Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75980
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.980, "Fossatti, Juan Carlos c/ Fisco de la Provincia de Buenos y Otra s/ Impugnación contra la Sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó la pretensión anulatoria deducida por el actor contra la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación, de fecha 28 de agosto de 2014, que confirmó la disposición de la Dirección Provincial de Catastro Territorial 87/08 que determinara el valor tierra para el inmueble de su propiedad, con imposición de costas en su calidad de vencida (v. fs. 241/245 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29 de abril de 2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 250/251.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 253), agregada la memoria presentada por la Fiscalía de Estado y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El actor (en su calidad de propietario y responsable fiscal) dedujo pretensión anulatoria contra la resolución de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación mediante la cual se rechazó el recurso de apelación contra la disposición 87/08 dictada por la Dirección Provincial de Catastro Territorial, que determinó la nueva valuación fiscal del inmueble rural del partido de San Pedro identificado catastralmente como circunscripción XII, parcela 1426 "b", partida inmobiliaria 25.092.
Al presentar la demanda cuestiona el valor básico asignado al inmueble, por considerarlo equiparado a aquellos ubicados en zonas de calidad agropecuaria y buenos resultados económicos. Alega que se soslayó que pese a hallarse en el área continental del partido de San Pedro, posee características propias de la región isleña y en consecuencia se trata de un predio de inferior calidad y aptitud productiva.
Sobre la base de una calificación anterior hecha por la autoridad provincial respecto de la misma parcela en el año 1987, que la asimiló a la zona insular no obstante ubicarse en el continente, reprocha el actuar administrativo que se tradujo en la disposición que ataca, por falta de motivación suficiente.
Argumenta que ni la resolución 87/08 ni el formulario 911 confeccionado por el departamento de valuaciones rurales que le fueron notificados en forma conjunta, contienen elementos de valoración suficiente que justifiquen el nuevo criterio de avalúo del organismo catastral, y fundamenten el abandono de la similitud del bien con la zona insular que poseía hasta entonces.
En ese contexto invoca que la resolución vulnera los principios de igualdad y equidad tributaria al colocar la parcela de la que es propietario en una situación diferencial respecto de otras, que entiende similares, generándole una carga impositiva excesiva como corolario de la nueva valuación.
I.2. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado sostuvo que los agravios en los términos en que fueron planteados habían perdido actualidad toda vez que la valuación practicada por la autoridad administrativa y cuestionada en la demanda, era incluso inferior a la que resultaría de la aplicación del criterio que propone el accionante.
Afirmó que el accionar de la Dirección Provincial de Catastro no merecía reproche alguno, en tanto obró dentro de las competencias que le otorga la ley 10.707, en especial citó los arts. 57, 58 y 70, y en ese marco dictó la disposición cuestionada con sustento en la determinación efectuada por la Dirección de Valuaciones Rurales mediante el formulario 911.
Señaló que la Dirección nombrada advirtió la existencia de variaciones en las características de la parcela en tratamiento lo que motivó la confección del formulario mencionado, de donde surge el análisis del inmueble junto a un croquis detallado y las valoraciones asignadas a la tierra conforme sus particularidades relativas a sus características, accesos, aprovechamiento económico potencial, agua potable, entre otros, hasta llegar al valor de la tierra asignado, y que precedió al dictado de la disposición 87/08 aquí cuestionada.
Destacó que el recurrente omitió aportar prueba tendiente a acreditar su rechazo al incremento de la valuación de la parcela por no haber tenido variaciones sustanciales.
Al respecto sostuvo que era insuficiente la mera invocación de lo decidido en el marco de las actuaciones administrativas del año 1987 desde que estas tuvieron por objeto la dispensa del impuesto inmobiliario ante distintas emergencias agropecuarias, además de haber transcurrido más de veinte (20) años.
Precisó que lo relevante para el caso no era el cotejo con situaciones anteriores, sino la determinación de la situación actual del inmueble al momento de ser relevado por la Administración conforme a los datos volcados en el formulario 911, los cuales no fueron refutados por el accionante.
Finalmente resaltó que las características invocadas por el actor en torno al suelo y su baja productividad fueron tenidas en cuenta en ocasión de fijarse la valuación y han supuesto la reducción del valor óptimo de tierra en forma significativa (desde un 61% de reducción respecto de la zona de mejores tierras, hasta un 92% de reducción respecto del área menos ventajosa).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, precisó que el objeto de la pretensión se circunscribía a la falta de motivación que el actor atribuyó a la disposición 87/08, la cual determinó una nueva valuación de la parcela.
En tal contexto consideró que el acto administrativo no padecía de los vicios que el recurrente le atribuía, no siendo suficiente para ello la remisión a actos anteriores como único argumento. Añadió que no existe una situación consolidada definitivamente que sea fuente de un derecho del contribuyente, sino que además ello sería incompatible con las atribuciones del órgano de aplicación según resulta de la ley 10.707 (arts. 1, 2, 53, 54, 57, 58 y concs.).
Sostuvo que la exigencia de explicaciones sobre el apartamiento de las pautas de valuación que invoca preexistentes, se satisface con las constancias del indicado formulario 911, que es, además, el único elemento a valorar para establecer la valuación actualizada con base en la descripción que allí se hace y que el mismo actor reconoció como parte integrante del acto administrativo consecuente.
Por su parte y al ponderar la prueba pericial producida en la causa, señaló que ninguna de las conclusiones a las que arribara el experto comprometían la validez de lo resuelto administrativamente, pues por el contrario guardaban armonía con las estimaciones hechas en el formulario citado en lo que concierne especialmente a la aptitud productiva del inmueble y la composición de la tierra.
Por último, descartó también que se hallara violentada la garantía de igualdad tributaria, en la medida que ello no puede inferirse por la sola circunstancia de haberse abandonado el criterio de asimilación a la zona insular, por otro que respete la zona continental que es, en definitiva, con la que debe medirse la parcela del demandante en atención a su ubicación geográfica.
A ello, la señora magistrada que votó en tercer término agregó que, al momento de entablarse la demanda, (el día 19 de diciembre de 2014), el valor óptimo vigente para la zona de islas del partido de San Pedro ascendía a la suma de $5.160 (cfr. dec. 442/12, publicado el día 31 de mayo de 2012 acompañado por la actora), superior al utilizado por la autoridad administrativa y cuestionado en el presente caso, conforme se desprende del formulario 911 y la boleta del impuesto inmobiliario obrante en la causa (v. fs. 244 vta.).
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia errónea aplicación de los arts. 1 incs. "a", "f" y "g", 54, 56, 57, 58, 64, 68 y 70 de la ley 10.707. También acusa la vulneración de los arts. 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y de su doctrina; 168 y 170 del Código Fiscal y 108 del decreto ley 7.647/70. Finalmente alega que la sentencia incurre en absurdo por prescindir de las constancias probatorias de la causa y por circunscribir su impugnación a la falta de motivación de la disposición 87/08.
Añade que en el caso se ha invertido la carga de la prueba exigiéndole acreditar un hecho negativo cuando, a su entender, debió ser el Fisco quien acredite aquellos cambios que justifiquen el revalúo de su parcela.
III.1. Insiste en que la parcela en cuestión es un bañado o pantano jamás sembrado y que lo que se controvierte en autos es la decisión del Tribunal Fiscal que efectuó una defensa dogmática del formulario 911, al sostener que la limitación del pastoreo no constituye un elemento suficiente para descalificar la evaluación oficial.
Reitera que las condiciones económicas del bien fueron determinadas en los expedientes administrativos que derivaron en la disposición 1.815/88 y que el cambio operado en la nueva valuación no proporciona detalles que lo justifiquen.
Explica que la Ley de Catastro Territorial 10.707 dispone de un procedimiento de valuación de las parcelas rurales que fue ignorado por la Dirección Catastral y soslayado por la sentencia del Tribunal Fiscal, pues supone el examen del estado de hecho del inmueble para definir la base imponible del impuesto inmobiliario, que no se abastece sólo con el suelo en base a su cotización por metro cuadrado en la zona, sino también evaluando su uso, las edificaciones, obras accesorias, instalaciones y demás. Circunstancias, todas ellas, que entiende no fueron ponderadas en la disposición 87/08.
Agrega que en el caso adquiere relevancia lo dispuesto por el art. 57 de la misma ley al disponer que el valor del suelo se estipula en función de sus propias características, lo que, en el caso, sostiene fue omitido.
Repite que en el expediente administrativo 2335-36514/2007 no obran fotografías de superficie ni aerofotografías ni imágenes satelitales que corroboren la tasación oficial. Y nuevamente se remite a los antecedentes del expediente administrativo del año 1987 en el que, por el contrario, se llevó a cabo una inspección oficial.
En abono de sus dichos cita el voto de la vocal del Tribunal Fiscal -que quedó en minoría- cuando sostuvo que no hallaba acreditadas las modificaciones que citaba la disposición al hacer el revalúo. Concluyendo en este aspecto que el acto se hallaba viciado en el elemento motivación.
III.2. Se agravia por entender que la Cámara ha ignorado lo establecido en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y en consecuencia invirtió la carga de la prueba al imponerle a su parte tener que demostrar que no ha habido variaciones entre el momento en que el fundo fue tasado por la disposición 1.815/88 y el del acto ahora atacado. Añade que se le impuso el deber de probar un hecho negativo, cuando a su entender, debió exigírsele al Fisco acreditar los cambios morfológicos del lugar.
En otro punto esgrime que el Tribunal de Alzada se desentendió del principio de la sana crítica al apartarse de las conclusiones del dictamen pericial sin precisar los motivos de su discrepancia. En tal sentido afirma que, si lo decisivo para resolver la cuestión es la situación actual de la parcela, y no la que derivó en la disposición del año 1988, nada mejor que esa prueba a fin de visualizar el estado del fundo. De ella destaca la descripción del área del campo con una importante retención de agua superficial, con suelos que presentan limitaciones muy graves que lo hacen inadecuados para el cultivo, quedando su uso reducido casi exclusivamente al pastoreo o forestación o conservación de la fauna silvestre, extremos estos que hacen la zona más asimilable a las que se presentan en el sector de islas del partido de San Pedro que a las que se presentan en el sector continental.
Alega entonces que es infundado el apartamiento de la experticia que realizó la Cámara, sobre la base de un formulario -en referencia al 911 que hizo la Dirección de Valuaciones Rurales- que fue completado en una oficina distante en muchos kilómetros del inmueble en cuestión.
III.3. Con la misma lógica que viene exponiendo sus agravios, señala que la sentencia de Cámara vulnera la igualdad tributaria que cabe inferir de los arts. 169 y 170 del Código Fiscal con anclaje constitucional. Explica que el impuesto inmobiliario se calcula sobre la valuación fiscal del bien porque se presume que a mayor valor estático corresponde una mayor rentabilidad por la dinámica productiva del bien. Ante ello afirma que la autoridad fiscal pretende determinar el valor del fundo por su mera ubicación en el partido de San Pedro, prescindiendo de que la parcela 1426 "b" se halla en una zona pantanosa y lagunar muy diferente de los campos ubicados en la zona alta del Partido de San Pedro.
Por ello alega que la disposición 87/08 carece de motivación o que esta resulta aparente, ignorando lo dispuesto por el art. 108 del decreto ley 7.647/70, al afirmar que fueron detectadas modificaciones en la tierra, sin brindar ningún detalle de ellas. Y en este aspecto entiende que el formulario 911 anexo a la disposición nada aporta en materia de fundamentos, por su estilo codificado que se completa asignando "puntos de aptitud".
III.4. Por último, denuncia que la sentencia incurre en absurdo por prescindir de la prueba pericial y tener por consentido el contenido del formulario 911 cuando afirma que su parte limitó su crítica a la falta de motivación de la disposición 87/08 sin hacer lo propio con el contenido anexado.
Remite aquí a lo expuesto en el capítulo III.A. de su escrito de demanda en el que reconoce la potestad oficial de revaluar inmuebles, no obstante que, en su caso, ni la disposición ni el formulario 911 fundaron el apartamiento del criterio de revalúo anterior.
Esgrime, en definitiva, que el Tribunal incurrió en absurdo al soslayar que el inmueble en cuestión es un pantano o bañado, al tiempo que se apartó de la prueba producida, y por otorgar una absoluta prioridad probatoria al formulario 911.
IV. Al presentar la memoria, la Fiscalía de Estado, luego de reseñar los antecedentes de la causa, postula la improcedencia del recurso por reeditar planteos ya tratados y rechazados por la Cámara; agrega, además, que en el caso no se ha invertido la carga de la prueba como alega el actor pues es este quien debe demostrar la realidad de la situación que invoca.
Añade que en el caso la Dirección de Catastro tomó en consideración el relieve llano del inmueble, la presencia de agua aprovechable en subsuelo, la escasa distancia a un camino afirmado y la presencia de lagunas de agua dulce en el terreno, características que añadió fueron contestes con lo informado en el informe pericial técnico, al igual que en relación con la aptitud forestal y ganadera del terreno, si bien marginal, y el señalamiento de las diferencias con otros terrenos del Partido de San Pedro respecto al rendimiento económico.
Asimismo, cuestiona que el actor insista en la supuesta equiparación en la que habría incurrido la autoridad administrativa en el tratamiento de su inmueble con relación a otros, cuando del propio acto atacado surge que el valor asignado a cada hectárea se halla por debajo de la quinta parte del valor promedio del partido, extremo sobre el que nada dice, no obstante resultar un punto central del pronunciamiento en crisis.
Respecto a la inequidad tributaria alegada, afirma que carece de toda fundamentación que permita arribar a tal conclusión y especialmente porque la autoridad de aplicación consideró todas las circunstancias y déficits de la parcela al momento de determinar su valor.
Finalmente rechaza la denuncia de absurdo que propone el recurrente ante la falta de todo intento por demostrar el error grave en que habría incurrido el Tribunal, limitándose a exponer meros disentimientos con lo resuelto.
V. El recurso extraordinario interpuesto no prospera atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
V.1. Al respecto cabe recordar que la facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006; L. 87.394, "V. de C.", sent. de 11-V-2005; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; A. 74.237, "G. T. V.", sent. de 28-VIII-2016; e.o.). De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004 y L. 73.381, "Nespeca", sent. de 4-IV-2001,). Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003; L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008; A. 73.329, "Nager", sent. de 21-XII-2016; A. 71.982, "Loveli S.A.", sent. de 28-XII-2016; A. 74.232, "Mamberti", sent. de 29-V-2019; e.o.).
V.2. En efecto, el embate que propone el interesado hacia la labor jurisdiccional se limita a citar las normas que considera transgredidas y a invocar absurdo en la valoración realizada por el Tribunal de Alzada, pero sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no logran demostrar que la sentencia no constituya una derivación del derecho vigente en su aplicación a los hechos comprobados de la causa. Tal como afirma la demandada al contestar el traslado del remedio en estudio, al denunciar la violación de las normas que a su criterio rigen la materia en litigio, el recurrente se desentiende de los fundamentos del fallo que impugna en el cual se ponderaron las razones que justifican la interpretación efectuada de los arts. 1, 2, 53, 54, 57, 58 y concordantes de la ley 10.707, como así también de las disposiciones 1.815/87 y 87/08 y, en particular, del formulario catastral 911, base de la nueva valuación donde se explicita rigurosamente la hermenéutica asignada por la Cámara a cada una de ellas.
Frente a ello, el impugnante reitera los argumentos esgrimidos en la demanda omitiendo efectuar la crítica del razonamiento desarrollado por el tribunal para decidir del modo en que lo hizo. Obsérvese que el recurrente se limita a analizar los mismos hechos y las mismas normas según su propio criterio, sin lograr demostrar de manera eficaz que el pronunciamiento que lo agravia contenga un error de juzgamiento al punto de resultar reñido con los procesos lógicos de razonamiento.
A modo de ejemplo basta señalar, como indica la Cámara, que de la existencia de un criterio anterior, no puede derivarse sin más la invalidez del nuevo, hecho veinte años después, expuesto en la disposición 87/08, reiterando la cita de artículos que, lejos de justificar el apartamiento de la ley 10.707, no demuestra la ilegitimidad del cambio de valuación fiscal.
Por su parte, y pese a la invocación de absurdo en la valoración de la prueba, tampoco revela la invalidez que pregona del razonamiento de la Cámara cuando afirmó que la prueba pericial producida no arroja el resultado que propone el recurrente y que, si bien sugiere la equivalencia a la zona insular en la caracterización del bien, de ello no se infiere la descalificación de los dato
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