Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5870
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5870-25 caratulada "BOCQUIN LILIANA ESTHER C/ FARIA VALERIA FABIANA Y OTRO/A S/ IMPUGNACION DE TESTAMENTO", Expte. 85.807 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la demanda de nulidad de testamento instaurada por la Sra. Liliana Ester Bocquin. Aplicó las costas a la parte actora y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de la perito hasta que se haya determinado la base para ello.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto el día 21-8-2025 por la parte actora, concedido libremente el 25-8-2025.
Elevados los autos a esta Alzada con fecha 16-10-2025 se ordenó expresar agravios a la parte actora, quien el 26-10-2025 los fundó, cuyo trasladado fuera contestado por el demandado Isidoro Martín Ruiz Moreno el 6-11-2025 y por Valeria Fabiana Faria el 7-11-2025. El 11-11-2025 se dictó el llamamiento de autos, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
En sustento de su crítica recursiva, la parte actora refiere los siguientes puntos de agravio:
1. Agravio por omisión de valoración integral de la prueba sobre la incapacidad del testador. La actora sostiene que la sentencia desatiende evidencia que, por su proximidad temporal al otorgamiento del testamento y al fallecimiento, demostraría un cuadro psicofísico incompatible con “plena lucidez” para testar. En particular, remarca la cercanía entre el acto (23/11/2019) y el deceso (23/12/2019) y la gravedad del estado de salud, apoyándose en la historia clínica y en testimonios que describen deterioro, desorientación y pérdida de memoria inmediata.
2. Agravio por indebida ponderación de la conducta de la heredera testamentaria: la apelante afirma que el a quo omitió considerar que la propia beneficiaria del testamento, al iniciar tras el fallecimiento un reclamo laboral/cablegráfico contra la actora por tareas de cuidado del causante, reconocería tácitamente la imposibilidad de éste de dirigir su persona y sus actos, y que quien asumía ese rol era la actora como pariente cercana. Añade que esa conducta sería además reveladora de mala fe al reclamar a la actora pese a conocer la existencia del testamento a su favor.
3. Agravio por falta de examen crítico del acto notarial y su contexto: la actora cuestiona la verosimilitud del testamento por escritura pública, alegando “graves dudas” sobre quién contactó al escribano, quién gestionó testigos y gastos, y cómo el causante habría expresado autónomamente su voluntad en ese estado. Señala, además, vínculos de dependencia y cercanía de los testigos con la beneficiaria y reputa improbable que el testador pudiera “dictar verbalmente” con claridad y sano juicio, frente a los déficit que describe.
A su turno, el codemandado Isidoro Martín Ruiz Moreno evacua el traslado correspondiente a la apelación. Al respecto, puntualiza que la contestación parte de la premisa de que la sentencia debe confirmarse porque aplicó correctamente la presunción de capacidad (art. 31 CCyC) y porque el causante no tuvo restricciones en vida, de modo que la carga de probar la incapacidad al testar pesaba sobre la actora, sin que ésta lo haya logrado.
En este derrotero, afirma que las testimoniales invocadas por la apelante no son concluyentes y presentan disidencias, mientras que el médico tratante no refirió patología mental y el perito psiquiatra indicó que, con las historias clínicas, no había elementos para dictaminar sobre el estado psíquico en 2018-2019.
Agrega que el reclamo laboral citado es ajeno al escribano y desconocido por él; y que su actuación se ajustó a las reglas profesionales, pues realizó una apreciación directa y prudente de la lucidez y comprensión del otorgante, sin que exista prueba que desvirtúe esa convicción.
Por su parte, la codemandada Faria solicita el rechazo íntegro de la apelación y la confirmación de la sentencia que desestimó la impugnación, por entender que la actora no probó ni la incapacidad mental del testador ni un vicio de voluntad, y que lo contrario implicaría desconocer la última voluntad del causante plasmada en escritura pública.
Sostiene que los agravios sólo reiteran lo ya dicho en la demanda y no constituyen una crítica concreta y razonada, limitándose a disentir con lo resuelto, lo que -afirma- incumple la carga recursiva. Refiere que la prueba producida (fotos, video del cumpleaños de 92 años, testigos y pericias) demuestra que el Sr. Chavero estaba lúcido y orientado al momento de testar, y que el acto se celebró con libertad y discernimiento ante escribano y testigos.
Añade que la pericia psiquiátrica no halló elementos para peritar un deterioro psíquico en 2018-2019 y que el médico tratante no indicó desequilibrio mental o cognitivo, describiéndolo como un paciente que se desenvolvía normalmente.
Finalmente, niega la existencia de maniobras de captación o presiones que anulen la voluntad y pide confirmar el fallo con costas a la apelante.
Entrando a resolver, advierto que la cuestión sometida a revisión versa sobre la validez del testamento otorgado por el Sr. Mario Héctor Chavero. Y, en particular, se debate si el mismo ha sido otorgado con discernimiento suficiente en tanto componente esencial para la voluntariedad del acto.
Estudiada la causa, he de adentrarme en primer término respecto de la noción de la nulidad atinente al acto jurídico testamentario.
Conceptualizo, en tal aspecto, a la nulidad con una naturaleza de sanción legal, a partir de la cual los actos pierden sus efectos propios. Al respecto, Borda la define como "la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente al momento de su celebración" (Cfr autor citado, Parte General, II, nro. 1234).
Esto me lleva necesariamente al abordaje de la autonomía de la voluntad como esencia del acto jurídico. Al respecto, Ortolan señala que "Los actos jurídicos llevan consigo necesariamente la noción de la intención y de la voluntad del hombre: este es el elemento espiritual del acto, mientras que la forma es su vestido exterior y su expresión física. Lo cual prefigura en el derecho privado la función autoreguladorra de la expresión de voluntad" (Cfr Belluscio, Cód. Civil Comentado, T 4).
Siendo los elementos constitutivos del acto la voluntad, (el contenido), el acto (en el sentido de la forma que traduce al mundo exterior la voluntad del sujeto) y la causa, según la definición del autor citado.
Especificando todavía más, aquí el quid normativo de la nulidad pretendida se apoya en el art. 2467 inc. c según el cual "Es nulo el testamento o, en su caso, disposición testamentaria (...) c) por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto".
De manera que la procedencia de la invalidez en este tipo de supuestos queda condicionada a la demostración de dos presupuestos fundamentales: 1) la privación de razón y 2) la subsistencia de dicho estado al momento de testar. Condiciones que, a tenor del propio articulado, integran la carga de la prueba que pesa sobre quien alega dicha causal.
I. Sobre este piso de marcha, y ya ingresando al tratamiento del primer agravio, habré de referir que la actora denunció que la sentencia de grado habría incurrido en una omisión de valoración integral de la prueba atinente a la capacidad del testador, particularmente por no ponderar -según sostiene- la “proximidad temporal” entre el otorgamiento del testamento (23/11/2019) y el fallecimiento (23/12/2019), junto con la gravedad del cuadro orgánico y relatos de desorientación y pérdida de memoria inmediata (con apoyo en historia clínica y testimonios). En su desarrollo recursivo enumera, como datos relevantes, diagnósticos y eventos clínicos próximos al acto (fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, hipertensión, disnea, edema, internaciones, deshidratación severa, vómitos y alta con deterioro general).
Planteado así, el agravio no puede quedar circunscripto a una crítica meramente retórica sobre la “integralidad” de la ponderación, sino que exige verificar si el pronunciamiento omitió efectivamente considerar elementos conducentes y, en su caso, si esa eventual omisión tiene entidad para alterar el resultado, a la luz del estándar probatorio propio de la impugnación por incapacidad al tiempo de testar.
En ese marco, corresponde recordar que el a quo fundó el rechazo de la pretensión, entre otros aspectos, en que la falta de razón debe subsistir al tiempo de testar, no siendo toda enfermedad o alteración de facultades del espíritu suficiente para dar lugar a la nulidad, sino únicamente aquella que prive al sujeto de razón y que el estado de privación debe ser acreditado de modo concreto en el momento del acto (con cita del art. 2467 CCyC). La misma sentencia también destacó que la historia clínica “solo da cuenta de dolencias físicas” y que no contiene referencias específicas sobre lucidez/deslucidez u orientación que permitan asentar un juicio médico retrospectivo con la certeza requerida.
