Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 93165229-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar desierto el recurso interpuesto por el Fisco Nacional. Con costas.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
9008/2023 IMAGEN E INFORMACION SA (TF 93165229-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 1° de abril de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto y fundado por el Fisco Nacional el 16/08/2022 (v. IF-2022-84881527-APN-DTD#JGM), concedido el 17/08/2022 (v. PV-2022-85547943- APN-VOCXXI#TFN) contra la sentencia dictada el 17/06/2022, cuyo traslado corrido en la PV -2022-85547943-APN-VOCXXI#TFN fuera contestado por la parte actora el 31/08/2022 (v. IF-2022-91427153-APN-DTD#JGM). Y
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora IMAGEN E INFORMACIÓN SA, el 13/02/2009, mediante la Destinación de importación definitiva 09001IC05002990R documentó mercadería originaria de Brasil, acompañando el certificado de origen 18/123AM (sobre contenedor de fs. 6 de las actuaciones administrativas).
En el año 2009, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia nro. 132/09 del 23/10/2009 por la infracción prevista en el art. 954, apartado 1, inciso a) del CA, por considerar que el certificado de origen aportado no ampara la mercadería importada, dando origen a la actuación SIGEA 13696-261-2009.
De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 22/12/2014 se dispuso la apertura del sumario, el cual concluyó, sin que se haya corrido la vista del art. 1101 del CA, con la Resolución DE PRLA N° 2019-61-E en la que se dispuso la absolución de IMAGEN E IMPORTACIÓN S.A. y del despachante de aduanas con relación a la infracción al art. 954, inc. a), del C.A., pero de todas formas se formula cargo al importador en concepto de tributos por las sumas de U$S 3.338,10 y $288,92, más los intereses establecidos por el art. 794 del C.A. (cfr fs. 18/20 de las act. adm.).
Contra dicha resolución, la importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó la nulidad del procedimiento, opuso la excepción de prescripción de la acción para exigir tributos y para imponer penas y fundamentó la validez del certificado de origen.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 17 de junio de 2022 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de todo lo actuado en el sumario tramitado como actuación SIGEA Nº 13696-261-2009 a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (obrante a fs. 16 de las actuaciones administrativas) incluyendo todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, inclusive la RESOL-2019-61-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA aquí apelada. Costas a la DGA.
Para así resolver, indicó que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada, a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar la veracidad de lo declarado.
Sostuvo el proceder del servicio aduanero afecta, no sólo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Cabe dejar sentado que en la parte resolutiva se consignó el siguiente texto “Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora, sin costas”, cuando con toda claridad surge que el vocal preopinante al que adhirieron sus colegas de Sala votó que “atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas”.
III. Los agravios del Fisco Nacional Que la ex AFIP DGA en su expresión de agravios exclusivamente incluye una serie de citas de jurisprudencia y doctrina sin vincularlas a las concretas circunstancias del caso y sin siquiera intentar rebatir los fundamentos que sustentan la sentencia apelada. Para mayor ilustración se inserta el hipervínculo en el que se encuentra CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 9008/2023 IMAGEN E INFORMACION SA (TF 93165229-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO agregado el archivo PDF que contiene la totalidad del expediente que tramitó ante el Tribunal Fiscal, en cuyas páginas 236-244 se encuentra el escrito titulado “APELA -EXPRESA AGRAVIOS.-ACOMPAÑA FORMULARIO” (v. F-2022-84881527-APN-DTD#JGM)-.
IV. Deserción del recurso Que cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio y razonado de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada en el pronunciamiento apelado, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso. De tal modo que el mero desacuerdo manifestado por el recurrente y, en definitiva, la omisión de impugnar los fundamentos esenciales de la instancia anterior, sella la suerte de la cuestión materia de apelación (conf. esta Sala, causas. in re, “Luo Chao Xi (TF 18453-A) c/ DGA”, del 22-9-11: “Ricci, Luis María c/ EN –DNRPACP- s/ Amparo Ley 16.986”, del 11-7-17; “Cheng Honghua c/ EN –M. de Interior –DNM- s/ recurso directo”, del 15-18; “Polanco, Sandra Carina c/ EN –M. Justicia y DDHH s/ Amparo por Mora” del 9-9 -20, entre muchos otros).
En tal sentido, se ha señalado que “no constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la solución acordada al juicio, omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquella; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada” (conf. Palacio, Enrique Lino, “Derecho Procesal Civil” -Tomo V-, Buenos Aires, Lexis Nexis -Abeledo Perrot, 2005, pág. 262).
En definitiva, esa crítica concreta y razonada debe ser autosuficiente en relación con el pronunciamiento apelado y debe constituir un estudio de los razonamientos contenidos en aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr., esta Sala, in rebus: “Santoro, Jorge Alberto Antonio c/ SEGEMAR s/ Empleo Público”, Causa Nº 38.452/2017, del 3/2/2022; “Caro, Jorge Enrique y Otros c/ EN- M Defensa – EMGA s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 7.119/2015, del 30/5/2019; “Agencia Marítima Silversea SA (TF 14813-A) c/ DGA”, Causa Nº 160156/2002, del 9/8/2011).
Y aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios que se corresponda con el derecho de defensa, ello no puede conducir al extremo que implique en los hechos derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 CPCCN; y esta Sala, causa CAF 39.303/2011, “Servicios Buenos Aires SA (TF 33906-I) c/ DGI”, del 07/02/13; causa CAF 31.393/2014, “Banbest SA c/ Dirección General Impositiva”, del 21/04/15; causa CAF 32.782/2017, “Incidente Nº 1 Ramallo, Gustavo Hipólito y otros c/ En-M Seguridad-PNA s/ Inc. Ejecución de Sentencia”, del 18/02/2020; causa CAF 31.077/2011, “Leiva, Néstor Claudio Y Otros c/ EN-M° Defensa-Armada”, del 18/11/2020; y –en su actual integración–: “Silva, Carlos Marcelo c/EN -AFIP-Resol 682/20 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 2341/2022 y “Saporiti SA c/DGA s/ Dirección General de Aduanas”, Causa CAF 14654/2019, ambas del 21/5/24; y “Zambito Ruben Hugo y otra (TF 35343-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 39606/2023, del 25/06/2024).
Por su lado, ningún argumento concluyente ha introducido en su memorial de agravios, toda vez que se ha limitado a discrepar dogmáticamente con los fundamentos que sustentan la sentencia, soslayando que lo que se le reprochó y lo que resultó determinante para declarar la nulidad de la resolución de condena fue la omisión de correr la vista prevista en el art. 1101 del CA en el sumario en el que se investigaba la imputación de declaración inexacta.
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9008/2023 IMAGEN E INFORMACION SA (TF 93165229-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En tal sentido, estrictamente, de la confrontación de los fundamentos expuestos en la sentencia recurrida y las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su escrito de expresión de agravios, se observa que aquélla no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial –de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 1174 del Código Aduanero- en tanto impone al apelante la obligación de formular la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal.
Sobre tales bases, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional contra la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
V. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero Que, aun si fuese posible prescindir de lo determinado en el Considerando anterior, en lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA).
El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece:
“Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado.
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
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9008/2023 IMAGEN E INFORMACION SA (TF 93165229-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional (cfr. esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025).
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr. Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022).
VI. Costas Por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE: declarar desierto el recurso interpuesto por el Fisco Nacional. Con costas.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia