Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata.
B.77.361 “HERMIDA CARLOS ALBERTO C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS S/ IMPUGNACION CONTRA RESOLUCION DE TRIBUNAL DE CUENTAS (408) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Carlos Alberto Hermida promueve pretensión anulatoria ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, a fin de que se deje sin efecto la resolución identificada como Fallo 291/14 dictada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual se lo halló responsable de una serie de cargos pecuniarios por su desempeño -desde el año 2000 al 2003- como Contador en el Departamento de Registración de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Asimismo, solicita que se declare la inconstitucionalidad de lo previsto en el art. 5 de la ley 13.405 -modificatorio del art. 2 de la ley 12.074-, en cuanto establece la competencia originaria del mencionado Tribunal para conocer en este tipo de impugnaciones.
II. En su primera intervención, la Cámara hizo lugar al planteo de invalidez constitucional del apuntado mecanismo de revisión, por considerar que se encontraba vulnerado lo normado en los arts. 16, 28, 31 y 109 de la Constitución nacional y 11, 15 y 166 de la Carta local. En suma, sostuvo que cualquier precepto que estableciera una excepción a la organización del fuero que determina la doble instancia como requisito del sistema de juzgamiento de casos contenciosos administrativos, supone un desequilibrio procesal desventajoso para quien impulsa y reclama la intervención judicial, introduciendo una discriminación ilegítima sobre pretensiones que integran un mismo carril adjetivo (v. resol. de 10-II-2015).
Al decidir de esta manera, la causa quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, su magistrado se rehusó a intervenir en el asunto a la luz de la doctrina sentada por esta Corte en oportunidad de expedirse en la causa A. 69.346, “Orbis Mertig San Luis SAIC”, con fecha 22 de agosto de 2012 (v. resol. de 6-II-2018).
Es así que tuvo por configurada formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es útil comenzar recordando que el art. 2 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- establece que la competencia contencioso administrativa comprende, entre otras controversias, a las pretensiones anulatorias que se deduzcan contra resoluciones del Tribunal de Cuentas.
A su vez, el art. 2 de la ley 12.074 -texto según ley 13.405- dispone que dichos asuntos tramitarán en instancia originaria y juicio pleno ante las cámaras de apelaciones del fuero, con aplicación de las reglas del juicio ordinario establecido en el Título I, arts. 1 a 66, del Código Contencioso Administrativo.
Ahora bien, esta Corte ha resuelto reiteradamente que el sistema moldeado por esa normativa, que consagra una vía de impugnación directa ante esos órganos de alzada, no merece reproche constitucional en la medida en que garantiza un proceso de conocimiento pleno a los litigantes y, por ende, un control judicial suficiente de lo decidido por ese tribunal administrativo, tal como se desprende de una adecuada hermenéutica del precepto atributivo de competencia en cuestión (doctr. causas A. 69.346, “Orbis Mertig San Luis SAIC”, sent. de 22-VIII-2012; A. 70.481, "Rendición de Cuentas correspondiente a la Municipalidad de Pilar", sent. de 15-V-2013 y B. 72.999, "OSSE – Obras Sanitarias Sociedad del Estado MDP", resol. de 14-VI-2015; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde que sea la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2021 19:39:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 20:26:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2021 08:31:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 19:50:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 20:08:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/10/2021 20:13:41 hs. bajo el número RR-743-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia