Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74604
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.604 “PANZERI EMILIA CRISTINA Y OTROS C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS S/ IMPUGNACION CONTRA RESOLS. DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda iniciada por la señora Emilia Cristina Panzeri y los señores Guillermo Arturo Magadán y Luis Alfredo Ramón Silva por la que persiguen obtener la nulidad de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 26-V-2005 y 5-VII-2007, mediante las cuales, en el análisis de la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio del año 2003, se les aplicaron multas y cargos pecuniarios en relación al mencionado ejercicio y sobre reservas efectuadas por los ejercicios 2001 y 2002 en virtud de diversas irregularidades detectadas en los egresos del municipio.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que ninguno de los agravios dirigidos a cuestionar la existencia de la competencia del Tribunal de Cuentas rebatían concreta y razonadamente el decisorio de grado, el cual tuvo como base, sobre el particular, la observación efectuada por el Poder Ejecutivo provincial al art. 24 inc. 5 de la Ley N° 10.876 que preveía la caducidad de la competencia del mencionado órgano de contralor para el caso en que no dictara sentencia dentro del plazo de seis meses.
Señaló que frente a tal supuesto y la inexistencia de solución legal, era de aplicación la regla general negativa prevista por el art. 79 del Decreto Ley N° 7647/70.
Rechazó en el mismo sentido los intentos de aplicación supletoria y analógica de otros ordenamientos propuestos por los demandantes para arribar a la solución pretendida.
Por otra parte señaló que los agravios referidos a la motivación del acto devenían infundados, por cuanto la utilización de los fundamentos de la relatoría, no implicaba la exclusión de la voluntad decisoria propia del funcionario a cuyo voto adhirieron los restantes miembros.
A su vez destacó que de los resultandos y considerandos surgían circunstanciadamente los antecedentes de hecho y de derecho de las sanciones impuestas a los accionantes, cumplimentándose así con la expresión de las razones fácticas y jurídicas que conforman el elemento esencial cuya ausencia se alegaba.
Advirtió que tampoco resultaba atendible el planteo de los agraviados en punto a la falta de razonabilidad del acto, en tanto basaban su reproche minimizando la entidad de las infracciones cometidas, siendo que las mismas incumplían requisitos fundamentales de las operaciones de inversión de los fondos públicos establecidos por el ordenamiento jurídico cuya omisión acarrea su alejamiento de la normativa aplicable y la consiguiente responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Por último, destacó que no se verificaba violación a la regla que prohíbe el doble juzgamiento, el cual sólo se configuraría en el supuesto en que el Tribunal de Cuentas, habiendo resuelto sobre la responsabilidad del funcionario, volviera a decidir sobre el mismo acto de inversión o gasto reiterando la imposición de una sanción, supuesto que no se configuraba en casos como el de marras, en el que, contrariamente, la técnica de formular reservas y dejar abierta la investigación de los sucesos susceptibles de control, postergando toda definición al aporte de elementos suficientes que permitan descartar, o atribuir falta en la regularidad debida del acto de ejecución presupuestaria, evita esa variable.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs.179/184).
II. Frente a ello, la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual, reitera cuestiones ya vertidas ante el Tribunal de Alzada respecto a la competencia del órgano de contralor para dictar las decisiones cuestionadas, la violación al principio de doble juzgamiento ocurrida en virtud de que algunas de las sanciones aplicadas lo fueron respecto a reservas efectuadas en ejercicios anteriores, la motivación de los actos cuestionados y la razonabilidad de los mismos.
Manifiesta que el fallo atacado es arbitrario y que no interpretó correctamente los agravios invocados ni las cuestiones planteadas al demandar, equivocando de ese modo la resolución de la causa.
Con ello señala la conculcación de los arts. 79 y 108 del decreto ley 7647/70; 24, 26 y 30 de la ley 10.869; 17 de la ley 10.876; 163 inc. 5 167, 168 del CPCC; 913, 918, 919, 1145 y 1146 del CC; 17, 18, 19, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de sendos tratados internacionales que menciona, en tanto entiende ocurridas -entre otras- la violación de la garantía de debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio.
Por último invoca doctrina de este Tribunal que entiende vulnerada (v. fs.188/211).
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827).
III. 1. Conviene destacar, en primer término, que uno de los fines del Honorable Tribunal de Cuentas, como organismo constitucional de control, es favorecer el control de los funcionarios, evitando el manejo negligente e imprudente de los fondos públicos, así como garantizar la transparencia en la gestión. La responsabilidad aquí juzgada por el órgano de control es la administrativa y ordenada además a la recomposición del erario público (doctr. causa A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018).
Llega incólume a esta instancia extraordinaria que la gestión del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Costa, durante los ejercicio 2001 a 2003, incurrió en erogaciones que el Honorable Tribunal de Cuentas, en oportunidad de efectuar el estudio de esos ejercicios como órgano constitucional técnico y fiscalizador, verificó que se habían hecho efectivas sin el debido cumplimiento de lo establecido por el art. 126 del Reglamento de Contabilidad y Administración. En razón de ello aplicó multas y cargos deudores a los actores por ser los funcionarios responsables de la gestión ejecutiva municipal en los períodos evaluados.
Los recurrentes, frente a los fundamentos de la Cámara, se limitaron a ofrecer su particular punto de vista distinto a la línea argumental desplegada por el Tribunal de Alzada, sin controvertir adecuadamente los fundamentos en los que basó su decisión.
Resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del a quo , sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio (conf. A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-XII-2016).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 70.977 "Rossi", sent. de 25-II-2015, A. 74.211, cit.; A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras)
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por los demandantes respecto de la competencia del órgano de control para dictar las resoluciones atacadas, la violación del principio de doble juzgamiento y la falta de motivación y de razonabilidad del acto, no pasan de expresar un mero criterio divergente en relación a la normativa que debía aplicarse en el caso, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo (doctr. causa A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018, entre otras).
III. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
A mayor abundamiento, no es ocioso recordar que esta Suprema Corte ha sostenido la inexistencia del régimen de caducidad de la competencia del Tribunal y de aprobación tácita de las cuentas municipales (doctr. causas B. 61.817, "Gómez", sent. de 8-II-2006; B. 56.824, sent. de 14-VII-2010; B. 59.961, "González", sent. de 16-VIII-2017).
III. 3. En punto a la vulneración de los arts. 79 y 108 del decreto ley 7647/70; 24, 26 y 30 de la ley 10.869; 17 de la ley 10.876; 163 inc. 5 167, 168 del CPCC; 913, 918, 919, 1145 y 1146 del CC, los agraviados no se encargan de desarrollar adecuadamente dichos tópicos.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017,A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018, entre otras), tal como acontece en la especie.
III. 4. Para más, la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales, como aquí se verifica, no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016, A. 74.211 y A. 74.065, cits. entre otras).
III. 5. Por último, tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si, como en el caso, en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 71.967, "Nestlé Argentina S.A.", sent. de 9-III-2016; A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; entre muchas otras).
III. 6. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 21
Fin de la sentencia