Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.758
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de grado (conf. normativa, doctrina y jurisprudencia citadas). Las costas de Alzada se imponen al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en la que haya base firme a tal fin (art. 51 L. 14.967). Téngase presente la Reserva Del Caso Federal. Devuélvase (arts. 47/8 ley 5827).
En la ciudad de Necochea, a los 11 días del mes de julio de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "IGLESIAS MONICA ALEJANDRA C/ FERREYRA GUILLERMO FABIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXCL. AUTOM./ESTADO)", Expte. 13.758, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 02/02/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia:
El 2 de febrero de 2023 el Juez dictó sentencia haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Mónica Alejandra Iglesias contra Guillermo Fabio Ferreyra, condenando de esta forma al demandado a pagar a la actora -dentro del término de diez días de quedar firme la sentencia- la suma de pesos un millón ciento cuarenta y cuatro mil ($ 1.144.000), con más los intereses calculados a una tasa del 6% anual desde la mora y hasta la fecha del dictado de la sentencia y de allí en adelante la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, hasta el momento del efectivo pago. Impuso las costas del juicio al demandado vencido (art. 68 del CPCC) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 dec. ley 8904 y ley 14.967).
Para arribar a su decisión comenzó por encuadrar la cuestión citando dos antecedentes de esta Alzada referidos a violencia de género (Expte. 10.510, reg. int. 125 (S) del 9/10/2018 y expte. 12.116, reg. int. 56 (S) del 22/6/2021), con transcripción de la normativa nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos en materia de violencia contra la mujer, así como precedentes de nuestro más alto Tribunal en derecho de daños.
En el análisis del caso tuvo por acreditados los siguientes antecedentes: “no se encuentra discutido que las partes contrajeron matrimonio el día 19/03/2004 -lo que a su vez se constata con la documentación obrante a fs. 5 de la causa nro. 19.245 de trámite por ante el Juzgado de Familia n° 1 departamental-, ni que el hogar familiar se estableció durante el tiempo que duró el matrimonio en el inmueble ubicado en calle 68 n° 3554, ni que con posterioridad a la separación el demandado resultó excluido del mismo, ordenándose judicialmente el reingreso al inmueble de la actora junto con sus hijos menores de edad, así como la restricción de acercamiento del demandado a la actora, todo lo cual surge de la resolución dictada en fecha 30/11/2017 en el marco de la causa nro. 19.163 de trámite por ante el Juzgado de Familia n° 1 departamental. Dicha medida de restricción, conforme lo que de allí surge, dictada inicialmente por el plazo de 60 días, resultó prorrogada en fecha 06/02/2018 por idéntico plazo, posteriormente en fecha 11/04/2018 por otros 90 días, y nuevamente en fecha 12/07/2018 hasta tanto culminar el trámite de la IPP n° 2650/18 caratulada "Ferreyra Guillermo Fabio - Daño, Desobediencia".
Seguidamente consideró probado “que el Sr. Ferreyra incumplió la orden de restricción de acercamiento decretada, no solo porque el mismo lo reconoció en oportunidad de absolver posiciones en la audiencia de vista de causa (minuto 22' de la grabación), sino porque a consecuencia de dicho incumplimiento se labraron las actuaciones caratuladas "FERREYRA GUILLERMO FABIO S/ DESOBEDIENCIA, DAÑO. VTMA: IGLESIAS, MONICA ALEJANDRA" causa n° 11.677 de trámite por ante el Juzgado Correccional n° 1 departamental, donde en fecha 20/08/2019 el accionado resultó condenado a la pena de un (1) mes de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable de los delitos de desobediencia judicial y daño en concurso real entre sí”.
Estimó que se acreditaron con las testimoniales rendidas las agresiones verbales y psicológicas sufridas por la actora durante la convivencia con el accionado y con posterioridad a la separación, así como también la exclusión forzosa del hogar de la actora y sus dos hijos menores -fecha a partir de la cual se fijó la mora (04/07/2017)- por considerarla representativa del contexto de violencia padecido, analizando la totalidad de las pruebas relacionadas con esos hechos.
Concluyó que “de las probanzas reseñadas surge acreditado el estado de angustia, tormento y desasosiego que debió transitar la actora frente a las reiteradas amenazas, agresiones verbales y hostigamientos ejercidos por el accionado hacia su persona, tanto directamente, como a través del trato prodigado a los hijos de ambos” y entendió cumplidos en el caso los presupuestos básicos de la responsabilidad civil: la acción, la antijuricidad, el daño, la relación causal y la presencia de un factor de atribución, llegando a la convicción del adecuado nexo de causalidad entre los hechos del accionado -expuestos por la actora en su escrito postulatorio- y el daño sufrido, que debe ser resarcido.
Cuantificó consecuentemente los daños en las sumas de $1.000.000 en concepto de daño moral y justipreció en $144.000 el daño psicológico.
II. El recurso:
La decisión agravió al demandado quien presentó su expresión de agravios el 22/02/2023, los que fueron debidamente replicados por la actora mediante escrito del 13/04/2023.
Desarrolló en su recurso tres agravios:
1. El primero de ellos lo expuso bajo el título de “violación de las reglas de la sana crítica, desatención de las máximas de la experiencia y deficiente fundamentación”, centrándolo en la valoración realizada por el magistrado respecto de la prueba testimonial y sicológica.
Al respecto sostuvo “A poco que se contraste la Sentencia con el resultado de las pruebas producidas en autos, especialmente la prueba testimonial, se advertirá prontamente que las reglas de la sana crítica -entendidas como normas del correcto entendimiento humano-, no han sido respetadas. Toda vez, que pasaron por alto determinadas circunstancias de suma importancia, que de haber sido ponderados de otra manera el resultado del juicio hubiera sido muy distinto” calificando las declaraciones testimoniales de temerarias, maliciosas y mendaces y agregando que “no se ha precisado circunstancias concretas días, horas y demás relevancias que permitan aseverar con precisión hechos provocadores de violencia de índole psicológica y moral por parte del Demandado”.
Del informe Pericial colige que “la Actora referencia situaciones traumáticas con el sr Ferreyra, sin embargo manifiesta que continua viviendo en el inmueble por consejos profesionales”, concluyendo que “el Juzgador ha pasado por alto tener en cuenta, que la Actora ha priorizado los consejos profesionales, a su supuesta situación traumática”.
2. En el segundo agravio aduce que “el Juez de grado ha dejado pasar por alto al momento de Sentenciar, que el incumplimiento de la orden de restricción de acercamiento decretada y reconocida por el sr Ferreyra en audiencia de vista de causa y por la cual se labraron actuaciones (Causa 11.657), tal como se desprende de las mismas no ha sido una típica situación de un denunciado que se desplaza en el radio e inmediaciones donde vive el denunciante, con la intención de ejercer algún tipo de intimidación o violencia” sino una cuestión de fuerza mayor originada por un imprevisto corte de luz y apagado de cámaras donde se hallaban depositadas las mercaderías, con la posibilidad de inminente pérdida de las mismas.
3. Impugna en su tercer agravio los montos indemnizatorios estimados en concepto de daño moral y daño sicológico, considerándolos injustificados, desproporcionados y configurativos de un exceso de punición, en violación al principio de razonabilidad contemplado en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional.
Finalmente efectúa la reserva del caso federal, pide se revoque la sentencia y se impongan las costas a la actora.
III. Tratamiento del recurso:
1. El pedido de deserción:
En forma preliminar corresponde me expida respecto al pedido de deserción del recurso, efectuado por la actora en los términos de los arts. 260 y 261 del CPCC.
Llevaré a cabo ese análisis desde una mirada que considero bifronte: por un lado, en aras a garantizar el derecho que tiene el demandado respecto de la revisión de la sentencia dictada en primera instancia en función de los cuestionamientos efectuados en su recurso, y desde otro ángulo, en pos de brindar una respuesta rigurosa en un asunto de extrema sensibilidad como son los casos que involucran la temática de la violencia de género.
El primer abordaje, motivado en la solicitud de deserción del recurso, lo efectúo adscribiendo al criterio amplio que viene sosteniendo esta Alzada desde una mirada constitucional que tiene como eje la garantía de defensa en juicio (arts. 18 y 42 de la Constitución Nacional; arts. 15 y 38 de la Constitución Provincial), haciendo lugar a su admisibilidad porque valoro que el recurso satisface, aunque sea mínimamente, la técnica recursiva del art. 260 del CPCC, por lo que desestimo el acuse de deserción, más allá de la suerte de la impugnación la que anticipo no prospera por los argumentos que seguidamente pasaré a desarrollar (conf. esta Alzada expte 640 reg. int. 64 (S) del 19/5/2010; expte. 766, reg. int. 75 (S) del 5/10/2010; expte. 13.609, reg. int. 44 (S) del 13/04/2023, entre muchos otros).
Desde el otro enfoque, tal como señalé, me aboco al tratamiento del recurso en función de los pronunciamientos que como poder judicial debemos brindar en los casos de violencia de género, porque desde una mirada sistémica e integral el cumplimiento de los postulados normativos convencionales en pos de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva (art. 75 inc. 22 de la CN, art. 7 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará”), conllevan asimismo un fuerte compromiso estatal “en la erradicación de la violencia y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección" (CIDH caso Espinoza Gonzáles vs. Perú sent. de 20-XI-2014).
2. El marco normativo - interpretativo:
Antes de introducirme en el análisis de los hechos que forman la plataforma fáctica del caso, corresponde que encuadre la cuestión traída a decisión en el plexo normativo aplicable.
Es sabido que cuando los reclamos versan sobre daños y perjuicios los jueces civiles cuentan con amplia facultad para juzgar la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil a fin de comprobar si se encuentra configurada la obligación de resarcir y la dimensión de ésta (arts. 1716, 1717, 1721, 1736, 1737, 1738 y sig. del CCyC). En definitiva, constatar los presupuestos para la procedencia de la acción: ilicitud, daño, factor de atribución y nexo de causalidad.
Sin embargo, en los daños y perjuicios por violencia familiar al estudio propio de las reglas de la responsabilidad civil, se le suma a la judicatura la obligación de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en la materia, en orden a lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del CCyC que expresamente disponen la coherencia interpretativa de la ley conforme el esquema constitucional y convencional vigente.
Por ello, el estándar probatorio del presente caso exige la aplicación integral, sistémica y coherente de la normativa nacional y provincial, de orden público, así como el Corpus Iuris Internacional en la materia, con el obligado análisis del juzgamiento con perspectiva de género atento que “los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad; porque los magistrados no pueden ignorar la existencia de patrones socio culturales y en consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos hombres o dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales”, “no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto” (Medina, Graciela; “¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?” La Ley AP/DOC/185/2016).
La labor hermenéutica y axiológica en la apreciación de los hechos y las pruebas en los casos de violencia familiar debe estar informada de esta realidad imperante y circunstanciada -impregnada de aspectos fácticos, vinculares y sociales- que nos impone atender no sólo a los bienes jurídicos que resultan protegidos por las normas en juego sino, también, llevar adelante un abordaje transversal, diferenciado y consciente de las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas (art. 75 inc. 23 CN).
En un fallo relevante en materia de violencia de género que fue dictado por esta Alzada, con el enjundioso voto de la Dra. Issin, se sostuvo: “Ha de destacarse que por imperativo constitucional la atención y resolución de los conflictos, en procura del efectivo goce de los derechos humanos desde la perspectiva de género, es un deber indelegable e insoslayable del Estado, en tanto le es impuesto en todas sus esferas y en todos los niveles de descentralización, y en caso de incumplimiento puede hacer pasible al Estado de responsabilidad internacional (arts. 2, 3, 4, 5 y cc. de la CEDAW, y 7, 8 Convención de Belem Do Pará).
De allí que son enteramente exigibles las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en la materia, y que conceptualizan a la violencia contra la mujer como constitutiva de "una violación de los derechos humanos y libertades individuales" y en consecuencia las normas convencionales como así también las regulaciones a nivel interno son de orden público (art. 1 ley Ley 26.485), debiendo seguirse los cánones interpretativos enunciados por la CSJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus efectos vinculantes (conf. Medina, Graciela “El valor de la jurisprudencia internacional para evitar la violencia contra la mujer”, en SJA 22/06/2016 , 1 • JA 2016-II, ver notas n°5, 6 y 7, caso CIDH "Gelman vs. Uruguay" sentencia del 24 de febrero de 2011 y en la supervisión de cumplimiento del mismo -resolución del 20 de marzo de 2013- , SCBA; C. 118.472, "G. , A.M. . Insania y curatela" y sus acumuladas C. 118.473, "G. J.E. Abrigo" y C. 118.474, "S. , R. B. y otro/a. Abrigo; sent. del 04/11/2015).” (Expte. 10.510, reg. int. 125 (S), del 09/10/2018).
En el orden de los Tratados de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la CN) la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –“Convención Belem Do Pará”– define como violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1), incluyéndose a la violencia física, sexual y psicológica (art 2), consagrando asimismo que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre los que se comprenden: el derecho a que se le respete su vida, su integridad física, psíquica y moral (art. 4, inc. a y b). En el art. 7 inc. g insta a los estados a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (el resaltado me pertenece).
En la Recomendación General n° 19 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1992), el Comité CEDAW, declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de ser mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.
En el ámbito nacional la ley 26.485 promueve y garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y las condiciones necesarias para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos (arts. 2, inc. b y c, 3 inc. a), definiendo asimismo la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su integridad personal” (art. 4).
Precisa que comprende expresamente dentro de los términos de violencia a la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política (art. 5). Centrándonos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley 12.569 define como violencia familiar, “toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito” (art. 1), entendiendo por grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o consanguíneos y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos (art. 2) y contemplando también su aplicación en los casos que la violencia familiar se ejerza sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo vinculado por matrimonio o unión de hecho (art. 2 in fine)”.
Puntualmente, en nuestro sistema jurídico, las mujeres también tienen el derecho a vivir una vida sin violencia, reconocido tanto por el Art. 3 de la Convención de Belén do Pará (Ley nº 24.632), como por los arts. 2º inc. b- y 3º inc. a- de la Ley de Protección Integral nº 26.485, que lo reconocen expresamente, tanto en el ámbito público como en el privado. En todo caso, las afectadas no son libradas a su suerte, sino que el Estado, por conducto de la normativa, asume un rol que, puesto en términos de la Convención de Belén do Pará, abarca la prevención, investigación, sanción y reparación respecto de las víctimas (cfrme. los arts. 1º, 7º y ccdtes.)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, "A.R.H. y Otra c/E.N. Seguridad -P.F.A. y Otros s/daños y perjuicios", expte. n° 50.029/2011, sent. del mes de julio de 2017).
Señala Víctor Abramovich, que "...el esquema de obligaciones de la Convención de Belém do Pará y en especial el deber de debida diligencia, sólo puede entenderse a partir de la relación que se establece en ese instrumento entre violencia y desigualdad. Las relaciones desiguales de poder son claves para entender la dinámica de la violencia de género y de allí la imposición al Estado de un deber de prevención y protección diferenciado o reforzado" ("Responsabilidad estatal por violencia de género: comentario sobre el caso 'Campo Algodonero', en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", www.anuariocdh.uchile.cl).
En este sentido, cabe destacar el reproche jurídico que merece “la violencia doméstica -como especie de la violencia de género – en “el sistema jurídico internacional, regional, nacional y provincial. Así ha sido considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una clara violación de los derechos humanos (Informe Final n° 54/01 del caso 12.051, 16 de abril de 2001, caratulado Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil)
Por ello, la circunstancia de que los hechos que vulneran derechos fundamentales, como la integridad física o psíquica, se produzcan en el ámbito familiar -durante la relación o tras su finalización- no los hace refractarios ni inmunes al deber de “no dañar a otro”, porque resulta medular que el perjuicio y su reparación plena deban apreciarse desde la universalidad del ordenamiento. No quedan dudas que el abordaje de la responsabilidad por daños producto de las violencias familiar y/o de géneros y su consecuente visibilización es esencial e instrumental al principio de inviolabilidad de la persona humana y del respeto consustancial a su dignidad en tanto valores supremos.
La doctrina más destacada sostiene “Evidentemente que si el derecho de familia es parte del derecho civil y se regula en el Código Civil y Comercial, se nutre de sus principios generales y es a estos principios generales a los que hay que acudir cuando se deben interpretar las normas. Como uno de los principios básicos del derecho civil es el responder por el daño injustamente sufrido, la reparación de los perjuicios en el ámbito de las relaciones de familia se torna ineludible si se dan los requisitos de la responsabilidad civil-…- Interpretando coherentemente el principio de no dañar, los principios de responsabilidad civil y los principios del derecho de familia, debemos concluir que el actuar dañoso dentro de las especiales relaciones familiares obliga a la reparación del daño causado” (Medina Graciela “Daños en el derecho de familia en el Código Civil y Comercial” Publicado en: RCyS 2015-IV , 287, Cita Online: AR/DOC/774/2015).
La misma autora sostiene que "...no basta con sancionar penalmente, ni con impedir civilmente la continuidad de la violencia, sino que es imprescindible que tanto los dañadores como quienes contribuyen con su conducta a agravar el daño o prolongarlo en el tiempo deben responder por los perjuicios sufridos por las víctimas de violencia sexual o doméstica de una manera integral y eficaz. En tal sentido, consideramos que los Estados que no garanticen el acceso a esta indemnización también deben responder frente a las víctimas, tal como lo ha ordenado en múltiples oportunidades la Corte Europea de Derechos Humanos" (Medina Graciela, Violencia de género y violencia doméstica: Responsabilidad por daños, Ed. Rubinzal Culzoni.
1. ed., Santa Fe, p. 595).
En relación al marco normativo y la metodología de análisis en este tipo de casos, cabe traer a colación el profuso voto del Dr. Loiza en un expediente de daños y perjuicios vinculado a esta temática -Expte. 12.116- en el que destacó: “tales han de ser entonces las herramientas con las que evaluaremos los hechos alegados en demanda, recordando que el presente no se trata de un caso de responsabilidad civil típico donde se analizan cuestiones patrimoniales básicas; estamos en el ámbito familiar donde se suponen protección y cuidados mutuos, y donde la afectación de esos lazos impone otros parámetros de análisis (art. 1 CCyCN)” (reg. int. 56 (S) del 22/06/2021) El Código Civil y Comercial señala en su art. 1716 que “la violación de ese deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado…” y el art. 1749 establece una responsabilidad directa a “…quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. En materia de reparación las distintas Recomendaciones de la CEDAW señalan:
- La Recomendación General N° 19 (punto 24) insta a que: “inc. i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida la indemnización.
- La Recomendación General N° 28 (párrafo 32) exige a los Estados partes que proporcionen resarcimiento a las mujeres cuyos derechos protegidos por la Convención hayan sido violados. “Si no hay resarcimiento no se cumple la obligación de proporcionar un recurso apropiado. Estos recursos deberían incluir diferentes formas de reparación, como la indemnización monetaria, la restitución, la rehabilitación y el recurso de reposición; medidas de satisfacción, como las disculpas públicas, los memoriales públicos y las garantías de no repetición; cambios en las leyes y prácticas pertinentes; y el sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de los derechos humanos de la mujer”.
- En el mismo sentido se expide la Recomendación General N° 33, que en el capítulo sobre el acceso de la mujer a la justicia, punto 14 inc. e) expresamente consagra que “La aplicación de recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido (véase el artículo 2 de la Convención)”.
- En la Recomendación General N° 35 de la CEDAW punto 33 “Reparaciones”: El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas con respecto a las reparaciones: a) Proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer. Las reparaciones deberían incluir diversas medidas, tales como la indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, incluidos servicios de la salud sexual, reproductiva y mental para una recuperación completa, y la satisfacción y garantías de no repetición, de conformidad con la recomendación general núm. 28, la recomendación general núm. 30 y la recomendación general núm. 33. Tales reparaciones deben ser adecuadas, atribuidas con prontitud, holísticas y proporcionales a la gravedad del daño sufrido”.
Desbrozada minuciosamente toda la normativa y perspectivas aplicables, paso entonces al análisis del caso en función del recurso interpuesto por el demandado.
3. La responsabilidad:
La sentencia del magistrado se estructura sobre una plataforma fáctica en la que distingue, a lo largo de su desarrollo, distintos hechos relevantes configurativos de la responsabilidad del accionado y que hilvana de manera precisa y circunstanciada en su desarrollo: el incumplimiento de la orden de restricción (desobediencia judicial) y daño a la propiedad de la actora; las agresiones verbales y psicológicas sufridas por la Sra. Iglesias durante la convivencia con el Sr. Ferreyra; la exclusión forzosa del hogar de la actora y sus hijos menores; las agresiones y hostigamientos sufridos con posterioridad a la separación y los padecimientos sufridos por los hijos de las partes con motivo del accionar de su progenitor, como constitutivo del daño provocado a la actora.
1. a. La crítica del demandado en torno a la responsabilidad atribuida reposa, mayormente, en la valoración efectuada por el juez respecto de las declaraciones testimoniales, cuestionándolas -en su primer agravio- en los siguientes términos: “temerario, memorizado armado y coincidente relato testimonial de las amistades de la victimizada Actora, los testigos:
Alejandra Carina Caraballo, Maria Victoria Lasala y Alejandra Lembi, quienes fundamentan sus dichos que a la luz de todo análisis, salvo el del juez de grado, en relatos traídos de información que ha proporcionado la propia Actora,” La Actora me conto”, La Actora me dijo”. Más adelante, en su libelo recursivo, enfatiza: “Reitero, el Juez de grado a dictado Sentencia teniendo en cuenta Testimonios de amistades de la Actora (sic), viciados y cargados de gran temeridad y malicia (circunstancia que se podrá advertir de la atenta escucha de la audiencia)”. Ahora bien, surge de la videograbación de la Audiencia de vista de la Causa que:
- La testigo Alejandra Carina Caraballo refirió varios hechos de hostigamiento (a partir del minuto 7’ de la audiencia) por parte del demandado relatando “que la primera vez que los echó de la casa en invierno de 2017 tipo 7 de la tarde fue Mónica a mi casa, primero me llamó llorando que la había echado, que no la dejaba entrar a su casa… y los chicos estaban aterrados…ella se quedó en casa dos o tres días porque como la mamá es grande Mónica no le quería decir a su mamá….hasta que se organizó y se fue al monoambiente que alquilaba su mamá, ella no quería molestar porque Gigi es una persona grande… y tuvieron que estar ahí hasta diciembre que la dejaron volver al domicilio…ese día que se fueron, se fueron con lo puesto, no tenían ni un pijama, no les dejó sacar nada de la casa el señor Ferreyra”-…-“cuando volvieron a la casa les cortó la luz, todo para que se cansen y no estén en la casa”-…-“se por Maia que un día estaban almorzando en casa, antes que se separaran…una discusión tonta…Maia estaba llorando en la pieza y le decía a su mamá ahora cuando lleguemos a casa papá va a estar enojado otra vez y te acordás cuando te tiró con el sifón el otro día….la nena tenía miedo que cuando volvieran a la casa algo pasara”.
- La testigo María Victoria Lasala relató (a partir del minuto 35) que desde antes de la separación le constaban continuos hechos de hostigamiento sicológicos y violencia verbal por parte del demandado a la actora, precisando que “cuando él se enteró que la estaban por restituir al domicilio conyugal por los hijos menores él le pateó el auto y ella por miedo activó el botón antipánico y estuvo en mi casa, yo le di lugar para que guarde el auto, para que duerman en mi domicilio, después se fue a otra ciudad donde vive el padre por temor, por miedo hacia él porque no sabía hasta donde podía llegar esa violencia, estaba muy asustada, incluso esa noche yo dejé el auto afuera y le di lugar para que guarde el auto de ella-…- ellos comparten actualmente la vivienda, él vive atrás y ella adelante, y continuamente le está haciendo pequeñas cosas para hostigarla, le corta la luz, le rompe las cosas, le sacó el portón de la guía para que ella no lo pueda mover, le hace saltar la alarma cuando sabe que la mamá de ella es una persona mayor enferma, tiene cáncer, está en la cama y no se puede mover, cuando él sabe que la madre está sola él le dispara la alarma porque la alarma la maneja él”.
En relación a la repregunta del letrado del demandado para que precisara los pequeños hostigamientos la testigo adicionó (a partir del minuto 41 de la videograbación) que en relación a Maia ella le dijo que “el padre le pidió que le consiga la escritura de la casa para poder pagarle la fiesta de 15, eso es dicho por la misma hija…jugaba con esa sicología” (coincidendo esto último con lo relatado por el testigo Landi - 1 h 03´20´´ de la videograbación). La testigo Alejandra Andrea Lembi refiere que uno de los hijos de Ferreyra (a partir del minuto 51 de la audiencia) Mauro, dijo que el padre lo maltrata sicológicamente, a Mónica le traba el portón de rejas sacándole del carril y de esta forma ella a la noche no lo puede cerrar porque tiene un tamaño grande; ella tiene miedo a usar el botón antipánico por lo que pudiera suceder después (que la hostigue, la amenace) porque él vive atrás.
El testigo Aníbal Alberto Landi (a partir de 1 h 2´) declaró que los hijos contaban acerca del hostigamiento de Ferreyra, puntualizando que Maia contó acerca de la exhibición de un arma por el padre y que estaban asustados. Seguidamente testimonió haber ayudado a la actora a realizar la mudanza a la casa de su madre y luego en la mudanza cuando pudo volver a su domicilio (1h 5´40´´) y que desde el 2018 a la actualidad (al momento de la celebración de la audiencia 07/06/2022) tiene el botón antipánico (audiencia videograbada 1h 7’ 50’’).
En suma, las testigos Caraballo y Lasala son contestes en haber recibido a la actora junto a sus hijos, dándoles lugar en su casa algunos días ante la sorpresiva e intempestiva expulsión del hogar efectuada por el Sr Ferreyra y en que luego ellos tres debieron habitar junto a la madre de la actora en un monoambiente, durmiendo en el living.
El propio CCyC permite recibir la declaración testimonial de personas cercanas a las partes, por lo que acudiendo a lo dispuesto en los arts. 710 y 711, analizadas las declaraciones en su conjunto, las mismas confieren solidez a la apreciación realizada por el sentenciante de grado (arts. 384, 440 del CPCC).
Más allá de los cuestionamientos que porta el demandado -que no cuestionó la idoneidad de los testigos (art. 456 del CPCC)- respecto a ciertas apreciaciones impertinentes, se advierte que en el momento de la audiencia el magistrado las identificó como “apreciaciones” inadmisibles, encauzando las declaraciones dentro de lo normativamente estipulado; y no obstante ello, al sentenciar expresamente las señaló, motivando su valoración en función de toda la constelación probatoria circunstanciada al caso.
En este aspecto, cabe resaltar que precisamente una de las particularidades que portan los casos de violencia de género es la movilización emocional que puede generar en aquellas personas que han sido testigos de estas realidades, en muchos de los casos son quienes han auxiliado a la víctima en momentos de extrema alarma. En efecto, surge de la audiencia que muchas de las aclaraciones que realizaron los testigos ofrecidos por la actora obedecieron a repreguntas del letrado del demandado, derivadas del confrontamiento originado en su embate discursivo.
Contextualizados en la situación y fruto de ello, resulta lógico que el testigo llegue a “revivenciar” el hecho angustioso que relata; desde esta arista se hace más visible la diferencia con el testigo de un accidente de tránsito o de un incumplimiento contractual porque generalmente, en los casos de violencia doméstica, quienes declarar suelen ser personas allegadas a la víctima, que testimonian sobre los penosos hechos vividos por quien ha padecido la violencia.
Por ello, conforme lo prescribe la propia ley 26.485 corresponde la aplicación de la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos (art. 16 inc. i). A ello se suman las mandas del art. 30 - que consagra el principio de obtención de la verdad material- y del art. 31 que expresamente dispone que regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Robustece ese análisis el hecho que el Juez goza de amplias facultades para seleccionar aquellos elementos de apreciación objetiva que estime relevantes para formar convicción y decidir el tema que ha sido sometido a su juzgamiento. En función de ello, atribuirle eficacia probatoria mediante un escrutinio de las pruebas colectadas por sobre otras, no puede constituir un agravio atendible si no se demuestra la sinrazón de haber procedido de tal modo, ya sea por su contradicción con prueba de mayor relevancia, por falta de mérito de las probanzas adunadas o por cualquier otra razón que tenga eficacia suficiente para persuadir razonablemente que medió de parte del sentenciante una interpretación contraria a las reglas de la sana crítica, extremo que no percibo en estas actuaciones (art. 384 CPCC)
1. b. El informe pericial objetado por el accionado en el final del desarrollo de su primer agravio no fue impugnado, ni recibió cuestionamientos en la instancia por parte del demandado, por lo que las críticas enarboladas al respecto en su recurso lucen tardías y resultan inatendibles (art. 384 y 474 del CPCC).
Cabe señalar asimismo que la Perito Psicóloga informa el 07/09/2022: “que se ha finalizado la evaluación solicitada respecto a las sra. Iglesias Mónica. No se pudo realizar la evaluación correspondiente al sr. Ferreyra Guillermo atento a las incomparencias en las siguientes fechas fijadas en autos:17 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:30 HS.; 24 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:30 HS.; 31 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:30 HS.”.
Ello revela una clara negativa del demandado y ausencia de colaboración para concurrir a las entrevistas pautadas por los peritos psicólogos, no obstante que en su contestación de demanda expresamente hizo alusión a perfiles sicológicos, afirmando: “NO cabe dudas que La Sra Iglesias, conforme su perfil psicológico e historia de vida personal, sumada a su desbordante imaginación constructivas de historias siniestras y absurdas para con mi persona, con la única finalidad de mantener viva la llama del conflicto eterno en su vida, ha puesto nuevamente en marcha el aparato jurisdiccional, manifestando una supuesta vulneración en su honra, dignidad , integridad física y psíquica que jamás ha existido”.
En virtud de lo expuesto sólo obra en la causa pericia psicológica de la actora, presentada el 13/10/2022, valorada por el juez de la instancia para merituar los daños, en el que la Psicóloga Barnabá destaca “un centramiento de la sra. Iglesias en la crianza de los hijos, preocupación por el bienestar físico y emocional de los mismos, con intentos de minimizar el impacto de lo que ella percibe como negativos para los mismos, en las palabras o actos del sr. Ferreyra(…) No se observan indicadores de patología psiquiátrica, teniendo capacidad para comprender y sostener sus actos. No se observan indicadores de dificultades en el control de los impulsos”. Concluye el informe la perito sosteniendo que “La modalidad vincular establecida por el matrimonio tuvo un impacto negativo en la subjetividad de la sra. Iglesias. Dicho impacto negativo que se observa especialmente en manifestaciones de angustia y ansiedad detectadas a la evaluación, que se han complejizado ante las dificultades de acuerdos en la separación de la pareja, sumado el largo tiempo transcurrido y la incertidumbre respecto a las demandas realizadas. Por tal motivo, es preciso considerar la posibilidad de tratamiento psicológico para la sra. Iglesias de frecuencia semanal con una temporalidad no menor a un año. Dicha indicación fue transmitida a la entrevistada durante el proceso evaluativo pericial. El costo deberá tenerse en cuenta desde honorarios promedio de 3000 pesos la consulta”.
2. En otro orden, en función del análisis de la responsabilidad y del segundo agravio articulado por el demandado, se observa que al momento de absolver posiciones el Sr. Ferreyra reconoce haber violado la restricción perimetral el 06/05/18, cometiendo dos desobediencias el mismo día con rotura del candado colocado en el acceso al domicilio de la Sra. Iglesias (a partir del minuto 22 de la grabación).
Este reconocimiento de los hechos en relación a la desobediencia judicial de la medida cautelar de restricción y el daño producido también surge del juicio abreviado consensuado con el Ministerio Público Fiscal en la cual el Juez correccional sentenció en la causa “Ferreyra Guillermo Fabio s/ Desobediencia – Daño”, Expte. N° 11.677, que trámito ante el Juzgado Correccional Departamental: “I. Admitir la conformidad de las partes para imprimir a las presentes causas el trámite normado por el art. 378 ssgtes y ccdtes del CPP (luego de que el encausado confesara circunstanciada y llanamente la autoría de los hechos tal cual se le leyó, en orden a la requisitoria de elevación a juicio efectuada oportunamente por el Ministerio Público Fiscal), y consensuaron solicitar se omita la producción de prueba y se dicte sentencia sin más. II. CONDENAR a FABIO GUILLERMO FERREYRA -…- a la pena de UN (1) MES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de desobediencia judicial y daño en concurso real entre sí…” (fs. 160/161, el resaltado me pertenece).
La sentencia condenatoria fue dictada el 22/08/2019, quedando firme y consentida el 10/10/2019 (ver fs. 165 de la causa penal y oficio remitido en estas actuaciones por la Fiscalía General Departamental mediante presentación del 05/05/2022 en el marco del Legajo de Ejecución del Juicio abreviado – Legajo de Ejec. 8193).
El art. 1776 regula la cuestión al disponer: "La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado”. Esto implica la imposibilidad de volver sobre las cuestiones de hecho ponderadas al momento de tener por configurado el hecho ilícito que compromete la responsabilidad del sujeto y el reproche subjetivo a su comportamiento. Quedarían comprendidos en esta norma: la materialidad del hecho principal, la calificación, sus circunstancias de tiempo y lugar y la participación del imputado en el evento ilícito dañoso, lo que inevitablemente confirma el rechazo del agravio ya anticipado.
En efecto, el cuestionamiento que realiza el apelante en este aspecto, tratando de justificar su accionar, se constituye en una reedición de argumentos inconducentes y reiteratorios de etapas precluidas (fs. 105/106 de la Causa penal N° 11.677)
3. De las actuaciones caratuladas “Iglesias Mónica Alejandra c/ Ferreyra Guillermo s/ Medidas protectorias”, Expte. 19.163, sustanciadas ante el Juzgado de Familia N° 1, surge la exclusión del demandado del domicilio de calle 68 N° 3554 de Necochea y el reingreso a dicho domicilio de la actora y sus hijos así como la orden de restricción de acercamiento del Sr. Ferreyra a la actora (fs. 51) y las sucesivas prórrogas, hechos todos ellos que llegan firmes y no tuvieron discusión en la instancia.
- A fs. 26 de esa causa obra informe de la sicóloga Noelia Rizzo de la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Necochea, en virtud de las intervenciones realizadas en relación a la Sra. Mónica Iglesias, en el que se acredita que “la Sra. refiere ser víctima de violencia de género por parte de Guillermo Ferreyra, describiendo episodios de larga data de violencia psicológica como conductas de control, manipulación, desvalorización, distanciamiento de su entorno familiar”.
En el mismo se describe la expulsión del hogar a la que se vió sometida junto a sus hijos, y expresamente se hace referencia a un episodio de violencia en febrero de 2017 en el cual Ferreyra habría amenazado con matarse haciendo uso de un estuche donde guarda un arma que posee, lo cual habría transcurrido en presencia de sus hijos.
A esta altura del análisis es importante destacar que en los hechos realizados sin la presencia de testigos la declaración de la víctima mujer resulta fundamental junto con el resto del material probatorio a fin de lograr la reconstrucción de los hechos en que funda su pretensión. Como la propia CIDH ha reconocido analizando la declaración de las víctimas: "sus dichos constituyen un elemento probatorio fundamental en esta especie de procesos" (Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros vs. México, sentencia de 30/08/ 2010, serie C No. 215 (párr. 100) y caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia de 31/08/2010, serie C No. 216, (párr.89).
- Del Informe obrante a fs. 46/47 de esa misma causa, de fecha 24/11/2017, efectuado por los peritos psicólogos del Equipo Técnico del Juzgado de Familia, valorado expresamente por el magistrado de grado, surge que del relato de la entrevistada -la hija por entonces menor- "se desprende que conoce detalles de la intimidad de la pareja parental que se las ha transmitido su progenitor, con vivencias ella de culpabilidad respecto al malestar de la pareja. Ha atravesado situaciones en las que se observan indicadores de significativa angustia al ser testigo de situaciones de discusiones entre los progenitores y de amenazas inciertas de su padre ("No vengas porque vas a ver cosas que no querés ver", etc.). Refiere que la comunicación entre sus padres está mediada por ella. Presenta buen vínculo con ambos padres y con su abuela con quien convive. Respecto a la figura paterna se observan indicadores de temor respecto a los enojos de su padre, temiendo conductas de desborde."
En sus conclusiones el informe reza que: “es posible considerar que Maia se encuentra atravesando una situación emocional de alta vulnerabilidad, quedando en medio del conflicto parental, lugar significativamente negativo respecto a su desarrollo emocional”.
4. De las actuaciones que llegan a esta Alzada surge acreditada:
- La concurrencia del grupo familiar al Centro de Participación Comunal “entre los años 2017/2019 de MAIA GUILLERMINA FERREYRA DNI. 45.460.493, MAURO NICOLAS FERREYRA DNI.48.579.162, y MONICA ALEJANDRA IGLESIAS DNI. 20.043.410” (v. oficio adjuntado por el Ministerio de Salud el 07/04/22)
- A su turno el Centro Provincial Necochea (CPA)
informó mediante contestación de oficio del 24/06/22 que “la Sra Mónica Iglesias, DNI 20.043.410, asistió al CPA de Violencia y Conflictiva Familiar. Mensualmente entre junio y diciembre del año 2018. Posteriormente, retoma la asistencia en marzo de 2019, y continúa concurriendo periódicamente hasta enero del 2020. En las entrevistas, la Sra Iglesias recibió orientaciones psicológicas, legales y sociales. En cuanto a su hijo Mauro Nicolás Ferreyra, dni 48.579.162, mantuvo sus entrevistas psicológicas entre junio y diciembre de 2018. Respecto a la joven Maia Guillermina Ferreyra, DNI 45.460.493, no surge de los registros asistencia alguna”.
5. A esta altura del análisis y en virtud del plexo probatorio reseñado, concluyo que en el caso resulta suficientemente probado un esquema de violencia doméstica desplegado por el demandado con agresiones verbales y sicológicas hacia la actora, llevadas a cabo durante la convivencia y con posterioridad a la separación.
Asimismo se encuentra probado que los hijos de las partes presenciaron esa violencia y ello también se constituyó en causa adecuada de la angustia, el temor y la aflicción de la actora como medio indirecto de hostigamiento, tal como sentenciara el juez de grado, afirmando que la Sra. Iglesias se vió “afectada por la exposición de sus hijos a las situaciones de violencia que los transformaron en víctimas de esta conflictiva familiar”, resultando evidente que “los padecimientos sufridos por los hijos de las partes como consecuencia del accionar de su progenitor también fueron constitutivos del daño provocado a la actora, quien a fin de minimizar el impacto de ese accionar violento en sus hijos se vió obligada a resignar el ejercicio de sus legítimos derechos”.
Esta violencia indirecta, causada a través de los hijos, que conceptualizamos actualmente como violencia psicológica, se encuentra específicamente contemplada como “violencia vicaria” en el proyecto de ley que impulsa la reforma a la ley 26.485 (Expediente 3466-D-2022, de fecha 06/07/2022, Publicado en: Trámite Parlamentario N° 90), con su expresa inclusión y proyección en su articulado, definiéndola como “cualquier conducta, ya sea por acción u omisión, que se ejerza sobre los/as hijos/as y/o personas del grupo familiar o afectivo de la mujer y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus relaciones familiares o afectivas, su integridad física, psicológica, económica o patrimonial” (Link:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo20 22/PDF2022/TP2022/3466-D-2022.pdf)
No abrigo dudas respecto a que la Señora Iglesias debió deambular con sus hijos en distintos domicilios hasta poder regresar al que fuera sede del hogar conyugal, viendo obstaculizado su reingreso por la negativa sistemática y amenazante del denunciado quien en la absolución de posiciones refiere haber permanecido en el domicilio afirmando “yo estuve 9 meses solo viviendo en mi casa de soltero” (a partir del minuto 25 de la audiencia de vista de causa).
La violación del accionado de la orden de restricción con irrupción intempestiva en el hogar de la actora (configurativa del delito de desobediencia) y la rotura del candado de su domicilio (tipificado en sede penal como daño) que obligaron al personal policial a aprehenderlo, así como las amenazas veladas a sus hijos “no vengas porque vas a ver cosas que no querés ver”, la necesidad de la actora de tener que utilizar el botón antipánico, entra otras tantas situaciones acreditadas en estas actuaciones, son todas ellas circunstancias configurativas de un esquema de violencia que exponen a la mujer a una mayor situación de vulnerabilidad.
Como sostiene Kemelmajer de Carlucci, “Para saber si un hecho o una omisión es injuriante hay que apreciar los antecedentes del caso, como ser el lugar y ocasión en que fue proferida, las relaciones entre ofensor y ofendido, etc.” (en Belluscio-Zanoni, ob. cit. pág. 247). En palabras de Salas (Código Civil y Leyes Complementarias, anotados, 2ª. ed. Actualizada, Ediciones Depalma 1992, pág. 556), “Para determinar su existencia no hay que atender solamente a la semántica, sino que se debe tomar en cuenta los antecedentes del hecho, el lugar, la ocasión y aun las circunstancias concurrentes, porque únicamente de su conjunto podrá inducirse la intención del agente.” (expte. 10.142; reg. 41 (S) del 6/6/2019 citado en el precedente señalado expte. 12.116)
Con este marco referencial, de interpretación situada a las particularidades del caso, es precisamente donde se impone con mayor rigurosidad el juzgamiento con perspectiva de género, valorando el cúmulo de situaciones de violencia que padeció la mujer y a las que estuvieron expuestos los niños, algunas de ellas aisladamente podrían tener incluso menor entidad que otras, pero analizadas todas ellas en conjunto y viendo la proyección del caso como una concatenación de hechos interrelacionados, sale a la luz la historia de esa familia, “visibilizándose” las angustias, porque si bien el dolor más profundo puede ser silencioso, no hay dudas que es visible (art. 163 inc. 5, 384, arts. 30 y 31 Ley 26.485, art. 7 incs. b y g de la Convención Belem Do Pará).
Como sostuvo la Dra. Alicia Ruiz en el magistral voto de la causa “Tanus Silvia” (del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires C.A.B.A del 26/12/00): “Detrás de todo derecho está la historia de alguien, alguien cuya sangre, si uno lee con atención, escurre entre líneas (Mac. Kinnon Catherine A.).
En la estimación de estos daños no puede existir una marginación de la inviolabilidad de la persona humana y la afectación a la dignidad que concita la violencia (arts. 51 y 52 del CCyC). Pues “Debe ponderarse que la violencia ejercida en cualquiera de sus formas cruza transversalmente la dignidad de la persona, entendida esta como un patrimonio innato de todos los seres humanos, y que se manifiesta en la autodeterminación de la propia vida, en la autonomía individual y constituye el punto de partida para la existencia y especificidad de los demás derechos fundamentales” (ALES URÍA, M. citada por Sugrañes, María Soledad en el artículo “Perspectiva de niñez y género: mirada ineludible para la valoración de la prueba y las consecuencias no patrimoniales”, Citas: TR LALEY AR/DOC/884/2023)
Por ello, más allá de las manifestaciones formuladas por el demandado, en disconformidad con lo merituado, encuentro los testimonios -valorados conforme los parámetros de la sana crítica- precisos, convincentes y concordantes en lo medular entre sí y concatenados con el resto de las pruebas producidas que se detallaran precedentemente, por lo que tengo por probado la existencia de los hechos tal como los valoró el sentenciante de grado, con la consecuente responsabilidad del demandado en la producción de los daños alegados ( arts. 1716, 1724, 1726, 1736, 1737 y ccdtes. CCyC; arts. 375,384 CPCC)
6. El tercer agravio, que el apelante focaliza en la cuantificación del daño moral y psicológico efectuada por el magistrado, el mismo se evidencia como una mera disconformidad con los parámetros debidamente fundamentados en la sentencia, sustentando su crítica en la reiterada ausencia de responsabilidad que alega, correspondiendo desestimarlo en orden a su deserción (arts. 260 y 261 del CPCC).
En referencia a la técnica recursiva exigida en materia de impugnación referente a los rubros indemnizatorios, esta Alzada ha sostenido: “En tales términos, debió el codemandado recurrente concretar, en el específico caso, cuáles son las pautas o parámetros que han sido desatendidos por el Sr. Juez de grado, siendo a todas luces insuficiente las meras referencias genéricas expuestas en su memorial (...) Lo contrario, como se sostuvo en el referido precedente, "sería erigir en agravio una mera discrepancia personal sin apoyo en una seria y fundamentada argumentación como lo exige el artículo citado. Ello si bien no con la estrictez que pueda exigirse en otros rubros no puede ser desatendido absolutamente y conduce, en el caso, a desestimar el agravio así deducido (arts. 260/261 CPC) (...) Además, la suma fijada luce como adecuada a los hechos narrados que implicaron para la actora una serie de padecimientos que afectaron hondamente su tranquilidad espiritual.” (expte. 102 "Parrota, María Isabel c/Marfany, Roberto C. y ot. s/Daños y Perjuicios". R.I. 11(S) del 23/02/09; entre otros).” (expte. 12.001 “Sammarone c. Llorens” reg. 54 (S) del 16/6/2020). La supuesta falta de proporción de los montos y el exceso de punición objetados por el accionado no encuentran correlato en el pormenorizado análisis del Juez que, al momento de cuantificar el daño moral, tuvo en cuenta específicamente “las circunstancias descriptas, entidad y gravedad de los hechos traídos en tanto lesionaron derechos humanos de la actora, las circunstancias que rodearon los acontecimientos, los distintos procesos y las vicisitudes íntimas que allí debieron ventilarse -art. 16 inc. f. de la ley 24.685-, el tiempo de duración de las medidas de protección dispuestas, y la edad de la víctima al momento de los hechos, así como los montos otorgados en casos similares”.
Por el contrario, el accionado no asume esa valoración efectuada por el magistrado, no surgiendo de su impugnación cálculo alguno que demuestre el error en las pautas valorativas.
El apelante objeta de modo genérico el monto de los daños e insiste en la ausencia de prueba, afirmando: “ante la ausencia de todo tipo de explicación, ni de fundamentación, ni de pruebas concretas; no queda más que sostenerse, que la ahora Demandante jamás sufrió ningún tipo de padecimiento moral y/o espiritual, por causas imputables a la Demandada. Razón por la cual, oportunamente deberá procederse al rechazo del reclamo intentado, y a la consecuente revocación de la sentencia cuestionada”. No obstante la profusa prueba que surge de las actuaciones, cabe destacar que este Tribunal viene sosteniendo, en sintonía con la jurisprudencia imperante en la materia, que “en los casos donde se detecta la violencia de género el daño moral se acredita con el mero menoscabo en el espíritu de la víctima, no requiriendo más prueba que los hechos que exceden lo habitual.” (este Tribunal, expte. 9755; reg. int. 11 (S) del 21/02/2017).” (los citados precedentes 10.510 y 12.116).
En el caso corresponde confirmar el monto en concepto de daño moral y daño sicológico establecido en la sentencia de primera instancia, en función que no existe recurso por parte de la actora que habilite la posibilidad de meritar su posible incremento, sin perjuicio de las evidencias producidas.
Por último, cabe destacar "que la reparación debe tener una vocación transformadora de la situación, comprendiendo además de la reparación pecuniaria, la posibilidad de contar con un tratamiento psicológico especializado para la superación del trauma y el aprendizaje del abordaje de eventuales situaciones futuras. Ello, a fin de brindar una reparación adecuada que incluya las garantías de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición" (GIL, Gabriela Fernanda, “Valoración de la prueba con perspectiva de género. Correr el velo familiar. Deberes y Facultades de los Jueces”, en Tratado de Responsabilidad por Daños en Materia de Familia, dirigido por Gonzalo Javier Gallo Quintian, Marcela Virginia Panatti, María Soledad Pennise Iantorno, Gabriel Hernán Quadri, La Ley, Buenos Aires, 2020, t. III, p. 340/341, citado en “Daños y perjuicios derivados de la violencia de género… Una deuda que se hallaba pendiente”, María Luciana Pietra, La Ley, 05/10/21; Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2841/2021).
Por las consideraciones expuestas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
El Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Por las razones expuestas al votar la primera cuestión corresponde confirmar la sentencia de grado (conf. normativa, doctrina y jurisprudencia citadas). Las costas de Alzada deben imponerse al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en la que haya base firme a tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 11 de julio de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la sentencia de grado (conf. normativa, doctrina y jurisprudencia citadas). Las costas de Alzada se imponen al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en la que haya base firme a tal fin (art. 51 L. 14.967). Téngase presente la Reserva Del Caso Federal. Devuélvase (arts. 47/8 ley 5827).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia