Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul Sala II · Causa 61197
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia recurrida en cuanto hace lugar a la demanda entablada y reconoce en el derecho a recompensa pretendido por la actora.
2Modificar la sentencia impugnada y determinar que la recompensa a abonar deberá fijarse de conformidad con lo expuesto en el Considerando II.2.b.
3Imponer las costas de alzada en un 20% a la parte actora y en un 80% al recurrente mayormente vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77).
Causa nº: 2-61197-2016 "IGLESIAS MONICA EDITH C/ RANDAZZO CARLOS ALBERTO S/LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 164 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 30 días del mes de Noviembre de del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “Iglesias, Mónica Edith c/ Randazzo, Carlos Alberto s/ Liquidación de sociedad conyugal” (causa n° 61.197), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 514/522?
2da - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I) 1. Viene a conocimiento de este Tribunal el recurso de apelación (fs. 525) entablado por el demandado Carlos Alberto Randazzo, contra la sentencia liquidatoria de la sociedad conyugal dictada a fs. 514/522, que reconoció a favor de la actora, Mónica Edith Iglesias, el derecho a una recompensa equivalente al 50% del valor actual de las mejoras concluidas durante la vigencia de la sociedad conyugal en el inmueble sito en Salta n° 990 de Azul, y al 25% de las mejoras no concluidas en dicho inmueble, con más los intereses devengados a tasa pasiva desde la interposición de la demanda y la condena en costas al accionado. Para así sentenciar, el decisorio comenzó por determinar la normativa aplicable al caso. Así, consideró que mediando en autos una sentencia de divorcio dictada con fecha 03/05/06 (Expte. 56.532, “Iglesias. Mónica Edith c/ Randazzo, Carlos Alberto s/ Divorcio”), con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda, resulta aplicable el Código Civil derogado por cuanto las consecuencias jurídicas del divorcio y la disolución de la sociedad conyugal ya se habían producido al momento de entrar en vigencia el Código Civil y Comercial. Sobre esa base, consideró como hechos no controvertidos que el demandado es propietario del 100% del inmueble que fuera asiento del hogar conyugal, y que en el mismo fueron realizadas mejoras encontrándose vigente la sociedad conyugal.
Circunscribió el debate, entonces, a la determinación del carácter ganancial o propio de esas mejoras, según la postura divergente sostenida por la parte actora y demandada, respectivamente. A partir de lo dictaminado por el perito ingeniero Carlos Daniel Cairo, tuvo por acreditado que todas las mejoras consistentes en la ampliación de la vivienda original (segundo baño, lavadero, actual cocina comedor, garaje y dependencia posterior), fueron incorporadas encontrándose vigente la comunidad de bienes conyugales; y destacó que, en consecuencia, a partir de la presunción de ganancialidad derivada del artículo 1271 C.C., es el cónyuge que invoca haber invertido dinero propio el que debe hacer caer dicha presunción.
Seguidamente, tuvo por cierto el provecho que las aludidas mejoras importaron para el inmueble propio del accionado, a la luz de la descripción realizada en la pericia en ingeniería, así como que ellas son equivalentes a 130,41 m2. Consideró que conforme el Código Civil se consideran gananciales las mejoras que durante el matrimonio hayan otorgado más valor a los bienes propios de cada uno de los cónyuges; destacó la amplitud probatoria con la que cuentan los cónyuges a fin de acreditar el carácter propio o ganancial de la mejora; y subrayó, con cita de jurisprudencia, que la presunción de ganancialidad contenida en el art. 1271 C.C. resulta aplicable a las mejoras a las que alude el art. 1272 C.C.
Sobre esa plataforma dogmática, ponderó las testimoniales ofrecidas por el accionado, y estimó que ellas no acreditan que los fondos empleados para las mejoras fueran de su exclusiva propiedad. Sin perjuicio de destacar que el demandado no logró desvirtuar la presunción de ganancialidad derivada del art. 1271 C.C., analizó los testimonios de los constructores de las mejoras ofrecidos por la actora, así como el informe del Banco Galicia relativo a un crédito oportunamente otorgado a las partes, y concluyó que esas probanzas confirman el carácter ganancial de las mejoras efectuadas a la propiedad. Finalmente, determinó que el crédito a reconocer a la actora en la etapa de ejecución de sentencia, resultará de la tasación que se efectúe -conforme el dictamen pericial rendido en autos- del valor actual del bien, y del porcentaje que en él representan las mejoras concluidas y las no concluidas, respecto de las cuales el demandado deberá abonar a la actora el 50% y el 25%, respectivamente; todo con más intereses a tasa pasiva desde la fecha de notificación de la demanda y condena en costas al accionado.
2. En su expresión de agravios (fs. 537/543), el demandado se agravia inicialmente de que el a quo haya resuelto aplicar al sub lite el Código Civil derogado y no el Código Civil y Comercial, invocando al efecto el principio de aplicación inmediata de las normas consagrado en el art. 7 de este último. Asimismo, se agravia de la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante en relación con el alcance de las mejoras en cuestión, y esgrime una incorrecta inversión de la carga de la prueba. Sostiene que conforme las probanzas rendidas en autos, las mejoras efectuadas a la propiedad consisten en 45 m2 correspondientes a la cocina comedor, baño y lavadero terminados completamente, los que, según el experto, poseen una antigüedad de 20 años. Destaca que respecto de los 80 m2 sin terminar correspondientes al garaje, el experto dictaminó que no es posible establecer con certeza su antigüedad adjudicándole una antigüedad de 10 años, lo que prueba que fueron abonadas completamente por su parte, ya que los esposos ya se encontraban divorciados. Agrega que de las testimoniales del Sr. Yannuzzi y del Sr. González, surge que se efectuaron varias mejoras en el inmueble y que ellas se realizaron en distintas etapas, realizándose la de 80 m2, sin terminar, cuando las partes ya estaban divorciadas. En lo que toca a la valuación de las mejoras, subraya que acorde el art. 492 del Código Civil y Comercial la carga de la prueba pesa sobre la actora, y sostiene que la forma de valuación de las mejoras efectuada por el a quo no se condice con lo establecido en el art. 493 del Código Civil y Comercial, pues no considera la inversión oportunamente realizada ni su provecho- en caso de existir- para el inmueble, sino el valor actual de las mejoras, y además adiciona intereses. Concluye que para liquidar la suma adeudada, debe determinarse cuál es la inversión efectuada para la realización de las mejoras y cuál el provecho que importó al momento de extinción de la comunidad, debiéndose tomar el menor de estos valores y actualizarlo al momento del pago, computándose los intereses desde la notificación de la demanda de liquidación de la sociedad conyugal y no desde la fecha de notificación de la demanda de divorcio.
3. A fs. 545/552 la actora contesta agravios; a fs. 559 se llaman autos para sentencia, y a fs. 560 se practica el sorteo de rigor; por lo que se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II) 1. Efectuada la reseña que antecede, procede ingresar en la cuestión central a dilucidar, cual es el alcance de las mejoras sobre las que corresponde determinar una recompensa en favor de la accionante. El recurrente sostiene que esas mejoras no se extienden a los 80 metros correspondientes al garaje, por cuanto, arguye, esa dependencia fue realizada por su parte, una vez producida la separación de los cónyuges. Sin embargo, estimo que los fundamentos otorgados por el Sr. Randazzo para sustentar esa parcela de su recurso, resultan inatendibles e insuficientes para conmover los fundamentos del fallo impugnado. Ello así por cuanto no es cierto que en la pericia de fs. 505/509, se haya dictaminado que la construcción correspondiente al garaje y dependencia contigua tenga una antigüedad de diez años –lo que implicaría que su construcción sería posterior a la extinción de la sociedad conyugal-, sino que allí se concluyó que “por su conservación es más difícil establecer fehacientemente su data, pero es una obra con una antigüedad mayor a diez años y no superior a veinte años a la que más tarde se le ha agregado en su interior el sector de jaulas, es posible se haya construido a la vez que la zona terminada, pero dado el muy diferente estado de mantenimiento de ambas zonas de la finca no es posible establecer con certeza este punto” (punto de pericia c, fs. 507; el resaltado es propio).
Incluso, en su respuesta al punto f, agrega el experto que “no hay una gran diferencia en la época de construcción de ambas zonas”. Por lo demás, de la documentación cuya autenticidad fue reconocida por el maestro mayor de obras Sergio Pirola (fs. 320), surge a fs. 317 vta., que hacia mayo de 1999 ya estaba en curso la terminación del garaje, pues se presupuestó la realización de “finos faltantes” en la parte alta, carpeta y colocación de cerámicos, “terminar de amurar portón”, y hacer grueso y fino de mocheta. Por otra parte, la mayoría de las declaraciones testimoniales rendidas en autos, sugieren con mayor o menor grado de precisión que todas las ampliaciones motivo de autos fueron realizadas encontrándose vigente la sociedad conyugal.
Así, la Sra. Gabriela Andrea Gilardoni declaró recordar que cuando sus hijos frecuentaban la casa de la actora se estaba realizando la ampliación y que “se construyó un garaje, que lo recuerda porque no tenía el piso cuando solía ir” (respuesta a pregunta sexta; fs. 386). A su turno, los Sres. Nelson Oscar Scarcella (respuesta a la primera ampliación, fs. 399) y María de los Ángeles Claudel (respuesta a la séptima pregunta, fs. 407), si bien no aportaron datos en punto a la época en que fueron realizadas las ampliaciones y mejoras, dan a entender que todas ellas fueron realizadas contemporáneamente y que entre ellas se encontraba un amplio garaje. A su turno, el Sr. Roberto Luis Navas declara (respuesta a preguntas cuarta y quinta, fs. 414) que la ampliación fue realizada hace 15 o 18 años, cuando la actora todavía se encontraba habitando el inmueble.
En la misma línea, el Sr. Juan Pablo Gallo, reconoce que se realizaron ampliaciones y mejoras mientras la demandante continuaba habitando el inmueble (respuesta a pregunta quinta, fs. 415), y si bien refiere, al igual que el testigo antes citado, que el demandado continuó haciendo algunos arreglos, sólo pudo dar testimonio del cerrado del frente. Por su parte, el testimonio de Juan Carlos González que el recurrente cita en apoyo de su postura, tampoco resulta hábil para sustentar su crítica al decisorio, puesto que en su respuesta a la pregunta quinta (fs. 416), el aludido testigo refiere que el garaje y la parte de la ampliación continua supuestamente se hizo mientras la accionante todavía habitaba el inmueble.
Asimismo, el testigo Alberto Osvaldo Blando (fs. 419 y vta.), declaró que conoció a las partes alrededor del año 1997 cuando fue a trabajar de albañil, y señaló que hizo un montón de trabajos, entre ellos los tirantes que están en el entrepiso del garaje.
Como puede observarse, entonces, la crítica del impugnante no logra conmover los fundamentos de esta parcela del decisorio apelado, el cual, como se ha visto, se encuentra ajustado a las constancias de la causa y a la presunción de ganancialidad contenida en el art. 1271 C.C. y 466 del C.C. y C. De conformidad con lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia recurrida en cuanto reconoce carácter ganancial a las ampliaciones descriptas en la pericial de ingeniería, denunciadas por la actora en tal concepto (arts. 1271 y 1272, 7° párr. C.C.; 466 C.C. y C.; arts. 375, 384, 474 y 456 CPCC).
2. a En lo que atañe a la determinación del valor de la recompensa que debe abonarse a la actora, corresponde analizar, primeramente, si asiste razón al recurrente en punto a la normativa aplicable al efecto. Como se adelantara, el mencionado sostiene que la liquidación de la sociedad conyugal de autos debe ser efectuada de conformidad con el Código Civil y Comercial y no con el Código Civil derogado, lo cual entiende relevante a los efectos de la determinación de la recompensa a abonar a la accionante. Entiendo que asiste razón al recurrente en esa parcela de su recurso, por cuanto el art. 7 del C.C.y C. recepta –al igual que su antecesorel principio de aplicación inmediata de las normas “a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. Estimo que el cálculo de la recompensa a abonar a la accionante constituye un efecto aún no agotado de la extinción de la comunidad ganancial, con lo que resulta alcanzada por lo reglado por el Código Civil y Comercial vigente. Así, señala Kemelmajer de Carlucci que las consecuencias patrimoniales de la comunidad de bienes ya consumidas durante la vigencia del Código Civil se rigen por éste, mientras que las no consumidas, como el caso de las recompensas a ser evaluadas en la liquidación, se rigen por el Código Civil y Comercial (ver Aída Kemelmajer de Carlucci, Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015, Publicado en: LA LEY 02/06/2015 , 1; LA LEY 2015- C , 951). En igual sentido, señala la citada autora: “Se ha decidido, con razón, que las recompensas, por tratarse de consecuencias, deben evaluarse conforme las pautas fijadas por los artículos 493/495 en el proceso en trámite en el que se han reclamado, aún cuando la sentencia de divorcio se dictó antes del 1° de agosto de 2015”. (Aída Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del código civil y comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda parte. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, Pág. 138, y fallos allí citados).
b. Dilucidado lo anterior, analizaré la atendibilidad de la crítica efectuada por la parte demandada, a la luz de lo reglado por los artículos 493 y 494 del Código Civil y Comercial. Al respecto, el primero de los citados preceptos determina que “el monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad, al día de su extinción, apreciados en valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquella.”
La sentencia de la anterior instancia mandó calcular el monto de la recompensa mediante una tasación que se efectúe considerando el dictamen pericial rendido en autos, y que determine el valor actual del bien, así como el porcentaje que en él representan las mejoras concluidas y las no concluidas, respecto de las cuales el demandado deberá abonar a la actora el 50% y el 25% respectivamente. Como puede observarse, lo resuelto por la sentencia de la instancia anterior no se adecua a las pautas emanadas del art. 493 C.C y C, por cuanto, acorde esa norma debe determinarse no sólo el valor del “provecho subsistente” sino también el de la erogación efectuada (todo a valores constantes), y ordenarse abonar el menor de ellos.
En efecto, en relación con el aludido precepto, se ha explicado que “para resolver la disparidad entre el valor de lo invertido y el beneficio o provecho obtenido por uno de los cónyuges o por la comunidad, el legislador receptó el sistema ideado por los Derechos español y francés, los cuales toman el valor más bajo de ambas cifras (…). A efectos de eliminar las distorsiones que puede provocar la inflación, se dispone que la comparación se haga a valores constantes…”. (Graciela Medina, Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora LLoveras; Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2014, T. I, pág. 853). En la misma línea, se ha dicho que “La disposición alude a “valores constantes” con lo cual corrige las distorsiones derivadas de la depreciación o revalorización monetaria, al tiempo que se modifica la solución acordada por el régimen anterior reconociendo amplia discrecionalidad al juez para la fijación del crédito por recompensa”.
(Ana Peracca, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Dir. Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, T. III, pág. 237). En lo que puntualmente toca a la prueba de la erogación efectuada -que en el marco de un proceso iniciado con posterioridad a la vigencia del nuevo código recaería sobre quien reclama la recompensa-, entiendo que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, esa falencia probatoria debe ser suplida en esta instancia por la medida que más adelante propongo, pues no puede endilgarse a la actora que inició el proceso en el marco de la normativa antes vigente y, en ese contexto, tuvo una actitud diligente en el ofrecimiento y producción de la prueba relativa a su pretensión (art. 34 inciso 5, c) y d) del Cód.
Proc.).
Conforme lo dicho, a fin de dar cumplimiento a las pautas contenidas en la nueva normativa de fondo, propongo al acuerdo modificar la sentencia dictada en la anterior instancia, de modo que el experto no sólo informe lo allí indicado, que equivaldría al “provecho subsistente” al que alude el art. 493 C.C.y C., sino también el valor actual de la erogación oportunamente efectuada por la sociedad conyugal en beneficio del ex cónyuge demandado. El monto de esa erogación también deberá informarse a valores actuales y no a valores históricos, como parece pretenderlo el recurrente (ver fs. 541/542), por cuanto –como ya se dijo- el art. 493 C.C.yC. ordena determinar ambos montos a valores constantes, protegiendo así la recompensa debida al cónyuge o a la comunidad de los efectos de la depreciación monetaria. Acorde lo expuesto, propicio determinar que en la etapa de ejecución de sentencia el perito tasador no sólo deberá realizar la tasación dispuesta en la sentencia impugnada, con los parámetros allí indicados, sino también informar el valor actual de construcción de 47,71 m2 terminados y 82,43m2 construidos en un 55% (cf. lo dictaminado por el perito ingeniero a fs. 508), teniendo en cuenta para ello la índole y calidad de la construcción implicada. Con ello quedará también determinado en autos (a valores constantes actuales), el valor de la erogación oportunamente efectuada por la sociedad conyugal en beneficio del ex cónyuge demandado. La recompensa a abonar a la actora será equivalente, conforme lo antes dicho, al menor de los dos valores informados por el experto (arts. 1, 3, 7, 493 y 494 C.C. y C.).
3. Finalmente, en lo que atañe a los intereses, señalo que no se comprende la crítica que vierte el recurrente a fs. 542 vta., puesto que el decisorio recurrido ordenó computarlos desde la fecha de promoción del presente proceso de liquidación de sociedad conyugal, y no desde la demanda de divorcio como lo señala el impugnante. De allí entonces que corresponde desestimar el aludido planteo por ausencia de agravio (art. 260 CPCC).
4. En lo que atañe a las costas de alzada propongo que las mismas sean impuestas en un 80% al recurrente y en un 20% a la parte actora, en razón del acogimiento parcial del recurso de apelación incoado por el demandado, si bien éste ha resultado mayormente vencido (art. 71 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
A tento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1. Confirmar la sentencia recurrida en cuanto hace lugar a la demanda entablada y reconoce el derecho a recompensa pretendido por la actora. 2. Modificar la sentencia impugnada y determinar que la recompensa a abonar deberá fijarse de conformidad con lo expuesto en el Considerando II.2.b. 3. Imponer las costas de alzada en un 20% a la parte actora y en un 80% al recurrente mayormente vencido; difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi adhieren al voto que antecede votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 30 de Noviembre de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1. Confirmar la sentencia recurrida en cuanto hace lugar a la demanda entablada y reconoce en el derecho a recompensa pretendido por la actora. 2. Modificar la sentencia impugnada y determinar que la recompensa a abonar deberá fijarse de conformidad con lo expuesto en el Considerando II.2.b. 3. Imponer las costas de alzada en un 20% a la parte actora y en un 80% al recurrente mayormente vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del Decr. Ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dra. María Inés Longobardi – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II - Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II - Sala II -Dr. Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Salal II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia