Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77482
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamete el expediente para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.77.482 “SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE JUNIN - C/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN S/ IMPUGNACION CONTRA ACTOS DE ENTES PUBL. NO ESTATS. - OTROS JUICIO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín (SOEMJ), a través de su Secretario General, promueve la presente acción contra la Municipalidad de Junín, a fin de que se declare la nulidad del decreto municipal 1784/20 mediante el cual se ordena "...la creación de códigos de retención de cuota sindical, proveedores y coseguro asistencial" a favor de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) por nuclear, como entidad representativa de segundo grado, a la Unión Sindical de Empleados Municipales de Junín (USEMJ).
Comenta que, previo a la sanción del decreto en cuestión el 22 de diciembre de 2020, autoridades de la USEMJ solicitaron, con sustento en la Ley de Asociaciones Sindicales y en su carácter de entidad sindical de primer grado adherida a la FSTMPBA, una audiencia con el Departamento Ejecutivo comunal para que se la habilite a cobrar los aludidos importes.
Detalla que, con motivo de tal petición, se dio inicio al expediente administrativo Nº 4059-2663/2020-0 caratulado "Unión Sindical, Empleados Municipales. Solicita Audiencia para Representación Gremial", cuya tramitación culminaría con el dictamen de la Subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad de Junín, a través del cual se le reconocerían, tanto a la FSTMPBA como a la USEMJ, la percepción los respectivos descuentos en los salarios de sus afiliados.
Reputa, sobre la base de distintas disposiciones normativas atinentes a la materia sindical (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac. y 5, 11, 23, 34 y 35, ley 23.551), que el decreto resulta ilegal, pues las actuaciones administrativas sobre las que se fundamenta no habrían respetado aspectos esenciales que hacen al funcionamiento de este tipo de entidades (v.gr., que la USEMJ no cuente con "personería gremial" para actuar en nombre de su representados). Por tal motivo, según afirma, la FSTMPBA no podría válidamente representar "...a una entidad que no reúne los requisitos legales para tener personería jurídica".
Refiere que, en ese marco y al tomar conocimiento de la sanción del decreto impugnado, mantuvo un intercambio epistolar con el municipio demandado, dando, sin embargo, por agotada la vía administrativa al recibir negativas por parte este último en torno a la alegada ilegalidad de dicha normativa.
II. A raíz de lo narrado por la parte actora en su presentación inicial (v. encabezado, apdos. II y IV), la causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Junín.
Empero, el titular de ese órgano jurisdiccional se excusó de entender en el asunto tras reputar que la litis se hallaba regida por normas de naturaleza laboral (ley 23.551 y 11.653), siendo aplicable, por tanto, la regla de exclusión prevista en el artículo 4 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Por consiguiente, giró las actuaciones al Tribunal de Trabajo departamental, cuyos integrantes, una vez recibidas éstas, se pronunciaron declarando su incompetencia.
Unánimemente, en lo medular sustentaron su decisorio en el hecho de que el reclamo del demandante se ciñe, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 inciso 1 del código adjetivo, a obtener la anulación de un decreto dictado por el municipio de Junín en el ejercicio de su poder de policía.
En esa comprensión y con especial énfasis en el precedente "Calobo" de este Tribunal, reputaron que el conocimiento del sub lite le correspondía al órgano primigenio en cuanto, además, la relación entre el sindicato actor y la demandada se encontraba "...regida por normas del derecho público", tal como lo dejaría entrever el artículo 47 de la ley 14.656.
Así, en el esquema que quedó configurado, plantearon la contienda negativa de competencia que, habiendo sido elevada en primer término a la Secretaría Laboral de este Tribunal, quedó radicada -finalmente- en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para que sea resuelta (art. 7 inc. 1, CCA; v. sent. interlocutoria de fecha 29-IX-2021).
III. Asiste la razón al juez en lo contencioso administrativo.
En oportunidad de pronunciarse en materia relativa a la tutela sindical que prevé el artículo 2 inciso "b" de la ley 11.653, esta Corte declaró la competencia de los tribunales del trabajo en la inteligencia de que, al encontrarse en juego normas de linaje laboral -tal el caso-, allí operaba el supuesto de exclusión del artículo 4 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (doctr. causas B. 68.581, "Ceriani", resol. de 7-VI-2006; B. 70.041, "Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, resol. de 26-VIII-2009; L. 117.296, "Luque", resol. de 20-III-2013; B. 74.066, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Merlo", resol. de 22-III-2016 y B. 76.383, "Sindicato Gráfico Platense", resol. de 26-XI-2020).
En la especie, cabe adoptar idéntico temperamento, pues aun cuando la presente acción tenga por objeto obtener la nulidad de un decreto municipal, se infiere claramente -conforme lo expuesto en la demanda y en la prueba documental acompañada- que el fundamento de la pretensión se encuadra en el sistema tuitivo del derecho laboral, más específicamente "sindical", en tanto la entidad reclamante alega la ilegalidad de la normativa impugnada "...por ir en contra de los artículos 5, 11, 23, 34, 35 de la ley 23.551", circunstancia ésta que, por ende, subsume en la aludida regla de excepción prevista en el código que gobierna la materia contencioso administrativa (doctr. causas B. 72.575, "López", resol. de 6-XI-2013; B. 73.305, "Nieto", resol. de 22-IV-2015; B. 74.406, "APDFA", resol. de 26-X-2016; B. 74.525, "Goicochea", resol. de 10-V-2017 y B. 76.383, cit.).
Ello distingue el presente caso del precedente invocado por el órgano colegiado para declinar su intervención.
IV. En razón de las consideraciones expuestas, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamete el expediente para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y ofíciese y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:13:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:32:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:46:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 13:45:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:15:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 14:33:26 hs. bajo el número RR-903-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia