Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75800
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.800, "Asociación Bancaria c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Impugnación de Resolución. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso deducido por la demandada; admitió el planteo de inconstitucionalidad del art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004) y confirmó la devolución de las sumas ingresadas en los términos del art. 19 del Código Contencioso Administrativo, bajo las pautas que indicara la jueza de primera instancia (v. fs. 675/683).
Disconformes con dicho pronunciamiento, por un lado la parte actora dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 29-X-2018, 11:23:15 a.m.) y, por otro, la demandada recurso de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-X-2018, 11:43:19 a.m.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 687/689.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 693/703), dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 13-VII-2020), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inconstitucionalidad deducido por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) contra la decisión adoptada por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires que, en su hora, confirmara la resolución determinativa y sancionatoria 1.699/06 de la entonces Dirección Provincial de Rentas, la cual ajustó una deuda por ingresos brutos para los periodos 2000 a 2003 en relación con la actividad principal de hotelería y, con carácter secundario, de venta al por menor de productos de farmacia y herboristería (v. fs. 599/608).
Aplicando un estándar de suficiencia propio de los recursos extraordinarios, aseveró que la impugnación de la actora era mera reiteración de argumentos abordados y desechados por el tribunal administrativo, razón por la cual correspondía desestimarlos sin más. No obstante, aceptó que había un argumento "novedoso" susceptible de ser abordado; esto es: que en la especie, directamente, no se había configurado el hecho imponible del tributo.
Si bien notó que para la reclamante debía primar lo dispuesto en el art. 9 inc. "b" apartado 1 de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales nº 23.548 por sobre el art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004; conf. art. 182, t.o. 2011), en la inteligencia de que este último indebidamente extendía el presupuesto de incidencia del impuesto a la actividad desplegada a título "oneroso" -aunque fuese sin intención de lucro-, dijo que la cuestión a decidir podía resolverse enteramente en la dimensión subconstitucional evitando acudir a la ultima ratio del orden jurídico.
Para eso, atendiendo a la realidad económica de las cosas (conf. arts. 7 y 185, Cód. Fiscal, t.o. 2011), pudo establecer que la Asociación Bancaria no ejercía las actividades que el Fisco pretendía gravar con la nota distintiva de "habitualidad" que hacía a la tipificación del gravamen, dado que ella -conforme a su propio estatuto y las previsiones de la Ley de Asociaciones Sindicales n° 23.551- estaba puramente dedicada al fomento, representación y mejora de la calidad de vida de sus afiliados, lo que -por implicancia- nada tenía de comercial, sino que redundaba en beneficio de los trabajadores del rubro.
En consecuencia, anuló los actos impugnados y ordenó la devolución de las sumas obladas en los términos del art. 19 del Código Contencioso Administrativo, con más sus intereses calculados a la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pagare el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días.
Ambas partes apelaron el pronunciamiento (v. fs. 618/621 vta. y 631/638 vta.).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso deducido por la demandada. Ello, a la par que admitió el planteo de inconstitucionalidad del art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004; conf. art. 182, t.o. 2011) y confirmó la devolución ordenada por la sentencia de primera instancia (v. fs. 675/683).
II.1. Inicialmente reprodujo el art. 182 del Código Fiscal (t.o. 2011), que establece: "El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativo o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza), estará alcanzada con el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes" (énfasis añadido en el voto del juez Spacarotel).
Señaló que por la ley 10.650 (B.O. de 20-VII-1988), la Provincia de Buenos Aires se adhirió a la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (B.O. de 26-I-1988), sin limitaciones ni reservas.
Refirió que el art. 9 inc. "b" apartado 1 de dicho plexo dispuso que la determinación del hecho imponible de los impuestos sobre los ingresos brutos para las provincias adherentes debería ajustarse a las siguientes características básicas: "Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos;..." (énfasis añadido en el voto del juez Spacarotel).
