Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 49.811-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción planteados por la recurrente, sin imposición de costas.
2Confirmar la resolución apelada respecto del Impuesto a las Ganancias, en todas sus partes, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 378.195 (pesos trescientos setenta y ocho mil ciento noventa y cinco), equivalente a 36,36 (treinta y seis con 36/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 945.488 (pesos novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho), equivalente a 90,91 (noventa con 91/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, el Cr. José Luis Domper, en la suma de $ 5.200 (pesos cinco mil doscientos), equivalente a 0,5 (50/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, por la aceptación de su cargo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-100344238-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Septiembre de 2022 Ganancias" - (VOC 12)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 49.811-I caratulado "IGLESIAS PAIZ ARTURO MARIO s/ recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 25/40 el Sr. Arturo Mario Iglesias Paiz interpone por derecho propio acompañado de su patrocinante, recurso de apelación contra la Resolución N° 14/2019 (DV RRIIP) de fecha 26 de marzo de 2019 dictada por el Jefe (int.) de la División y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se decidió impugnar las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2011 a 2013. Que además se determinó la obligación impositiva con carácter parcial en el mismo tributo por los mismos períodos fiscales, con más sus intereses, aplicándose una multa equivalente a tres (3) veces el monto del impuesto evadido, conforme arts. 46 y 47 incs. a) y d) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998).
Como defensa de fondo plantea en primer lugar la impugnación de la resolución, destacando que la misma es nula al no satisfacer los requisitos de validez estipulados por la normativa, al haberse afectado el derecho al debido proceso endilgándole el pago millonario de una suma incongruente con su capacidad contributiva. De manera subsidiaria plantea la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el ingreso del impuesto debatido por los períodos fiscales 2011 y 2012, en tanto los mismos conforme arts. 56 y 57 de la ley de rito se encuentran prescriptos.
En cuanto al fondo, plantea que el Organismo fiscal le atribuye montos como ingresos gravados no declarados, aplicando el art. 18 inc f. de la ley de rito. Que le imputa entonces en base a esa figura, un desequilibrio en su situación patrimonial, el cual luego es revertido sin presentar la documentación de respaldo. Afirma que aportó toda la documentación e información requerida.
Considera que la multa aplicada es improcedente, entendiendo que cumplió con todos los deberes y consignando datos reales en sus declaraciones. Subsidiariamente solicita el reencuadre de la sanción en la infracción contenida en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal.
Finaliza ofreciendo prueba documental, informativa y pericial contable. Hace reserva del caso federal, y peticiona que se revoque el criterio fiscal contenido en la resolución apelada.
II. Que a fs. 52/65 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso interpuesto. En primera instancia, deja en claro que la resolución apelada se ajusta a derecho.
En cuanto a la nulidad planteada, advierte que la misma carece de sustento, y además que no demuestra en qué modo la causa y objeto del acto se encuentran viciados, mucho menos que se haya vulnerado el derecho de defensa del contribuyente, por lo que solicita se rechace la nulidad alegada, con costas. Con respecto a la prescripción articulada sostiene que, el período fiscal más antiguo es el año 2011, el que conforme arts. 56, 57 y el sin número agregado a continuación del 65 de la ley procedimental, sumado a lo reglado por el art. 17 de la ley 26.860, no se encuentra prescripto. Por lo que, en este caso, también pide que se rechace la excepción planteada, con costas.
Sobre la cuestión de fondo, explica que en base a diversos requerimientos efectuados, la actora cumplió parcialmente con los mismos, que presentó las declaraciones juradas rectificativas, sin aceptar el criterio fiscal, mencionando algunos movimientos patrimoniales, lo que generó nuevas solicitudes de información que no fueron cumplidas. Como resultado, observó que las sumas de $ 1.811.076,96.- (2011), $ 551.744,69.- (2012) y $ 1.123.599,01.- (2013) devienen en ingresos gravados omitidos.
En cuanto a los intereses contenidos en la resolución, alega que la actora no se ha defendido, por lo que corresponde su confirmación. Que la sanción aplicada se ajusta a derecho, como así también su graduación. Se opone a la prueba ofrecida por la actora; hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
III. Que a fs. 90 se abrió la causa a prueba haciéndose lugar a la pericial contable y la informativa, la cual estaba formada por tres (3) oficios, de los cuales el primero estaba dirigido al Sr. Luis Ortega, el segundo a la Sra. Van Thienen y el tercero a la firma “Desarrollos y Construcciones Urbanas S.R.L.” . Que habiendo instado a la recurrente a que produzca las mismas, a fs. 110 se dio por decaído el derecho a producir ambas probanzas. Ello así, a fs. 113 se declaró cerrado el período de instrucción.
Por la PV-2022-94865197-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y mediante IF- 2022-96634526-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV.- 1. Que corresponde en primer término referirse al planteo de nulidad formulado por la recurrente que reside en que el acto administrativo emitido no satisface los requisitos de validez que establece la norma. Que posee vicios en su objeto, causa y motivación, siendo que además la presunción de legitimidad del acto no invierte la carga de la prueba, por lo que entiende que el Organismo fiscal no dio acabados fundamentos para sustentar la cuantiosa e infundada pretensión. Así las cosas, considera que el acto debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Que el Fisco Nacional rebate la nulidad planteada advirtiendo que carece de total sustento. Primero porque el acto administrativo fue dictado conforme la ley N° 19.549 y en segundo lugar, porque si bien la actora denuncia vicios, no detalla en profundidad los mismos.
Que cabe efectuar una advertencia con relación a la procedencia de la figura de la nulidad, en tanto debe existir un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el impugnante, debiendo además estar fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar. (Fallo TFN Sala B 15-08-2007- Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda).
Que, por lo tanto, los argumentos sobre los que sustenta este agravio la recurrente constituyen una discrepancia con el criterio fiscal aplicado en la resolucion apelada en autos, y en consecuencia relacionado con la cuestión de fondo debatida.
Por lo expuesto, cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo y no habiendo sido presentada como cuestión de previo y especial pronunciamiento no corresponde la imposición de costas autónomas.
IV.- 2. Que en segundo término, corresponde resolver la excepción de prescripción planteada por la recurrente, considerando si resulta aplicable alguna causal de suspensión y/o interrupción del curso de la prescripción. Que el recurrente plantea la excepción de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2012, al entender transcurrido el plazo de cinco años que contiene el artículo 56 y 57 de la ley de rito fiscal. Que frente a ello, el Organismo fiscal rechaza el planteo de prescripción, al señalar en primer lugar que resulta inviable puesto que la actora procedió a rectificar las declaraciones juradas, en segundo lugar, que resulta de aplicación la suspensión que por un año estableció la ley N° 26.860 en su art. 17, respectivamente y en tercer lugar, que corresponde tener presente el artículo sin número agregado a continuación del art. 65 de la ley de rito.
Ahora bien, la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
En tal sentido, el artículo 65 de la ley mencionada establece que se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos desde la fecha de notificación de la vista (26/10/2018) del procedimiento de determinación de oficio, cuando se trate del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.
Que tampoco pueden prosperar los argumentos de la recurrente relativos a la inaplicabilidad de la ley N° 26.860 al considerar que la suspensión que dispone no le sería aplicable al no haberse adherido al régimen que ofrece, en atención a que la suspensión dispuesta reviste carácter general.
Que entonces, en principio, el plazo de prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para exigir el pago del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2011 se inició el 1° de enero de 2013 produciéndose su término con posterioridad al 29/03/2019 (fecha de la Resolución), no correspondiendo analizar obviamente dicho cómputo para el caso del período fiscal 2012.
Que respecto al dictado de la resolución apelada, el Fisco se encontraba facultado para determinar el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2012 que aquí se cuestionan. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción articulada por el recurrente, sin afectar la imposición de costas autónomas, por la forma en la que se plantea.
