Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75590
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.590, "Aibal Servicios Agropecuarios S.A. y ot. c/ ARBA s/ Impugnación c/ sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Violini, Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín -en instancia originaria- hizo lugar a la demanda interpuesta, declaró prescriptas las acciones de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para determinar y reclamar a la actora los períodos 2004 y 2005 del impuesto sobre los ingresos brutos y -en consecuencia- anuló la sentencia dictada el día 6 de diciembre de 2016 por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 208/227).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13 de septiembre de 2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 241/242).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 245) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín -en instancia originaria- hizo lugar a la demanda interpuesta, declaró prescriptas las acciones de ARBA para determinar y reclamar a la actora los períodos 2004 y 2005 del impuesto sobre los ingresos brutos y -en consecuencia- anuló la sentencia dictada el día 6 de diciembre de 2016 por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación.
Para así decidir, tuvo en cuenta la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos", sentencia de 16-V-2018.
Aunque en anteriores pronunciamientos había sostenido la constitucionalidad de las normas atinentes a la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el Código Fiscal, reconoció carácter vinculante a la doctrina legal fijada por este Tribunal, con independencia de que ella no sea producto de la reiteración de fallos ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias.
De lo anterior extrajo que el inicio del cómputo, la suspensión y la interrupción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias discutidas deben analizarse de conformidad con lo dispuesto por los arts. 3.956 y 3.986 del Código Civil (vigente durante los hechos de autos).
Sin perjuicio de predicar el carácter anual del impuesto sobre los ingresos brutos, sostuvo que el término prescriptivo quinquenal correspondiente a cada uno de los anticipos involucrados comienza a correr desde la fecha del título de la obligación.
Calculó que el lapso relativo a la posición reclamada más cercana en el tiempo (12/2005) se inició el día 1 de enero de 2006 y que feneció el día 31 de diciembre de 2010, sin que la disposición delegada 251/11 tuviese virtualidad suficiente para suspenderlo, por haberse dictado recién el día 1 de julio de 2011.
Dedujo que tanto dicha obligación como las anteriores debatidas en autos se encuentran prescriptas y que tal conclusión torna inoficioso expedirse sobre los restantes planteos realizados.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal; 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
En primer lugar, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), donde se sentó posición respecto del alcance de la competencia atribuida por la Constitución nacional, confirmando la facultad de las provincias de regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Señala que el art. 2.532 de dicho cuerpo legal convalida expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos y que, respetando esa tesis, el art. 2.560 limita su aplicación a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales.
Puntualiza que el nuevo Código unificado no innova -ni podría hacerlo- en la distribución de competencias prevista por los arts. 75 inc. 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional. Evalúa que tampoco estamos en presencia de una delegación de atribuciones hacia las legislaturas provinciales, sino ante una necesaria precisión que las provincias, representadas en el Congreso por sus senadores, han introducido a las normas mal interpretadas en las causas "Filcrosa" y "Casa Casmma", entre otros fallos.
Considera evidente que si bien el art. 2.532 del Código Civil y Comercial determina que las legislaciones locales podrán regular la prescripción en cuanto al plazo de tributos, con dicha expresión se abarcan todas las cuestiones atinentes a la prescripción, incluido el inicio del cómputo, la suspensión e interrupción, la dispensa, etcétera, no solo la extensión del plazo respectivo.
Más adelante, transcribe el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Estima que la solución allí prevista coordina ciertas cuestiones vinculadas al pago del impuesto sobre los ingresos brutos (naturaleza autodeclarada, existencia de anticipos, etc.) con el carácter anual del tributo y la cantidad de sujetos pasivos a quienes habrá que constreñir al cumplimiento de los deberes formales y materiales. Sostiene que ello justifica, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, que resultan posteriores al cierre del ejercicio y la presentación de la declaración jurada anual.
Indica que, de acuerdo con el citado art. 159 del Código Fiscal, el plazo de prescripción del período más antiguo reclamado en autos (2004) comenzó a correr el día 1 de enero de 2006.
Estima que, con arreglo al art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), la notificación de la disposición determinativa 251/11 suspendió dicho término -y el de los períodos posteriores- hasta noventa días después de que la autoridad de aplicación recibiera las actuaciones en las cuales el Tribunal Fiscal de Apelación resolviera el recurso administrativo presentado. Precisa que este organismo dictó "sentencia" el día 6 de diciembre de 2016, que dicho pronunciamiento fue notificado a la contribuyente quince días después y que el expediente fue devuelto a ARBA el día 2 de marzo de 2017.
Manifiesta que esta causal de suspensión fue establecida en interés del contribuyente, a quien se le permite ejercer su derecho de defensa ante el Tribunal Fiscal de Apelación, sin necesidad de abonar previamente el tributo reclamado y sin que el pago pueda ser exigido tampoco por medio de apremio. Se opone a que tal situación sea utilizada en contra del Estado, vislumbrando un supuesto abandono en el tiempo transcurrido mientras estaba imposibilitado de ejercer su acción.
Interpreta que, cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso la facultad de dictar diferentes códigos, tan solo establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común, que debe respetar la regla de la autonomía de los gobiernos locales en la materia tributaria. Concretamente, afirma que esa norma no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de derecho privado.
En abono de su tesis, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el día 7 de octubre de 2009 y "Sociedad Italiana de Beneficencia" y "Fornaguera Sempé", falladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -respectivamente- los días 17 de noviembre de 2003 y 23 de octubre de 2015.
Concluye que las obligaciones reclamadas no se encuentran prescriptas y que la Cámara erró al aplicar las normas sobre prescripción contenidas en el Código Civil (ley 340).
III. Considero que el recurso no puede prosperar.
Ello así, por cuanto, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757 y "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo, en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. art. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con el criterio del colega que inicia el acuerdo, pues en mi opinión el recurso debe prosperar.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito de lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388, a concluir que el Código Civil (ley 340) no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión (conf. mi voto, causas A. 73.347, "Fisco Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020; A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021 y A. 75.566, "Maycar S.A.", sent. de 28-V-2021).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
I.1. En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e., mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor Juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
I.3. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la colega, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación con la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a Aibal Servicios Agropecuarios S.A. para los períodos fiscales que son objeto de controversia (art. 289, CPCC).
II. Ahora bien, cualquiera sea el nuevo resultado al que se arribe a propósito del reenvío, cobra virtualidad a través del instituto de la apelación adhesiva el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte actora a fs. 94 vta. y siguientes de la demanda, que fuera desplazado por la forma en la que resolvió la Cámara (conf. mi voto, causa A. 75.566, "Maycar S.A.", sent. de 28-V-2021).
Allí cuestiona la validez de la responsabilidad solidaria consagrada en los arts. 21, 24, 63 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2011), por cuya aplicación en autos los señores Javier Ignacio Aristi, Ignacio Martín Aristi, Claudio Juan Burtin, Ernesto Raúl Fernández y la señora María Susana Demichelis se vieron llamados a responder por la deuda fiscal de la firma contribuyente en su condición de integrantes del directorio.
Considera que las normas en cuestión han sido aplicadas erróneamente, de manera objetiva o refleja, prescindiendo de cualquier factor de atribución a título de culpa o dolo. En este sentido, sostiene que los mencionados simplemente han ejercido sus cargos "nominalmente", sin intervención directa en la administración o gobierno de la empresa. Asegura que era el Fisco quien debía probar esto último.
Dice que la legislación local viola la cláusula de la supremacía (art. 31, Const. nac.), en tanto que se aparta de las previsiones de la Ley General de Sociedades 19.550 (conf. arts. 59 y 274) que fija las condiciones subjetivas para responsabilizar patrimonialmente a los administradores o representantes legales, la cual integra el derecho de fondo que le compete dictar exclusivamente al Congreso en virtud del art. 75 inc. 12 de
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