Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75871
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 279 in fine y 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.871, "Pañal Express S.A. y ot. c/ Ministerio de Economía - Rentas s/ Impugnación contra sentencia del Tribunal Fiscal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria deducida por Pañal Express S.A., junto con el señor Luis Andrés Santos y la señora Adriana Elena García -en su calidad de directores-, revocando la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires en cuanto había confirmado parcialmente la resolución determinativa 73/01, emitida por la Gerencia Regional Metropolitana del Conurbano Sur de la ex-Dirección Provincial de Rentas. En consecuencia, dejó sin efecto la responsabilidad solidaria por las retenciones o percepciones que se omitieron realizar durante el período 1/1996 a 8/1999, revocando asimismo la multa impuesta por dicha omisión. Confirmó -en lo restante- la decisión impugnada. Esto es, los recargos del sesenta por ciento sobre lo omitido (conf. art. 51, Cód. Fiscal, t.o. 2004).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-II-2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 333/334).
Dictada la providencia de autos para resolver, agregado el memorial de la actora (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Cámara de Apelación, para revocar parcialmente lo decidido por el Tribunal Fiscal a partir de la determinación efectuada por la ex-Dirección Provincial de Rentas, consideró que resultaban aplicables al caso los arts. 18 y 21 del Código Fiscal (t.o. 2004), de acuerdo con el texto vigente al momento en que la firma y sus directores omitieron realizar las percepciones o retenciones correspondientes. Esto es, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 13.930 (B.O. de 30-XII-2008), impositiva para el Ejercicio Fiscal 2009.
Señaló, en primer lugar, que el art. 18 -en su redacción al tiempo de los hechos- no preveía específicamente la extensión de responsabilidad solidaria a los agentes de recaudación que omitieran actuar en calidad de tales, sino que contemplaba situaciones sensiblemente distintas.
Reparó ante todo en que el inc. 3 de dicha norma mencionaba a aquellas personas físicas o jurídicas que, por su función pública, oficio o profesión, formalizaran actos, operaciones o situaciones gravadas, o que dieran origen a obligaciones fiscales. Recordó, para distinguirla de la actividad recién descripta, que la función de los agentes (de percepción y/o retención) se vincula con el sistema de recaudación de los tributos en la misma fuente, en virtud de una disposición expresa que así lo establece y atendiendo a razones de conveniencia de la política tributaria. Agregó que estos manejan, en cumplimiento de ese mandato legal, fondos que no les son propios porque pertenecen a los contribuyentes a quienes les deben detraer el impuesto o se lo han de cobrar juntamente con el precio del bien o servicio que comercian. Sostuvo así que la intervención del agente de recaudación no encuentra justificación en una función pública, en su oficio o su profesión, sino en una obligación ex lege de recaudar para el Fisco.
Añadió que tampoco el inc. 4 del mismo art. 18 incluía -en la época que aquí interesa- a quienes directamente hubiesen omitido cumplir con el deber de recaudar. Advirtió que, en rigor, allí se aludía a quienes, habiendo efectuado la percepción o la retención, seguidamente no la hubiesen ingresado en las arcas estatales. Notó que fue recién con la sanción de la ley 13.930 que se incluyó especialmente la hipótesis sobre la cual el Fisco había actuado aquí.
Siendo así, tras afirmar que cuando la ley es clara debe aplicársela sin distorsiones, alertó que cualquier extensión analógica de los supuestos taxativamente previstos en ella violentaría seriamente el principio constitucional de legalidad tributaria. Por lo cual, en definitiva, concluyó que las normas en vigor al momento de producirse el déficit no aprehendían expresamente la situación de los sindicados aquí como responsables solidarios, que de esta manera debían quedar liberados de la obligación.
Cosa que -aclaró- la Legislatura sí modificó luego, pero sin incidencia en la especie por ser todo posterior a los períodos reclamados en autos.
I.2. Con relación a la multa por omisión confirmada por el tribunal administrativo, dijo que la conducta cuestionada no se encontraba tipificada en el art. 53 del Código Fiscal (t.o. 2004), según el texto vigente a la fecha de los acontecimientos.
