Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77196
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la revocatoria impetrada, dejando sin efecto la resolución de fecha 30 de junio de 2022 (art. 290, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.77.196 “SARACHU MARIELA ALEJANDRA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLARINO S/ IMPUGNACION CONTRA ACTOS DE ENTES PUBL. NO ESTATALES - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inadmisibilidad formal de la pretensión anulatoria deducida contra el decreto municipal n°23/19 al constatar excedido el plazo de caducidad regulado por el art. 18 del Código Procesal Contencioso Administrativo (v. sent. de 4-III-2021).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada observó que la señora Sarachu fue notificada del decreto cuestionado el día 29 de agosto de 2019, surgiendo tal circunstancia no solo de la documentación acompañada por la propia actora sino también del reconocimiento expreso por ella efectuado en el escrito de inicio, cuando postula “...que la presente acción judicial se encuentra deducida en tiempo y forma conforme el texto del art. 18 de la ley de procedimiento, tomándose como base la notificación cursada a la suscripta con fecha 29-08-2019...”.
Asimismo, agregó que el citado decreto municipal no fue siquiera impugnado por la interesada en sede administrativa, desarrollándose en condiciones de normalidad la designación en planta temporaria allí plasmada desde el 1-IX-2019 y hasta el 31-X-2019, fecha en la que la contratación se extinguió.
En ese contexto, concluyó que entre las fechas de notificación del decreto municipal n° 23/19 (29-VIII-2019) y la de la presentación de la demanda (12-III-2020), había transcurrido holgadamente el plazo de noventa días establecido en el art. 18 del código de rito.
Por último, destacó que carecían de todo anclaje los argumentos vertidos por la actora en relación a la aplicación de la normativa procesal de emergencia que dictara esta Suprema Corte a partir del 16 de marzo de 2020, en tanto -cualquiera sea el alcance con el que deban ser leídas tales resoluciones- lo cierto es que las medidas por ellas implementadas comenzaron a regir después de deducirse la pretensión anulatoria cuya inadmisibilidad formal fuera dispuesta en la instancia.
II.1. Frente a ello, el letrado de la parte actora -invocando el carácter de gestor en los términos del art. 48 del CPCC- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 19-III-2021).
La Cámara lo tuvo por presentado en los términos y bajo el apercibimiento establecido en la citada norma y concedió la vía extraordinaria incoada (v. resol y proveído de fecha 27-V-2021).
Arribados los autos a esta instancia, al advertirse que no obraba en el expediente constancia alguna de haberse acompañado los instrumentos que acrediten la personalidad invocada en el escrito recursivo mencionado, ni ratificación por parte de la actora de la actuación del doctor Mauricio Esteban Heinrich, se declaró la nulidad del escrito electrónico por él presentado en fecha 19 de marzo de 2021, con costas al mencionado profesional (v. resol. de fecha 30-VI-2022).
II.2. Contra esta última resolución, la actora dedujo una revocatoria manifestando que había ratificado oportunamente la gestión, adjuntando a efectos de acreditar tal circunstancia una copia del escrito electrónico presentado en la Cámara interviniente en fecha 17 de junio de 2021 (v. present. electr. de fecha 4-VII-2022).
Asimismo, el día 5 de julio de 2022 la Cámara antes citada remitió oficio a esta Suprema Corte acompañando la presentación antes aludida y su proveído de fecha 1° de julio de 2022, por el que advirtió que el escrito electrónico presentado ante esa alzada -con posterioridad a la radicación de las actuaciones ante este Superior Tribunal- por el doctor Heinrich (gestor procesal del actor) en fecha 17 de junio de 2021, se encontraba sin proveer.
II.3. Así, con las constancias ahora incorporadas al expediente, cabe concluir que la actuación del doctor Mauricio Esteban Heinrich fue ratificada en tiempo y forma por la legitimada activa, razón por la cual corresponde hacer lugar a la revocatoria articulada, dejando sin efecto la resolución de fecha 30 de junio de 2022 y pasándose a resolver el medio revisor incoado.
III. Entrando entonces en el análisis de la suficiencia del embate, cabe adelantar que este no puede prosperar dado lo deficiente de su técnica (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas 121.242, "Correa", sent. de 28-XII-2016; A. 74.222, "García", resol. de 4-VII-2018; A. 74.350, "San Andrés Golf Club SA", sent. de 13-V-2020; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En autos, los fundamentos antes descriptos y que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovido por los escuetos reproches expuestos en las págs. 2/4 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que ellos (vinculados con la ponderación de la resolución n°386/2020 -y sucesivas- dictadas por esta Suprema Corte y la denuncia de contradicción con un antecedente de la propia Alzada de características similares) se desentienden de los expuestos por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. causas A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018; A. 75.819, "Linares Galván Araujo", resol. de 19-II-2020; A. 75.947, "Pedersen", sent. de 28-V-2021; 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; A. 76.131, "Servin", sent. de 23-XII-2021).
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (doctr. causas A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018; A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020; A. 76.904, "Gabela", resol. de 16-VI-2021; A. 76.786, "Balbuena", resol. de 15-VII-2021; e. o.).
III.2. En punto a la vulneración de los arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal tópico.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018; A. 74.466, "Fernandez Nogal", resol. de 10-X-2018).
III.3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la revocatoria impetrada, dejando sin efecto la resolución de fecha 30 de junio de 2022 (art. 290, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 13:54:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:55:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:57:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 10:57:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 14:20:03 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/08/2022 14:30:06 hs. bajo el número RR-836-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia