Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77257
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.257, "Duarte Adorno, Sara Isabel contra Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Impugnación contra actos de entes públicos no estatales. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Maidana, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por la señora Sara Isabel Duarte Adorno contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 8 de junio de 2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2021, 10:01:12 hs., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 11-V-2022 en el sistema Augusta), agregado el memorial de la parte actora (v. escrito en soporte electrónico de fecha 17-V-2022, 09:27:56 hs., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora y dejó sin efecto las resoluciones dictadas por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por las que se le denegara la pensión en su condición de cónyuge supérstite separada de hecho.
Para así decidir, señaló que conforme surge de las actuaciones administrativas agregadas a estos obrados y de los hechos narrados por las partes, se advertía que: a raíz del fallecimiento del señor Daniele, acaecido el día 13 de enero de 2017, la actora en su calidad de cónyuge supérstite había solicitado a la Caja demandada (el día 20 de febrero de 2017), el reconocimiento de su derecho a pensión, dando origen a las actuaciones administrativas que tramitaron bajo el expediente n° 6.998 (copias de fs. 39/101).
Que, producido el informe ambiental, recabadas las declaraciones de los vecinos del señor Daniele y la señora Duarte y agregada la documentación pertinente, el Directorio de la Caja denegó la prestación de pensión solicitada en tanto la actora se hallaba separada de hecho del causante no formando parte del grupo social conviviente al momento de su fallecimiento.
En este contexto, el señor juez de la instancia señaló que el art. 52 de la ley 13.364 prescribe que: "El derecho a pensión se pierde o se extingue: [...] b) Cuando el cónyuge se halle divorciado o separado de hecho del causante, a la fecha de la muerte o fallecimiento presunto declarado judicialmente, siempre que haya sido culpable de la separación personal o divorcio y/o no exista reserva alimentaria a su favor...".
Por otro lado, que el art. 40 del mismo cuerpo legal establece que: "...tendrán derecho a pensión [...] a) La viuda o el viudo, él o la conviviente...", y el art. 41, agrega que: "El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiera sido declarado culpable de la separación personal o divorcio. La prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos; si los alimentos hubieran sido demandados judicialmente y/o el o la causante hubiere dado lugar a la separación personal o divorcio...".
Consideró así que de la norma transcripta surge claramente que el cónyuge supérstite separado de hecho únicamente pierde el derecho a la pensión cuando fuere declarado culpable de la separación y/o no exista reserva alimentaria. Asimismo, que los arts. 40 y 41 establecen los supuestos en los cuales la viuda coparticipa de la pensión con quien fuera la conviviente del causante y la hipótesis en la que la cónyuge es excluida por la conviviente.
Adentrado a analizar las circunstancias acreditadas en autos, señaló que la actora contrajo matrimonio con el señor Daniele el día 18 de octubre de 1973 y que continuó vinculada matrimonialmente con el causante hasta el día de su fallecimiento, lo que surge de: a) la autorización a la actora en su calidad de cónyuge para la cremación en el cementerio de la Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. fs. 15); b) las fotocopias de los resúmenes de cuenta corriente del Banco Provincia donde se acreditaban los haberes jubilatorios del señor Daniele con orden recíproca para la señora Duarte, para que esta pudiera cobrarlos; c) la fotocopia del extracto de la tarjeta de crédito VISA, cuyo titular era el causante y su adicional la parte actora hasta la fecha del deceso del señor Daniele (v. fs. 78/97); d) la autorización del causante ante la Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires (AMEBPBA) para que su cónyuge pudiera realizar compras debitando a su cuenta (v. fs. 7).
Agregó que si bien del informe socioambiental efectuado por la Asociación Mutualista del Banco Provincia (v. fs. 61/64), así como del efectuado por la Caja demandada (v. fs. 68/71) surgía que la solicitante no formaba parte del grupo familiar conviviente al momento del fallecimiento del causante, ello no podía configurar una causa legal que la excluya de su derecho de pensión, en tanto la ley expresamente prevé la existencia de culpabilidad como causal para excluir del beneficio al cónyuge supérstite.
En esta inteligencia, advirtió que la resolución cuestionada se basó erróneamente en la falta de convivencia de ambos cónyuges, soslayando el recaudo de culpabilidad en la separación que impone la norma.
Conforme lo expuesto consideró que, en el régimen previsional aplicable, la pérdida del derecho a la pensión de la viuda se vincula con la culpabilidad -art. 52 inc. "b" de la ley 13.364- y éste debe ser conservado por el cónyuge inocente de la separación.
Así, toda vez que no se encontraba acreditada la culpa de la señora Duarte, en tanto no existía declaración judicial de culpabilidad de ninguno de los cónyuges, juzgó que debía presumirse su inocencia, toda vez que en materia previsional debe extremarse el rigor en la configuración de la causal de exclusión, siendo solo admisible si se presenta de modo fehaciente (cita las siguientes causas de esta Suprema Corte: B. 50.630, "Guezales", sent. de 15-X-1991; B. 57.028, "Hermoso", sent. de 17-XI-1999 y B. 57.560, "Vila", sent. de 2-II-2000).
Por lo expuesto concluyó que, al no existir el dato inequívoco de la culpa, no puede afirmarse que la actora haya sido la culpable de la separación de hecho a los efectos de excluirla de la pensión que procura obtener (conf. causa de esta Suprema Corte B. 66.120, " Weingardt " , sent. de 11-XI-2009), por lo que dejó sin efecto los actos denegatorios impugnados y ordenó se otorgue el beneficio.
II. Apelada dicha sentencia, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -a su turno- rechazó el recurso de apelación deducido por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó la sentencia de primera instancia.
Para así decidir señaló que la impugnación de la entidad previsional demandada se fundamentó, por un lado, en afirmar que la situación de la parte actora se encontraba comprendida en el art. 52 inc. "b" de la ley 13.364 y, por otro, en cuestionar la valoración de la ausencia de convivencia al momento del fallecimiento del causante y la ponderación efectuada por el magistrado en relación con la inocencia del cónyuge supérstite en la separación de hecho.
Desestimó el recurso interpuesto por cuanto sostuvo que en el régimen legal aplicable resulta instrascendente la discusión que plantea el recurso articulado en lo que concierne a los aspectos fácticos relacionados con la ausencia de culpabilidad en la separación de hecho y de larga data de la parte actora.
Entendió que en el sistema de la ley 13.364, la situación del viudo o viuda no admite el distingo que traen las resoluciones administrativas cuestionadas para la hipótesis en que mediare una separación de hecho subsistiendo el vínculo matrimonial, suceso que no se encuentra controvertido, tal y como lo concluye la sentencia de grado.
Explicó que "...el cónyuge supérstite sólo pierde su vocación pensionaria a favor del conviviente cuando lo hubiere o la mantiene compartida con éste, por partes iguales, si existiere reserva de alimentos, reclamo para ellos o culpa del causante en la separación (conf. art. 41, segundo párrafo, ley 13.364)".
Destacó que "...la condición suficiente para la extinción de la vocación pensionaria, en todo o en parte, y en la hipótesis de la norma antes citada, es la presencia de un conviviente con derecho a pensión (cfr. art. 41, ley cit.)"; a cuya falta, "...la separación personal no modifica la situación del viudo o viuda, ni la ley exige, en ningún caso, la contribución económica de sostén, sólo requerida para determinar aquella concurrencia en partes iguales con el conviviente".
Ponderó que en el caso de autos no hay conviviente con derecho a pensión, por lo que mientras esa situación se mantenga nada puede modificar el derecho de la cónyuge supérstite.
Consideró que la autoridad administrativa ha incurrido en un error por confundir el desenlace para un supuesto en el que la viuda solo pudo ser excluida del derecho a pensión de probarse la presencia reinante de alguna de las causales del art. 52 de la ley 13.364 (en igual sentido el art. 41, segundo párr., ley cit.), pues la inexistencia a su respecto de otro beneficiario con vocación de pensión marginó la aplicación de la indicada merma, en todo o en parte.
Por su lado, señaló que la atribución de culpa en la separación resulta una labor impropia para la Administración (cfr. arts. 201 a 212, Cód. Civ. actualmente derogado -ley 340 y modif., aplicable en la especie por ser el vigente al tiempo de la separación), y reservada exclusivamente a la jurisdicción.
Agregó que de las pruebas arrimadas a la causa surge que el fallecimiento del señor Daniele se produjo con fecha 13 de enero de 2017, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), motivo por el cual los hechos ventilados en el sub lite quedaron comprendidos en lo dispuesto por los arts. 402, 431, 435 y concordantes del citado cuerpo legal, neutralizándose así la causal alegada por la Caja demandada también al tiempo del deceso.
Desde esta perspectiva, indicó que a esos fines se requiere un marco en el cual los protagonistas en pugna puedan defenderse de las imputaciones recíprocas y así obtener una decisión fundada de sus planteos, circunstancia que no ocurrió en el caso.
Concluyó que lo señalado basta para considerar ajena a los contornos de la discusión en sede judicial la causal de exclusión prevista por el art. 52 inc. "b" de la ley 13.364 para la viuda del causante.
III. Contra dicho pronunciamiento la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2021, 10:01:12 hs., en el sistema Augusta) en el que se agravia de la interpretación que el Tribunal de Alzada les diera a los arts. 41 y 52 de la ley 13.364 a la luz de los hechos ventilados en la causa.
Asimismo, denuncia la vulneración de la doctrina sentada por este Tribunal en la causa B. 63.946, "Cufré, Silvia Lilian contra Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires", sentencia de fecha 23 de octubre de 2020.
III.1. Señala que no se encuentra discutido que la parte actora y el causante contrajeron matrimonio (18 de octubre de 1973); que posteriormente el señor Daniele abandonó su hogar y que desde el año 2004 resolvieron separarse de hecho sin mantener su relación de pareja. Por último, con fecha 13 de enero de 2017 se produjo el deceso del afiliado.
Afirma que el art. 52 inc. "b" de la ley 13.364 resulta aplicable al caso de autos, toda vez que regula la situación del cónyuge separado de hecho, culpable y/o sin reserva alimentaria a su favor.
Sostiene que la norma es clara y no ofrece duda alguna que amerite algún tipo de interpretación en el operador jurídico debiendo aplicarse lisa y llanamente el precepto aludido a la situación de autos.
Expresa que la Cámara yerra en cuanto sostiene que "...el cónyuge supérstite sólo pierde su vocación pensionaria a favor del conviviente [...] a falta de él la separación personal no modifica la situación del viudo o viuda [...] la ley no exige contribución alimentaria" (sic).
Advierte que en el caso de autos la cónyuge supérstite perdió su derecho a pensión toda vez que a la fecha del fallecimiento del afiliado se encontraba separada de hecho sin reserva alimentaria a su favor (art. 52 inc. "b", ley 13.364).
Destaca que el error en el cual incurrió el Tribunal de Alzada radica en la confusión de los conceptos referidos a la "vocación" hereditaria y al "derecho" pensionario, los cuales si bien se encuentran vinculados son disímiles.
Menciona que el sistema previsional tiene como finalidad cubrir ciertas contingencias (en el caso, muerte) cuyo beneficio (pensión por fallecimiento) tiende a compensar económicamente al grupo familiar dependiente del causante.
Colige que, en consecuencia, desde el punto legal y lógico, resulta acertada la exclusión de aquellos cónyuges separados de hecho, tal como ocurre en el caso, en el que la parte actora hacía trece años que se encontraba separada del causante sin mantener vínculo afectivo ni contribución económica alguna.
Tacha de irrazonable la conclusión a la que arriban las instancias ordinarias por la cual solo la existencia de un o una conviviente tornaría viable la pérdida del derecho a pensión.
III.2. Por otra parte, denuncia que la interpretación efectuada por la Cámara de los alcances del art. 52 inc. "b" de la ley 13.364 vulnera la doctrina legal sentada en la causa B. 63.946 (antes. cit.).
IV. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1.a. En primer lugar, corresponde señalar que el Tribunal de Alzada advirtió que en el sistema de la ley 13.364, la situación del viudo o viuda no admite el distingo que efectúan las resoluciones administrativas cuestionadas para la hipótesis en que mediare una separación de hecho subsistiendo el vínculo matrimonial (falta de convivencia), suceso que no se encuentra controvertido, tal y como lo concluye la sentencia de grado.
Explicó que "...el cónyuge supérstite sólo pierde su vocación pensionaria a favor del conviviente cuando lo hubiere o la mantiene compartida con éste, por partes iguales, si existiere reserva de alimentos, reclamo para ellos o culpa del causante en la separación (conf. art. 41, segundo párrafo, ley 13.364)".
Ponderó que en el caso de autos no hay conviviente con derecho a pensión, por lo que mientras esa situación se mantenga nada puede modificar el derecho de la cónyuge supérstite. En ese sentido, consideró que la autoridad administrativa incurrió en un error al interpretar que la viuda pudo ser excluida del derecho a pensión de probarse la presencia reinante de alguna de las causales del art. 52 de la ley 13.364 (en igual sentido el art. 41, segundo párr., ley cit.) sin la concurrencia de otro beneficiario con vocación de pensión, pues justamente su inexistencia (conviviente) relega la aplicación de las causales de exclusión en favor de otro.
Con relación a los agravios relativos a la ponderación efectuada por el magistrado de primera instancia en relación con la inocencia (o culpabilidad) del cónyuge supérstite en la separación de hecho, el Tribunal de Alzada advirtió que la atribución de culpa en la separación resulta una labor impropia para la Administración (conf. arts. 201 a 212, Cód. Civ. actualmente derogado -ley 340 y modif., aplicable en la especie por ser el vigente al tiempo de la separación), y reservada exclusivamente a la jurisdicción; por lo que no puede ser inferida la culpabilidad sin una sentencia que así lo establezca.
Asimismo, indicó que al momento del deceso del causante (13 de enero de 2017) ya regía el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), motivo por el cual los hechos ventilados en el sub lite quedaron comprendidos en lo dispuesto por los arts. 402, 431, 435 y concordantes del citado cuerpo legal, neutralizándose así la causal alegada por la Caja demandada al tiempo del deceso (ref. culpabilidad y falta de reserva de alimentos).
Ahora bien, el recurrente en su impugnación aduce que la cónyuge supérstite perdió su derecho a pensión toda vez que a la fecha del fallecimiento del afiliado se encontraba separada de hecho sin reserva alimentaria a su favor (art. 52 inc. "b", ley 13.364).
Como surge del relato de antecedentes, el agravio esbozado por la parte demandada en su recurso extraordinario resulta novedoso, atento que no fue oportunamente planteado en la contestación de demanda ni en la etapa recursiva previa; tampoco es el fundamento utilizado por la Administración para denegar el beneficio de pensión al momento de dictar los actos aquí ventilados.
Al respecto tiene dicho esta Suprema Corte que los argumentos novedosos que -al no haber sido oportunamente planteados- no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, resultan inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (conf. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 118.333, "Salamone", sent. de 15-VII-2015; A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; A. 75.039, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 16-XII-2020 y Q. 77.438, "Echeverry", resol. de 27-X-2021; e.o.).
IV.1.b. No obstante lo expuesto y para más, debe advertirse que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (cfr. doctr. causas Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (cfr. doctr. causas Ac. 91.522, "Cooperativa Agropecuaria La Segunda Ltda. de la Dulce", sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, "De Luca Tulio y otros", sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; e.o.).
En el caso, la recurrente limita el reproche en esta instancia a subsumir la plataforma fáctica del caso al art. 52 inc. "b" de la ley 13.364, señalando que cuando la ley es clara, cabe aplicarla sin efectuar distingos interpretativos, y en ese contexto, manifiesta que la norma expresamente prevé el supuesto de autos. Ahora bien, omite denunciar la norma actuada por el Tribunal de Alzada, quien -por aplicación del régimen matrimo
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