Nuevamente, indicó que eso recién se habría visto reflejado con la sanción de la ley 13.930, que concretamente lo previó en el segundo párrafo de aquella norma. Todo lo cual era revelador, a su criterio, de que hasta ese momento la multa por omisión solamente les cabía a los deudores principales y no a los agentes de recaudación.
I.3. Finalmente, confirmó los recargos aplicados del sesenta por ciento de lo que se omitió recaudar, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51, último párrafo, del Código Fiscal (t.o. 2004), pues aquí sí se observaba claramente su aplicación para el caso de agentes de retención o percepción que hubieran omitido actuar como tales.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia errónea aplicación de los arts. 18 y 53 del Código Fiscal (t.o. 2004), además de violación de la doctrina legal.
II.1. En primer lugar, se queja de la interpretación dada al art. 18 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2004), por cuanto el Tribunal de Alzada consideró que no abarcaba a los agentes de recaudación.
En esa dirección, manifiesta que los agentes de retención y/o percepción integran la relación jurídica tributaria principal, obligados a título propio con el sujeto activo al pago de impuestos, siendo una carga pública mandada por la ley, contando la autoridad de aplicación con atribuciones suficientes para proceder a su designación y eventualmente sancionarlos por incumplir (conf. arts. 84, 176, 177 y 271, Cód. Fiscal -t.o. 2004-).
Denuncia que, según la lectura efectuada por el a quo , el agente que omitiera percibir o retener el tributo estaría en mejores condiciones que aquel que efectivamente lo percibiera o retuviera y no lo depositare, puesto que su conducta no quedaría encuadrada bajo ninguna de las hipótesis previstas, quedando de esa manera libre de consecuencias su inacción.
Advierte que la posibilidad del Fisco de reclamar el pago del impuesto no recaudado al sujeto que omitió percibirlo o retenerlo existía incluso antes de la sanción de la ley 13.930, toda vez que la mentada reforma solo desagregó o diferenció los distintos supuestos que, en la actualidad, puede abarcar la figura de los "agentes de recaudación".
Sobre este argumento, manifiesta que por el art. 18 inc. 3 se atribuye responsabilidad a "...los que participen por sus funciones o por su oficio o profesión, en la formalización de actos, operaciones o situaciones gravadas o que den nacimiento a otras obligaciones...".
Considera que tales personas, enunciadas dentro del concepto genérico de "responsables por deuda ajena", no son otras que aquellas que están obligadas a recaudar los gravámenes en virtud de las disposiciones dictadas por la autoridad de aplicación, siendo indudable que la indicada responsabilidad alcanza a los agentes de recaudación que han incumplido con su obligación primaria, consistente en hacerse del tributo.
Repara en que las únicas conductas posibles que puede ejercer un agente de recaudación a la hora de vincularse con el contribuyente son dos: que cumpla o no con dicha obligación. Indicando inmediatamente que: (i) si cumple, haciéndose de los fondos, pero sin ingresarlos, se estará frente al caso del inc. 4 del art. 18; (ii) si no cumple ( i.e., si omite recaudar desde un primer momento), es donde adquiere sentido la norma del art. 21 cuando reenvía al inc. 3 del art. 18.
Indica que el art. 21, en su segundo párrafo, establece la dispensa de responsabilidad (solidaria e ilimitada) si se acredita haber exigido del contribuyente "...los fondos necesarios para el pago y que éstos lo colocaron en imposibilidad de cumplimiento...", lo que denota que la norma está dirigida a quien no tiene los fondos en su poder por haber incumplido con la carga pública que le fue impuesta.
Concluye así que la responsabilidad solidaria de todos los agentes de recaudación incursos en la figura omisiva siempre estuvo presente en el ordenamiento provincial y surge del juego armónico de los mentados arts. 18 inc. 3 y 21 del Código Fiscal (t.o. 2004), vigentes al momento de verificarse el incumplimiento de las obligaciones impositivas de referencia.
II.2. Asimismo, aduce que hubo errónea interpretación del art. 53 del Código Fiscal (t.o. 2004), al considerar la Cámara que los incumplimientos de los agentes de recaudación no se hallaban tipificados en dicha norma.