II.2. Expresó que la sentencia de primera instancia prescindió analizar el carácter oneroso -con o sin fin de lucro- de las actividades alcanzadas por el art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004) y su compatibilidad con el art. 9 inc. "b" apartado 1 de la ley 23.548, resolviendo la contienda simplemente con sustento en la ausencia de habitualidad del "servicio de alojamiento de hoteles" y de "venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería" realizados por la asociación actora, en tanto no integraban su profesión, modo de vida o giro normal del negocio, por tratarse de un sindicato de trabajadores.
Ante ese análisis y en atención a lo plausible de la queja de la representación fiscal referida a la efectiva configuración del hecho imponible, dada la habitualidad en el desempeño de tales actividades por parte de la Asociación Bancaria y su índole onerosa, independientemente de su finalidad de lucro, la Cámara entendió que correspondía ingresar en la denuncia de inconstitucionalidad del art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004) mantenida por la parte actora en su recurso, por su repugnancia con el orden normativo intrafederal. Lo anterior, dado que estimó desacertado el fundamento con el que se construyó la sentencia de grado.
En efecto: de un lado, precisó que no constituía objeto de discusión que la asociación prestaba los servicios de hotelería y farmacia, que se encontraban previstos en su estatuto y que se realizaban para el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores afiliados. De otro, que la habitualidad de esos servicios no podía desconocerse, en tanto habían sido expresamente enunciados entre los fines sociales de la entidad y se desprendían de los informes periciales anexados, por lo que esa condición no era un impedimento para la configuración del hecho imponible.
No obstante, puso de resalto que, conforme a las pautas armonizadoras de la ley 23.548, las actividades involucradas en el caso, aun cuando desarrolladas a título oneroso, no podían ser gravadas por el impuesto sobre los ingresos brutos al ser realizadas por una entidad sin fines de lucro, cualidad que en ningún momento fue negada por la demandada.
Por ende, en torno a la cuestión constitucional planteada, juzgó que de la mera lectura del art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004), que abarcaba actividades realizadas onerosamente, incluidas las que no tuviesen fin de lucro y cualquiera sea la naturaleza del sujeto que las prestase, se contradecía con la expresa limitación del art. 9 inc. "b" apartado 1 de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, de acuerdo con la cual el gravamen en cuestión, para ser compatible con ese régimen, solo podía alcanzar actividades que poseyesen ánimo de lucro.
Por esos motivos, que creyó los más adecuados, concluyó que alguien como la actora -que por su esencia no perseguía semejantes fines- estaba al margen del poder de imposición estatal en este aspecto, siendo evidente la contradicción entre la normativa local y la ley convenio, razón por la cual correspondía fulminar de inconstitucional a la primera dada la singular jerarquía de la segunda (conf. art. 31, Const. nac.).
III. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia que el pronunciamiento de la Cámara vulneró: i) el principio que impide acoger el recurso de quien fue ganador del proceso (art. 53, CCA); ii) el postulado de la reformatio in pejus (art. 272, CPCC); y iii) el art. 156 del Código Fiscal -texto ordenado 2004- (v. escrito electrónico de fecha 31-X-2018, 11:23:15 a.m.). Asimismo, alega que el fallo: i) declaró la inconstitucionalidad del régimen de ingresos brutos con absurda omisión de su base histórica (art. 384, CPCC); ii) desinterpretó la ley 23.548; iii) incurrió en absurdo en el análisis comparativo de los regímenes provinciales sobre el mismo impuesto y iv) decretó la invalidez de una norma, sin haber evaluado sus consecuencias.
III.1. En primer término, se agravia por cuanto el Tribunal de Alzada acogió un recurso de la parte actora, a pesar de que había resultado vencedora en primera instancia.
Expresa que la Asociación Bancaria, no obstante haber obtenido la nulidad de los actos administrativos cuestionados, apeló igualmente la sentencia pretendiendo que la exclusión de objeto se fundara no en la falta de habitualidad de la actividad, sino directamente en la inconstitucionalidad del régimen del impuesto sobre los ingresos brutos provincial por su incompatibilidad con la ley 23.548.
Aduce que la Cámara, ignorando la advertencia formulada por su parte acerca de que no existe recurso sin agravio, avanzó de todas maneras con el abordaje de la cuestión, otorgando el remedio pedido por la reclamante y rechazando el propio. A todo evento, recuerda que si bien los jueces pueden declarar de oficio la invalidez de preceptos legales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha censurado decisiones que lo hicieron en ausencia de agravio de la interesada.
III.2. Enlazado con lo anterior, entiende que el órgano judicial también vulneró la prohibición de reformatio in pejus.
Esgrime que el a quo agravó la condena, empeorando la condición perdidosa del Fisco al decidir no solo sobre la nulidad de los actos administrativos, sino también decretando la inconstitucionalidad de las normas que regulan el tributo, con eventual repercusión general para un sinnúmero de situaciones análogas o equiparables a las del caso.
III.3. En otro orden, alega un absurdo desconocimiento de la evolución histórica y legislativa del impuesto sobre los ingresos brutos, reinstalando de ese modo una discusión que había quedado zanjada y retrogradando el impuesto sobre los ingresos brutos al viejo impuesto a las actividades lucrativas.
III.4. Dice que el decisorio hizo una errada interpretación del texto del art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004), "silenciando" al legislador provincial so pretexto de una inconstitucionalidad inexistente por la supuesta contradicción con la ley 23.548.
Asegura que la Cámara efectuó una exégesis cerrada y fragmentaria del art. 9 de la mencionada ley, extraviándose en un simple cotejo ritual de palabras subrayadas, sin respetar el sentido integral de su redacción. Así, pone de manifiesto que el análisis constitucional quedó reducido a que la ley local habla de una "...actividad a título oneroso -lucrativa o no-..." y la ley convenio de "...actividades empresarias [...] con fines de lucro...".
Añade que la cita del precepto oriundo del derecho intrafederal fue selectiva e incompleta, ya que aquel no menciona únicamente a las actividades empresarias lucrativas, sino que prevé además "...toda otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos...".
Postula en reemplazo una interpretación conciliadora, pues recuerda que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional que solo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y de incompatibilidad inconciliable.
III.5. Arguye que la Cámara incurre en absurdo al omitir comparar la normativa local con la de otras jurisdicciones que receptan de igual manera el impuesto sobre los ingresos brutos. Transcribe para ello los dispositivos correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut y Córdoba, entre otras provincias.
III.6. Por último, esgrime que se declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Fiscal sin evaluar sus consecuencias, cercenando el alcance del tributo y la fuente de financiamiento provincial. Por esa razón, plantea que en el caso se ha configurado un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público.
IV. El recurso no prospera.
IV.1.a. En lo tocante al primer agravio, relativo a que la Cámara acogió el recurso de la parte actora a pesar de haber resultado vencedora en primera instancia, la queja no es de recibo.
Tras referenciar el alcance de la pretensión anulatoria esgrimida por la entidad sindical y el planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito liminar del proceso, el a quo pasó a analizar el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado.
Advirtió que los argumentos volcados en esa pieza refutaban los fundamentos de la jueza de primera instancia que se vinculaban con la falta de configuración del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos basada en la ausencia de habitualidad.
Con todo, entendió que la anulación debía mantenerse, ya que la exclusión de objeto se presentaba de todas maneras. Esto mismo, en virtud de la inconstitucionalidad, insistentemente reclamada por la actora, del art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004; conf. art. 182, t.o. 2011), por su repugnancia con el art. 9 inc. "b" apartado 1 de la ley 23.548 (conf. arts. 31 y 75 inc. 2, Const. nac.).
IV.1.b. Lo actuado por la Cámara, en sustancia, no ha sido más que atender al mecanismo de la llamada "apelación adhesiva", de acuerdo con el cual las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito -aunque aquí sí lo haya hecho como reaseguro-, quedan sometidas al Tribunal de Alzada en el supuesto de que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento (doctr. causas C. 104.155, "Chiachio", sent. de 14-X-2009; C. 120.360, "Carrique", sent. de 22-XII-2015; C. 121.960, "Abati", sent. de 11-X-2017; A. 74.278, "Bunzel", sent. de 28-VIII-2019; A. 75.163, "Coria", sent. de 23-XII-2020; e.o.).
Y eso es así con independencia de que la actora haya interpuesto formalmente apelación contra la parcela del fallo que prefirió una base jurídica alternativa ( i.e. , la de la falta de habitualidad), pues no puede reprochársele a la interesada haber manifestado su disconformidad con un decisorio que vio endeble, sin hacer depender su suerte a una eventual e hipotética consideración de sus argumentos iniciales que fueron desplazados por la forma en la que se dirimió la contienda. Tal cosa, como revela la experiencia, a veces es inadvertidamente omitida por los jueces (conf. causa A. 72.909, "Layús", sent. de 22-XII-2020).
Por ende, no hay realmente aquí un problema de falta de legitimación o ausencia de caso en grado de apelación.
IV.2. Tampoco merece acogida la supuesta infracción al postulado de la interdicción contra la reformatio in pejus .
El mentado principio, como es sabido, impide dejar en peor situación al recurrente (doctr. causa C. 83.124, "Gómez", sent. de 5-III-2003; e.o.), prohibiendo agravar o perjudicar objetivamente su estatus (doctr. causa Ac. 74.366, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fernández y Rovatti", sent. de 19-II-2002).
Más allá de que en la especie medió también recurso por parte de la actora y que lo actuado por la Cámara, a fin de cuenta, encuentra adecuado sostén en el arraigado dispositivo de la apelación adhesiva (v. supra IV.1.b.) -todo lo cual, de por sí, habilita a descartar este planteo-, no es dable razonar que la demandada haya quedado objetivamente en peores condiciones que antes de recurrir.
Independientemente de su temor a que el fundamento ahora escogido, que barre más ampliamente, pueda de alguna forma repercutir en otros casos, en lo que hace al conflicto inter partes lo concreto es que la condena de anulación y restitución de sumas de dinero no sufrió variación alguna.
Muy distinta sería la situación si el Tribunal de Alzada hubiese alterado lo decidido en la instancia anterior, apartándose de los agravios efectivamente deducidos ante sus estrados, pues allí sí se estaría infringiendo la regla que limita su competencia a los capítulos planteados en el recurso y que hubieran sido llevados oportunamente ante el juez de origen (conf. art. 272, CPCC; mi voto en causa A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A.", sent. de 25-II-2021). Pero no hay nada de eso aquí.
IV.3.a. Pasando a lo medular, no resultan aptos para erosionar la conclusión alcanzada por la sentencia los planteos de la impugnante en torno a la interpretación que debería otorgársele a lo dispuesto en el art. 9 inc. "b" apartado 1 de la ley 23.548.
La Cámara entendió que ese precepto, el cual establece una serie de parámetros para que las potestades tributarias locales sean compatibles con el régimen de coparticipación allí instaurado, delimitaba el hecho imponible para el impuesto sobre los ingresos brutos a aquellos provenientes del ejercicio de las actividades empresarias dotadas de finalidad de lucro.
Sostuvo que del mero cotejo de aquella norma con el art. 156 del Código Fiscal (t.o. 2004; conf. art. 182, t.o. 2011), en cuanto grava con dicho impuesto a las actividades realizadas a título oneroso -fuesen o no lucrativas-, se desprendía el desborde por parte de la Legislatura bonaerense, que había pretendido alcanzar operaciones a las que, en virtud de la citada regla de derecho intrafederal, no podía incluir dentro del presupuesto de incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos.
Tal lo que sucedía con aquellas de hotelería y farmacia con destino a sus afiliados, efectuadas por una entidad de la naturaleza de la Asociación Bancaria.
IV.3.b. Al margen del acierto o error de la interpretación formulada por el tribunal anterior, los planteos traídos por la Fiscalía de Estado resultan insufi
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