Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 36.216-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prescripta la acción del fisco para imponer penas con relación a la destinación de tránsito de importación 05001TR04003011A, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-91280737-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía 14a. Nominación), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “IMPACT CORP S.R.L. c/DGA s/recurso de apelación”, Expte. 36.216-A. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: IMPACT CORP S.R.L. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 2922/10, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12036-11-2010, que la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 954.1 inc. c) del Código Aduanero (“CA”). Explica que celebró un contrato para almacenar mercadería perteneciente a la firma Jair Electronics Corporation, asumiendo la obligación de recibirla en el puerto de Buenos Aires y transportarla hasta su depósito en la zona franca de La Plata. Agrega que el 27.04.05 oficializó el tránsito de importación 05001TR04003011A, siendo que al tiempo de la verificación el personal de la Aduana advirtió que el contenedor GSTU 624699-6 se encontraba con signos de haber sido vulnerado, constatándose luego que faltaba la totalidad de la mercadería declarada en el ítem 2, que se trataba de 27 televisores de 42 pulgadas marca Philips. Plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. Subsidiariamente, apela la aplicación de la multa, señalando que no tiene responsabilidad alguna sobre el hecho del evidente robo de la mercadería. Sostiene que se ha violado el derecho de excusión, atento a que resulta ser responsable subsidiario. Finalmente solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 31/35). Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Contesta el planteo de prescripción, solicitando su rechazo. Señala que la declaración contenida en el manifiesto presentado a la descarga difirió con el resultado de la comprobación efectuada al momento del pesaje de la mercadería. Agrega que, en el caso de haber pasado inadvertida, la diferencia de cantidad constatada podría haber producido un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondía. Por último, acompaña como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 41 se declara la causa de puro derecho. El 08.07.26 se elevan los autos a la Sala “E”. El 11.09.26 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12036-11-2010 se inician con el acta de denuncia 251/05 (fs. 2/3). A fs. 4/8 luce la liquidación por diferencias en importación. A fs. 10/19 obra copia de la destinación de tránsito de importación 05001TR04003011A y su documentación complementaria. A fs. 20/21 la actora solicita la liberación de la mercadería. A fs. 22/25 se agrega la denuncia de robo, efectuada ante la prefectura de Dock Sud. A fs. 34 se dispone la instrucción de sumario contencioso. A fs. 39/42 luce la nota 68/05, dirigida al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 4. A fs. 48 obra nueva liquidación por diferencias en importación. A fs. 57/59 se ordena el reembarco de la mercadería detallada en el ítem 1 de la destinación de tránsito de importación 05001TR04003011A. A fs. 82 se corre vista de lo actuado, lo que se notifica el 21.04.10. A fs. 100/105 la actora contesta la vista. Finalmente, a fs. 111/112 se dicta la resolución DE PRLA 2922/10, apelada en autos.
V. Previo a todo, corresponde expedirse sobre la excepción de prescripción para imponer penas opuesta por la actora. Con respecto a la multa, el art. 934 del CA establece que la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años; en tanto que el art. 935 del CA dispone que la prescripción de la acción del fisco para imponer multas “... comienza a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
En el caso de autos, la infracción que se endilga se habría cometido el día 28.04.05, comenzando a correr el plazo prescriptivo el 01.01.06, y de no mediar acto interruptivo la fecha de vencimiento del mismo habría acaecido el 31.12.10. Con fecha 16.05.05 se produjo el primer acto interruptivo de la prescripción, es decir, el auto de apertura de sumario (conf. art. 937, inc. a) del C.A.), por lo que el plazo quinquenal se reinició a partir del día siguiente (17.05.05). El plazo de prescripción vencería, así, el 17.05.10. De manera previa a tal fecha, precisamente el 07.05.10, se produjo el segundo acto interruptivo de la prescripción, es decir, el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera (conf. art. 937, inc. d), por lo que el plazo quinquenal se reinició nuevamente a partir del día siguiente (08.05.10). En autos, la notificación de la resolución condenatoria se realizó el 30.06.15, con la presentación realizada por la actora (ver fs. 120 de las act. adm.), toda vez que la cédula de notificación a ella dirigida, cuyo estado es “ENVIADO”, no contiene acuse de recibo (ver fs. 117 de las act. adm.).
En consecuencia, toda vez que la resolución condenatoria se notificó en exceso del plazo prescriptivo quinquenal, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas, con costas.
Por ello VOTO POR:
Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas con relación a la destinación de tránsito de importación 05001TR04003011A, con costas.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los antecedentes de la causa efectuado en el voto del Dr. Juan Manuel Soria, en cuanto resulta concordante con las constancias de autos.
Discrepo, sin embargo, con la solución allí propiciada respecto de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y, en consecuencia, con la decisión final que de ella se deriva. Entiendo que la acción sancionatoria no se encontraba prescripta y que corresponde, por ello, ingresar al tratamiento de los agravios vinculados con el fondo de la controversia, respecto de los cuales, por las razones que expondré, considero ajustada a derecho la condena impuesta.
II. Que el art. 934 del Código Aduanero establece que la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años, en tanto el art. 935 determina el momento a partir del cual comienza su cómputo.
A su vez, el art. 937 del mismo cuerpo legal dispone expresamente que la prescripción de dicha acción se interrumpe, entre otros supuestos, por “el dictado de la resolución condenatoria” -inc. d)-.
En el caso, la infracción imputada se habría cometido el 27/04/2005. Con fecha 18/05/2005 (fs. 34 de las actuaciones administrativas acumuladas N° 12144-286-2005 y 12036-11-2010) se dictó el auto de apertura del sumario contencioso, en los términos del art. 1090, inc. c), del Código Aduanero, acto que produjo el efecto interruptivo previsto por el art. 937, inc. a), del citado cuerpo legal, reiniciándose el cómputo del plazo quinquenal de prescripción a partir del día siguiente, esto es, el 19/05/2005, con vencimiento el 19/05/2010. La Resolución DE PRLA N° 2922/10 fue dictada el 7 de mayo de 2010, dentro de dicho plazo. Por consiguiente, ese acto produjo a su vez el efecto expresamente contemplado por el art. 937, inc. d), del Código Aduanero.
La circunstancia de que la resolución haya sido notificada con posterioridad no modifica esa conclusión. En efecto, la norma individualiza como hecho interruptivo el dictado de la resolución condenatoria y no su notificación. Exigir, además, que esta última se produzca dentro de determinado término para reconocer al acto aquel efecto importaría incorporar al régimen legal una condición temporal que el legislador no estableció.
III. Que esta interpretación coincide con la doctrina sentada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en pleno en la causa “Hughes Tool S.A. c/A.N.A. (TF 7830-A)”, sentencia del 23/09/2003, conforme a la cual el efecto interruptivo previsto en el art. 937, inc. d), del Código Aduanero se produce por el dictado de la resolución condenatoria, sin que resulte necesaria su previa notificación a esos efectos.
Asimismo, una situación sustancialmente análoga fue examinada por esta Sala "E" en la causa "La Cardeuse S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación", Expte. N° 35.693-A, sentencia del 12/11/2019. Allí la resolución condenatoria había sido dictada el 17/02/2010 y notificada recién el 18/03/2015, circunstancia que la actora invocó en términos sustancialmente idénticos a los aquí planteados. La mayoría de la Sala, sin embargo, computó la prescripción exclusivamente en función de la fecha de dictado del acto, sin atribuir incidencia alguna a la demora en su notificación posterior, y rechazó el planteo prescriptivo, pasando a resolver el fondo de la controversia. En aquella oportunidad adherí al voto de la Dra. Cora M. Musso en cuanto propició confirmar parcialmente la resolución aduanera. No advierto en el presente caso circunstancias jurídicamente relevantes que justifiquen adoptar una solución diferente. Cabe agregar que la demora en la notificación de un acto administrativo podrá eventualmente proyectarse sobre otros institutos o garantías cuando se encuentren reunidos sus respectivos presupuestos, pero no autoriza a sustituir el supuesto interruptivo expresamente previsto por el art. 937, inc. d), ni a crear un nuevo plazo de prescripción de la acción para imponer la pena después de que ésta ya fue dictada.
Por ello, corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la recurrente.
IV. Que, sentado lo anterior, corresponde examinar los agravios dirigidos contra la condena impuesta a IMPACT CORP S.R.L. por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero.
De las actuaciones administrativas surge que la firma documentó la destinación de tránsito de importación N° 05 001 TR04 003011 A, con destino a la Zona Franca La Plata.
Al efectuarse la verificación física del contenedor GSTU 624699-6, el servicio aduanero constató una diferencia entre lo declarado y la mercadería efectivamente existente: por una parte, el faltante de veintisiete (27) televisores plasma de 42 pulgadas, correspondientes al ítem 2 de la destinación, cuyo valor FOB fue determinado en U$S 45.873; y, por otra, la existencia de quinientos noventa (590) altoparlantes no declarados, valuados en aproximadamente U$S 4.596. Dichas circunstancias dieron origen al sumario administrativo y, finalmente, al dictado de la Resolución DE PRLA N° 2922/10, mediante la cual se condenó a IMPACT CORP S.R.L. al pago de una multa de $119.579,47, por considerarse configurada la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero.
V. Que el art. 954, ap. 1, del Código Aduanero sanciona a quien, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir alguno de los efectos expresamente contemplados por la norma.
En lo que aquí interesa, su inc. c) comprende el supuesto en que la inexactitud pudiera producir el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente la especial trascendencia que reviste la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas ante el servicio aduanero, en atención a que sobre ellas se estructura el sistema de control del tráfico internacional de mercaderías.
Asimismo, en “Basabilbaso, Eduardo c/A.N.A. - Aduana Rosario s/demanda contenciosa”, sentencia del 23/04/2002, el Máximo Tribunal precisó que la aptitud para producir el efecto previsto en el art. 954, ap. 1, inc. c), puede derivar no solamente de una inexactitud relativa al precio unitario o a las características de los bienes, sino también de una diferencia en la cantidad de la mercadería declarada.
Por ello, el faltante de mercadería declarada y valuada comercialmente posee, en principio, aptitud para producir un egreso al exterior por un importe distinto del correspondiente a la mercadería efectivamente ingresada.
VI. Que la recurrente sostiene que no puede ser responsabilizada por la diferencia constatada, en tanto formuló su declaración sobre la base de la factura comercial y demás documentación proporcionada por el proveedor del exterior, y que la alteración del contenido del contenedor habría obedecido a hechos ajenos a su intervención.
Tales argumentos no resultan suficientes para excluir su responsabilidad.
En la causa “Basabilbaso, Eduardo c/A.N.A. - Aduana Rosario s/demanda contenciosa”, sentencia del 23/04/2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el importador, al aceptar la consignación y solicitar la destinación aduanera, compromete su responsabilidad por la exactitud de lo manifestado, sin que la mera circunstancia de que la declaración se ajuste a los datos contenidos en la factura comercial expedida por el vendedor extranjero resulte suficiente para eximirlo.
Ello responde a la estructura misma del régimen aduanero, pues el proveedor situado en el extranjero que eventualmente hubiera preparado o identificado en forma incorrecta la carga no formula la declaración sometida al control de la Aduana argentina ni responde ante ésta por su exactitud. Es el importador quien, al documentar la destinación, asume frente al servicio aduanero el deber jurídico derivado de la declaración que efectúa.
Sin perjuicio de ello, el Máximo Tribunal precisó también que esa responsabilidad puede quedar excluida cuando de las pruebas aportadas surja que los faltantes o sobrantes deban razonablemente ser atribuidos a las esferas de responsabilidad de otros sujetos —transportista o depositario— que intervienen en operaciones previas a la solicitud de destinación y que, al igual que ésta, se encuentran sometidas al control del servicio aduanero.
En consecuencia, un eventual error del proveedor extranjero puede producir las consecuencias que correspondan en la relación comercial entre las partes, pero no desplaza, por ese solo hecho, la responsabilidad aduanera del importador. Para que ésta quede excluida resulta necesario que las constancias de la causa permitan atribuir razonablemente la diferencia comprobada a la esfera de responsabilidad de alguno de aquellos otros sujetos.
VII. Que, si bien de las actuaciones surge que el contenedor presentaba signos de alteración y que intervino la Prefectura Naval Argentina, tales extremos no permiten, por sí solos, establecer que el faltante de los veintisiete televisores y el sobrante de quinientos noventa altoparlantes se hubieran producido durante una etapa de la operación atribuible al transportista o al depositario.
No obra una constatación efectuada a la descarga, ni una diferencia asentada en el manifiesto o en la recepción del depósito que permita situar temporalmente la discordancia con anterioridad a la declaración comprometida por la importadora. Tampoco la investigación penal individualizó al autor ni determinó en qué momento de la cadena logística se produjo la alteración.
En esas condiciones, la prueba reunida acredita la existencia de una irregularidad física en el contenedor, pero no satisface el estándar establecido por la Corte Suprema en “Basabilbaso” para desplazar la responsabilidad que corresponde al importador por la exactitud de la declaración formulada.
VIII. Que la coexistencia de mercadería faltante y sobrante refuerza, además, la conclusión precedente. No se verificó únicamente la ausencia de determinados bienes declarados, sino que junto al faltante de veintisiete televisores plasma se constató la presencia de quinientos noventa altoparlantes que no habían sido documentados. Esa circunstancia es compatible con una preparación o composición de la carga distinta de la consignada en la documentación comercial, supuesto en el cual el eventual error resultaría atribuible al proveedor extranjero, pero -como se señaló- ello no exime al importador del deber de responder ante la Aduana argentina por la exactitud de la declaración que formuló.
También podría resultar compatible con una alteración posterior de la carga por terceros. Sin embargo, no existe prueba suficiente que permita determinar que esto último efectivamente ocurrió ni situar temporalmente la sustitución de mercadería en una etapa concreta sometida a la responsabilidad de otro operador aduanero.
La mera existencia de signos de manipulación del contenedor no permite, por sí sola, efectuar esa atribución.
IX. Que tampoco resulta atendible el argumento según el cual la recurrente carecía materialmente de posibilidades de conocer el contenido real del contenedor y, por ello, se habría limitado legítimamente a reproducir la información proporcionada por el proveedor.
El sistema aduanero atribuye consecuencias jurídicas a la declaración efectuada por el interesado precisamente porque ésta constituye uno de los instrumentos esenciales sobre los cuales descansa el control. La imposibilidad práctica de verificar personalmente la totalidad de la mercadería no transforma los datos suministrados por terceros en declaraciones ajenas al importador ni desplaza hacia el Fisco el riesgo derivado de su eventual inexactitud.
Por lo demás, el Código Aduanero contempla mecanismos específicos para aquellos supuestos en los que el interesado carece de los elementos necesarios para formular una declaración categórica respecto de la mercadería, sin que corresponda convertir la utilización de documentación comercial de terceros en una causal general de exclusión de responsabilidad.
X. Que, finalmente, se encuentra asimismo configurada la aptitud de la diferencia comprobada para producir el efecto previsto en el art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero.
La diferencia de cantidad y naturaleza entre la mercadería declarada y la efectivamente comprobada resultaba susceptible, de pasar inadvertida, de ocasionar que el importe pagado o por pagar al exterior no guardase correspondencia con los bienes efectivamente ingresados bajo la operación documentada.
No se requiere a esos efectos demostrar la efectiva consumación de un giro indebido de divisas, pues la norma comprende tanto el resultado efectivamente producido como la potencialidad de la declaración inexacta para ocasionarlo. En el caso, la magnitud económica del faltante —veintisiete televisores plasma valuados en U$S 45.873—, juntamente con la existencia de mercadería distinta no declarada, satisface suficientemente ese requisito típico.
XI. Que, en consecuencia, se encuentra acreditada una declaración que difirió de lo resultante de la comprobación, su aptitud para producir el efecto contemplado en el art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero y no se ha demostrado una circunstancia jurídicamente idónea que permita atribuir la diferencia a la esfera de responsabilidad de un sujeto distinto de la recurrente en los términos reconocidos por la jurisprudencia citada.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución DE PRLA N° 2922/10 en cuanto condenó a IMPACT CORP S.R.L. por la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero.
En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la recurrente tanto respecto de la excepción de prescripción rechazada como en relación con el fondo de la controversia, en atención al resultado alcanzado (art. 1163 del Código Aduanero).
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora IMPACT CORP S.R.L., con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2922/10, de fecha 7 de mayo de 2010, en cuanto fue materia de recurso, con costas a la recurrente vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas con relación a la destinación de tránsito de importación 05001TR04003011A, con costas.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.09.18 12:19:44 ART Date: 2026.09.18 13:45:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.18 14:32:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.18 14:33:11 -03:00
Fin de la sentencia