Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77972
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.972, "Machado, Luis Alberto c/ Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Impugnación contra Resolución de Col. o Cons. Profesional. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, rechazó los recursos directos promovidos en el marco de las causas tramitadas ante esa Alzada bajo los números D-7327-MPO, D-7307-MPO y D-7595-MPO e impuso las costas a los impugnantes, atento su calidad de vencidos (v. sent. de 9-XII-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 27-XII-2021, 18:31:02 hs.), siendo concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 29-III-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 31-III-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Luis Alberto Machado, con título de electrotécnico, interpuso recurso directo en los términos del art. 74 del Código Contencioso Administrativo con el objeto de solicitar la anulación —o al menos la no aplicación a su parte— de la resolución 1.005/16, de fecha 1 de septiembre de 2016, dictada por el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual se establecieron las especialidades técnicas habilitadas para el ejercicio profesional referente al mantenimiento de ascensores y/o montacargas, ya sea a nivel unipersonal o como representante técnico de una empresa (causa D-7595-MPO; acumulada por el Tribunal de Alzada a los autos D-7307-MPO "Díaz, Jorge Daniel c/ Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Impugnación contra Resol. Col.", y a la causa D-7327-MPO "Parisotti, Cristian Adrián c/ Colegio de Técnicos s/ Impugnación contra Resolución de Col. o Cons.").
El recurrente considera que la reglamentación cuestionada lesiona arbitrariamente el derecho que le asistiría a ejercer profesionalmente las labores vinculadas al mantenimiento de ascensores y/o montacargas. Relata que desde hace aproximadamente veinte años es representante técnico de empresas de mantenimiento de ascensores y que, a partir de la resolución aquí impugnada, la entidad demandada dejó de visar los contratos celebrados con tales firmas, con fundamento en que la aludida reglamentación no habilita a ejercer esas labores de representación a quienes poseen su título.
Entiende que la norma aquí debatida resultaría arbitraria y carente de motivación por cuanto no existirían razones para excluir a quien tiene su título de continuar desarrollando la función que cumplía hasta ahora.
II. El apoderado del Colegio de Técnicos postula el rechazo de la pretensión anulatoria.
Recuerda que por la ley 10.411 posee atribuciones para el control de la matrícula y desempeño de todos los técnicos industriales que ejercen su profesión en el ámbito provincial. Alega que dentro de sus facultades se encuentra la de delimitar las incumbencias profesionales de los técnicos egresados de las escuelas técnicas, respetando las disposiciones del Instituto Nacional de Educación Técnica, los programas de estudio de las escuelas técnicas y el COPRET, entre otros.
Advierte que debe fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión, para lo cual cuenta con el poder disciplinario para sancionar transgresiones a la ética profesional; señala que en virtud del art. 29 de la ley mencionada se creó el Departamento de Electromecánica, el cual realiza un estudio permanente de las incumbencias de los técnicos respectivos.
Con ese marco, refiere que la norma cuestionada fue dictada ante el dictamen específico del Departamento antes señalado en tanto resultaba necesario modificar la resolución 180/96 —que anteriormente habilitaba algunas tecnicaturas que hoy están excluidas— y establecer los títulos técnicos actualmente habilitados para llevar a cabo el mantenimiento de ascensores y montacargas.
III. La Cámara de Apelación, por mayoría, rechazó los recursos mencionados e impuso las costas a los impugnantes en su calidad de vencidos.
Para así decidir, destacó que de los considerandos de la resolución atacada, surgía que la habilitación de aquellas puntuales especialidades técnicas en ella enumeradas —y no de otras— a los efectos de realizar labores de mantenimiento de ascensores y/o montacargas, encontraba su razón de ser en las incumbencias técnicas que resultaban imprescindibles a los efectos de proveer al control y a la conservación de los elevadores, teniendo en cuenta las diferentes partes y sistemas que resultan centrales para su funcionamiento, en especial en cuanto a su seguridad.
Puntualizó que resultaba un imperativo del propio interés del recurrente acreditar que las incumbencias propias de la tecnicatura en electrónica comprendían los conocimientos técnicos necesarios e imprescindibles para el correcto desempeño de las labores atinentes al mantenimiento y control del estado de los ascensores y/o montacargas, a la vez que demostrar que tales competencias guardaban equivalencia con las que poseen las especialidades habilitadas por el ente colegial accionado.
En esa línea, sostuvo que correspondía examinar minuciosamente la prueba pericial rendida en los autos por el ingeniero mecánico quien puso de relieve que, a fin de determinar cuáles eran las tecnicaturas cuyas incumbencias las tornaban idóneas para desplegar la actividad atinente a la reparación y mantenimiento de ascensores y/o montacargas, el Colegio de Técnicos bonaerense tuvo en consideración los distintos componentes que integran dichos equipos, centrándose en los elementos de seguridad.
Aseveró que el experto reparó en que el detalle de las incumbencias de los electrotécnicos acompañado a la causa por el Colegio de Técnicos de la Provincia, no precisaba expresamente si tales competencias comprendían —o no— a los equipos de ascensores, en tanto hacía alusión a "equipos, mecanismos y dispositivos electrónicos".
Refirió que el ingeniero actuante afirmó que el hecho de conocer la parte electrónica de un ascensor no implica necesariamente que se pueda asumir una función como aquella para la cual pretende ser habilitado el actor, en tanto tal saber únicamente supondría que se halla capacitado para controlar y atender a las piezas electrónicas de un elevador, equipo que se halla integrado por componentes de diversa índole, tales como aquellos de naturaleza mecánica.
Siendo así, concluyó que no existían elementos probatorios con aptitud suficiente para apartarse de las conclusiones del experto y avalar así el planteo impugnatorio vertido por el actor (por mayoría, voto del doctor Mora al que adhirió el doctor Ucín).
IV. Contra esa decisión el demandante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia "…una falsa aplicación del derecho positivo, lo cual implica la violación y/ errónea aplicación de derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional como el derecho a trabajar, a la defensa en juicio, a la garantía del debido proceso, a la propiedad, y a la igualdad frente a la ley, protegidos por los arts. 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución Nacional".
Aduce, por otra parte, que la Cámara no trató uno de los argumentos centrales de la demanda, cual era la falta de motivación del acto impugnado, lo cual demuestra la arbitrariedad de la sentencia. Entiende que mientras el voto de la minoría considera al acto nulo por falta de motivación, el voto de la mayoría ni siquiera mencionó la cuestión. Al respecto, trascribe la opinión del voto minoritario y hace suyos los argumentos allí volcados para fundar el recurso.
Señala también la arbitrariedad de la resolución 1.005/16 del Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, cuando —a su entender— lo discrimina, excluyéndolo de una tarea que desempeñó por décadas, sin fundamento técnico alguno e incluyendo especialidades menos preparadas. Invoca, en este sentido, que la norma impugnada es nula.
Manifiesta error con relación a lo decidido en lo que hace a la carga de la prueba, en el sentido de que el Tribunal Alzada entendió que les correspondía a las recurrentes acreditar las incumbencias propias de su tecnicatura demostrando tener los conocimientos técnicos para el correcto desempeño de la labor de mantenimiento y control de los ascensores, o al menos, que tales competencias guardan equivalencia con las que tienen quienes obtuvieron el título correspondiente a las especialidades habilitadas a aquellos efectos.
Pone de relieve que pretender que ellos demuestren por qué se los excluyó ahora, cuando fueron admitidos antes, y cuáles fueron los cambios que sufrieron los ascensores, constituye una prueba imposible, de la cual deben ser eximidos. Entiende que le correspondía al Colegio probar las motivaciones que sustentaban el cambio.
Alega, con cita de la causa C. 95.757, "Noguera, Oscar contra Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", sentencia de 8-III-2007, que con lo que surge de la mencionada sentencia de amparo, se tiene por demostrada la arbitrariedad del accionar del Colegio de Técnicos en los presentes autos.
Por otra parte, cuestiona la prueba pericial producida, y resalta que el voto mayoritario no tuvo en cuenta las demás pruebas rendidas, la de la Cámara de Ascensoristas y la de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Por último, se agravia de la imposición de costas las cuales considera que, teniendo en cuenta el precedente "Noguera" y en caso que esta Corte decida modificar su criterio, deberían ser impuestas en el orden causado.
Formula reserva del caso federal.
V. El recurso no prospera en virtud de la manifiesta insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
V.1. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; A. 75.506, "Di Paola", sent. de 22-IX-2021; e.o.), tal como ha ocurrido en el caso.
La insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020; A. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024; e.o.).
La Cámara interviniente sostuvo que no han existido elementos probatorios con aptitud suficiente para apartarse de las conclusiones del perito y avalar así el planteo impugnatorio del actor. En efecto, el argumento principal de la decisión del Tribunal de Alzada se sustentó en dicha prueba, de la cual surge que el hecho de que los actores posean conocimientos de las partes eléctricas de un elevador no implica que cuenten con las nociones indispensables para efectuar funciones de control y tratamiento de las restantes partes de los equipos electromecánicos, entre las cuales se destacan los de naturaleza mecánica.
Tal fundamento no ha sido rebatido adecuadamente por el recurrente para la procedencia del remedio intentado. En efecto, en la pieza recursiva solo se limita a esbozar genéricamente que la Cámara incurrió en arbitrariedad.
Los argumentos allí expresados no van más allá de meros disentimientos personales con la solución que el Tribunal de Alzada le ha dado a la contienda y, como tales, en modo alguno logran demostrar que la sentencia, en este aspecto, no constituya una derivación del derecho vigente.
V.2. Tampoco es de recibo la denuncia de errónea aplicación del derecho positivo, citando la supuesta violación de los derechos constitucionales que entiende conculcados.
Considero que el actor no logra montar un ataque efectivo contra la sentencia en este aspecto. Al respecto, queda en evidencia la insuficiencia del embate pues la denuncia de la violación de derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional como el derecho a trabajar, a la defensa en juicio, a la garantía del debido proceso, a la propiedad y a la igualdad ante a la ley, no bastan, en tanto la invocación genérica de garantías constitucionales no es idónea para revisar lo decidido.
En tal sentido este Tribunal ha resuelto que la denuncia de vulneración de principios o garantías fundamentales, que no sería sino eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trate, es ineficaz si esto último no es previamente demostrado (doctr. causa A. 78.590, "Ferrero", sent. de 26-II-2024; e.o.).
V.3. Resulta también ineficaz el agravio que invoca respecto a que se habría omitido tratar uno de sus planteos centrales, relacionado con la falta de motivación de la resolución 1.005/16. El recurrente no controvierte debidamente lo resuelto por el Tribunal de Alzada, sino que lo hace a través de un mero disentimiento basado en un razonamiento diferente al adoptado en el pronunciamiento en crisis. De ese modo, no se ocupa de rebatir de manera adecuada los fundamentos que dieron sustento a la desestimación de su reclamo y tampoco a aquellos por los cuales se declaró inoficioso abordar los restantes tópicos planteados por esa parte.
En ese orden, esta Corte ha resuelto que las impugnaciones basadas en meras opiniones divergentes a las sostenidas por el juez no bastan para cumplir con los requisitos de suficiencia previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 71.112, "Club Náutico", sent. de 30-III-2016; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016; A. 74.195, "Fisco de la Prov. de Bs. As.", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
V.4. Con relación a la cita del pronunciamiento dictado en la causa C. 95.757, "Noguera, Oscar contra Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", sentencia de 8-III-2007, debo señalar que allí se configuró una situación distinta a la planteada en los presentes, por cuanto ante la negativa del Colegio de Ingenieros en proceder al visado de los contratos profesionales presentados en aquel caso por el amparista, no existía ningún acto del Colegio Profesional del cual tal situación derivara como consecuencia.
Al margen de lo expuesto, considero conveniente recordar que es doctrina reiterada de la Corte que no basta —como lo hace la impugnante— con la mera individualización de precedentes y su transcripción para sustentar un planteo de ese tenor en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los planteos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causas, señalándose en la respectiva denuncia, la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el Tribunal de Apelación (conf. causas A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 76.923, "Vallejos", sent. de 5-X-2023; e.o.).
En este caso resulta inapropiada la cita de esa doctrina legal en tanto fue sentada ante condiciones fácticas y jurídicas diferentes de las que motivaron esta causa.
V.5. Similar suerte adversa ha de correr el agravio relacionado con lo decidido respecto a la distribución de la carga probatoria efectuada por el Tribunal de Alzada; dado que el recurrente debió invocar al menos el vicio de absurdo —algo que no hizo adecuadamente— si lo que intentaba era la revisión del aspecto señalado, por cuanto solo por ese camino esta Corte podría examinar una cuestión de hecho como la consideración de la incumbencia de un título profesional.
Al respecto, esta Corte ha dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la distribución de la carga probatoria, pero no se individualiza ni denuncia la transgresión de la norma que regula dicha regla procesal, como así tampoco se alega claramente la existencia del vicio invalidante de absurdo, exigencias estas de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 95.461, "Fernández", sent. de 17-VI-2009).
Cabe recordar aquí que discrepar con lo resuelto no constituye base idónea de agravios ni constituye el supuesto de absurdo, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causas A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018; A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020; A. 76.904, "Gabela", resol. de 16-VI-2021; A. 76.786, "Balbuena", resol. de 15-VII-2021; A. 77.196, "Saracho", resol. de 12-VIII-2022; e.o.).
En definitiva, el tribunal de apelación meritó relevante para resolver la cuestión la prueba pericial producida y consideró que no existían elementos probatorios con aptitud suficiente para apartarse de las conclusiones del experto.
V.6. Por último, con relación a las costas, esta Suprema Corte ha señalado que su imposición y distribución constituye una típica cuestión de hecho, propia de las instancias de mérito, y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, vicio que en el caso no ha sido denunciado y mucho menos acreditado (doctr. causas A. 76.393, "Sales", resol. de 19-VIII-2020; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
VI. Lo expuesto es suficiente para rechazar el remedio intentado. Con Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 279 in fine y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Coincido con mi distinguida colega, la doctora Kogan, en cuanto señala que el recurso de inaplicabilidad de ley deducido resulta insuficiente (arg. art. 279, CPCC), por los fundamentos vertidos en los puntos V.1. a V.4. y V.6. de su voto, sin perjuicio de las consideraciones adicionales que formularé a continuación.
I.1. Si bien es cierto que, al desechar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, esta Suprema Corte sostuvo que, bajo el aparente reproche de ausencia de fundamentación legal y de haberse omitido la consideración de cuestiones esenciales, la crítica articulada se dirigía, en rigor, a objetar el modo en que el órgano de grado abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento era propio del recurso de inaplicabilidad de ley (v. resol. de fecha 21-X-2022, pto. III, párr. segundo), no lo es menos que esta última vía procesal cuenta con requisitos específicos que deben ser adecuadamente satisfechos cuando se acude a ella.
En esa in
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