Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74077
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.077 "SISUL GRACIELA EDITH C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROV. DE BS.AS. S/ IMPUGNACION C/ RESOLS. DE COLEGIOS. O CONS. PROF. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY--"
La Plata, 03 de mayo de 2018.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda promovida por Graciela Edith Sisul contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires por la que persigue la anulación de la resolución dictada por el Directorio de esa entidad en su sesión de fechas 17 y 18 de mayo de 2012 y su confirmatoria dictada los días 19 y 20 de diciembre de 2013 por las cuales se le denegó la continuación de su afiliación al sistema asistencial de salud CASA –de cuya cobertura gozara durante 44 años en su calidad de dependiente de la caja demandada- a partir de su acogimiento al beneficio jubilatorio.
Para así decidir el a quo comenzó por señalar que el principio que debe dar respuesta al conflicto planteado radica en que la obtención de la jubilación sólo redunda en la clausura de la actividad laboral sin que se vea alterada la relación de empleo que pasa de ser activa a pasiva no perdiendo el agente con ello la condición de dependiente. Sobre tal plataforma apunta que el artículo 2° apartado 1 del reglamento de la caja demandada, que sirve de base al acto que rechaza la continuidad de la actora como beneficiaria del sistema que administra, debe considerar el concepto de empleado como comprensivo tanto de los dependientes activos como de los pasivos.
Luego, pasando a tratar los agravios vertidos por la caja apelante ante esa instancia, se refirió al que pretendía revertir la tacha de irrazonabilidad señalada por el magistrado de origen al decidir la anulación del acto controvertido. Al respecto el Tribunal de Alzada sentenció que los argumentos brindados por el recurrente carecían de sustento y no explicaban con fundamentos adecuados, motivos que permitieran comprender el desvío de una conducta hasta entonces considerada legítima y aceptada frente a una modificación normativa como fue la sanción de la ley 26.682.
Reparó en que dicha circunstancia no podría razonablemente alterar la situación jurídica del agente jubilado quien mantiene sus derechos aún como pasivo.
Agregó que los agravios referentes a la falta de legitimidad invocados por el recurrente carecen de consistencia, lo que determina la invalidez del acto volitivo emanado de la demandada.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs.224/228).
II. Frente a ello, la entidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 231/244) el que fue concedido a fs. 251/252.
En su presentación alega afectación a su derecho de propiedad, y a la garantía de debido proceso. Entiende violadas las reglas de la sana crítica y con ello configurado el absurdo.
Denuncia vulneración de los arts. 5, 17, 18, 28, 121, 122, 123 y 125 de la Constitución nacional, 15, 31 y 171 de la Constitución provincial y 77 de la ley 6716.
Sostiene que el fallo recurrido sólo analiza la decisión final omitiendo ponderar que la resolución de excepción dictada en el año 2003 que preveía las potenciales admisiones a los pasivos revestía carácter de excepcional en razón de dificultades que motivaron su sanción -como era la circunstancia para los empleados jubilados de la Caja de ingresar a otros sistemas de cobertura médico asistencial- y luego fueron superados con la sanción de la ley 26.682.
Añade que el a quo al decidir, invade arbitrariamente el marco de discrecionalidad con que el Directorio de la entidad demandada resolvió la solicitud en tanto ese actuar fue razonado, fundado, y legítimo.
Por último denuncia que el pronunciamiento recurrido se aparta de los planteos efectuados en el recurso de apelación y no obstante convalida el pronunciamiento de grado quedando vacío de contenido al no aportar otro sustento a la tacha de irrazonabilidad.
III. El remedio no debe prosperar, atento su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827)
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, cit., entre otras).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos traídos por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de la interpretación de la normativa aplicable en el caso, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada tanto en el análisis efectuado respecto a la naturaleza del beneficio previsional como en cuanto a la insuficiencia de motivación verificada en el acto cuestionado para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
IV. 2. En punto a la vulneración de los arts. 5, 17, 18, 28, 121, 122, 123 y 125 de la Constitución nacional, 15, 31 y 171 de la Constitución provincial y 77 de la ley 6716 la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente dichos tópicos.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017, A. 73.960, cit.) tal como acontece en la especie.
IV. 3. Por último, respecto al vicio de absurdo, meramente esbozado por el recurrente, es preciso resaltar que esta Corte ha expresado que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo el supuesto de absurdo que se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte de quien recorre, tal como aquí acontece (doctr. causas A. 70.673, sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, sent. de 3-XII-2014, A. 73.762, "Benitez", resol. de 27-XII-2017).
Tal situación extrema está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV. 4. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 139
Fin de la sentencia