Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa I-2427/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las demandadas Municipalidad de Caleta Olivia a fs. 901/909 y Servicios Públicos Sociedad del Estado a fs. 910/918, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 873/889.-
2Componer positivamente la litis, eximiendo de responsabilidad a las demandadas en un porcentaje del veinte por ciento (20%), por haber incurrido y contribuido la víctima por su culpa en la causación del daño, debiendo reducirse en esa proporción el monto total fijado como resarcimiento en la instancia anterior. Establece, asimismo, que al monto de la condena dictada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
3Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
4Imponer las costas de esta instancia a las recurrentes en un 80% y a la actora en un 20%.-
5Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: I-2427/21-TSJ Sentencia Nº: 745 Actor: IGOR VALERIA INES Y OTROS Demandada: MUNCIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Y OTRA Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS - Fecha: 05-03-2024 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 745 FOLIO Nº 4519/4531 PROT. ELECT. TSS1 003 S.241
Río Gallegos, 5 de marzo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “IGOR VALERIA INES Y OTROS c/ MUNCIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº I-15.514/12 (I-2427/21-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que la presente causa llega a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpuestos por las demandadas Municipalidad de Caleta Olivia (cfr. fs. 901/909) y Servicios Públicos Sociedad del Estado (cfr. 910/918), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 873/889 que, en lo que interesa destacar, modificó parcialmente el pronunciamiento de origen. Este último había hecho lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, condenando en forma solidaria a las accionadas mencionadas y a la citada en garantía Asociarte S.A. A.R.T. a abonar una suma dineraria en concepto de daño material y moral, con más intereses computados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Igualmente, había rechazado los rubros lucro cesante, pérdida de chance y daño psicológico (cfr. fs. 755/769).- El Tribunal de Alzada admitió parcialmente los agravios de las demandadas relativos a la culpa de la víctima, estimándola en un diez por ciento y, en consecuencia, ordenó reducir en esa porción el monto indemnizatorio fijado. Igualmente, receptó favorablemente el agravio de la actora vinculada con la procedencia de los rubros lucro cesante y pérdida de chance. Por fuera de ello, confirmó el fallo en lo restante (cfr. fs. 873/889).-
II. Las presentes actuaciones fueron promovidas por la señora Valeria Inés Igor, por sí y en representación de su hijo adolecente M. R. A. y su hija K. A. A. -menor de edad en aquél entonces-, con motivo del fallecimiento del señor Rafael Horacio Arancibia, ocurrido el 7 de marzo de 2009, oportunidad en la que se encontraba prestando servicios para su empleadora, Municipalidad de Caleta Olivia. Según surge del escrito postulatorio de los actores, ese día, siendo aproximadamente las 10 hs., se subió a un poste de madera con estibado metálico a una altura cercana a los 9 metros, para reparar el servicio telefónico de un usuario y al descender -una vez concluida su tarea- su cuerpo rozó con unos cables del tendido eléctrico ubicados por debajo de la línea telefónica y a escasa distancia del poste donde había estado trabajando.
Ese contacto le generó una descarga eléctrica y, a la postre, su caída al vacío. Las graves lesiones sufridas producto del impacto con el suelo le provocaron su deceso casi tres horas después del siniestro (cfr. fs. 49/62).- La sentencia de Cámara en su voto mayoritario, subsumió la cuestión en el artículo 1113 del Código Civil vigente al momento del hecho y a partir de las declaraciones brindadas por el único testigo presencial (compañero del trabajador fallecido) le atribuyó un 10 % de culpa a la víctima en la producción del evento dañoso, por no haber utilizado casco y botines que contendrían un elemento aislante. Sostuvo, con base en el testimonio aludido, que la maniobra utilizada para descender de la palma era la de estilo y conforme a las pautas de seguridad del oficio.
Tuvo en cuenta que no se había logrado acreditar la efectiva causa de la muerte de Arancibia, producto de la omisión en realizar una autopsia o prueba pericial médica y destacó también la ausencia de prueba pericial técnica en seguridad e higiene (cfr. fs. 878 vta./ 879).- Atribuyó responsabilidad a Servicios Públicos Sociedad del Estado, recordando que las normas sobre responsabilidad civil sobre la que se funda la acción consagran el factor objetivo del riesgo creado, determinando que quien es dueño o se sirve de cosas que, por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan. En ese marco, advirtió que una línea portadora de energía es una cosa riesgosa por sí misma y que, en el caso en particular, no se guardaban las distancias reglamentarias con el cableado telefónico.
Además, destacó que en sede penal dos testigos declararon que en varias oportunidades se le había avisado a SPSE que el cableado se encontraba en mal estado (cfr. foja 879 vta./ 880).- Adjudicó responsabilidad a la Municipalidad de Caleta Olivia al catalogar como riesgosa a la actividad desempeñada por el trabajador fallecido, haciendo hincapié en que ella estaba a cargo de dirigir y vigilar su trabajo. Expresó, igualmente, que el cableado y la comercialización de las líneas telefónicas están bajo su órbita y ello la ubica como responsable de su trazado y mantenimiento (cfr. foja 880).-
Al adentrarse en el análisis de los agravios vinculados con la cuantificación de los daños generados, ponderó determinadas circunstancias personales del damnificado directo (tales como su edad, sexo, tiempo probable de vida útil, educación, profesión, etc.) así como los reclamantes (v.gr. su vinculación con el fallecido, la ayuda que recibían de aquél, etc.), concluyendo que la fórmula Vuotto empleada por el juzgador de origen era correcta, guardaba relación con lo peticionada por la propia actora y representaba un resultado proporcionado al daño (cfr. foja 881 vta./882).- A diferencia de lo resuelto en Primera Instancia, consideró procedente los rubros lucro cesante y pérdida de chance, estimándolos en un veinte por ciento (20%) del valor fijado para la indemnización establecida por daño material. Para ello tuvo especialmente en cuenta que la inesperada muerte de Arancibia generó en su grupo familiar una situación de inseguridad, en tanto representaba un sostén económico para aquellos y, por ende, su desaparición generaba una expectativa frustrada para los reclamantes (cfr. foja 882).-
Finalmente, consideró apropiada la tasa de interés activa fijada por el juzgador de origen, al entender que la reparación debe ser integral y que los intereses deben recomponer todos los menoscabos sufridos. También puntualizó que la ley provincial de aranceles y honorarios profesionales (Ley N° 3.330) dispone la utilización de ese tipo de intereses para las deudas que se generen en el pago de los emolumentos de los profesionales del derecho (art. 18), por lo que apartarse de esa directriz para las deudas de otros tipos de acreedores provocaría desigualdad entre los justiciables (cfr. fs. 882 vta./ 883).- Por su parte, el voto en minoría emitido por el doctor Monelos discrepa con los fundamentos vertidos por la mayoría respecto a la culpa de la víctima, la indemnización fijada en concepto de lucro cesante y pérdida de chance, y la tasa de interés fijada. Al describir la mecánica del evento dañoso, expresó que el golpe de corriente que sufrió el damnificado estando en la altura le hizo perder el equilibrio y con ello su caída en el pavimento. Entendió que existía culpa de parte de la víctima, la que estimó en un veinticinco por ciento, por no usar casco, guantes ni botines de seguridad así como por haberse desprendido el cinturón de seguridad en la altura. Limitó el rubro pérdida de chance a un diez por ciento de la cuantía fijada para el daño material, al considerar que no se había acreditado que Arancibia tuviera estudios técnicos una capacitación especial que posibilitara un ascenso inmediato. Por último, se inclinó por la aplicación de la tasa pasiva de interés que emplea el Banco Central de la República Argentina, citando para ello diversos pronunciamientos emitidos por este Tribunal Superior de Justicia (cfr. fs. 883/886 y vta.).-
III.1. Frente a esta forma de decidir, las demandadas Municipalidad de Caleta Olivia y Servicios Públicos Sociedad del Estado interponen recurso de casación a fs. 901/909 y 910/918, respectivamente.-
La Municipalidad de Caleta Olivia aduce violación de la ley y arbitrariedad, por ausencia de fundamentación suficiente y trasgresión del principio de razón suficiente (cfr. fs. 901/902).-
En su agravio inaugural, sostiene que las consideraciones vertidas por la Cámara no resultan ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad y, por lo tanto, su descalificación como acto jurisdiccional válido, al incumplir el deber de fundar su decisión, satisfaciendo tan solo de manera aparente dicha obligación. De igual manera, postula que la sentencia en crisis contiene un análisis parcial y absurdo de la prueba (cfr. foja 902).-
Dice que se encuentra acreditado que la culpa de la víctima tuvo mayor incidencia en su desenlace fatal, conclusión a la que se hubiera arribado de efectuarse una valoración integral de los elementos probatorios conforme a la sana crítica racional (cfr. foja 902 vta.).-
Expone que el pronunciamiento puesto en tela de juicio incurre en contradicción y viola el principio lógico de razón suficiente por cuanto, por un lado, reconoce la culpa de Arancibia (por el no uso de casco y botines de seguridad así como por su maniobra negligente de quitarse el cinto de seguridad al comenzar a descender) y, por el otro, le otorga una incidencia ínfima a su conducta en la generación del daño. A su juicio, estas omisiones tienen una incidencia determinante en el evento dañoso (cfr. foja 903).-
Manifiesta que de la declaración del único testigo presencial del hecho surge que el obrar del trabajador fue totalmente negligente y tuvo una relación de causalidad adecuada con el daño producido y que, conforme se desprende del certificado de defunción, aquél falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave, lo que se produjo por haberse desprendido del arnés de seguridad al emprender el descenso y por la falta de uso del caso y los botines de seguridad (cfr. foja 903 vta.).-
En segundo término, asevera que la indemnización establecida en concepto de lucro cesante y pérdida de chance carece de fundamentos o, por lo menos, resulta desproporcionada (cfr. foja 905 vta.).-
Advierte que no se ha acreditado que la víctima hubiese cursado estudios técnicos o realizado alguna capacitación especial que le permitiera tener la chance de obtener algún ascenso en el futuro y que, incluso, la expectativa de ascenso de carrera resultaba prácticamente nula. Refiere, además, que la conviviente del trabajador fallecido ingresó a trabajar en el municipio local en la misma categoría, lo cual resta eficacia al resarcimiento acordado (cfr. foja 906).-
Arriba a la conclusión de que si la Cámara hubiera apreciado correctamente sus alegaciones habría adjudicado mayor incidencia a la culpa del damnificado y denegado la indemnización pretendida en concepto de lucro cesante y pérdida de chance o, en su caso, la habría impuesto en un menor porcentaje. En base a ello, opina que se ha omitido el examen de cuestiones oportunamente propuestas, en total contravención al principio de congruencia (cfr. foja 906 vta.).-
En otro orden de ideas, postula la violación de los artículos 906 y 1113 del Código Civil, al haberse acreditado la culpa de la víctima, como eximente de la responsabilidad objetiva, en una mayor medida a la reconocida por la sentencia en crisis. Igualmente, alega la vulneración de lo dispuesto por el artículo 34, inciso 4° del CPCyC. Aclara que si bien el pronunciamiento reconoce la culpa del damnificado, no lo hace en la proporción que corresponde, lo que a su criterio ocurre eximiendo a su parte en forma total o, en su caso, en un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (cfr. fs. 906 vta./907).- Por último, se agravia respecto a la tasa de interés activa impuesta por el tribunal de la instancia anterior, en función de que esta le genera un enriquecimiento sin causa a la actora y contiene ingredientes que son ajenos a su función (v.gr. gastos financieros de un banco al otorgar dinero y gastos de personal). Afirma que en el caso resulta de aplicación la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina e invoca diversos antecedentes emitidos por este Tribunal Superior de Justicia (cfr. foja 908 y vta.).-
III.2. Por su parte, Servicios Públicos Sociedad del Estado motiva su recurso en la causal de violación de la ley (cfr. foja 910 vta.).-
En primer término, plantea la inexistencia de responsabilidad de su parte en la generación del evento dañoso, con base en cuatro argumentos: (i) la aseguradora tiene una obligación de control de medidas de seguridad para evitar que los trabajadores sufran accidentes de trabajo; (ii) la Municipalidad de Caleta Olivia no había provisto de todos los elementos de seguridad y algunos se encontraban vencidos; (iii) la víctima no utilizó todos los materiales de seguridad suministrados; (iv) su parte no debe responder por los accidentes que sufran los empleados de otras empresas que se trepen a las palmas para realizar tareas de mantenimiento de las líneas correspondientes a sus empleadoras (cfr. foja 911).- Crítica que la Alzada le haya imputado responsabilidad por el hecho de estar a cargo del mantenimiento del tendido eléctrico, en tanto -a su criterio- no existe causal entre el hecho y la imputación de responsabilidad (cfr. foja 912).-
Sostiene que en el caso está claramente demostrado que no hubo culpa de su parte y que, en cambio, la culpa fue de la víctima y de su empleadora. Le atribuye negligencia a Arancibia por haber realizado una mala maniobra al descender. Sobre este aspecto, puntualiza que era una práctica normal y habitual que no tendría que haberle ocasionado daño si la hubiera realizado correctamente, lo que implicaba ascender y descender correctamente y no tener contacto con los cables de energía. Explica que si las líneas de teléfono estaban ubicadas incorrectamente por encima de las de energía ello es responsabilidad de la Municipalidad de Caleta Olivia, detallando que conforme al Reglamento Técnico remitido por Telefónica de Argentina es la propietaria de ese cableado el que debe reubicarlo si está incorrectamente ubicado. Asimismo resalta que no existe norma legal que ponga en su cabeza la obligación de fiscalizar la ubicación de las líneas de los distintos servicios (cfr. fs. 912 vta./913 vta.).- A continuación objeta el resarcimiento otorgado bajo el ítem lucro cesante - pérdida de chance. Argumenta que: “…existe violación a la ley en la admisión de ese rubro, porque el fallecimiento no ha traido (sic) aparejada perdida (sic) económica para la esposa e hijos, toda vez que la victima (sic) era empleado municipal de Caleta Olivia, y ante su fallecimiento, su esposa fue ingresada como empleada en relación de dependencia, ocupando el lugar de la víctima como empleada municipal…” (cfr. foja 916).-
En su agravio final indica que la aplicación de la tasa activa resulta desproporcionada y excesiva, motivo por el cual solicita que se disponga la aplicación de la tasa pasiva y, de manera subsidiaria, peticionada que se lleve a cabo una reducción de los intereses, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. foja 917 vta.).-
A fs. 920/921 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisibles los recursos de casación interpuestos y en PE567770-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolos bien concedidos, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de este derecho únicamente la parte actora, aunque de manera extemporánea, por lo que se ordenó su desglose (cfr. PE599735-2022).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina que corresponde hacer lugar a los recursos de casación articulados únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicada, rechazando los demás agravios (cfr. PE662254-2022).-
En PE671360-2022 el entonces Defensor General ante este Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la representación complementaria del niño M.R.A., solicita el rechazo de los recursos de casación incoados.-
En PE702128-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE717039-2022 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Realizada la descripción de los agravios expuestos por las impugnantes, resulta menester precisar que si bien el recurso de casación de la Municipalidad de Caleta Olivia alude a las causales de violación de la ley y arbitrariedad, a los efectos de encauzar su pretensión recursiva en rigor, corresponde que su tratamiento se adscriba también en el marco previsto en el artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480; XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678 y XXII, Reg. 706, Folio 4214/4217, e. o.).- Este direccionamiento obedece a los déficits de fundamentación que le atribuye al decisorio recurrido, a la autocontradicción que denuncia, la trasgresión al principio lógico de razón suficiente y el apartamiento del principio de congruencia (cfr. fs. 901 vta./902, 903 y 906 vta./907 vta.).
Este tipo de vicios requieren poner en marcha un análisis sobre los aspectos formales de la sentencia, controlándola a partir de las reglas que rigen el razonamiento y procurando -fundamentalmente- tutelar el derecho de defensa (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de casación: Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª edición, Córdoba, Advocatus, 2016, pág. 47).- Vinculado con el encause recursivo, este Alto Tribunal ha sostenido que: “...Cuadra recalcar que en principio éste Excmo. Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas...Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr.
SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior de Justicia entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso. En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza el recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los art. 164º; 264º y 265º del C.
P. C. y C.), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinario (sic)- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el art. 2º de la Ley 1687 -Recurso de Casación-…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).-
V. En virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde abordar inicialmente los agravios de la demandada Municipalidad de Caleta Olivia que ponen en tela de juicio la legitimidad de la construcción sentencial, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados.-
En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones.-
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomo V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).-
VI. La Municipalidad de Caleta Olivia denuncia que el decisorio incumple el deber constitucional de fundar su decisión, satisfaciendo tal cometido tan solo de manera aparente. Esta circunstancia, a su juicio, habilita la tacha de arbitrariedad.-
Señala, además, que la sentencia exhibe falta de fundamentación lógica y legal, al prescindir de pruebas esenciales para dirimir el pleito.-
Sin perjuicio de que el acierto jurídico de la decisión será examinado más adelante, no se aprecia que el fallo impugnado constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales. Antes bien, este se encuentra debidamente fundado.-
Se observa que para determinar la responsabilidad de cada parte en la producción del accidente, los sentenciantes analizaron los elementos de prueba obrantes en autos con las circunstancias de hecho oportunamente planteadas y juzgaron el material fáctico a la luz del artículo 1113 del Código Civil vigente al momento de los hechos. En efecto, la Alzada se encargó inicialmente de detallar que el reclamo había sido efectuado bajo el encuadre normativo precitado e hizo referencia expresa a las posturas asumidas por las accionadas en sus escritos postulatorios (cfr. foja 878 vta.). Amén de ello, tuvo en cuenta las constancias emanadas del expediente penal agregado a la causa, tales como la Reglamentación sobre Líneas Aéreas de la Asociación Electrotécnica Argentina, las fotografías y las declaraciones testimoniales, deteniéndose particularmente en la efectuada por el señor Vazquez, único testigo presencial del hecho (cfr. fs. 878 vta./880).- A partir de su simple lectura, entonces, resulta dable reconstruir el camino recorrido por la Alzada, a tenor del cual le adjudicó responsabilidad a ambas accionadas, eximiéndolas parcialmente por la culpa de la víctima, la que fijó en un diez por ciento (10%) ante el no uso de ciertos elementos de seguridad. Exhibe una completa meritación de los hechos y una racional comprobación de su existencia, y en lo tocante al marco legal aplicable contiene una apropiada justificación de la norma seleccionada para dirimir la contienda.-
Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En esta inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento…’…” (cfr. Tomo XXXI, Reg. 3510, Folio 6012/6016, entre otros).- En suma, se advierte que la decisión en crisis contiene los presupuestos necesarios para resolver el tema litigioso, al exteriorizar un hilo conductor que vincula los hechos con la normatividad en rigor.-
Tampoco se evidencia la autocontradicción y la trasgresión al principio lógico de la razón suficiente que le atribuye la recurrente.-
Como es sabido, el principio de razón suficiente en el ámbito de las resoluciones judiciales impone al juzgador la exigencia de aportar las razones necesarias que sustenten las conclusiones del acto decisorio. No es la verdad del juicio sino precisamente su fundamento. Tiene como sentido propio declarar de un modo general qué es lo que necesita un juicio para que su pretensión de verdad no sea vacía, sino completa (cfr. Carlos A. Molina Sandoval, ob. cit., pág. 93).-
Juan Carlos Smith explica que, el principio se muestra de un modo general, como una exigencia racional apriorística sobre la presencia de aquellos factores discernibles que resultan necesarios para que la pretensión de verdad de un juicio o de un sistema de juicios se encuentre cumplida. Y desde el punto de vista de su concreta aplicación al conocimiento de los actos humanos, opera también, paralelamente y por extensión, como un criterio de fundamentación del sentido de esos actos (cfr. aut. cit., “El principio lógico de razón suficiente y la sentencia judicial”, ED 72-1977. pág. 717 y ss.).- Dicho autor asevera también que: “El acto de sentenciar se constituye e integra dinámicamente a través de dos momentos metódicos esenciales, a saber: a) El momento cognoscitivo, en el cual el juez accede gnoseológicamente a una realidad social constituida por el factum generalmente litigioso que las partes someten a su consideración. b) El momento normativo, en el cual el juez, por un acto de voluntad institucionalizado por el mismo ordenamiento jurídico, crea una norma individual...que soluciona imperativamente la cuestión sometida a su decisión [...] Hay, pues, una necesidad gnoseológica de integrar en una única estructura ontológica al hecho normado y a la norma que le confiere una determinada significación jurídica...Pues es tan imposible conocer normas jurídicas con prescindencia del comportamiento humano...que ellas regulan, como conocer ese comportamiento sin el sentido específico que les confieren dichas normas [...] Si consideramos el momento cognoscitivo del acto de sentenciar, esto es, el representado por el razonamiento que el juez desarrolla en los considerandos de su pronunciamiento, el principio de razón suficiente opera a modo de una exigencia racional en el sentido de que tal pronunciamiento debe explicitar una adecuada fundamentación de su propio contenido, como condición esencial de su propia validez lógico-jurídica...En otros términos: Si, como acto de conocimiento del juez, la sentencia constituye la expresión razonada -con pretensión de verdad- de un conjunto de circunstancias de hecho cuya existencia real o ficticia y cuyos caracteres, modalidades y sentido jurídicos aquél debe determinar de una manera precisa y concreta...resulta racionalmente necesario que esa sentencia contenga, como fundamento de la argumentación que explícita, tanto el análisis circunstanciado de aquellos hechos como la mención de las normas jurídicas...que constituyen o integran la ‘razón’ de la interpretación que de ellas hace el juez desde su propia perspectiva [...] Si consideramos ahora el momento normativo, esto es, el implicado en la parte dispositiva de la sentencia, resulta evidente que el principio lógico de razón suficiente opera en ella como una exigencia de adecuada motivación del acto a través del cual el juzgador crea una norma jurídica individual [...] Infiérese entonces, como conclusión, que en los dos momentos metódicos de la sentencia judicial (el cognoscitivo y el normativo), el principio de razón suficiente funciona como un criterio inquisitivo de la adecuada fundamentación del contenido de aquélla.
Un criterio que incardina al pronunciamiento judicial dentro de las condiciones esenciales de validez lógica y de eficacia jurídica.” (cfr. aut. y ob. cits., págs. 720/722).- Se ha expresado que: “…el saber ordenado y el raciocinio correcto se logran con observancia de ciertas reglas de la lógica por las que ha de regirse el pensamiento, respetando premisas y silogismos. Entre estas reglas, que no están consagradas expresamente por el legislador pero que integran el razonamiento jurídico, se encuentra el principio de no contradicción.” (cfr. Tribiño Carlos R.: “El recurso extraordinario ante la Corte Suprema”, Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, 2003, pág. 146), el que responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o viceversa (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- La exigencia de no contradicción implica que un enunciado no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo: no puede ser y no ser, no puede afirmarse y negarse juntamente una misma cosa de un mismo sujeto. Si es verdadero, no puede ser falso (y a la inversa). En términos decisorios, la contradicción se da cuando, en un mismo contexto fáctico-temporal, la resolución asume situaciones de hecho incompatibles o contradictorias entre sí o cuando aplica al caso simultáneamente normas jurídicas inconciliables. Si se niega alguna calidad o característica determinante de un hecho relevante para la decisión judicial no puede, en el mismo resolutorio y al mismo tiempo, aceptarse la calidad o característica que se niega.
Y menos aún, asumir una consecuencia distinta derivada de la fijación inicial de esa plataforma fáctica inicialmente negada (cfr. Carlos A. Molina Sandoval, ob. cit., págs. 87/88).- Al respecto se ha dicho que: “La contradicción se reconduce, en definitiva, a la falta de motivación y ambas causales vienen a quedar comprendidas en un motivo único porque los fundamentos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan al pronunciamiento sin sustentación legal. La motivación es contradictoria cuando existe un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutralizan, por lo que el fallo queda así sin motivación alguna.” (cfr.
Fernando De la Rúa: El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino, Editorial Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 155).- Bajo este entendimiento, cabe puntualizar que los reproches de índole formal desplegados por la casacionista tan solo exhiben una mera disconformidad con el razonamiento empleado por el órgano de alzada, insuficientes para evidenciar una fractura lógica en el fallo que impugna, centrando su cuestionamiento en una particular apreciación sobre los hechos.-
Es que en modo alguno configura un apartamiento de las reglas propias de la lógica, susceptible de obtener la descalificación del acto sentencial, la circunstancia de que los juzgadores hayan reconocido la culpa de la víctima, ante la omisión de emplear ciertos elementos de seguridad y, luego, hayan tabulado la incidencia que ese devenir tuvo en la generación del hecho dañoso. Todo ello dentro del marco contemplado en el artículo 1113 del Código Civil (vigente en aquel momento).-
De igual modo, el reproche que esgrime el quebrantamiento del principio de congruencia no puede ser receptado favorablemente.-
De la íntegra lectura de la sentencia en crisis, no se advierte -y la recurrente no ha logrado demostrar- que los jueces se hayan desentendido o excedido en el tratamiento de las pretensiones sometidas a su decisión, ni de las pruebas aportadas al proceso, que se hayan apartado de las constancias de la causa ni de las circunstancias del litigio.-
Cuadra destacar que el principio de congruencia no se ve afectado cuando la judicatura aplica el derecho a la relación fáctica bajo juzgamiento, al margen de las afirmaciones jurídicas que hayan efectuado las partes. (cfr. Molina Sandoval Carlos A., ob. cit., pág. 61).-
En definitiva, la recurrente no realiza una argumentación adecuada respecto de la pretendida conculcación del principio de congruencia, ni tampoco se observa, en la sentencia atacada el defecto alegado, ni la inclusión de cuestiones ajenas al objeto del proceso.-
VII. Zanjadas las impugnaciones de orden formal, corresponde adentrarse en el análisis de aquellas que se encuentran vinculadas con el fondo de la cuestión ventilada en los presentes. Con este propósito, se ingresará en primer término al examen del agravio esbozado por Servicios Públicos Sociedad del Estado por cuyo conducto plantea la ausencia de responsabilidad de su parte.-
Liminarmente, cabe poner de relieve que el reclamo indemnizatorio incoado en estos actuados debe resolverse de acuerdo a la normativa vigente al momento de producirse el hecho dañoso (cfr. art. 7 del CCyCN y la doctrina emanada de TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678, entre otros).-
Ello es así por cuanto la circunstancia a juzgar -el accidente que ocasionó el fallecimiento del señor Arancibia- ha quedado consumada definitivamente con anterioridad al 1° de agosto de 2015, fecha de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 1° de la Ley Nº 27.077), por cuanto conforme surge del acta de defunción (agregada a fs. 9/10 de la causa penal que se encuentra glosada en copia) el siniestro ocurrió el 7 de marzo de 2009.-
Sin perjuicio de ello, resulta indudable que los preceptos que integran el Código Civil y Comercial de la Nación deben inspirar la interpretación de la legislación derogada, en la medida en que condensan las actuales tendencias doctrinarias y jurisprudenciales y reflejan la visión contemporánea del legislador actual acerca de cómo deben regularse los distintos aspectos de la vida civil y comercial de nuestro país.-
Desde otro cuadrante, también es necesario advertir que “…corresponde al órgano judicial de grado, como función privativa, determinar si en el caso el trabajador acreditó -o no-, con la prueba aportada, el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, y evaluar el material probatorio; y las conclusiones que al respecto se formulen no pueden revisarse en esta sede extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 709, Folio N° 4237/4250 y su cita).-
Este Tribunal Superior de Justicia, en el marco de un reclamo iniciado por un trabajador con sustento en el artículo 1113 del anterior Código Civil a raíz de una caída que sufrió desde un andamio, sostuvo que: “...las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho, cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba…” (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Reg. 700, Folio N° 4152/4158).- Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al evaluar un cuestionamiento vinculado con la acreditación de la relación de causalidad entre la cosa riesgosa -línea de media tensión que lleva la corriente eléctrica- y las lesiones sufridas por una persona menor de edad, sostuvo que: “…establecer el nexo causal constituye una típica cuestión de hecho, que solo puede ser objeto de revisión si se demuestra que el razonamiento de los sentenciantes está afectado por el absurdo…” (cfr.
“Kujarechen, Ricardo Miguel y otros c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.). Daños y perjuicios” causa LP C 121557 S del 11/08/2020).- Al evaluar la responsabilidad endilgada a Servicios Públicos Sociedad del Estado, la Cámara de Apelaciones se encargó de puntualizar que: “…‘Una línea portadora de energía es sin duda una cosa riesgosa per se, es decir, por su propia naturaleza, aún cuando la misma se encuentra instalada y mantenida respetando estrictamente las normas de seguridad atingentes así, se subsume la responsabilidad que le cabe a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica en el marco de una responsabilidad con un factor de atribución objetivo -el riesgo creado- (art. 1113 CCiv.)…’…”.
Partiendo de esa premisa básica, sostuvo que en el caso en particular los cableados eléctricos y de telefonía no guardaban las distancias reglamentarias, conforme se percibía a partir de unas fotografías agregadas en la instrucción llevada adelante en sede penal. También tuvo en cuenta que en varias oportunidades se le había avisado a la empresa que el cableado se encontraba en mal estado, conforme se desprendía de las declaraciones prestadas en la misma causa (cfr. foja 879 y vta.).- Así entonces, sentenció que cabía atribuirle las consecuencias dañosas a la demandada Servicios Públicos Sociedad del Estado ya que: “…las normas sobre responsabilidad civil en que se funda la acción consagran el factor objetivo del riesgo creado, determinándose que quien es dueño o se sirve de cosas que, por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan…” (cfr. fs. 879 vta./880).-
En la misma línea trazada por la Alzada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311 del Código Civil derogado) presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en la última parte del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil (Fallos: 310:2103 y 338:652).-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -en idéntica dirección- ha sostenido que: “…una línea portadora de energía…es sin duda alguna cosa riesgosa per se, es decir, por su propia naturaleza, aun cuando la misma se encuentre instalada y mantenida respetando estrictamente las normas de seguridad atingentes. La experiencia confirma que así debe considerársela por los daños que habitualmente ocasiona a la persona que entra en contacto físico con la electricidad y que, según las circunstancias, puede terminar con la vida. Esta Corte se ha pronunciado al respecto cuando afirmó que no cabe duda que las líneas conductoras de electricidad son cosas productoras de peligro pues en función de su naturaleza, o según su modo de utilización, generan amenaza a terceros…” (cfr. “A. d.E. , V. y otros c/ Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. Daños y perjuicios” causa LP Ac 85.552 S del 22/08/2007).- La electricidad “…hoy en día se la considera lisa y llanamente como cosa esencialmente riesgosa, atento los peligros a los que puede someter a quienes la utilizan, encuadrándosela como responsabilidad por el ‘riesgo’ de la cosa. No hay duda de que la electricidad…presenta, una condición especialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en esa norma; lo propio ocurre con las líneas conductoras de electricidad.” (cfr. Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J.: “Tratado de la Responsabilidad Civil”, 1ª edición, Buenos Aires, La Ley, 2004, Tomo. III, pág. 352).- La recurrente Servicios Públicos Sociedad del Estado disconforme con el resultado del pleito trae ante esta instancia extraordinaria distintas consideraciones tendientes a demostrar la inexistencia de responsabilidad de su parte en la generación del evento dañoso, trasuntando su intento en una queja sobre la tarea valorativa llevada a cabo por la Cámara en cuanto al carácter riesgoso del cableado eléctrico y la consecuente atribución de responsabilidad efectuada, disminuida en un diez por ciento en base a la culpa endilgada a la víctima (cfr. fs. 910/917).- De este modo, su impugnación se nutre íntegramente de la disconformidad que exterioriza sobre cuestiones netamente fácticas, pretendiendo revertir las conclusiones de la Cámara de Apelaciones a través de un nuevo examen de los distintos medios de prueba señalados en su presentación.-
Pese al esfuerzo que despliega, su argumentación se desentiende de los fundamentos basilares afincados por la Alzada, ensayando una suerte de argumentación paralela, lo que patentiza la ausencia de una crítica concreta y razonada sobre el punto en cuestión.-
La revisión de las circunstancias fácticas en esta sede sólo puede concretarse ante el supuesto excepcional del absurdo, entendido como el “…‘…error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa…’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 726, Folio N° 4384/4391), déficit que no se configura con el mero disentimiento con lo resuelto o la diferencia de criterio del recurrente con lo juzgado por el tribunal anterior, a quien por antonomasia le está reservada la tarea axiológica cuestionada.- La casacionista afirma insistentemente que no puede supervisar a los operarios de otras empresas cada vez que se trepen a las distintas palmas o postes cada vez que realicen tareas de instalación o mantenimiento ajenas a su empresa (cfr. foja 911 vta.) y enfatiza que en el caso de autos está demostrado con claridad que no existió culpa alguna de su parte (cfr. foja 912 vta.).-
Frente a ello, es de máxima importancia dejar en claro que el debate subjetivo es ajeno al factor de atribución que determina su deber de responder por los daños reclamados.-
Del mismo modo que lo que caracteriza al factor de atribución objetivo es una ventaja para la víctima que no tiene que probar la culpa de aquel a quien le endilga responsabilidad, este último no puede defenderse invocando la falta de culpabilidad pues su deber resarcitorio prescinde de todo elemento subjetivo de imputación. Así lo ha aseverado calificada doctrina bajo la vigencia del código velezano, al indicar que “…los factores de atribución son objetivos, cuando la responsabilidad por ellos atribuida resulta indiferente a la subjetividad del obligado y, dado además, que éste no puede liberarse probando su falta de culpa e intención de dañar.” (cfr. Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., ob. cit., Tomo I, pág. 760), lo que se ha cristalizado también en la legislación actual, en tanto el artículo 1722 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que “…El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad…”. Si es irrelevante para atribuir responsabilidad, es igualmente irrelevante para eximirse de ella.- Siguiendo esta línea de razonamiento se ha afirmado que: “en los factores de atribución objetivos se prescinde de la idea de culpabilidad para argumentar la viabilidad de la atribución de responsabilidad aunque…esto no significa que en el caso concreto no pueda haber mediado alguna culpabilidad en la conducta del responsable….Ocurre que la ley hace abstracción de la valoración subjetiva de la conducta de aquél, pues toma en cuenta otros elementos, igualmente valiosos, que de por sí justifican aquella solución…no se responde por la mera causación del daño; hay de por medio un factor objetivo de atribución: el haber creado el riesgo del cual se sigue el daño…ante un factor de atribución objetivo, como lo es el ‘riesgo creado’ por la energía eléctrica, el damnificado (directo o indirecto) no debe probar la mecánica del accidente, es a la parte accionada a la que le corresponde deslindar las múltiples circunstancias del infortunio.” (cfr. Jalil, Julián Emil, “La energía eléctrica como cosa riesgosa”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/1604/2010). En suma, se observa que la Cámara ha brindado razones suficientes para justificar la atribución de responsabilidad a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica en los términos del artículo 1113 del Código Civil vigente al momento de los hechos, por lo que debe desecharse el agravio en cuestión.-
VIII. Distinta suerte corresponde atribuir a los agravios esgrimidos por ambas recurrentes en torno a la culpa de la víctima.-
En primer lugar, importa resaltar que la locución culpa de la víctima (a la que refería el art. 1113 del código derogado) requiere de ciertas precisiones conceptuales. Esta, en sentido amplio, puede constituir una falta de diligencia, pero no configura una culpa en sentido estricto, esto es como factor de atribución de responsabilidad civil. La culpa estricta supone que existe un deber jurídico violado, supone ilicitud. Y en la llamada culpa de la víctima no hay transgresión de un deber en perjuicio de otro, sino que media una omisión de diligencia que hace al interés del omitente. La culpa de la víctima que aparecía en el artículo 1113 no perseguía atribuir responsabilidad sino liberar al sindicado como responsable. Se trataba, en definitiva, de una culpa impropia que no estaba regida por los mismos principios que la culpa atributiva de responsabilidad. En consecuencia, el centro de la cuestión debe ser emplazado en el lugar que corresponde: la relación de causalidad. No se trata de ponderar culpas sino autorías materiales, y desde ese ángulo, tanto el hecho de la víctima culpable como el no culpable puede ser causa adecuada, exclusiva o concurrente del daño. Este es el criterio adoptado como regla general por el artículo 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación, al estipular que el mero hecho del damnificado que tiene incidencia causal o concausal en la producción del resultado dañoso es suficiente para configurar la eximente aquí analizada (cfr. Pizarro, Ramón Daniel - Vallespinos, Carlos Gustavo: “Tratado de Responsabilidad Civil”, 1ª edición, revisada., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2017, Tomo. I, págs. 483/485).- Dicho en otros términos: bajo la vigencia del régimen anterior al 1° de agosto de 2015 “la alusión a la culpa tenía un sentido figurado, pues la eximente se sitúa en relación a la causalidad. No se requiere una conducta ‘culposa’, sino que el acento se coloca en la incidencia causal del hecho (culposo o no). La cuestión se vincula con el presupuesto de la autoría (no se trata de ponderar culpas sino autorías materiales)” (cfr. Formaro, Juan J., “Derecho de daños laborales”, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2021, pág. 265).-
Le asiste razón a las recurrentes en cuanto aducen la errónea aplicación al caso de los artículos 906 y 1113 del Código Civil vigente al momento de los hechos, aunque con un alcance distinto al pretendido. La primera de las normas recepta la teoría de la causalidad adecuada, mientras que la segunda autoriza, como causal de eximición de responsabilidad -total o parcial-, la culpa de la víctima.-
Si bien el porcentaje de responsabilidad que se le debe asignar a cada parte necesariamente, lleva a una nueva interpretación de la prueba producida, lo cual está -en principio- vedado en casación esta regla se exceptúa cuando se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación o se ha producido una absurda valoración de las probanzas (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 185, Folio 1003/1008 y Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678).-
Específicamente sobre la materia en estudio se ha entendido que: “…‘...la apreciación de la prueba, a los fines de la determinación de la culpa, es cuestión reservada a los jueces de los hechos y exenta de casación, salvo que se acredite que tal apreciación se ha efectuado con infracción a las reglas de la sana crítica, o con violación de las leyes de la prueba o en forma manifiestamente absurda.’...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678 y su cita).-
Con atino, se ha afirmado que: “…no necesariamente la exclusión de la responsabilidad por culpa de la víctima debe ser total, sino que puede ser parcial, al existir culpa de la víctima y del dañador. En este supuesto, se está en presencia de un caso de cocausación -esto es, que ambos han puesto de su parte de la causa del daño-, por lo que no es justo que uno solo de ellos cargue con la totalidad de las consecuencias del evento dañoso. En este caso, la reparación del daño deberá ser disminuida por el juez hasta la proporción de culpa que asigne a la víctima.” (cfr. Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., ob. cit., Tomo I, pág. 881). No obstante, ha de tenerse en cuenta que: “…el alcance que se le otorga a la culpa de la víctima deberá tener un tratamiento particularizado en el marco del contrato de trabajo…Toda vez que se invocare ‘culpa de la víctima’ como eximente de responsabilidad del empleador, en las controversias en las que se procurare resarcimiento a tenor de lo preceptuado en el art. 1113, CCiv., incumbirá al excepcionante la demostración del tal extremo, con cánones muy estrictos, en atención al contexto de la relación laboral.” (cfr.
Schick, Horacio: “Otra vez la Corte se pronuncia sobre los alcances de la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad en un infortunio laboral en los casos del art. 1113 párrafo 2° del Código Civil”, www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/DOC/4975/2014).- Con apoyo en la declaración testimonial del Sr. Carlos O. Vazquez, único testigo presencial del hecho, la sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones sostuvo que la “…actitud de Arancibia de no haber utilizado el casco y los botines (que tendrían un elemento aislante) constituye un escaso porcentaje de culpa…su compañero refiere que la utilización del arnés y la mecánica de descenso realizada era la de estilo que realizaban…”, a lo que añadió que “…la prueba de la culpa de la victima debe ser cierta y concreta, ya que en caso de dudas sobrevive la presunción de causalidad legalmente atribuida al demandado…” y, sobre esa base, admitió que: “…en un 10% el porcentaje de culpa en la actitud de Arancibia.” (cfr. foja 879).- En el caso, mediaron omisiones de diligencia que hacían al interés del omitente y que tuvieron una incidencia causal superior al ínfimo porcentaje fijado por la Alzada, tal como lo puso de relieve el Dr.
Monelos en su voto en minoría, al señalar que “…hay culpa concurrente de la víctima por no usar casco, por no usar guantes, ni botines de seguridad por un lado y, por otro, por haber desprendido el cinturón de seguridad en altura…” (cfr. foja 884 vta.), elementos con los que contaba, tal como se desprende de foja 63 del expediente penal que se tiene a la vista.- Si bien en la causa no se llevó a cabo autopsia ni prueba pericial médica, conforme lo advierte la mayoría a foja 879, tal como lo explicita el voto en disidencia a foja 884 vta., es válido inferir que Arancibia no murió electrocutado sino como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave (cfr. foja 884 vta.), lo que se corrobora con el certificado médico y el de defunción obrantes a fs. 6 y 9/10, respectivamente, de la causa penal.-
Al describir la mecánica del evento dañoso, el señor Vásquez manifiesta que Arancibia “…subió efectuó el arreglo y al momento de comenzar a bajar desprende el arnés y mas o menos estando a una altura de 8 metros, siento que el grita y veo que estaba agarrado a uno de los estribos de la palma y como se había desprendido el arnés en un momento el sale despedido de la altura de la palma y cae al suelo en el asfalto…siendo asistido por una persona que le dio los primeros auxilios, ya que el sangraba por la cabeza…” (cfr. foja 7 de la causa penal, Expte 1851/09). Esta declaración fue presta el mismo día del siniestro. Con posterioridad, más precisamente el 20 de agosto de 2009, declaró también en sede penal que: “Rafael [Arancibia] sube a la palma con cinto de seguridad…El hace la reparación arriba… Rafael me dice que le consulte al abonado si tenía servicio, voy y cuando vuelvo él, que ya se había sacado el cinto de seguridad, y había empezado a bajar grita arriba y quedó detenido agarrado de los caños.
Luego de unos cuatro minutos la electricidad lo expulsó…” (cfr. foja 34, Expte cit.).- La utilización del conjunto de arnés minimiza el riesgo de caída libre del operario cuando se encuentre ascendiendo, descendiendo o trabajando sobre un poste telefónico. El arnés sujeta a la persona que cae desde la altura. Su uso es obligatorio para todo el personal que realice cualquier tipo de trabajo en altura para prevenir las caídas del personal operativo (cfr. curso sobre “Seguridad en Trabajos en Altura”, contenido en CD de foja 37, archivo ARS_HV0002_Trabajos en Altura, pág. 11). Es evidente que quien trabaja en altura se halla en constante peligro de caída, ante un mínimo descuido, error o movimiento involuntario o desincronizado (cfr.
CNAT, Sala V, “Gonzalez Irusta Gladys Adriana c/ Telefónica de Argentina S.A. y otros s/daños y perjuicios”, del 30/12/2011, www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/88319/2011).- Con ello, se aprecia el absurdo en el que incurrió el voto en mayoría del tribunal de mérito, en la medida que restó importancia a su empleo, considerando que el descenso había sido el de estilo (cfr. foja 879), puesto que tal como lo pone de resalto el Dr. Monelos en su voto, “…Si no se hubiera desprendido el cinturón de seguridad, éste hubiera quedado atrapado en el primer estribo que alcanzare y hubiera detenido la caída…” (cfr. foja 885). Sin mayores precisiones, la decisión cristalizada en el voto mayoritario de la Cámara se ciñe a determinar un escaso porcentaje de responsabilidad mediante una ligera actividad analítica, que muestra un análisis errado al restarle incidencia al comportamiento analizado.- A esta omisión han de adunarse las ya ponderadas por el órgano de alzada -tanto por la mayoría como por la minoría- relativas a la falta de empleo del casco y los botines de seguridad.
Cabe puntualizar que es obligatorio el uso del casco para realizar cualquier tipo de trabajo en altura para evitar el choque eléctrico y fuertes golpes en la cabeza producto de una caída, mientras que el calzado de seguridad minimiza los riesgos de contactos eléctricos de baja tensión (dieléctricos) (cfr. curso sobre “Seguridad en Trabajos en Altura”, contenido en CD de foja 37, archivo ARS_HV0002_Trabajos en Altura, págs. 7/8).- En cambio, no puede reputársele mayor entidad a la supuesta falta de utilización de guantes, dado que para que el hecho de la víctima libere de responsabilidad -total o parcialmente- ha de ser cierto, es decir, no admitir hesitación alguna acerca de su existencia y, en el supuesto bajo examen, no se encuentra acreditada la incidencia causal que este comportamiento en particular haya podido tener sobre el resultado dañoso, desde que -como lo apunta el propio voto en minoría del Dr.
Monelos- Arancibia “…pudo tocar el fusible aéreo con el cuerpo…” (cfr. foja 884 vta.).- Es una carga -deber en su propio interés- para el damnificado adoptar las medidas razonables que, conforme la buena fe, pueden evitar la producción del perjuicio. Por lo tanto, puede ocurrir que el no hacer de la víctima sea una causa concurrente con el hecho desencadenado por el demandado. Lo que debe gravitar para analizar los hechos es, por un lado, las posibilidades reales y concretas conforme la buena fe y la razonabilidad con que contaba el damnificado para evitar el perjuicio, y por otro lado, la relación de causalidad entre la omisión y la conducta no adoptada (cfr. Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil - Análisis Exegético, Doctrinal y Jurisprudencial: Arts. 1708 a 1780, CCCN”, 1ª edición revisada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2021, Tomo.
II, págs. 48 y 49).- Así las cosas, se aprecia que el obrar imputable a la víctima ha interrumpido parcialmente el nexo de causalidad adecuada que existe entre el riesgo generado por la cosa y el suceso analizado. Es que Arancibia actuó contra el sentido común y de manera imprudente, susceptible de calificarse como un obrar culpable que puede considerarse concausa adecuada del accidente. De allí se impone atribuir la responsabilidad parcial a la propia víctima, por guardar ésta vinculación de causa-efecto con el desenlace fatal y la probabilidad objetiva, según sucede de ordinario, de que el empleo de casco y botines de seguridad así como emprender el descenso sin desprenderse el cinturón de seguridad hubieran incidido, aminorando, el efecto del daño.- En virtud de lo antedicho, se advierte que el pronunciamiento bajo revisión se desliza por la pendiente de la arbitrariedad, al desentenderse de las circunstancias objetivas de la causa que resultan indicativas de la configuración de la causal de eximición parcial de responsabilidad en un grado de incidencia mayor al que se le adjudicara.
Consiguientemente, corresponde receptar de modo parcialmente los agravios esgrimidos bajo análisis y determinar que las demandadas queden eximidas parcialmente de responsabilidad en un porcentaje del veinte por ciento (20%), por haber incurrido y contribuido la víctima por su culpa en la causación del daño.-
IX. Arribados a este tramo de análisis, corresponde examinar los agravios esgrimidos por ambas recurrentes mediante los que objetan el resarcimiento determinado en concepto de lucro cesante y pérdida de chance, aduciendo que no es procedente o, en su caso, debería fijarse en un porcentaje inferior al establecido por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Al receptar favorablemente la indemnización pretendida por la actora sobre los rubros indicados, el tribunal de mérito recalcó que debía realizarse un enfoque “…desde la perspectiva de quienes reclaman, pareja e hijos, y no en las condiciones personales del fallecido, ya que lo que se indemniza en el caso, es el beneficio esperado como probabilidad perdida, el cercenamiento de la razonable posibilidad de contar con ellos en el futuro por parte de los reclamante (sic). En el particular el fallecido tenía 46 años de edad, convivía con su pareja y dos hijos menores de edad; la inseguridad que ha generado en el grupo familiar la inesperada pérdida de la vida de Arancibia, quien constituía un importante sostén económico para los actores hizo que exista una expectativa frustrada para los que aquí reclaman. Es por ello que entiendo que este agravio debe prosperar, calculándose en un 20% de la indemnización establecida por daño material…” (cfr. fs. 881 vta./882).- Las críticas desplegadas por las recurrentes remiten a cuestiones fácticas y probatorias que quedan en principio fuera del ámbito de la casación. En efecto, no es procedente en esta instancia de excepción verificar si dichos ítems indemnizatorios se encuentran demostrados en autos y tampoco lo es revisar al quantum de la condena, pues constituyen materias propias de los jueces de grado, a menos que se compruebe que existió de parte de éstos, absurdo o arbitrariedad.-
Ha expresado este Tribunal Superior de Justicia sobre la materia: “Con relación al quantum de las indemnizaciones fijadas por lucro cesante y daño moral, es dable señalar…que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación. Ha establecido este Alto Cuerpo, que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios como la del sub lite, sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque ‘...el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos...circunstancias ajenas -en principio- al recurso de casación...’ (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 375, Folio 2016/2020). En igual sentido, ha reiterado este Alto Cuerpo que la determinación del monto del juicio es una cuestión de carácter fáctico y procesal que queda en el espacio de la razonable discreción del juzgador y es inescrutable por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 217, Folio 1171/1175; ídem, Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2310, Folio 3403/3408).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2836, Folio 4447/4450). Sólo en caso que se denuncie y demuestre arbitrariedad, lo cual no ha acontecido en el supuesto bajo estudio.- Este Alto Cuerpo ya ha expresado -en reiteradas oportunidades- que para que se configure el extremo de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 557, Folio 3151/3159, entre otros).-
No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia.-
A su vez, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, ‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’...’ (cfr. Hitters, Juan Carlos: ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 707, Folio 4218/4227).- De su lado, este Tribunal Superior de Justicia también tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el presente caso, las recurrentes no han logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia que invoca en la parcela en tratamiento, ya que sólo se desprenden de sus recursos discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado. A ello debe sumársele que los argumentos utilizados por la Cámara de Apelaciones no presentan un desvío lógico que configure la circunstancia de excepción antes señalada. Por tal motivo los agravios en tratamiento deben ser rechazados.-
X. Finalmente, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios desplegados por las recurrentes en torno a la tasa de interés fijada en el pronunciamiento en crisis.-
Asiste razón a las casacionistas.-
Ello, en razón de que la sentencia de la Cámara de Apelaciones contradice el criterio legal fijado por este Tribunal Superior de Justicia en las causas “Bilbao” (Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 3870/3879), “Cosani” (Sentencia, Tomo XX, Reg. 683, Folio 3973/3983), “Tubio” (Sentencia, Tomo XXI, Reg. 705, Folio 4197/4213) y “Anes” (Sentencia, Tomo XXII, Reg. 725, Folio 4368/4383), en las que se estableció que al monto de condena debía adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.- Si bien es aceptable que los jueces ordinarios dejan a salvo su opinión al respecto, no están autorizados a desentenderse de lo que este Alto Cuerpo ha resuelto en razón de su función uniformadora. En el caso concreto, la sentencia de la Alzada, en su voto mayoritario, hizo caso omiso a tal deber sin hacer la más elemental mención de la doctrina legal obligatoria que proviene de los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia.-
Tal como ha sostenido Augusto M. Morello, si los jueces de grado, apartándose del criterio sentado, propugnaran soluciones que sólo contaran con el respaldo de la doctrina de fallos de Tribunales de diversa jurisdicción, se generaría el desorden y variadas sinfonías, sobre la misma partitura, con el agravante de que, lo así resuelto, irremisiblemente habría de ser casado. La insistencia en franca tozudez, por querer imponer esas otras doctrinas desnudaría una resistencia, una solución de base que no se adecuaría al sistema constitucional. Tal circunstancia provocaría un dispendio jurisdiccional inexplicable, con las dificultades y costos sin razón de quienes deberían promover recursos extraordinarios, lo cual trascendería un injustificado despropósito, y desgaste jurisdiccional. Es bastante un solo precedente. El exhaustivo análisis del tema jurídico desenvuelto en esa oportunidad fija la hermenéutica y deja ya cristalizado hasta mejores razones, el sentido del derecho que debe aplicarse en supuestos similares. No significa propiciar un ciego seguimiento, ni alentar un menoscabo al deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues basta -llegado el caso- osar en insistir en otra inteligencia mediante una excelente construcción motivadora; o en la alternativa última, dejar a salvo sus opiniones personales. Las sentencias del alto tribunal -acertadas o no- deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (cfr. autor cit., “La casación. Un modelo intermedio eficiente”, 2ª ed. actualizada, LEP – Abeledo Perrot, 2000, págs. 406 a 408).- De tal modo, siguiendo con la doctrina legal emanada de tales precedentes, emitidos en el marco de litigios sobre daños y perjuicios, corresponde receptar favorablemente los embates bajo estudio, estableciendo que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele los intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
XI. Que, de conformidad con todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las demandadas Municipalidad de Caleta Olivia a fs. 901/909 y Servicios Públicos Sociedad del Estado a fs. 910/918, casando parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 873/889. En consecuencia se dispone componer positivamente la litis, eximiendo de responsabilidad a las demandadas en un porcentaje del veinte por ciento (20%), por haber incurrido y contribuido la víctima por su culpa en la causación del daño, debiendo reducirse en esa proporción el monto total fijado como resarcimiento en la instancia anterior. Igualmente, se establece que al monto que resulte de la condena dictada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, manteniéndola en lo demás que decide.- En atención a que lo resuelto fue parcialmente favorable a lo solicitado por las recurrentes, las costas en la presente instancia serán impuestas solo en un 80% al recurrente y en un 20% a la parte actora, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 del CPCyC; difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las demandadas Municipalidad de Caleta Olivia a fs. 901/909 y Servicios Públicos Sociedad del Estado a fs. 910/918, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 873/889.-
2. Componer positivamente la litis, eximiendo de responsabilidad a las demandadas en un porcentaje del veinte por ciento (20%), por haber incurrido y contribuido la víctima por su culpa en la causación del daño, debiendo reducirse en esa proporción el monto total fijado como resarcimiento en la instancia anterior. Establece, asimismo, que al monto de la condena dictada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
3. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
4. Imponer las costas de esta instancia a las recurrentes en un 80% y a la actora en un 20%.-
5. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución de caso y en virtud de encontrase en uso de licencia el Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal A/C de presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003S.241 Tomo: XXIII Sentencia: 745 Folio N°: 4519/4531 Secretaría: 1
Fin de la sentencia