Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74516
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se deja sin efecto la resolución que decretó la caducidad y se dispone la continuidad del trámite según su estado (art. 289 del CPCC).
Se exime de costas en todas las instancias atento la falta de contradicción (conf. art. 68, segundo párrafo, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación doctores: de Lázzari, Soria, Negri, Genoud se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.516 "Del Río, Lucía Elvira c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Impugnación c/ Resolución del Tribunal de Cuentas".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata declaró la caducidad de instancia, en los términos del art. 62 del Código Contencioso Administrativo e impuso las costas en el orden causado atento la ausencia de contradicción, conforme art. 51 inc. 1 segunda parte del referido Código -texto según ley 14.437- (v. fs. 57/58 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 64/67 vta.).
Mediante resolución de fs. 73/74 este Tribunal declaró mal concedido el recurso extraordinario respecto al coactor Pedro Román Ramírez y llamó autos para resolver el deducido por el resto de los accionantes Lucia Elvira del Río, Alberto Daniel Banquero y Patricia Inés Escola.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lazzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata -en instancia originaria- dictó resolución declarando la caducidad de instancia del proceso por aplicación del art. 62 del Código Contencioso Administrativo. Ello, ante la constatación que los actores no habían producido actividad útil respecto de los trámites pendientes que dependían de su impulso que habían sido ordenados en la resolución de fs. 51/52 vta. y notificados por cédula (v. fs. 53/54).
Por otra parte, sostuvo que no se soslayaba lo dispuesto el art. 77 inc. 1 del referido Código, en cuanto permite la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial en tanto sus preceptos no sean incompatibles con los principios del derecho procesal administrativo. No obstante, expresó que el reenvió al rito civil resultaba inaplicable al sub lite atento encontrarse reglado especialmente el instituto de la caducidad de instancia en el art. 62 del Código Contencioso Administrativo.
Finalmente señaló que el Código Contencioso Administrativo contiene una regla procesal que difiere de los institutos reglados en el proceso civil y comercial, entonces deberá estarse a ella (confr. argumento contrario doctr. causa A 68.914, "Larrauri", sent. de 22-XII-2008).
Impuso las costas en el orden causado atento la ausencia de contradicción (art. 51 inc. 1, segunda parte, CCA, t.o. ley 14.437).
II. Contra dicho pronunciamiento los actores interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal obrante a fs. 64/67 vta.
Básicamente plantea la errónea interpretación y aplicación de los arts. 58 inc. 5 y 77 del Código Contencioso Administrativo y de los arts. 315 y 316 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por ello, piden se revoque la decisión impugnada.
III. El recurso prospera.
Asiste razón a la actora en cuanto plantea la errónea interpretación y aplicación del art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo y por conducto de éste la falta de aplicación del art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial.
Cabe comenzar por recordar la previsión que en este punto contiene el Código Contencioso Administrativo. Así el art. 62 dispone "Caducidad de la instancia. Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se impulsare el curso del proceso dentro de los seis (6) meses salvo en los casos reglados en el Título II de este Código y el caso previsto en el artículo 21, en los cuales el plazo será de tres (3) meses".
Ésta es la única norma del punto que contiene el mentado cuerpo ritual (amén de la que regula el mismo instituto en la segunda instancia -art. 58 inc. 5- y que remite expresamente al CPCC).
Por su parte en el último Título del referido cuerpo legal, en una de las disposiciones complementarias se establece "...art. 77. Aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial. 1. Serán de aplicación al trámite de los procesos administrativos, en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones del presente Código, las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial...".
Ahora bien, la Cámara interpreta que, al existir una norma específica en el Código Contencioso Administrativo, no resultan de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil y Comercial, entre ellas la del art. 315 que dispone la intimación previa al dictado de la resolución que disponga la caducidad de la instancia y, por ello, confirma la perención decretada por la primera instancia.
Entiendo que conforme mi voto en la causa A. 72.324, "Oleaginosa Moreno Hnos.", sentencia de 26-X-2016, esta interpretación resulta claramente "errónea" pues importa extraer una conclusión equivocada de la ley aplicable con gravísimas consecuencias para el proceso.
El art. 77 del Código Contencioso Administrativo cuando dispone la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial no la condiciona a la circunstancia de que el instituto -cualquiera de que se trate- no se encuentre regulado de ningún modo por la mentada norma procesal -tal como interpreta la Cámara- sino, muy por el contrario, establece la supletoriedad "en cuanto no sea incompatible".
La pregunta que cabe responder aquí no es si se encuentra o no regulada la caducidad, para de ese modo desplazar la aplicación de la legislación procesal civil y comercial, sino -más bien- si dicha regulación resulta "incompatible" con la establecida en el Código de la materia. La respuesta que surge de la mera lectura de las normas es que no, que de ningún modo pueden reputarse inconciliables la totalidad de las normas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial con la única dispuesta por la ley 12.008 para la caducidad en la primera instancia (esto es el art. 62, arriba trascripto).
Para así concluir no es necesaria la trascripción de la totalidad de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial que regulan el instituto, basta con reparar que el modo de computar los términos, la legitimación para pedirla, la oportunidad para realizarlo, en contra de quien puede operar, los efectos de la declaración y en lo que aquí interesa la necesidad de la intimación previa a las partes para que manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad útil, no podrían resultar incompatibles pues ninguna previsión al respecto contiene la legislación procesal contencioso administrativa, aspectos estos que deben resolverse necesariamente por aplicación de la normativa supletoria.
Para más, la interpretación aquí propiciada armoniza con la télesis con la que cabe analizar este instituto, pues tal como tiene dicho este Tribunal "La caducidad de la instancia es un arbitrio instituido para sancionar la inacción de los litigantes siempre que se encuentren en el deber de instar el proceso o que no se hallen en la imposibilidad de impulsar el trámite del mismo hacia su fin que es la sentencia [...] y por ello [...] en el juzgamiento de la concurrencia de la existencia de las condiciones para su declaración debe prevalecer una interpretación restrictiva y favorecedora del mantenimiento de la vitalidad del proceso, debido a las consecuencias que dicho instituto produce..." (conf. causa B. 65.907, resol. de 18-V-2011).
Por último cabe destacar, también, que esta Corte, si bien en su instancia originaria e interpretando otras normas -esto es los arts. 20 y 25 de la ley 2.961 por conducto de lo dispuesto en el art. 78 de la ley 12.008, texto según ley 13.101- ya ha dispuesto la aplicación supletoria de la normativa procesal civil ordenando la intimación previa contemplada en el art. 315 (conf. B. 65.907,citada; causa B. 60.818, resol. de 8-VIII-2012, B. 65.287, resol. de 8-X-2014; e.o.).
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, dejar sin efecto la resolución que decretó la caducidad y disponer la continuidad del trámite según su estado (art. 289 del CPCC).
Voto por la afirmativa .
Sin costas en todas las instancias atento la falta de contradicción (conf. art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lazzari, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se deja sin efecto la resolución que decretó la caducidad y se dispone la continuidad del trámite según su estado (art. 289 del CPCC).
Se exime de costas en todas las instancias atento la falta de contradicción (conf. art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia