Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar MAL CONCEDIDO el recurso de casación impetrado por el Ministerio Público Fiscal; sin costas (arts. 432, segundo párr., a contrario sensu; 444, segundo párr.; 530 y 532 del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio del año dos mil veinticinco, integrada la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y por los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, reunidos a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 7829/2020/4/ CFC1, caratulada “IGUACEL, Javier Alfredo s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. Que la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 5 de febrero de 2025, resolvió: “CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto decide y fuera materia de apelación”. Mediante dicho decisorio, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante en autos –“C.P.C. S.A.”-, contra la resolución del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de esta ciudad que, en fecha 5 de diciembre de 2024, dispuso: “I) Declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto de Javier Alfredo Iguacel (arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2, ambos del C.P.). II) Sobreseer a Javier Alfredo Iguacel, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito previsto en el art. 248 C.P. (art. 336, inc. 1° del C.P.P.)”.
II. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación el señor Fiscal General Adjunto ante el a quo, doctor José Luis Agüero Iturbe, el que fue concedido 1 REGISTRO NRO. 679/25.4 en fecha 21 de febrero de 2025 y mantenido en esta instancia.
III. Fundó la admisibilidad de su impugnación, en razón de tratarse de una resolución definitiva y entendió que le incumbía su cuestionamiento por ser el titular de la acción penal pública (arts. 120 C.N.; 1 y 3 de la ley 27.148; y 5 del C.P.P.N.). Encauzó su remedio procesal en ambos supuestos previstos en el artículo 456 del código de rito.
Luego de repasar las constancias de la causa, adujo errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva por parte de la cámara de apelaciones, que confirmó el decisorio del señor juez federal que entendió inaplicable en autos la causal suspensiva del curso de la acción penal por la intervención de un funcionario público (art. 67, segundo párr. del C.P.).
El representante del Ministerio Público Fiscal impugnó el razonamiento según el cual ambas instancias coincidieron, en que el tiempo en que el señor Javier Alfredo Iguacel se desempeñó como Intendente del Municipio de Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, no sería hábil para tornar operativa la aludida causal suspensiva. Entendió que dicha tesitura llevó a la errónea declaración de prescripción de la acción penal y consiguiente sobreseimiento del nombrado. Agregó que, desde el inicio de las actuaciones a la fecha, se desempeñó como funcionario público en diversas áreas que, analizadas en conjunto, obstarían a la extinción de la acción penal. Al respecto, expresó que: “[c]onforme fuera requerido a la Oficina Nacional de Empleo Público del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), el ingeniero Iguacel permaneció en la Dirección Nacional de Vialidad desde 2016 hasta julio de 2018, luego cumplió funciones como Secretario de Energía de la Nación desde septiembre de 2018 y octubre de 2019, y, por último, como intendente del partido de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023”.
El recurrente consideró que la causal suspensiva del curso de la prescripción de la acción penal por la intervención de un funcionario público se basa en un sustento objetivo y resulta indistinta la jerarquía del cargo que posee el inculpado, sea que se trate de un funcionario o de un empleado público. Por las razones que precisó, explicó que lo que se busca es evitar que desde su puesto pueda influenciar u obstruir la pesquisa. Estimó que una vinculación laboral con el Estado durante un prolongado tiempo -en el caso, incluso en cargos de alta jerarquía política-, rodea al funcionario de otras herramientas que la generalidad de las personas, como ser el acceso con mayor facilidad a todo tipo de contactos, lugares o información.
Aclaró que no se requiere la comprobación concreta de una influencia indebida del funcionario público en el devenir de la investigación, porque la razón que subyace es de política criminal y se vincula con el complejo fenómeno de la corrupción. Sostuvo que basta para que opere la suspensión de la acción penal con la verificación objetiva en el desempeño de la función, con prescindencia de cualquier determinación sobre la materialidad de eventuales maniobras en concreto.
El impugnante destacó la existencia de la Resolución PGN N° 33/05 de la Procuración General de la Nación, que instruyó a los fiscales a que en la divergencia de interpretaciones sobre la correcta aplicación del artículo 67 del Código Penal, opten por aquella que le permita sostener la acción penal pública.
Según la interpretación que apreció aplicable, la acción penal contra Javier Alfredo Iguacel en orden al delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.), prescribiría en dos (2) años a contar desde que el nombrado cesó en su función pública, en diciembre de 2023.
Por su parte, el acusador público indicó que la resolución recurrida detenta una argumentación aparente, pues prescindió de evaluar elementos relevantes de la causa que resultaban conducentes para la solución del caso, en tanto hubieran llevado a un temperamento contrario. Por consiguiente, concluyó que el déficit de fundamentación apuntado, obsta a la consideración de la resolución recurrida como un acto jurisdiccional válido (arts. 123 y 404, inc. 2° del C.P.P.N.).
En definitiva, solicitó que se case o anule el decisorio impugnado. Finalmente, efectuó reserva del caso federal.
IV. Que, radicado el presente incidente ante este Tribunal, el letrado de confianza de Javier Alfredo Iguacel, doctor Juan Manuel Alemán, efectuó una presentación mediante la cual solicitó que se declare mal concedido el recurso de casación impetrado por el Ministerio Público Fiscal.
Ello así, por cuanto destacó que fue el Ministerio Público Fiscal el que, al contestar la vista que le fue oportunamente corrida en primera instancia respecto a la vigencia de la acción penal en autos, dictaminó que la misma se hallaba extinguida por prescripción y dicho temperamento fue seguido por el señor juez federal interviniente. Adunó que solamente apeló la querella y remarcó que únicamente dicha parte procesal tenía interés directo para recurrir (art. 432, segundo párr. del C.P.P.N.) y no lo hizo. Por lo tanto, enfatizó que el ahora impugnante carece de agravio porque el decisorio recurrido y su antecedente fueron dictados de conformidad con lo postulado por ese mismo órgano acusador. Agregó que, ante el temperamento manifestado por el señor agente fiscal federal actuante, que postuló el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal, la querella no peticionó el mecanismo de revisión interno instrumentado mediante la Resolución PGN N° 41/2023 de la Procuración General de la Nación –en relación con lo previsto en el art. 80, inc. “j” del C.P.- P.F.-, a la vez que decidió proseguir la persecución en soledad. Apuntó que el señor Fiscal General ante el a quo tampoco adhirió al recurso de apelación del acusador privado.
La asistencia técnica del acusado además adujo la inexistencia de un perjuicio procesal por parte del aquí recurrente. Entendió que la admisión del remedio casatorio, en su caso, contrariaría el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal (art. 9, inc. “a” de la ley 27.148). Citó doctrina que estimó aplicable.
En síntesis, la defensa concluyó que el impugnante carece de legitimidad y de agravio para recurrir la resolución recurrida, confirmatoria de la decisión del juez de grado que, de conformidad con lo dictaminado por el acusador público de la primera instancia, consideró que la acción penal había fenecido por el paso del tiempo y dispuso el sobreseimiento de su asistido por prescripción. Por ello, advirtió que el remedio procesal ha sido erróneamente concedido por el a quo y ello debe ser subsanado por este Tribunal (art. 444, segundo párr. del C.P.P.N.).
Finalmente, efectuó reserva del caso federal.
V. Que, durante el término de oficina (arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N.), el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Javier Augusto De Luca, efectuó su presentación mediante la cual amplió los motivos expuestos en el recurso de casación y contestó el escrito presentado por la defensa, precedentemente reseñado. Preliminarmente, cuestionó lo expuesto por la asistencia técnica del imputado que indicó que el representante del Ministerio Público Fiscal ante el a quo carece de legitimación para recurrir en casación, porque el fiscal de la primera instancia había dictaminado a favor de los intereses del acusado.
Al respecto, consideró que la instancia de apelación estaba habilitada por el recurso de la querella y que el objeto de esta incidencia es un asunto de orden público sobre el cual debía opinar sin limitación o condicionamiento de lo dictaminado por su colega de grado. Expresó que la invocación que la defensa efectuó sobre el principio de unidad de acción, rige dentro de una organización jerárquica, de modo que, en su caso, la opinión del fiscal superior prevalece por sobre la del anterior. Por consiguiente, aclaró que emitía su dictamen sobre el fondo del asunto, sin encontrarse limitado por las argumentaciones de las partes, en tanto titular de la acción penal y custodio de la legalidad de los procesos frente a una cuestión de orden público (art. 120 del C.N.).
Luego de repasar las constancias relevantes de la causa, compartió el criterio expuesto en el remedio casatorio y ahondó en las razones allí esgrimidas. En relación con la causal suspensiva prevista en segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, expresó que “…como la ley no dice qué cargos públicos quedan excluidos de la suspensión de la prescripción”, cabía su aplicación por el período no computado por el juzgado federal y la cámara revisora intervinientes, en el que Javier Alfredo Iguacel fue intendente municipal.
Sin embargo, el señor Fiscal General ante esta instancia adujo que el problema principal de este incidente sería diverso al enfoque hasta aquí impreso. Explicó que, por tratarse de una cuestión de orden público, no regiría el principio de que la competencia del tribunal de alzada está limitada a los agravios o motivos expresados en el recurso por el impugnante (art. 438 del C.P.P.N.).
En efecto, entendió que lo relacionado con la vigencia de la acción penal para dilucidar los hechos que constituyen el objeto procesal de autos, debe analizarse a la luz de otras potenciales calificaciones legales más gravosas que impedirían la declaración de prescripción. Estimó que la descripción de los sucesos otrora denunciados “…daría lugar a otras posibles tipicidades, tales como administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública, si se comprueba que se habría perjudicado dolosamente, por infidelidad o abuso, el patrimonio administrado, haciendo caer sin fundamento concesiones de obra pública o generando la posibilidad de acciones patrimoniales en contra de la institución, etc. (art. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7° del CP), o peculado (art. 261 CP), ante la sospecha de que habrían sustraído caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le habían sido confiados o empleado en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública cuya dirección ejercía […] Esos delitos, tienen penas que obstan a la prescripción de las acciones penales que nacen de ellos”. Reputó que debía seguirse el pacífico criterio jurisprudencial relativo a que, para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido según la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle.
Por lo tanto, la parte recurrente estimó que el decisorio que confirmó la extinción de la acción penal por prescripción lo hizo sin tener en cuenta el posible encuadre de los mismos hechos, pero bajo figuras penales más graves. De modo que la resolución puesta en crisis encuadraría en uno de los supuestos de arbitrariedad de sentencias.
VI. Que durante la etapa prevista en los artículos 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la precitada defensa particular presentó breves notas, ocasión en la que insistió respecto de la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, subsidiariamente, amplió los motivos en orden a su rechazo.
Al respecto, reiteró sus argumentos en torno a la falta de interés para recurrir del impugnante y peticionó que además se declare inadmisible la presentación efectuada por el señor Fiscal General ante esta instancia durante el término de oficina (arts. 465, cuarto párr. y 466 del C.P.- P.N.), tras considerar que lo allí expuesto habría significado la invocación de nuevos motivos de agravios, cuya introducción tardía le estaría vedada por extemporánea. Por lo demás, estimó que debía confirmarse la resolución recurrida ante la inexistencia de constancia alguna en autos, respecto a la incidencia concreta que podría haber tenido su asistido en esta investigación, a raíz de su desempeño como intendente municipal. Finalmente, hizo reserva del caso federal para el caso de una hipotética decisión adversa.
VII. Superada la oportunidad procesal aludida (arts. 465, último párr. y 468 del C.P.P.N.), quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. De manera liminar corresponde precisar que las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el 05/10/2020 por Mariano Armando Maidana -Presidente de la empresa “C.P.C. S.A.” (Comercial del Plata Construcciones Sociedad Anónima)-, con el patrocinio letrado de los doctores Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, contra el entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Ingeniero Javier Alfredo Iguacel, en orden al delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.), en razón del dictado de diversos actos administrativos que se detallaron, por él emitidos -u otras personas de la entidad- durante los años 2016 y 2018 en que se desempeñó en el cargo aludido, con la intención de perjudicar a la precitada firma, adjudicataria de obras públicas.
En fecha 10/07/2020, la señora jueza federal doctora María Eugenia Capuchetti corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal, a los fines previstos en el artículo 180 del código ritual. En fecha 14/10/2020, el señor fiscal federal doctor Eduardo Raúl Taiano, formuló requerimiento de instrucción (art. 188 del C.P.P.N.) y encuadró los hechos bajo la misma figura escogida por el denunciante, esto es, la prevista en el artículo 248 del Código Penal.
Suscitadas y resueltas cuestiones de competencia, se realizaron diversas medidas hasta que en fecha 25/10/2024, el señor juez federal Daniel Rafecas formó incidente por posible prescripción de la acción penal, solicitó informes respecto del imputado Javier Alfredo Iguacel -al Registro Nacional de Reincidencia, a la Oficina Nacional de Empleo Público y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- y dispuso que una vez que fueran éstos recibidos, se corra vista a las partes a los fines pertinentes.
En fecha 12/11/2024, la parte querellante postuló la vigencia de la acción penal seguida contra Javier Alfredo Iguacel y contra cualquier otra persona que resulte penalmente responsable por los delitos investigados. Afirmó que si bien en el escrito de denuncia que dio origen a la causa los hechos fueron prima facie subsumidos en el delito de abuso de autoridad (art. 248 C.P.), expresamente aclaró que dicha calificación era meramente provisoria y sin perjuicio de otras significaciones penales que pudieran eventualmente establecerse. Agregó que las pruebas hasta entonces producidas “…habrían permitido ampliar el espectro de subsunciones legales aplicables al caso, que no se agotaría en la simple comisión de vías de hecho por parte de funcionarios de la DVN que, abusando de los poderes a su cargo, habrían ocasionado perjuicios ilegítimos para C.- P.C. S.A.”. Al respecto, no descartó la posible configuración de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado y asociación ilícita (arts. 174, inc. 5, en función del art. 173, inc. 7; 261 y 210 del C.P.). Concluyó no habría transcurrido el máximo de ninguna de las escalas penales aludidas; ello, aún sin necesidad de abrir juicio sobre la eventual incidencia de los cargos públicos desempeñados por el acusado.
Posteriormente, en fecha 19/05/2024 el señor fiscal federal doctor Jorge Raúl Taino, dictaminó que la acción penal se encontraría prescripta respecto de Javier Alfredo Iguacel. Indicó que, según la plataforma fáctica denunciada, los hechos descriptos encuadraban en el delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.). Repasó los períodos en que el nombrado se desempeñó en la función pública y concluyó que el lapso en que fue Intendente de la Municipalidad de Capitán Sarmiento de la Provincia de Buenos Aires, no debía computarse apto para tornar aplicable la causal suspensiva del curso de la prescripción de la acción penal. Al respectó, expuso que: “…el examen y estudio de los testimonios reunidos en la pesquisa nos conduce a la ausencia de pautas objetivas que permitan sostener que se presentaron en autos circunstancias o eventos de relevancia, o tan siquiera indicadores, acerca de que el ejercicio de la función pública desempeñada por Javier Alfredo Iguacel, hasta fines de 2023, haya dado lugar a que existiera una injerencia de su parte que se tradujera en que influenció u obstaculizó el transcurso de la investigación penal”. En consecuencia, postuló su sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción.
En fecha 05/11/2024 el precitado juez federal resolvió, en consonancia con el dictamen fiscal, declarar extinguida la acción penal por prescripción y así dispuso el sobreseimiento de Javier Alfredo Iguacel (arts. 59, inc. 3°; 62, inc. 2° y 67 del C.P.; y art. 336, inc. 1°, del C.-
P.P.N.).
Para sustentar su decisorio, el señor magistrado de grado precisó que el objeto procesal ha sido invariablemente encuadrado en el delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.), tanto en la denuncia original, como en el requerimiento fiscal de instrucción y en el dictamen fiscal presentado con motivo de la prescripción.
Discrepó con el criterio propiciado por la parte querellante, por cuanto “…el escenario probatorio aunado no se compadece con el referido aumento de encuadres legales del accionar denunciado pretendido por la querella en base a aquél, correspondiendo agregar que dicha parte no individualizó ninguna prueba concreta que respalde la referida ampliación de calificaciones”.
Por el contrario, coincidió con lo dictaminado y la doctrina y jurisprudencia en que fundó su decisión, en cuanto a que el desempeño de Iguacel como intendente desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, no suspendía el curso de la prescripción de la acción penal. Ello así, por cuanto estipuló que: “…para que opere la referida causal de suspensión de la prescripción, debe tratarse de funcionarios cuya jerarquía o vecindad con la función permita sospechar que pueden emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal […] cabe sostener que no surgen de lo actuado elementos de juicio concretos que razonablemente lleven a afirmar -o tan siquiera presumir- que Iguacel pudo haber influido negativamente en el normal desarrollo de la acción penal durante la sustanciación de este proceso, en el transcurso de su desempeño laboral en la Municipalidad de Capitán Sarmiento (diciembre 2019-diciembre 2023)”.
Esta resolución fue únicamente apelada por la querella, ocasión en que afirmó que la calificación legal inicialmente impresa por su parte, resultaba provisoria y no podían descartarse otras más gravosas que impedirían la prescripción de la acción penal. Explicó que el dinero legalmente asignado al organismo vial, fue utilizado por la entonces administración nacional con el inequívoco propósito de ocasionar perjuicios a la empresa “C.P.C. S.A.”. A su vez, agregó que, tras la rescisión de los contratos adjudicados a la empresa en cuestión, las respectivas obras viales tuvieron que ser abandonadas o discontinuadas, ocasionando así un perjuicio patrimonial al Estado. Añadió que los “…hechos no se desplegaron en solitario, sino antes bien se inscribieron en una matriz de persecución mucho mayor, digitada desde las más altas esferas del gobierno presidido por el Ing. Mauricio Macri, a través de la cual se intentó desguazar a las compañías del ‘Grupo Indalo’, desapoderarlas de todos sus activos y encarcelar a los beneficiarios finales del grupo empresarial”. Insistió, por los motivos que brindó, con las diversas calificaciones legales que entendió posiblemente aplicables (arts. 174, inc. 5, en función del art. 173, inc. 7; 261 y 210 del C.P.). En fecha 05/02/2025, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante y así confirmó la resolución dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 de esta ciudad que declaró la extinción de la acción penal por prescripción.
Para fundamentar su decisorio, los señores magistrados doctores Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Brugglia, compartieron el criterio adoptado por el señor juez de grado –a su vez coincidente con el fiscal de primera instancia- en orden a la extinción de la acción penal por prescripción, por cuanto los hechos denunciados habían sido invariablemente encuadrados en el delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.). Al respecto, expresaron que “… la pretensión del recurrente parece apoyarse en meras suposiciones cuyo único fin apuntaría a mantener la vigencia de la acción penal”. A su vez, también estimaron la inaplicación de la causal suspensiva del curso de la prescripción (art. 67, segundo párr. del C.P.), en atención a que “…el desempeño de Iguacel como intendente del Municipio de Capitán Sarmiento tampoco constituyó un cargo con jerarquía suficiente como para sostener razonablemente que hubiera estado en condiciones de impedir u obstaculizar la persecución penal”.
Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior, interpuso el recurso de casación sujeto a estudio en los términos precisados, el que fue oportunamente concedido por el a quo.
II. Sentado cuanto antecede, cabe recordar que el juicio sobre la admisibilidad formal del recurso en examen que efectuara el tribunal a quo es de carácter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho extremo corresponde a esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (tribunal ad quem) y puede ser emitido por esta Alzada sin pronunciarse sobre el fondo, tanto antes como después de la audiencia para informar o en el mismo momento de dictar sentencia (cfr., en lo pertinente y aplicable, Sala IV, causas Nros. 1178/2013, “Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 641/14, rta. el 23/04/2014; CFP 1738/2000/TO1/2/CFC1, “Bignoli, Santiago María; Bignoli, Arturo Juan y Oficina Anticorrupción s/incidente de prescripción de acción penal”, Reg. Nro. 1312/14, rta. el 27/06/2014; FLP 24271/2016/CFC1, “Rodríguez, Omar Claudio y otra s/recurso de casación”, Reg. Nro. 951/19.4, rta. el 16/05/19; FLP 14695/2016/CFC1, “NN Gate Gourmet s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1792/21, rta. el 20/10/21; FGR 14985/2017/TO1/21/1/CFC7, “Sánchez, Sergio Baldomero s/recurso de casación”, Reg. Nro. 180/22, rta. el 08/03/22; FSM 36447/2016/TO2/5/1/CFC10, “Giancarelli, Alejandro Javier s/recurso de casación”, Reg. Nro. 383/23, rta. el 03/04/23 y CPE 552/2019/TO1/4/5/CFC5, “Acosta, Jorge Exequiel s/recurso de casación”, Reg. Nro. 618/2023, rta. el 15/05/23; FSM 115/2017/TO1/2/3/CFC2, “Parafita, Gonzalo Martín Jesús s/recurso de casación”, Reg. Nro. 709/23, rta. 02/06/23 y CFP 3424/2015/TO1/14/CFC10, “Bellota, César Carlos s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1550/23, rta. 31/10/23; entre muchas otras).
Tal como ha sido establecido en el acápite anterior, cabe recordar que contra la resolución emitida por el señor juez federal de grado que sobreseyó a Javier Alfredo Iguacel por haber operado a su respecto la prescripción de la acción penal (arts. 59, inc. 3° y 62, inc. 2° del C.P.; y art. 336, inc. 1° del C.P.P.N.), únicamente interpuso recurso de apelación la querella. Debe memorarse que el representante del Ministerio Público Fiscal había postulado el sobreseimiento del nombrado bajo dicha causal y la decisión resultó entonces conforme a lo otrora dictaminado. A su vez, frente a la resolución recurrida mediante la cual se confirmó el decisorio apelado, corresponde remarcar que la parte querellante no dedujo remedio procesal alguno. De ello se colige que la extinción de la acción penal por prescripción quedó firme respecto al Ministerio Público Fiscal desde que no impugnó la resolución de primera instancia; inacción procesal comprensible en atención a la postura que oportunamente expresó en su dictamen y que fue receptada por el juez de grado. Mientras que el temperamento extintivo también adquirió firmeza respecto al acusador privado, desde que no articuló recurso de casación contra la resolución que rechazó su recurso de apelación y así confirmó el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal.
Cabe recordar que, por regla general, el derecho a recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviera un interés directo (art. 432, segundo párr. del C.P.P.N.).
Ahora bien, si el señor fiscal de grado carecía de interés directo para apelar la resolución que -siguiendo el criterio postulado en su dictamen- consideró extinguida la acción penal en autos, misma tesitura debe adoptarse respecto al señor fiscal general ante el a quo. En efecto, si el representante del Ministerio Público Fiscal no impugnó la resolución de primera instancia, en las particulares circunstancias antes descriptas de esta incidencia, su par ante la cámara revisora no se encontraba habilitado para recurrir ante este Tribunal por carecer de un perjuicio concreto. Correlativamente, refuerza esta tesitura el análisis de las posibilidades para adherir a un recurso ajeno que poseen los representantes de la acusación pública en ambas instancias, en las que pueden ejercer dicha facultad solamente en favor del imputado (arts. 439; 453, segundo párr. y 465, segundo párr. del C.P.P.N.). Por ello el acusador público de la instancia anterior –ahora impugnante-, no formuló adhesión al recurso de apelación de la parte querellante. A su vez, cabe destacar que el acusador privado no ejerció la facultad que le otorga el artículo 80, inciso j) del Código Procesal Penal Federal, de conformidad con el mecanismo instrumentado al efecto por la Procuración General de la Nación según Resolución PGN 41/2023. Por consiguiente, estimo evidente la falta de efectivo gravamen del Ministerio Público Fiscal que ahora recurre, toda vez que propició la solución del caso, ante el juez de primera instancia, sobre la base de una interpretación que ahora cuestiona (cfr. C.S.J.N., “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Suris, Luciano Gabriel y otros s/ causa n° 514/2013”, S. 777. XLIX. RHE; y “Suris, Florencia Elizabet y Suris, Luciano Gabriel si recurso de casación”, S. 100. L. REX, ambas del 10/02/2015).
Resulta entonces aplicable la doctrina expuesta por el Máximo Tribunal en cuanto a que el recurrente no fundamentó adecuadamente que la sentencia le cause un efectivo gravamen, lo que constituye uno de los recaudos jurisdiccionales cuya previa comprobación, aun de oficio, condiciona la admisibilidad del recurso (cfr. C.S.J.N., Fallos: 256:327; 267:499; 303:1852; 315:2125; “Recurso de hecho deducido por Fapex S.A en la causa West Lubricantes SACI c/ Fapex SA y otros s/ daños y perjuicios”, CIV 94970/2011/1/ RH1, rta. el 02/09/2021, entre otros).
Respecto de la presentación efectuada por el señor Fiscal General ante esta instancia durante el término de oficina (arts. 465, cuarto párr. y 466 del C.P.P.N.), en orden a la admisibilidad formal de su remedio casatorio, habré de remarcar que la jurisdicción del a quo precisamente había sido excitada por la actividad recursiva de la parte querellante y fue la que posibilitó el dictado de la resolución que ahora recurre. A ello debe aunarse que el representante del Ministerio Público Fiscal no emitió opinión alguna en la etapa procesal prevista en el artículo 454 del código de rito.
Por lo demás, más allá del acierto o error respecto del temperamento a seguir sobre el fondo de la cuestión, en atención al ineludible juicio de admisibilidad, debe colegirse que el recurrente no ha logrado demostrar en su recurso de casación ni en su presentación ante esta instancia, la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una mera discrepancia -sobre las razones por las que la cámara a quo rechazó el recurso de apelación interpuesto por otra parte procesal-.
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de advertir sobre la obligación de este Tribunal de intervenir en los planteos articulados por el Ministerio Público Fiscal cuando dicha parte aduce una cuestión federal (cfr. C.S.J.N., “Schaab”, Fallos: 343:113 y sus citas, con alcance allí precisado), dicho criterio no resulta sin más aplicable al sub examine en razón de su diverso sustrato fáctico. En efecto, allí sostuvo que: “[l]a decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que no dio tratamiento al recurso de casación que dedujo el Ministerio Público Fiscal contra el fallo de la cámara de apelación que homologó el cierre de la investigación decretado por el juez de la causa, omitiendo examinar el punto federal propuesto -normas de naturaleza federal (artículos 863 y 864, inciso b, del Código Aduanero)-, se apartó arbitrariamente de la doctrina del precedente ‘Di Nunzio’ (Fallos: 328:1108) que fija que siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de la Corte, por vía extraordinaria en el ámbito de la justicia penal nacional conforme el ordenamiento procesal vigente, estos deben ser tratados previamente por la Cámara de Casación, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose en tribunal superior de la causa”. Sin embargo, a diferencia del presente, en el precedente aludido el Ministerio Público Fiscal invariablemente mantuvo su pretensión punitiva, a la par que cuestionó el temperamento desvinculante adoptado en tres instancias. Como ha sido anteriormente destacado, la decisión del juzgado que dispuso el sobreseimiento del imputado en autos, resultó coincidente con lo peticionado por el fiscal ante dicha instancia, de manera que el fiscal ante el a quo carecía de interés directo para recurrir la resolución aquí recurrida confirmatoria de aquel decisorio, tal como una ley nacional –cuya validez no ha sido cuestionada- lo exige al respecto (art. 432, segundo párr. del C.P.P.N.).
Debe recordarse que cualquiera que sea la generalidad de los conceptos empleados por el Máximo Tribunal en sus fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo como es, una máxima de derecho, que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan (cfr. C.S.J.N., “Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo”, Fallos: 33:162, considerando 26; criterio reiterado en épocas recientes en Fallos: 338:134; 340:1084; 342:278, entre otros).
En razón de las consideraciones precedentes, habré de concluir que las divergencias valorativas expuestas por el impugnante, más allá de demostrar la existencia de una fundamentación que no comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108).
Por ello, corresponde DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación impetrado por el Ministerio Público Fiscal; sin costas (arts. 432, segundo párr., a contrario sensu; 444, segundo párr.; 530 y 532 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. De modo inicial, debo recordar que la acusación que se sigue en estos autos, de conformidad con el requerimiento de instrucción formulado el 14 de octubre de 2020, se encuadró provisoriamente en el art. 248 C.P. que prevé: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
En efecto, en aquel instrumento de la acusación se plasmó que debía investigarse a Iguacel ya que, en su carácter de administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, entre el año 2016 y 2018, habría dictado actos inherentes a su competencia orientados a generar perjuicios a la empresa “CPC S.A.” que, a causa de tal proceder por parte de la administración pública, debió presentarse en concurso preventivo.
En ese sentido, se asentó: “la Dirección Nacional de Vialidad impuso de manera absolutamente arbitraria y abusiva, multas a la empresa ‘CPC S.A.’ […] la empresa nunca fue notificada de la conformación de sumarios administrativos a su respecto y recién se anotició de las sanciones impuestas cuando fueron incluidas en los certificados de obra…”.
A su vez, se explicó: “Al segundo semestre de 2017, la DNV adeudaba a CPC S.A. una suma cercana a los mil millones de pesos, los cuales eran imprescindibles para mantener el giro de sus negocios y, pese a los incesantes reclamos efectuados, el organismo suspendió todos los pagos a la empresa […] Finalmente, la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Javier Iguacel, resolvió en mayo de 2018, rescindir los contratos de obra, decisorio que desató un grave perjuicio para la empresa y constituyó una medida absolutamente inusual en la órbita del organismo, de la cual no se conocen antecedentes similares durante la gestión del nombrado…”.
Así las cosas, el día 25 de octubre de 2024, el juez federal de grado formó un incidente de prescripción y dio vista a las partes, oportunidad en la que la querella de la firma “CPC S.A.” manifestó que la acción se encontraba vigente en virtud de que, independientemente del hecho de que Iguacel había continuado siendo funcionario público luego de su paso por la Dirección Nacional de Vialidad —de cara al art. 67, 2do párr., C.P.)—, la conducta denunciada podría encuadrarse también en otros delitos más graves que el previsto en el art. 248 C.P. Así, enumeró la defraudación a la administración pública (art. 174, inc. 5°, C.P.), el peculado de servicios (art. 261 C.P.) e, incluso, estimó que podía haber existido en el caso una asociación ilícita (art. 210 C.P.).
Sin embargo, el fiscal federal dictaminó que se hallaba prescripta dado que habían pasado más de dos años (máximo de la pena del art. 248 C.P.) desde el presunto hecho delictivo y, si bien Iguacel había sido Intendente de la localidad de Capitán Sarmiento desde el año 2019 al año 2023, ello no volvía aplicable la causal de prescripción la suspensión del art. 67, 2do párr., C.P., en cuanto regla: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. Al respecto, explicó: “…soy de la opinión de que el examen y estudio de los testimonios reunidos en la pesquisa nos conduce a la ausencia de pautas objetivas que permitan sostener que se presentaron en autos circunstancias o eventos de relevancia, o tan siquiera indicadores, acerca de que el ejercicio de la función pública desempeñada por Javier Alfredo Iguacel, hasta fines de 2023, haya dado lugar a que existiera una injerencia de su parte que se tradujera en que influenció u obstaculizó el transcurso de la investigación penal”.
Ante ello, el juez federal de grado, el 5 de diciembre de 2024, decidió declarar extinguida por prescripción la acción penal y sobreseer a Iguacel (cfr. arts. 59, inc. 3°, y 62, inc. 2, C.P. y art. 336, inc. 1°, C.P.P.N.). Es que entendió que de las pruebas del sumario no devenía posible darle un encuadre penal más gravoso al hecho investigado —tal como lo pretendía la querella— y porque estimó: “…no surgen de lo actuado elementos de juicio concretos que razonablemente lleven a afirmar -o tan siquiera presumir- que Iguacel pudo haber influido negativamente en el normal desarrollo de la acción penal durante la sustanciación de este proceso, en el transcurso de su desempeño laboral en la Municipalidad de Capitán Sarmiento (diciembre 2019-diciembre 2023)”.
El fiscal federal, que había dictaminado en favor de la prescripción, no apeló el fallo de mención, pero sí lo hizo la querella. Entonces, ante tal recurso, el a quo decidió, con análogos fundamentos a los de su predecesor en la instancia, confirmar la resolución; ello en fecha 5 de febrero del año en curso. Ahora bien, contra esa decisión del a quo la querella no interpuso recurso de casación; sin embargo, sí lo hizo el representante del Ministerio Público Fiscal ante esos estrados.
En su impugnación, el fiscal general señaló que lo decidido había importado una errónea exégesis del art. 67 C.P. y que, en la especie, se trataba de una decisión definitiva; pues cerraba irrevocablemente el proceso con relación a Iguacel.
Luego, explicó: “…la influencia del funcionario público tiene un sustento objetivo y, que de acuerdo con las previsiones del artículo 67 del ordenamiento de fondo, resulta indistinta la jerarquía del cargo que ostente el inculpado, como así también, si se trata de un funcionario o un empleado público, pues lo que se busca es evitar que desde el puesto en cuestión pueda influenciar u obstruir la pesquisa y que prescriba la acción”. Por tanto, estimó que la acción penal había estado suspendida mientras Iguacel se desempeñó como intendente de Capitán Sarmiento.
Por ello, entendió que se debía casar la resolución, anular la decisión recurrida, de conformidad con el art. 470 C.P.P.N., e hizo reserva del caso federal.
II. Elevados los autos a esta sede judicial, en el término de oficina la defensa manifestó que, puesto que el fiscal que intervino durante la instrucción dictaminó en favor de la prescripción, el representante del Ministerio Público fiscal carece ahora de agravio, ya que la resolución fue dictada de conformidad con lo postulado por ese mismo órgano acusador, por lo que no se verifica el perjuicio procesal que lo habilitaría a quejarse de lo resuelto. Asimismo, apuntó que el art. 432, 2do párr., C.-
P.P.N. “…sólo habilita a recurrir a quien tenga interés directo en cuestionar una resolución que lo agravia, mientras que carece de ese interés aquel que ha manifestado su pretensión en el sentido finalmente resuelto. O, en otros términos, quien no ha sido vencido, o sufrido de algún modo un demérito procesal por la sentencia dictada”. En este punto, se presenta de elocuente aplicación el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Recurso de hecho deducido por Gustavo M. Hornos (Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital) en la causa Canda, Alejandro Guido s/ extradición -causa nro. 23.665-”, del 22 de diciembre de 1992 (Fallos: 315:2965).
En efecto, allí el Máximo Tribunal recordó que el a quo había denegado el recurso con sustento en que su decisión había sido dictada de acuerdo con las pretensiones ejercidas por el fiscal de primera instancia; lo que, a su juicio obstaba a la procedencia de la apelación por inexistencia de agravio. Sin embargo, ante ello la Corte Suprema estableció que la decisión del tribunal inferior importaba desconocer la estructura y ordenación jerárquica atribuida al Ministerio Público Fiscal; pues, la opinión de los fiscales de primera instancia no ha de prevalecer sobre la opinión de los fiscales generales.
En ese sentido, debe destacarse además que aquí el fiscal general actuante ante esta Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que debía hacerse lugar a la pretensión de su antecesor en la instancia. Así, se remitió a lo dicho por aquél en cuanto a la exégesis del art. 67, 2do párr., C.P.P.N. y agregó:
“[E]l problema de la resolución de la cámara que aquí se recurre por el fiscal radica en que se basa o remite a la de primera instancia que realizó el análisis de los hechos bajo una sola calificación legal. Estas líneas de argumentación y conclusión son incorrectas, de conformidad con tradicional y constante jurisprudencia, que obligan a mirar los hechos de la causa bajo todas las calificaciones jurídicas posibles. Aquí, el modo en que se encuentra descripta la plataforma fáctica daría lugar a otras posibles tipicidades, tales como administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública, si se comprueba que se habría perjudicado dolosamente, por infidelidad o abuso, el patrimonio administrado, haciendo caer sin fundamento concesiones de obra pública o generando la posibilidad de acciones patrimoniales en contra de la institución, etc. (art.174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7° del CP), o peculado (art. 261 CP), ante la sospecha de que habrían sustraído caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le habían sido confiados o empleado en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública cuya dirección ejercía”.
Por tanto, manifestó que debía seguirse el inveterado criterio que establece que, para determinar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle.
III. Ahora bien, sentado cuanto precede, debo decir que he conocido en la deliberación el sentido de los votos de mis colegas, en cuanto propician al Acuerdo que se declare mal concedido el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Por ello, sellada como se encuentra la suerte de la impugnación deducida, deviene inoficioso realizar un pronunciamiento con relación a los agravios traídos a esta instancia y sólo habré de dejar a salvo mi opinión disidente. En efecto, entiendo que corresponde declarar formalmente admisible el recurso deducido por el fiscal general y, en consecuencia, habiendo sido superada la etapa de audiencia prevista en el art. 465 bis -en función de los arts. 454 y 455 C.P.P.N.-, abordar los planteos que oportunamente introdujo (cfr. arts. 456, 457 y 458 C.P.P.N.).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial y en las particulares circunstancias del caso, las consideraciones vertidas por el colega que encabeza el Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky, adhiero a su voto y a la solución que allí propone.
En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación impetrado por el Ministerio Público Fiscal; sin costas (arts. 432, segundo párr., a contrario sensu; 444, segundo párr.; 530 y 532 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Mariano González. Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia