Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76275
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.275, "Freijo, Patricia Susana contra Fisco de la provincia de Buenos Aires y ot. Impugnación contra sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria deducida por la actora contra el acto administrativo final dictado por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (ver presentación electrónica de fecha 2 de octubre de 2019), el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, agregada la memoria presentada por la Fiscalía de Estado (ver presentación del 4 de febrero de 2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora, mediante demanda originaria, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución emanada del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires -Sala III-, de fecha 9 de diciembre de 2014, en cuanto confirmó la disposición 83/08 que determinó para el bien inmueble identificado catastralmente como Circunscripción XII, Parcela 1.435, Partida 8.310, del Partido de San Pedro, la valuación de la tierra libre de mejoras con vigencia catastral al año 2007.
Planteó la falta de motivación de la resolución cuestionada. Explicó que dicha parte no negó la potestad que tiene la Dirección de Catastro para fijar nuevos valores o actualizar los anteriores, sino que el agravio consistía en que ni la disposición, ni el formulario 911, justifican el apartamiento del criterio anterior avalado por ingenieros, geólogos y bibliografía aplicable, que asimiló la zona donde se encuentra la parcela 1.435 a la Zona de Islas de San Pedro.
Sobre esa base, sostuvo que el acto atacado modificó el criterio y la valuación fiscal con un mero fin recaudatorio, conducta reñida con la igualdad y equidad tributaria.
Señaló que la disposición cuestionada vulneró el principio de igualdad tributaria, en tanto quedó acreditado que la parcela en cuestión resulta análoga a la zona de islas del partido y no a la zona continental utilizada por la Autoridad fiscal en la valuación.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó la pretensión interpuesta.
Para así decidir señaló que el acto impugnado contiene los fundamentos que lo sustentan, sin que sea necesario plasmar el apartamiento del criterio anterior, como lo pretende la actora.
Consideró así ajustada a derecho la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación, emitida con fecha 9 de diciembre de 2014, al expresar que "la Autoridad de Aplicación ha determinado de oficio las variaciones observadas y ha confeccionado el Formulario 911 (fs. 7) donde se detalla el puntaje adjudicado, conforme las características de cada una de las 4 áreas en que se ha dividido la parcela, según croquis elaborado a fs. 7 vta.", y -en las consideraciones especiales realizadas por la doctora Hardoy- que "en el presente caso, como permite apreciar la lectura de la disposición impugnada, y del formulario 911 (fojas 11 y 7, respectivamente) que se acompañó junto con ella, existen los elementos constitutivos formales para sustentar la parte dispositiva de la misma, y se encuentran explicitados los razonamientos (aunque en forma sintética) que han conducido a dictar la disposición de autos" (cita fs. 68 y 69 del expte. adm. 2335-36393/2007, agregado en copia sin acumular).
Advirtió que no es relevante para el caso el cotejo con situaciones anteriores, sino la determinación de la situación del inmueble al momento de ser relevado por la Administración.
Con relación al cuestionamiento de fondo realizado, vinculado al avalúo fiscal, señaló que la ponderación efectuada por el perito en su informe (de fs. 191/212), sobre las características de la propiedad del actor, en especial la aptitud productiva del inmueble, la composición de la tierra y las diferencias con otros terrenos del Partido de San Pedro, han sido evaluadas en la confección del formulario 911 (obrante a fs. 8 del expte. adm. cit.) por parte de la Autoridad de Aplicación.
A su vez, agregó, el fundamento central de la actora radica en la aplicación a su propiedad de los valores básicos de la tierra óptimos para la Zona de Islas del Partido de San Pedro y no los contemplados para el resto del Partido de San Pedro, que -en su entender- resultarían más elevados.
Sin embargo, señaló, al momento de deducir la demanda (el 6-II-2015), el valor óptimo por partido vigente para la Zona de Islas del Partido de San Pedro ascendía a la suma de $5.160 (conf. dec. 442/12, publicado el 31-V-2012, acompañado por la parte actora a fs. 34/36, v. esp. fs. 36 Cód. 399), superior al utilizado por la Autoridad administrativa y cuestionado en el presente caso (v. formulario 911, cit., v. fs. 26, Rubro 7 "Valor básico de la tierra óptima del Partido por Ha.").
De acuerdo a lo expuesto, consideró que el planteo no podía prosperar.
Por último, observó que en el caso no aparece vulnerado el principio de igualdad invocado, máxime cuando la actora no alegó ni demostró alguna de las causales receptadas jurisprudencialmente que permitirían arribar a una conclusión distinta.
Tampoco advirtió conculcación a los principios de equidad y razonabilidad, toda vez que el Poder Administrador estableció (mediante el dec. 442/12, reglamentario de las leyes 10.707 y 14.333, que contempla la valuación general inmobiliaria de la tierra libre de mejoras en las plantas rural y subrural), los valores unitarios básicos por unidad de superficie, respecto al suelo óptimo determinado por la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA), para las distintas circunscripciones que componen el partido.
De tal forma, ponderando las características y ubicación de los inmuebles, a través de la aludida reglamentación, brindó un tratamiento desigual a quienes se encontraban en situaciones diferentes, dentro del marco de razonabilidad en que la competencia asignada debe desenvolverse y que, en materia tributaria, debe analizarse con menos rigurosidad, toda vez que en el Estado moderno es necesario reconocer la existencia de finalidades extrafiscales en la política impositiva.
Descartada la irrazonabilidad de la norma aplicada, y en lo concerniente al planteo realizado por la parte actora, advirtió que no se apreciaba acreditado el reproche efectuado, toda vez que el argumento ensayado, en torno al apartamiento de un criterio anterior, no podía constituirse en fundamento suficiente para abastecer la crítica constitucional efectuada.
III. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que la sentencia del 17 de septiembre de 2019, al ratificar el fallo del Tribunal Administrativo preopinante, dejó de aplicar el derecho positivo vigente.
Sostuvo que cuando lo que se discute es la tasación efectuada en el año 2007, en base a la cual se determinó el importe a tributar en concepto de impuesto inmobiliario para aquel año y los sucesivos, configura un absurdo afirmar en base a la valuación de 2012 "que no es relevante para el caso el cotejo con situaciones anteriores, sino la determinación de la situación del inmueble al momento de ser relevado por la Administración [...] (cfr. Decreto 442/12...)".
Señaló que las sesenta y cuatro (64) hectáreas que conforman la superficie total del bien motivo de autos eran un pantano antes de 2007, en aquel año, y lo siguen siendo hoy. Y así lo determinaron los expertos que provocaron el dictado de las disposiciones 1.815/87 y 1.412/91, al igual que el perito que se expidió en esta causa judicial.
Consideró entonces que se invierte la carga de la prueba y se exige a su parte demostrar el hecho negativo de que nada ha cambiado desde la anterior valuación cuando, claramente, corresponde al Fisco que pretende aumentar su recaudación tributaria acreditar la magnitud del hecho imponible.
Determinó que la sentencia en crisis desecha el argumento de la confiscatoriedad ya que su parte no ha demostrado en qué medida el tributo, que será consecuencia de la valuación fiscal, disminuye el patrimonio de la actora "impidiéndole ejercer su actividad".
Planteó que en el caso aquel extremo no requiere prueba numérica alguna, ya que no existe "actividad" posible en tierras que no son otra cosa que un bañado permanente. Dijo que su tasación en medida igual o semejante a campos secos continentales (y aún insulares), más allá de aparecer absurda, deviene confiscatoria por sí misma.
Alegó que la Ley de Catastro Territorial 10.707 establece un detallado procedimiento de valuación de las parcelas rurales que ha sido manifiestamente violado, constituyendo otro vicio invalidante de la disposición 83/08.
Sostuvo que la disposición motivo de juicio, a contramano de la detallada exigencia legal, se limita a informar que han existido modificaciones en las características de la tierra libre de mejoras y que han "efectuado un relevamiento en los términos de los artículos 84 bis y 84 ter de la ley 10.707", asegurando que "ha confeccionado el Formulario 911 donde se detalla el puntaje adjudicado, conforme las características de cada una de las 4 áreas en que se ha dividido la parcela". Señaló que en todo caso, de existir "modificaciones", las constantes sudestadas y crecidas de los ríos que circundan el inmueble no hicieron otra cosa que elevar el nivel de las aguas que lo cubren. Agregó que la vinculación de los "antecedentes" con la supuesta "verificación" del campo impide determinar fehacientemente si el estudio de campo se llevó efectivamente a cabo.
Expresó que la sentencia recurrida invirtió indebidamente la carga de la prueba sosteniendo que correspondía a su parte demostrar que no existían variaciones entre el momento en que el fundo fue tasado por la disposición 1.815/98 y el de su revocación diez años más tarde por la disposición 83/08. Consideró que inexplicablemente el fallo omitió señalar que su parte acreditó con una prueba pericial agregada a autos que la situación geológica de 1998 se mantuvo hasta hoy y que por ende nada había cambiado respecto del campo en 2008 para apartarse de lo analizado por la propia Administración en el año 1998.
Reitera la vulneración al principio de igualdad tributaria y plantea absurdo en la apreciación de la prueba.
IV. El recurso extraordinario interpuesto no prospera atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
Preliminarmente cabe destacar que esta Corte tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los agravios planteados en el recurso en tratamiento en un caso sustancialmente análogo al presente (causa A. 75.980, "Fossatti"), cuyos fundamentos reproduciré -en lo pertinente- para resolver el presente caso.
IV.1. La facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006; L. 87.394, "V. de C.", sent. de 11-V-2005; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; A. 74.237, "G. T. V", sent. de 28-VIII-2016; e.o.). De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004 y L. 73.381, "Nespeca", sent. de 4-IV-2001). Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003; L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008; A. 73.329, "Nager", sent. de 21-XII-2016; A. 71.982, "Loveli S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.232, "Mamberti", sent. de 29-V-2019; e.o.).
IV.2. En efecto el embate que propone el interesado hacia la labor jurisdiccional se limita a citar las normas que considera transgredidas y a invocar absurdo en la valoración realizada por el Tribunal de Alzada, pero sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no logran demostrar que la sentencia no constituya una derivación del derecho vigente en su aplicación a los hechos comprobados de la causa. Tal como afirma la demandada al contestar el traslado del remedio en estudio, al denunciar la violación de las normas que a su criterio rigen la materia en litigio, la recurrente se desentiende de los fundamentos del fallo que impugna en el cual se concluyó que el acto cuestionado contiene los fundamentos que lo sustentan, sin que sea necesario plasmar el apartamiento del criterio anterior, como lo pretende la actora.
A tal fin la Cámara destacó que luce ajustada a derecho la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación, emitida con fecha 9 de diciembre de 2014, al expresar que "la Autoridad de Aplicación ha determinado de oficio las variaciones observadas y ha confeccionado el Formulario 911 (fs. 7) donde se detalla el puntaje adjudicado, conforme las características de cada una de las 4 áreas en que se ha dividido la parcela, según croquis elaborado a fs. 7 vta.", y -en las consideraciones especiales realizadas por la doctora Hardoy- que "en el presente caso, como permite apreciar la lectura de la disposición impugnada, y del formulario 911 (fojas 11 y 7, respectivamente) que se acompañó junto con ella, existen los elementos constitutivos formales para sustentar la parte dispositiva de la misma, y se encuentran explicitados los razonamientos (aunque en forma sintética) que han conducido a dictar la disposición de autos" (v. fs. 68 y 69 del expte. adm. 2335-36393/2007, que luce agregado en copia sin acumular).
Frente a ello, el impugnante reitera los argumentos esgrimidos en la demanda omitiendo efectuar la crítica del razonamiento desarrollado por el tribunal a quo para decidir del modo en que lo hizo. Obsérvese que la recurrente se limita a analizar los mismos hechos y las mismas normas según su propio criterio, sin lograr demostrar de manera eficaz que el pronunciamiento que la agravia contenga un error de juzgamiento al punto de resultar reñido con los procesos lógicos de razonamiento.
A modo de ejemplo basta señalar, como indica la Cámara, que no es relevante para el caso el cotejo con situaciones anteriores, sino la determinación de la situación del inmueble al momento de ser relevado por la Administración.
Con relación al cuestionamiento de fondo, vinculado al avalúo fiscal, la Cámara señaló que la ponderación efectuada por el perito en su informe (de fs. 191/212), sobre las características de la propiedad de la actora, en especial la aptitud productiva del inmueble, la composición de la tierra y las diferencias con otros terrenos del Partido de San Pedro, fueron evaluadas en la confección del formulario 911 (obrante a fs. 8 del expte. adm.) por parte de la Autoridad de Aplicación.
En tal sentido, indicó que el fundamento central de la actora radica en la aplicación a su propiedad de los valores básicos de la tierra óptimos para la Zona de Islas del Partido de San Pedro y no los contemplados para el resto del Partido de San Pedro, que -en su entender- resultarían más elevados. Sin embargo, aclara, tal como lo expresa la accionada -ver especialmente fs. 120/121 vta.- al momento de deducir la demanda (el 6 de febrero de 2015), el valor óptimo por partido vigente para la Zona de Islas del Partido de San Pedro asciende a la suma de $5.160 (conf. dec. 442/12, publicado el 31-V-2012, acompañado por la parte actora a fs. 34/36; v. esp. fs. 36 Cód. 399), superior al utilizado por la Autoridad Administrativa y cuestionado en el presente caso (v. formulario 911, cit., v. fs. 26, Rubro 7 "Valor básico de la tierra óptima del Partido por Ha.").
Por último, en lo concerniente a la alegada conculcación a los principios de equidad y razonabilidad, la Cámara explicó que el Poder Administrador estableció (mediante el decreto 442/12, reglamentario de las leyes 10.707 y 14.333, que contempla la valuación general inmobiliaria de la tierra libre de mejoras en las plantas rural y subrural), los valores unitarios básicos por unidad de superficie, respecto al suelo óptimo determinado por ARBA, para las distintas circunscripciones que componen el partido. De tal forma, ponderando las características y ubicación de los inmuebles, a través de la aludida reglamentación, ha brindado un tratamiento desigual a quienes se encuentran en situaciones diferentes, dentro del marco de razonabilidad en que la competencia asignada debe desenvolverse y que, en materia tributaria, debe analizarse con menos rigurosidad, toda vez que en el Estado moderno es necesario reconocer la existencia de finalidades extrafiscales en la política impositiva.
IV.3. Es indudable que los argumentos traídos a esta instancia no logran atacar de manera idónea los cimientos sobre los que se estructura la decisión impugnada, ni demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley.
El recurso extraordinario interpuesto deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos, toda vez que prescinde de formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central sobre la que se asienta el pronunciamiento, déficit técnico que impide a este Tribunal expedirse sobre el acierto o error de lo decidido en la instancia.
En tal sentido, ha dicho este Tribunal que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia. Función que no es debidamente cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales sin demostrarse la relación que tales normas guardan con el caso y la forma en que el decisorio cuestionado las violenta.
Tal déficit argumental no puede ser suplido por el Tribunal.
V. Por los fundamentos expuestos, no habiéndose demostrado las infracciones legales denunciadas (art. 279, CPCC), corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289, CPCC, último párrafo).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de la distinguida colega, doctora Kogan.
Al solo efecto de robustecer la declaración de insuficiencia señalada por la ponente, me permito poner de relieve que la crítica efectuada por el quejoso en torno a la supuesta infracción de los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial por haberse invertido la carga de la prueba en su perjuicio no es de recibo.
Al respecto, basta con señalar que la tesis central del recurrente en este punto radica en que el a quo ha puesto sobre su cabeza la difícil faena de acreditar que "no ha habido variaciones entre el momento en que el fundo fue tasado por la Disposición 1815/198[7] y el de su revocación [...] años más tarde por la Disposición 83/2008" (apdo. VII).
Sin embargo, esa afirmación resulta completamente desconectada de las razones expuestas por la
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