Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.716 “BONET GUSTAVO CARLOS Y OTROS C/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ IMPUGNACION CONTRA RESOLS. DEL TRIBUNAL DE CUENTAS -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
Los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó la pretensión anulatoria deducida por la parte actora y confirmó la resolución n° 147/18 de fecha 22-III-2018 del Honorable Tribunal de Cuentas (en adelante, HTC) que -en lo pertinente- dispuso utilizar la “técnica de reserva” sobre ciertas materias detalladas en el artículo undécimo de la resolución impugnada y declaró -respecto de los funcionarios mencionados en el artículo duodécimo del fallo- que no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el organismo de control no se pronuncie concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga (v. sent. de fecha 7-III-2023).
I.1. Como primera cuestión a resolver, el Tribunal interviniente abordó el planteo de la actora referido a la nulidad de las notificaciones electrónicas. En este aspecto, en primer lugar rechazó el cuestionamiento esgrimido en tanto, tal como podía observarse del expediente administrativo, todos los funcionarios -actores en autos- alcanzados por el fallo del HTC, habían podido igualmente interponer en tiempo y forma el recurso de revisión en cuestión, circunstancia que hacía aplicable aquel principio de que no existe, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad por la nulidad misma pues las formas procesales o procedimentales no constituyen un fin en sí mismas, sino que se crean para garantizar la tutela administrativa o judicial de la persona.
En segundo lugar recordó que el HTC al resolver dicho planteo lo declaró improcedente, invocando para ello el sistema de notificaciones electrónicas de cumplimiento obligatorio en su ámbito -resolución AG 7/15 vigente desde el 1-I-2018- para quienes asuman una función o cargo del que derive la obligación de rendir cuentas o quede sometido a un juicio de cuentas. A ello agregó que incluso la mayoría de los actores en sus declaraciones juradas habían adherido a ese modo de notificación y, para quienes no lo habían hecho, se habían cursado las pertinentes notificaciones en formato papel. Argumentos estos que no habían sido motivo de rebate por parte de los actores, circunstancia que también resultaba suficiente para rechazar este planteo.
I.2. Seguidamente, con relación a la legalidad de la "técnica de reserva" utilizada por el HTC, sostuvo que los fundamentos expresados por los actores en el escrito de inicio y los esgrimidos por la Fiscalía de Estado en la oportunidad de contestar la demanda carecían de entidad para resolver la cuestión.
En este sentido, desestimó la pretensión anulatoria entablada contra los artículos undécimo y duodécimo de la resolución n° 147/18 recaída en el expediente administrativo nº 3-087-0-2016, en el entendimiento de que de las actuaciones administrativas nº 3-087-0-2017, correspondientes al ejercicio 2017, surge -en cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 24 de la ley 10.869 y sus modif.- que las materias comprendidas en los agravios expuestos en la demanda fueron tratados en la rendición del año subsiguiente (v. resol. 194/19, arts. decimotercero y decimocuarto).
Consideró -tanto para el agravio relacionado con las notificaciones electrónicas como para el que controvierte la legalidad de la "técnica de reserva"- que los actores no cuestionaron la resolución n° 971/19 dictada por el HTC con fecha 12-XII-2019, mediante la cual ese organismo declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto oportunamente por los actores.
Impuso las costas por su orden (art. 51 ap. 2, CCA).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2023, 16:17:34, en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente con fecha 11-VI-2023.
Alega que el fallo impugnado omite el tratamiento de una cuestión esencial, que forma parte del objeto mismo de la litis , que según su criterio comprende el análisis de la legalidad de la técnica de reserva utilizada por el Tribunal de Cuentas en la resolución impugnada.
Considera que ello conlleva un pronunciamiento infra petita , denunciando paralelamente la errónea aplicación del art. 24 de la ley 10.869 y sus modificatorias.
Señala que los plazos previstos en el artículo antes mencionado son de ineludible cumplimiento, refiriéndose especialmente al límite temporal que tiene el organismo de control para el estudio de las cuentas municipales de cada ejercicio para dictar sentencia sobre todos los puntos presentados en el ejercicio hasta el 30 de abril del año siguiente.
Destaca que la postergación en el tratamiento de ciertas cuestiones vulnera la garantía del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Aduce que la sentencia de la Cámara interviniente convalidó la inobservancia por parte del HTC del art. 24 de la ley 10.869 y modificatorias, destacando que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas no admite la posibilidad de postergar o diferir el análisis de ciertas cuestiones para su tratamiento en ejercicios futuros, motivo por el cual dispone que "deberá fallar con los elementos que posee" (arts. 24 ap. 5 y 30 bis, ley 10.869 y modif.).
Por su lado, denuncia absurda interpretación del objeto de la litis por parte de la Cámara que condujo a considerar que la cuestión sometida a juzgamiento devino abstracta, al tener por cumplidos los plazos del art. 24 con la rendición del año subsiguiente.
Reitera que en la decisión de la Cámara hubo una completa omisión en el análisis de la aplicación del citado art. 24 de la ley 10.869 y modificatorias y de la nulidad de la técnica de reserva.
Alega gravedad institucional aduciendo que la decisión impugnada puede aplicarse a los restantes municipios de la Provincia de Buenos Aires.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que no merece acogida la denuncia de la recurrente referida a la omisión por parte del Tribunal interviniente del tratamiento de la legalidad de la técnica de reserva, toda vez que resulta de aplicación la reiterada doctrina de este Tribunal según la cual la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales es tema ajeno al recurso de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad extraordinario (conf. art. 296, CPCC; causas A. 72.745, "Mugarza", sent. de 13-XII-2017; A. 73.240, "Santo", resol. de 7-III-2018 y sus citas).
III.2. Por otra parte, se advierte que no resulta idóneo para modificar lo resuelto la alegada violación del art. 24 de la ley 10.869 y sus modificatorias.
La Cámara ha ponderado que con el dictado de la resolución 194/19 del 11 de abril de 2019, no sólo se trataron los puntos que fueron objeto de la demanda, sino también que se han cumplimentado los plazos estipulados en el citado artículo, especialmente en lo previsto en el apartado 5.
Desde este punto de vista, la recurrente no se hace cargo del argumento central desarrollado por el Tribunal de Alzada por el cual consideró innecesario el tratamiento de la legalidad de la técnica de reserva que ejerce habitualmente el HTC, circunstancia que hace aplicable aquella doctrina de esta Suprema Corte que indica la insuficiencia del remedio extraordinario cuando no se rebate el eje central de la sentencia, planteando argumentos sin conexión con el núcleo del pronunciamiento (conf. causa A. 74.232, "Mamberti", sent. de 29-V-2019).
Por otra parte y con referencia a la invocada violación del art. 24 de la ley 10.869, cabe recordar que conforme tiene dicho este Tribunal quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador, como acontece en la especie (conf. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.506, "Scarimbolo", sent. 22-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 74.745, "Amado", resol. de 12-XII-2018; A. 74.818, "Magnanego", resol. de 17-IV-2019).
En efecto, el fundamento central del decisorio de la Cámara para desestimar la pretensión anulatoria consistió en la ponderación de la resolución de fecha 11 de abril de 2019 dictada por el HTC en las actuaciones administrativas 3-087-0-2017, mediante la cual se decidió "dejar sin efecto las reservas tratadas en el Considerando Séptimo incisos 1), 2), 4), 6), 8) y 9)…" (art. decimotercero); desde cuya perspectiva consideró innecesario pronunciarse acerca de los fundamentos esgrimidos por las partes a favor y en contra de la técnica de reserva.
III.3. La recurrente insiste ante esta instancia extraordinaria en endilgarle al Tribunal interviniente que el pronunciamiento ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales de sus representados -debido proceso, defensa en juicio y a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable- por una doble índole de razones: i) haber interpretado erróneamente el art. 24 de la ley 10.869 y modificatorias; y ii) por no haberse pronunciado acerca de la legitimidad de la técnica de reserva que utiliza el HTC.
En este último aspecto, tal como se señaló, debe reiterarse que los planteos referidos a la omisión de cuestiones sometidas a conocimiento del juzgador y no resueltas, constituyen temas propios del recurso extraordinario de nulidad y consecuentemente, ajenos al de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 118.279, "Garcilazo", sent. de 15-VII-2015; A. 75.754, "Ríos", resol. de 11-XII-2019; A. 76.247, "Colavita", resol. de 19-II-2020).
Por lo demás, deviene ineficaz la denuncia de violación de normas constitucionales que solo serían consecuencia de la infracción de preceptos legales, cosa que -como se vio hasta acá- no ha sido demostrada (doctr. causa A. 74.395, "Moviglia", sent. de 29-V-2019 y sus citas).
Lo expuesto pone de manifiesto que tampoco puede tener favorable acogida el agravio dirigido a tildar de absurda la interpretación del objeto de la litis efectuada por el a quo , por cuanto consideró innecesario el abordaje de los fundamentos -a favor y en contra- de la técnica de reserva utilizada, toda vez que de las actuaciones administrativas arrimadas a la causa surge que las materias postergadas en la resolución impugnada fueron tratadas en la rendición del ejercicio 2017, dentro de los plazos legales previstos por el art. 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
IV. A mayor abundamiento, cabe indicar que recientemente, en la causa B. 64.489, ("Giannettasio, Graciela María c/ Provincia de Buenos Aires -Tribunal de Cuentas. Demanda contencioso administrativa"), sentencia de 13-X-2021, este Tribunal señaló -sobre la base de sus precedentes- que si bien la reserva o postergación de las decisiones del Tribunal de Cuentas no se encuentran expresamente contempladas en su ley orgánica, no resulta ilegítimo lo actuado por este órgano de control que, en uso de facultades que le son propias (arts. 14, 15, 16, 18 y concs., ley 10.869 y modif.), postergó su decisión -en los supuestos que individualizó- hasta el momento en que las actuaciones especiales tramitadas arribaran a una decisión definitiva (conf. causa B. 59.961, "González", sent. de 16-VIII-2017 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 13:27:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:28:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:20:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:50:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 15:16:10 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 15:29:09 hs. bajo el número RR-846-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia