como obstáculo al acceso a la jurisdicción, denegando audiencia a la demanda, incluso en su aspecto cautelar, constituye una hermenéutica disfuncional tanto respecto de la construcción de la defensa de los derechos colectivos, como respecto de los derechos del consumidor, máxime hipervulnerable como el financiero.
Refiere que debió acogerse la pretensión cautelar, pues se podría haber dictado limitando sus efectos a la nómina de asociados individualmente identificados.
Cita en apoyo de su postura un proyecto de ley que -expresacuenta con media sanción de la Cámara de Diputados que intenta hacer frente a los problemas por los créditos UVA y, a su vez, hace hincapié en el debate del mismo.
Solicita se disponga la provisión de la cautelar o, en subsidio, la fijación de un plazo perentorio para la acreditación faltante, sin rechazar la demanda, hasta su trascurso (ver memorial del 03/10/2023).
4.A. En forma liminar, cuadra remarcar que tratándose la calidad o legitimación para obrar de un requisito esencial del derecho de acción (o de la pretensión), el juez debe examinar de oficio el tema, que constituye una típica cuestión de derecho (conf. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados”, Tomo 5, §574, comentario al art. 345, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2015).
Sólo después de acreditarse las "justas partes" o las "partes legítimas" -condición de admisibilidad intrínseca de la acción o pretensiónse entra en el juzgamiento del mérito, atendibilidad o fundabilidad de lo pretendido. Así, se ha sostenido que la legitimación para obrar es la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso (Sup. Corte Bs. As., Ac. y Sent., 1976-II-37 o DJBA 109-114 o LL 1977-A-350 y, más actualmente, 5/3/2014, "A., N. M. v. S. J., A. s/Sucesión. Reconocimiento de paternidad y petición de herencia", Juba sumario B3904631) -conf. Morello, ob. cit., comentario al art. 345 y jurisprudencia allí referenciada-.
Simplemente estar legitimado en la causa significa tener derecho a que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya por medio de una sentencia favorable o desfavorable. Por consiguiente, cuando una de las partes carece de esa calidad no será posible tomar una decisión de fondo, y el juez deberá limitarse a declarar que se halla inhibido para hacerlo. Se trata sólo de una condición necesaria para poder dictar la sentencia de fondo (cfr. Devis Echandía, Nociones generales de derecho procesal civil, ed. 1966, p. 283).
Constituye así un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, ya que determina quiénes deben o pueden demandar y a quién se debe o se puede demandar. Dicho de otro modo, precisa quiénes están autorizados para obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso concreto, y, por tanto, si es posible resolver la controversia que respecto de esas pretensiones existe en el juicio entre quienes figuran en él como partes (demandante, demandado e interviniente); en una palabra: si actúan en el juicio quienes han debido hacerlo, por ser las personas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis (cfr. Devis Echandía, ob. cit., ps. 299/300). 4.B. Sentado lo anterior, debe repararse que el art. 55 de la ley 24.240 (de Defensa del Consumidor, en adelante, LDC) en su primer párrafo estipula: “Legitimación. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley”.
Es decir, la constitución como personas jurídicas de las asociaciones de consumidores y su reconocimiento por la autoridad de aplicación, importan un requisito insoslayable a los efectos de verificar su legitimación para el ejercicio de acciones en defensa de intereses de incidencia colectiva.
En este sentido, la CSJN, en causa "Asociación Sepa Defenderse c. Secretaría de Energía de la Nación y otros s/Amparo colectivo", sent. del 26/12/2018 (cita La Ley Online AR/JUR/79291/2018), resolvió que la inscripción en Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores es un presupuesto necesario para que las asociaciones puedan accionar en el ámbito nacional, en representación de los intereses de usuarios y consumidores.
Dicho antecedente resulta plenamente aplicable al caso traído a juzgamiento, máxime si se advierte que la asociación actora (en formación) posee domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) según escrito de demanda y escritura pública acompañada al mismo (ver trámite del 03/10/2022).
Sin perjuicio de ello, como la acción fue interpuesta ante estos tribunales provinciales, corresponde remarcar que, en sintonía con lo dispuesto por la legislación nacional, la ley 13.133 -Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- en su art. 22 prevé que las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para su registración, deberán cumplir con lo establecido en la ley 12.460 (que ordena la creación del Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios -reglamentado por Decreto 1191/02 del 14/05/2002-). Además, en su art. 26 (texto según ley 14.640), estipula que: “Cuando los consumidores y usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos subjetivos, de incidencia colectiva o intereses legítimos, se encuentran legitimados para interponer las acciones correspondientes: a) Los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva. b) Las Asociaciones de Consumidores debidamente registradas en la Provincia de Buenos Aires. c) Los Municipios a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)”.
4.C. Conforme todo lo precedentemente expuesto, se advierte que en estas actuaciones el señor Iglesias, quien invoca la representación de la Asociación actora, no ha logrado acreditar la legitimación de esta última para el inicio de las presentes actuaciones.
Ello así, nótese que en el escrito de demanda expresamente se señaló que “...la inscripción de esa Asociación se halla en trámite ante la Inspección General de Justicia, bajo el número 9.440.727 894 E3D 001, Formulario 3473.977. Por esa razón, aditamos a nuestra denominación social la aclaración ‘en formación’...”, y que “...siguiendo el mandato de la Asociación, e, indirectamente, el de sus socios adherentes, vengo a promover la presente demanda” (ver punto 2 de la presentación inicial del 03/10/2022).
Es decir, la calidad de actora en estos obrados es asumida únicamente por la “Asociación Civil por la Defensa de los Derechos Vulnerados de Usuarios y Consumidores de Productos y/o Servicios de Entidades Financieras y/o Prestatarias (en formación)” y no por los socios adherentes de la misma aunque en la demanda se los haya nominado, desde que no revisten la calidad de mandantes -en los términos del art. 47 del Código Procesal Civil y Comercial, en adelante, CPCC- ni, por ende, de legitimados activos.
Asimismo, con relación a la documentación acompañada por el accionante con fecha 29/10/2023, es dable indicar que su agregación no sólo resulta extemporánea en esta Alzada en los términos de los arts. 270 y 272 del CPCC -y, como tal, no cabe su admisión-, sino que además y a todo evento no alcanza para acreditar la efectiva inscripción de la Asociación accionante, sino únicamente la caratulación de la solicitud de dicha inscripción por ante el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, destacándose -a mayor abundamiento- que tampoco se ha justificado la efectiva inscripción por ante la Inspección General de Justicia de la Nación ni por ante el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios (arts. 270, 272, 375, 384 y concs., CPCC; 55, LDC; 22, 26 inc. “b”, ley 13.133).
4.D. En efecto, cuando la falta de legitimación para obrar resulta manifiesta, inequívoca o plena, de modo tal que no exista la más mínima hesitación para declarar que quien invoca el carácter de actor no es la persona idónea o habilitada para discutir en punto al objeto litigioso, es cuando cabe descartar la tramitación integral de un proceso, porque ello importaría un dispendio de actividad para las partes, el órgano jurisdiccional y los terceros. Carece de sentido tolerar que se substancien todas las etapas de un proceso, cuando desde un primer momento surge palmariamente que el actor no posee legitimación, y sobre el particular, obviamente, no se cierne la más mínima duda (conf. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados”, Tomo 5, §574, comentario al art. 345 y jurisprudencia allí citada, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2015).
De consuno con ello y en relación a las alegaciones formuladas por el quejoso en torno a que de la sentencia puesta en crisis surgiría una interpretación de una estrictez inapropiada en la materia, así como que la cuestión de la registración de la asociación actora no puede erigirse como obstáculo al acceso a la jurisdicción, pues ello constituiría una hermenéutica disfuncional tanto respecto de la construcción de la defensa de los derechos colectivos, como respecto de los derechos del consumidor (ver memorial de agravios del 03/10/2023), cabe enfatizar que las normas procesales tienen una razón y función específica de ser: tienden a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos que hacen al debido proceso legal. Los principios sustanciales/procesales sirven para completar alguna laguna legal y/o dar una respuesta frente a dos normas que resultan contradictorias. La seguridad jurídica se sustenta en el principio de legalidad por el que todo juez debe velar (conf. esta Sala, causa 126768, RSI 517/19, sent. int. del 26/12/2019).
Administrar un proceso judicial desde principios es disolver el principio de legalidad procesal y vaciar la garantía del debido proceso legal en aras a una impuesta efectividad de los derechos que sólo tiene el ropaje de ello. No se propician formulismos procesales como tampoco procesos abiertos, sólo garantizar, con arreglo a la ley, la garantía de la defensa en juicio (conf. arg. art. 18, CN; causa 126768 cit.).
En efecto, conforme lo ha expuesto la CSJN "…lo esencial sea que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias" (Fallos: 315:106; 329:5903 y 338:552).
Colofón de lo anterior, en los términos procesales en que se efectivizó la pretensión incoada y careciendo la Asociación actora de legitimación suficiente para incoar la presente acción, es que corresponde rechazar la impugnación incoada, deviniendo improcedente -además- el agravio que persigue el tratamiento de la medida cautelar pretendida con base en la mentada falta de legitimación para actuar (arts. 260, 272, CPCC). 4.E. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala 3, causa B-79.059, reg. sent. 195/94, e.o.; esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020, e.o).
5. Consiguientemente y en forma coincidente con lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámaras el 22/11/2023 (arts. 52 de la LDC; 27 de la ley 13.133; 28 inc. 6, y concs., de la ley 14.442 -del Ministerio Público Fiscal-), postulo confirmar la sentencia apelada de fecha 29/12/2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada propicio que sean impuestas en el orden causado atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC).
Voto, pues, por la AFIRMATIVA.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 29/12/2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada cabe que sean impuestas en el orden causado atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 29/12/2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia