Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 23142-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto a por la parte demandada a fs. 219, sin costas de esta instancia en atención a la falta de actividad procesal de la parte contraria (art. 68, segunda parte del CPCCN),
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
27832/2005 IMPACK SA (TF 23142-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, de octubre de 2020.-
I. Que el 2 de octubre de 2018, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó el recurso de apelación que había interpuesto la firma actora en el año 2004, contra dos actos administrativos por medio de los cuales el Jefe de Agencia Sede Rosario N° 2 de la AFIP, le había comunicado la caducidad de los planes de facilidad de pago de los que gozaba en los términos del Decreto 1384/01 y su decreto reglamentario. Para así decidir, reseñó las circunstancias de la causa. En particular, destacó que el 12 de noviembre de 2004, aquella Sala, había admitido la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional en oportunidad de contestar el recurso de apelación, pero que dicho pronunciamiento había sido revocado por esta Sala V el 21 de noviembre 2016, por considerar que los actos cuestionado por la firma actora se equiparaban las sanciones aludidas en el artículo 159, inciso b), de la Ley 11.683. Agregó que este último pronunciamiento se encontraba firme por haber sido rechazado el recurso extraordinario que la parte demandada había interpuesto. Luego, señaló que la composición de la Sala “D” había variado respecto de la composición del año 2004.
En ese contexto, recordó la jurisprudencia referida a que las normas de derecho procesal deben aplicarse a los procesos en trámite en el estado en el que se encuentran, siempre que dicha aplicación no se invalidase actuaciones anteriores.
Por ello, concluyó que cabía aplicar al caso las previsiones del artículo 76, inciso b), apartado 3, de la Ley 11.683 (texto según Ley 27.430) en cuanto declara la improcedencia de los recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, contra actos por los cuales se declara la caducidad de planes de facilidades de pago y, en consecuencia, se los excluye de su ámbito de conocimiento. Además, citó precedentes de esta cámara en ese mismo sentido y destacó que no se advertía que, la solución propuesta, afectare actos procesales cumplidos con anterioridad en el proceso.
Alta en sistema: 28/10/2020 En lo que aquí interesa, impuso las costas en el orden causado en virtud de las particularidades del caso y el cambio jurisprudencial operado en la materia (v. fs. 214/216vta).
II. Que a fs. 219, la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 225/229, los que no fueron replicados por su contraria.
En su presentación, la apelante circunscribe sus agravios al modo en que fueron impuestas las costas del proceso. En particular sostiene, en el caso, no existen motivos que permitan apartarse del principio rector en esa materia que prevé que las costas deben ser a cargo de la parte que resulte vencida.
Para así peticionar, califica de incongruente la resolución cuestionada del 2 de octubre de 2018, agregada a fs. 214/216vta. Funda su postura en el hecho de que dicha resolución, se dictó como consecuencia de lo resuelto por esta Sala el 21 de noviembre 2016, en oportunidad de resolverse la cuestión de competencia que había sido introducida en aquel momento. Por eso, afirma que, reasumida la competencia por la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, ese tribunal debió analizar la normativa de fondo relacionada con la caducidad de los planes de facilidad de pago comprendidos en el Decreto 1384/01 y su decreto reglamentario y, en su caso, rechazar el planteo de la firma actora y confirmar los actos administrativo originariamente cuestionados, tal como se hizo en el voto minoritario. Por el contrario, señala que la causa se resolvió por expresa aplicación de las previsiones del artículo 76 de la Ley 11.683 (texto según Ley 27.430) sin perjuicio de lo cual, se decidió rechazar el recurso de apelación de la parte actora.
Por ello, concluye que, en el caso, la parte actora fue vencida en su derecho y las circunstancias señaladas por la Sala “D”, no son suficientes para justificar el apartamiento del principio previsto en el artículo 68 del CPCCN. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.
III. Que, de manera preliminar, corresponde señalar que “[l]os magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones” (Fallos: 308:950; 310:2278; 325:1922; entre otros).
Además, cabe tener presente que la competencia de este tribunal se limita a las cuestiones introducidas por las partes en sus respectivos recursos de apelación, siempre que éstas hayan sido tratadas en la instancia Alta en sistema: 28/10/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V anterior –de conformidad con el principio de congruencia− o, de otro modo, hayan nacido de hechos posteriores a la sentencia que atacan (Cfr. art. 277 del C.P.C.C.N. y fallos: 332:829). Es por ello que, de expedirse este tribunal en mayor o menor medida que los agravios introducidos, incurriría en una resolución extra o ultra petita.
Sentado ello, es dable destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “El art. 68 del Código Procesal consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho” (fallos: 314:1634).
Sin perjuicio de ello, cabe recordar que el principio objetivo de la derrota no es absoluto; así, el artículo 68 segunda parte del C.P.C.C.N. prevé la posibilidad de eximir de costas al vencido cuando el juzgador encontraré mérito para ello, siendo obligatorio satisfacer la “…exigencia de fundar adecuadamente la posible excepción al principio básico allí sentado, ya que de la regla general se desprende que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho” (fallos: 335:353).
IV. Que, en ese contexto, cabe señalar que de las constancias de la causa resulta que: a) el 12 de noviembre de 2004, al Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación –en una composición distinta a la actual−, resolvió admitir la excepción que había opuesto la parte demandada y por ello, declararse incompetente para entender en el recurso de apelación que la firma actora había interpuesto contra dos actos por medio de los cuales la AFIP-DGI le había comunicado la caducidad del plan de facilidades de pago del que gozaba en los términos del Decreto 1384/01 y su decreto reglamentario. b) Luego, el 21 de noviembre de 2008, esta Sala –en su anterior composición−, revocó aquél pronunciamiento por considerar que los actos cuestionados por la firma actora se asimilaban a las sanciones mencionadas en el inciso b), del artículo 159, de la Ley 11.683 que habilitaban la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. c) Una vez devuelta la causa al Tribunal de origen, la Sala “D” resolvió, por mayoría, rechazar el recurso de apelación que había interpuesto la firma actora en el año 2004, por aplicación del artículo 76 de la Ley 11.683 (texto según Ley 27.430); ello, con costas por su orden en virtud de la actual jurisprudencia en la materia y las particularidades del caso. Además, destacó que lo resuelto no invalidaba actos procesales cumplidos con anterioridad en el proceso. Finalmente, d) la parte demandada interpuso Alta en sistema: 28/10/2020 el recurso de apelación aquí en estudio y cuestionó el modo en que fueron impuestas las costas del pleito, por considerar que la firma actora fue vencida en su derecho a cuestionar la legitimidad de los actos por medio de los cuales se declaró caducidad del plan de facilidades de pago del que gozaba.
En tales condiciones, en el caso, es dable concluir que no ha quedado configurado el supuesto necesario para que proceda la imposición de costas requerida por la recurrente. Ello, en virtud de que al no haber un pronunciamiento respecto del fondo de la cuestión planteada, no existe una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo del derecho de los litigantes (exigido en el art. 163, inciso 6º, del CPCCN) a los fines de fundar una decisión de condena en costas con base, en el caso, en el principio objetivo de la derrota. (Cfr. en sentido semejante, esta Sala en “Vial Agro SA c/ Dirección General Impositiva”, N° 58420/2019, del 27 de diciembre de 2019 y “Losano, Luis Nicolás y Mario Alejandro c/ Dirección General Impositiva”, Nº 39696/2014, del 9 de diciembre de 2014, y sus citas). Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto a por la parte demandada a fs. 219, sin costas de esta instancia en atención a la falta de actividad procesal de la parte contraria (art. 68, segunda parte del CPCCN), Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Guillermo F. Treacy Jorge Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 28/10/2020
Fin de la sentencia