V. Que cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que la cuestión de fondo tiene su origen en la fiscalización practicada al Sr. Iglesias Paiz, quien declara que desarrolla como actividad principal la de “servicios empresariales N.C.P.”, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año. Que en el marco de la fiscalización mencionada se procedió a verificar la situación del responsable frente al Impuesto a las Ganancias, constatándose que omitió declarar rentas gravadas por un importe total de $ 3.486.420,66 en sus declaraciones juradas presentadas por los períodos fiscales 2011 a 2013, dejando de ingresar el gravamen correspondiente.
A su tiempo, el cargo por el que se le instruyó sumario se relacionó con una serie de irregularidades detectadas por la auditoría, tales como: contestar parcialmente un requerimiento por el que se le solicitaba que aportara y/o exhiba respecto del impuesto en juego, papeles de trabajo y documentación respaldatoria de las declaraciones juradas, origen del dinero utilizado para la constitución de plazos fijos – Banco Galicia –, resúmenes de tarjeta de crédito, documentación de respaldo del crédito otorgado al Fideicomiso Inmobiliario Peña 2812 y su cancelación, la ratificación o rectificación del crédito otorgado a la firma SOMORINI S.A., origen y aplicación de los fondos de las rentas exentas exteriorizadas en el período fiscal 2010, documentación de respaldo de compra de moneda extranjera (cpo. AA FS. 5,8, 17/18, 23, 164).
Asimismo, el Sr. Iglesias Paiz presentó las declaraciones juradas rectificativas, no aceptando el criterio fiscal ni el ajuste, limitándose meramente a reflejar movimientos patrimoniales (cpo. AA 247/259) sin aportar documentación de apoyo. Entrando en detalle, se observó que la actora en el período fiscal 2011 no acompañó documentación hábil para el rubro “rentas exentas”, el que estaría formado por los siguientes montos: en concepto de “venta de inmueble” exteriorizó $ 134.848,00.-, “resultado por venta de moneda extranjera” $ 452.782,98.- y “otras ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” $ 10.800.-. Que surgen diferencias en los depósitos en dinero exteriorizados por el contribuyente ($ 3.895.000,00.- al inicio y $ 2.033.813,32.- al cierre) y los datos obrantes en las bases de datos del organismo (saldo al inicio de $ 3.975.800,00.-, y saldo al cierre de $ 2.239.416,00.-) lo que fue considerado como ingreso omitido. Que a su vez, se evidenciaron diferencias entre lo declarado en un préstamo ($ 389.500.-) cuando debió exteriorizarse $ 421.000 respecto del tipo de cambio vigente a la fecha. ($ 4,21.-). Además, declaró una donación a su esposa (que exteriorizó como pasivo) y $ 20.000.- en concepto de “cantidad de acciones” de SOMORINI S.A, ambas sin respaldo documental.
En el período fiscal 2012, el Fisco Nacional declara que el monto consumido exteriorizado resulta inferior al que surge de los resúmenes de tarjetas de crédito aportados por el contribuyente. Que también declaró: cancelaciones de préstamos y la venta de un supuesto automotor sin documentación que lo avale. Por último, exhibió pasivos y “otros conceptos que no justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales” sin respaldo fehaciente. Para el caso del período fiscal 2013, informó el Organismo recaudador que el recurrente declaró una suma al inicio y otra menor al cierre del ejercicio. Manifestó un aporte al Fideicomiso Ciudad de la Paz 292 inferior al obrante en las bases del fisco, considerando que se trató de ingresos gravados omitidos de declarar. Asimismo, disminuyó su tenencia accionaria de BEAGLE AIR S.A., sin haber aportado instrumento de prueba que acredite la cesión de dicha tenencia. Para terminar, exteriorizó un pasivo con la Sra. María Victoria VAN THIENEN, y la venta de un rodado, sin haber aportado documentación de referencia.
En conclusión, el Fisco Nacional procedió a considerar las sumas de $ 1.811.076,96.-, $ 551.744,69.- y $ 1.123.599,01.- como ingresos gravados omitidos por los periodos analizados, habiendo tenido en cuenta los importes en concepto de Ganancia no imponible y cargas de familia conforme lo dispuesto por el art. 23 incs. a) y b) de la ley del impuesto en cuestión, en su texto vigente.
VI. En esta instancia corresponde exponer los agravios manifestados por la actora en su escrito recursivo y lo que el Organismo fiscal señala y refuta de los mismos.
Que el recurrente declara que posee una deuda con su ex mujer en el período fiscal 2011 (la Sra. Van Thienen) originada en el acuerdo de divorcio e incluida como Ajuste de columna I Donaciones o disposiciones de fondos. Que sostiene que recompone su situación patrimonial, incorporando dicha deuda, más acciones de la firma Somorini S.A. y de Desarrollos y Construcciones Urbanas S.R.L. y en simultáneo el dinero en efectivo, justificando de esta manera las variaciones patrimoniales, por lo que deja en claro que en ningún momento se alteró el consumo declarado.
Que frente a este agravio, Fisco Nacional responde que las probanzas arrimadas no son aptas para respaldar los dichos ni sus registraciones contables, al ser simples borradores. Que la actora no cumplió acabadamente con los requerimientos efectuados por los que se le solicitaba documentación respaldatoria. Que la documentación con la que intenta respaldar el pasivo obrante a fs. 17/24 del expediente, se trata de una copia simple de una supuesta documental.
Que respecto del agravio relacionado al préstamo efectuado al Sr. Luis Ortega, el Sr. Iglesias Paiz sostiene que el Fisco Nacional cuestiona en el período fiscal 2011 el importe de su cancelación ajustando a su arbitrio la suma de $ 31.500.-como ingreso omitido y luego en el período fiscal siguiente 2012 se “olvida” que dicho importe subyace en el período anterior.
Que el Fisco Nacional establece que no es cierto que se hayan duplicado los montos en el período fiscal 2012, sino que en el período fiscal 2011 se lo consideró como ingreso omitido la diferencia de $ 31.500 entre lo declarado $ 389.500.- y la valuación correcta del crédito $ 421.000.-, en tanto en el período fiscal 2012 se consideró ingreso omitido $ 77.900 producto de la diferencia de lo declarado al inicio $ 389.500.- y lo declarado al cierre $ 311.600.- en virtud de que no se acreditó que el crédito haya tenido cancelaciones parciales en el período fiscal 2012. Por lo que deja en claro que no se han duplicado dichos montos.
La actora expone que su capacidad contributiva surge de sus ingresos patrimoniales y no de “ficciones” que el Fisco pretende instalar. El Organismo fiscal infiere que no se trata de ficciones sino de estimar la materia imponible mediante instrumentos que le son brindados por las normas procedimentales, lo que sumado a la orfandad probatoria no hacen más que confirmar el criterio sostenido.
VII. Que prima facie un incremento patrimonial pudo haberse generado por la omisión de ingresos, sin embargo el incremento podría justificarse y en consecuencia desprenderse de la figura que contempla el artículo 18 inc. f) de la Ley 11.683 –incremento patrimonial no justificado-. Ej. Si el bien que se incorpora (efectivo, rodado, inmueble, etc) encontrara su origen en la omisión de un ingreso exento, no gravado, prescripto, u otro, la rectificación restablecería la partida doble y el incremento patrimonial pasaría a estar “justificado” impositivamente.
A su vez si se tratara de un pasivo puntual inexistente, similares motivaciones permitirían arribar a idéntico resultado (ej. Una deuda efectivamente cancelada antes del cierre del ejercicio que sin embargo se la incluyó en la declaración jurada original como pasivo podría encontrar su justificación en ingresos que por su encuadre técnico están fuera de la tributación).
En el polo opuesto se puede encontrar la falta de demostración del origen del ingreso que pudiera justificar el incremento patrimonial, con lo cual allí sí, estaríamos frente a un incremento patrimonial no justificado. Como se puede apreciar con estos dos extremos, el resultado frente al Impuesto a las Ganancias puede variar, según lo que se haya aportado y colectado para demostrar el origen del incremento.
Que de la reseña efectuada hasta aquí, se desprende que los elementos recabados por la inspección resultan contundentes para sostener que la aquí recurrente no ha aportado la documentación suficiente para poder justificar los ingresos y egresos de su patrimonio. Que en este plano, la ausencia de documentación de respaldo coloca a la recurrente en la imposibilidad de fundar documentalmente sus afirmaciones, toda vez que el caso bajo análisis es, en definitiva, una cuestión de hecho y prueba, por lo que debió tomar los recaudos suficientes para posibilitar a los organismos de control sus tareas de verificación, ya que conforme lo dispone el art. 33 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.
Que respecto del agravio mencionado por la actora respecto del método presuntivo, es dable recordar el art. 18 de la ley de rito cuando establece que “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida.”. Y continua “…f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.”. Que entonces, para poder cuantificar la base imponible y así determinar la situación tributaria del contribuyente, es necesario reconstruir su historia siempre que la administración no cuente con los elementos fehacientes y suficientes para hacerlo de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley de rito. Que el método presuntivo es un mecanismo subsidiario y válido habilitado por ley, mediante el cual la administración puede determinar la real capacidad contributiva del contribuyente ante un hecho cierto que se denomina indicio y que deriva en otro hecho al que llamamos presunto.
Que las manifestaciones plasmadas por el Sr. Iglesias Paiz en los presentes autos, como así también los datos de las registraciones contables, carecen de total valor probatorio al no tener un sostén documental fehaciente que le otorguen la fe necesaria para que valgan por sí mismos.
Que las circunstancias descriptas hacen aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al mecanismo previsto en el art. 18 inc f. como hizo el Fisco Nacional atento las falencias constatadas, resulta ajustado a derecho en base a la falta de elementos probatorios que justifiquen las diferencias detectadas, por lo que corresponde convalidar los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias, con costas.
VIII. Que en esta instancia corresponde resolver la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2011 a 2013 conforme arts. 46 y 47 incs. a) y d) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998). Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta seis (6) veces el importe del tributo evadido”.
Que, no resulta ocioso advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que "la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad."
A su turno, el artículo 47 establece: “…Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:…” a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11, y d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación.
Que del análisis del elemento objetivo de la sanción surge la grave contradicción entre la información colectada por el Organismo fiscal y las declaraciones juradas presentadas por el recurrente, quien consignó datos inexactos o bien intencionalmente falseados, los que generan un perjuicio para el Fisco Nacional ya que se modifica el hecho imponible y el tributo ingresado resultó ser menor al haber omitido declarar lo debido.
Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
En este sentido, la actora no acompañó los elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que la misma ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo. Por lo expuesto, se llega a la conclusión del accionar propiamente doloso del contribuyente, resultando ajustado a derecho el encuadre infraccional realizado por el Fisco, correspondiendo confirmar la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias, con costas.
IX.- .- En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, cabe señalar que si bien la actora no ha expresado agravio alguno al respecto, los mismos han sido liquidados conforme art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), procede disponer su confirmación.
X. Por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada que determinó el Impuesto a las Ganancias, en todas sus partes, con costas.
Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción planteados por la recurrente, sin imposición de costas.
2. Confirmar la resolución apelada respecto del Impuesto a las Ganancias, en todas sus partes, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 378.195 (pesos trescientos setenta y ocho mil ciento noventa y cinco), equivalente a 36,36 (treinta y seis con 36/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 945.488 (pesos novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho), equivalente a 90,91 (noventa con 91/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, el Cr. José Luis Domper, en la suma de $ 5.200 (pesos cinco mil doscientos), equivalente a 0,5 (50/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, por la aceptación de su cargo.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.09.20 17:58:38 -03:00 Date: 2022.09.21 14:11:57 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.21 16:13:58 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.21 16:13:59 -03:00
Fin de la sentencia