Da por sentado que mucho antes de la sanción de la ley 13.930 ya existía en el Código Fiscal la "multa por omisión", donde el artículo en cuestión establecía que: "El incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento, constituirá omisión de tributo y será pasible de una sanción de multa graduable entre el cinco (5%) y el cincuenta (50%) del monto de impuesto dejado de abonar...".
Entiende que, de conformidad con el texto transcripto, la acción antijurídica la materializan aquellas personas que se encuentran obligadas a abonar los gravámenes, entre los cuales indefectiblemente deben incluirse los agentes de percepción o retención que omitieron actuar como tales.
Pone de resalto que la incorporación del segundo párrafo del art. 53 (texto según ley 13.930) no introdujo un nuevo supuesto de punibilidad, sino que solamente agravó la multa para quienes plausiblemente tuviesen una mayor responsabilidad frente al Fisco. Es decir, tornando más grave el incumplimiento del agente de recaudación que el del contribuyente moroso.
II.3. Luego apunta a aparentes incongruencias en el resolutorio puesto en crisis, en tanto el Tribunal de Alzada, si bien consideró que la firma Pañal Express S.A. y sus directores no debían responder solidariamente ni abonar multa por omisión, confirmó de todas maneras los recargos por la deuda en función de lo previsto en el art. 51, último párrafo, del Código Fiscal (t.o. 2004).
Destaca que, justamente, esa norma era cabal demostración de que la omisión del agente de recaudación se encontraba alcanzada por las consecuencias gravosas del ordenamiento en su conjunto, al decir que "Los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación y de retención que no hubiesen percibido o retenido el tributo y la obligación de pagarlos por parte del agente subsiste, aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente u otro responsable...".
II.4. Por último, denuncia violación de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte, en materia de interpretación de leyes con mirada funcional o finalista.
III. Atendiendo a lo resuelto por esta Suprema Corte en una impugnación estructurada de manera semejante a la presente, el recurso no puede prosperar (conf. causa A. 74.649, "Supercarne S.A.", sent. de 22-V-2019).
III.1.a. El Tribunal de Alzada consideró que la extensión de responsabilidad dada por el art. 18 en sus incs. 3 y 4 (Cód. Fiscal, t.o. 2004), según su redacción al momento de los acontecimientos, no incluía puntualmente el caso de los agentes de recaudación que hubiesen omitido percibir o retener el impuesto en la fuente. Pero sí la situación alternativa, en la cual se hubiese cumplimentado dicha carga, aunque sin ingreso inmediato al Fisco; o los deberes que le cabían a aquellos sujetos en razón de una función pública, oficio o profesión. Circunstancias que -ninguna, dijo- se presentaba en el sub lite .
Remarcó que aquello ocurrió recién con el dictado de la ley 13.930 (B.O. de 30-XII-2008), que previó tal supuesto en el inc. 4 de dicho articulado. De modo tal que, por virtud del arraigado principio de legalidad tributaria, sentenció que debía dejarse sin efecto lo resuelto por el Tribunal Fiscal en cuanto a la solidaridad asignada a la firma y sus directores.
III.1.b. Frente a este lineal fundamento, el Fisco primero se queja denunciando que tal interpretación se traduciría en una situación irrisoria o de injusticia, castigando más severamente a quien en definitiva habría asumido una conducta menos reprensible. Pero esto no es más que la discrepancia subjetiva con lo resuelto, ineficaz a los fines de la casación (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
III.1.c. Dejando a un lado lo incierto de esa tesis (pues quien retuvo o percibió y luego no entregó las sumas al Fisco podría estar desbordando la mera negligencia e ingresando en un terreno de mayor ilicitud), la Provincia se defiende diciendo que la extensión de responsabilidad al agente de recaudación que hubiera omitido retener o percibir el impuesto ya estaba prevista con anterioridad a los hechos del caso (y, también, a la sanción de la ley 13.930). Precisamente, en el inc. 3 del art. 18, leído en consonancia con el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Sin embargo, esta Corte ha dicho que resulta requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta la sentencia del tribunal, con independencia de su acierto o error (doctr. causas A. 73.862, "Migliori", sent. de 3-V-2018; A. 73.396, "Collinet", sent. de 11-IV-2018; A. 73.937, "Goya", sent. de 6-XII-2017; e.o.).
Ante esto debo decir que el fallo, edificado a partir del inveterado principio de legalidad tributaria y una secuencia legislativa pormenorizadamente descripta, logra resistir los embates del apelante.
Si bien busca hacerse cargo de los argumentos brindados por la Cámara, para esto ofrece una lectura alternativa y por momentos alambicada de las normas en juego (invitando a una aproximación "armonizadora" entre dos artículos del Código Fiscal) que no logra erosionar el sobrio razonamiento efectuado por el órgano de segunda instancia. Básicamente, que dada la naturaleza del asunto bajo juzgamiento -de contenido tributario o rayano con lo infraccional- se ha de resolver en favor del agente de recaudación frente a la ambigüedad, ausencia u oscuridad normativa.
Siendo así, esta parcela del pronunciamiento que consideró que cabía dejar sin efecto la responsabilidad solidaria atribuida a la firma y sus directores, dada su falta de regulación expresa al momento de los hechos, llega a esta instancia extraordinaria sin rebate efectivo (art. 279 in fine , CPCC).
III.2. Por similares razones, no cabe concluir en el error de juzgamiento en lo relativo a la inaplicación del art. 53 del Código Fiscal (t.o. 2004) y la multa por omisión allí contemplada.
Independientemente de si el Tribunal de Alzada debió ingresar en este tópico dada la forma de resolver el punto anterior (v. infra pto. III.3.), el recurso en tratamiento no logra desbaratar los elementales argumentos del a quo basados en los principios de legalidad y máxima taxatividad en materia tributaria o infraccional. En este marco, la Cámara pudo válidamente concluir que la incorporación que trajo la ley 13.930 no fue simplemente para especificar la graduación de la penalidad, sino para incluirla porque antes no estaba prevista para el supuesto de los agentes de recaudación.
Por lo tanto, esta parte de la sentencia arriba también sin crítica efectiva a sede casatoria (art. 279 in fine , CPCC).
III.3. El recurrente también se queja de aquello que ve como una ostensible incongruencia.
Esto por cuanto, de un lado, la Cámara dejó sin efecto la responsabilidad solidaria y la multa en cabeza de Pañal Express S.A. junto con sus directivos, mientras que de otro confirmó los recargos expresamente previstos en el art. 51 del Código Fiscal (t.o. 2004) para los agentes que hubiesen omitido recaudar.
Si bien se advierte que el abordaje de ese último punto posiblemente se tornó abstracto dada la forma de resolver los capítulos anteriores (y que lo mismo podría decirse, inclusive, del tratamiento de la multa por omisión), la supuesta contradicción en la que incurrió el tribunal anterior no trae necesariamente aparejadas las consecuencias que se dicen en el recurso. Esto mismo, pues más allá de la aparente discordancia, la lógica jurídica con la que -mal o bien- se dio tratamiento al tema, en abstracto no luce abiertamente inconsistente con la aplicación de los principios de legalidad tributaria y máxima taxatividad de los que se valieron los jueces para disponer de la controversia en lo medular.
III.4. Igual suerte adversa corre la denuncia de violación de la doctrina legal.
Esta Corte tiene dicho que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar una alegación de esa clase en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debiéndose reparar en las similitudes con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso bajo juzgamiento al cual se le pretende hacer extensivo un criterio anteriormente establecido (doctr. causa A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; e.o.). Esto es algo que el recurrente no ha realizado con la precisión requerida, por lo que esta línea de agravios debe desestimarse sin más.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 in fine y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos y la decisión propuesta por el señor Juez doctor Soria sobre la base de la doctrina de este Tribunal en autos A. 74.649, "Supercarne S.A.", sentencia de 22-V-2019.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 279 in fine y 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:13 - KOGAN Hilda - JUE
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.