Por su lado, la actora construyó un razonamiento inferencial: a mayor gravedad clínica y cercanía del fallecimiento, mayor probabilidad de incapacidad para comprender y querer. Sin embargo, aún concediendo valor indiciario a esa proximidad, el salto lógico que propone requiere una pieza que enlace lo orgánico con lo psíquico/cognitivo en el preciso tramo temporal del testamento. Y esa pieza -en el material probatorio disponible- aparece debilitada por dos datos objetivos del expediente: por un lado, la pericia médica/psiquiátrica post mortem informó que “no surgen de autos elementos que permitan peritar sobre el estado psíquico del Sr. (…) en el transcurso de los años 2018/2019” ; por el otro, el propio sentenciante destacó que la historia clínica arrimada al proceso no incorpora constancias específicas sobre orientación, memoria, juicio o comprensión al tiempo cercano al acto, lo que limita severamente la posibilidad de convertir la gravedad orgánica en una conclusión jurídica sobre “privación de razón” en el sentido estricto exigido por el art. 2467 CCyC.
Sobre la fuerza probatoria prevalente de la pericia médica psiquiátrica en punto a la determinación de hechos de naturaleza psíquica, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes ha dicho que: "Si la pericia psiquiátrica que mereció el pedido de explicaciones de los justiciables y fuera respondido por el experto, no adolece de errores manifiestos o grave inconsecuencia, ni contradice máximas de experiencia que autoricen a prescindir de sus conclusiones habrá de estarse a sus términos (arts. 473 y 474, CPCC)" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, "Medina, Victor Daniel c/ Gonzalez, Francisco Alberto s/ Daños y Perjuicios", 14/03/2018).
En similar sentido, la Cámara Civil y Comercial de San Martín ha resaltado la primacía de la prueba pericial por sobre la testimonial: "...cabe marcar la prevalente proyección probatoria de la pericia por sobre la prueba testimonial, en cuánto porta la incuestionable garantía de la "imparcialidad" y de la "idoneidad" (arg. arts. 463, 464, y del Cód. Proc.). Es que sin perjuicio de la información que alleguen los testigos, ella conduce al puntual discernimiento de la dinámica de la colisión abordada desde una perspectiva científica..." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, "Sosa Marisa Vilma c/ Carrizo Fernando Ariel y otros s/ Daños y perjuicios", 01/03/2018).
De allí que la proximidad entre el acto y el fallecimiento, por sí sola, no opera como presunción de incapacidad. Como máximo, puede configurar un dato contextual que invita a extremar el análisis, pero no reemplaza la demostración concreta del déficit decisorio al momento de testar. En otras palabras: una enfermedad grave puede coexistir con intervalos de lucidez; y, a la inversa, un deterioro cognitivo puede presentarse sin signos externos evidentes. Justamente por ello el estándar exigido por la norma y la jurisprudencia es riguroso, y la prueba debe concentrarse en el momento del acto (o en un perímetro temporal inmediato con signos claros y consistentes). Eso es lo que recoge la sentencia cuando insiste en que no cualquier alteración basta, sino la que prive de razón y debe acreditarse de modo concreto al tiempo del otorgamiento.
Respecto al estándar probatorio aplicable, este Tribunal ha dicho que: "quien reviste la calidad de demandante afirma que el acto es nulo y por ende le incumbe la prueba de tal afirmación contraria a la presunción legal -art. 375 Cód. Procesal-, y la prueba del estado mental del testador debe ser decisiva, seria y contundente" (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en los autos N°895 caratulados "Sciarra, Fernando J. c/ Eliceche, Marcelo B. y otros s/ Nulidad de testamento (70) ", 4 de Octubre de 2011).
En esta orientación, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil ha dicho que: "Quien pretende la nulidad de un acto jurídico con fundamento en la falta de discernimiento del otorgante, debe demostrar que la persona carecía de aquél en el momento de celebrar el acto que se tacha de nulo (...) Asimismo, la prueba que se produzca a ese fin, debe ser concluyente, insospechada y decisiva, cuestión ésta que queda librada a la apreciación judicial" (Cámara Nacional de Apelaciones Civil, Sala F, "Belmonte, Juan c/ Belmonte, Nives Francisco y otros s/ Nulidad de escritura", 22/10/1996).
En tales coordenadas, y retornando sobre el epicentro de la cuestión, es dable remarcar que, en el plano estrictamente médico-forense, el expediente ofrece una conclusión relevante que debilita el núcleo del agravio: la imposibilidad de emitir un juicio pericial retrospectivo sólido sobre el estado psíquico del causante en 2018/2019. Frente a ese límite, la crítica de la actora, para prosperar, debería exhibir constancias clínicas alternativas -contemporáneas o inmediatamente próximas- que describan desorientación, confusión, deterioro cognitivo, delirium, demencia u otra afección que afecte la comprensión y la voluntad. Pero la sentencia subraya que la historia clínica arrimada “solo da cuenta de dolencias físicas” y carece de registros específicos sobre lucidez/deslucidez.
En este punto conviene precisar el alcance de esa constatación: no significa negar que el causante estuviera grave o debilitado (dato que la propia actora enfatiza), sino asumir que la documentación médica disponible no aporta, con la densidad informativa requerida, el elemento cualitativo decisivo: la alteración psíquica/cognitiva privativa de razón al tiempo de testar. Si ello no emerge de la pericia y tampoco aparece asentado en la historia clínica, el tribunal queda necesariamente remitido a la prueba de otros órdenes (principalmente la testimonial del entorno y, con especial prudencia, la vinculada al mismo acto notarial).
Transitando a otro segmento del plexo probatorio, la actora afirma que existen testimonios que describen deterioro, desorientación y pérdida de memoria inmediata próximos al otorgamiento.
Frente a lo expuesto, corresponde entonces revisar el rendimiento concreto de ese tipo de prueba, especialmente en dos dimensiones: (a) la precisión temporal (qué tan cerca del 23/11/2019 se ubican las observaciones del testigo), y (b) la entidad del déficit narrado (si se trata de olvidos compatibles con la vida cotidiana de un adulto mayor o de signos que comprometen la aptitud de comprender la naturaleza del testamento).
Un ejemplo útil para medir esos parámetros es la declaración testimonial del Sr. Saccani prestada en fecha 4/10/2023. Allí se alude a que el causante necesitaba recordatorios para concurrir a firmar la “fe de vida”, porque “se colgaba” u olvidaba, y que se lo notaba “muy deteriorado físicamente”. Sin embargo, aún tomando el relato en su máxima extensión, se advierten límites: la referencia aparece asociada a gestiones rutinarias (ir a firmar), no a la comprensión de un acto de última voluntad; y, principalmente, no se individualiza con nitidez la fecha o el período exacto de esas observaciones en relación con el 23/11/2019. Ese déficit de anclaje temporal reduce el poder demostrativo para acreditar “privación de razón” al momento del testamento, que es -según la propia sentencia- el punto decisivo.
A la par, el a quo ponderó como relevante la declaración del médico tratante Dr. Gazzul otorgada en fecha 4/10/2023, a quien atribuyó particular valor por su contacto profesional con el causante, señalando que el de cujus “estaba en condiciones de otorgar el acto porque sabía lo que estaba haciendo, siendo plenamente consciente”. Sin perjuicio de que todo testimonio es revisable, lo cierto es que, en términos de sana crítica, un testimonio médico contemporáneo sobre conciencia y comprensión tiene aptitud para contrapesar relatos generales de olvidos o “desorientaciones” no fechadas con precisión, más aún cuando la pericia post mortem no pudo reconstruir el estado psíquico con base científica suficiente.
Es dable referir en este aspecto que en los litigios sobre capacidad para testar, la prueba que mayor aptitud tiene para acercarse al “momento del acto” es la que se refiere a lo ocurrido ese mismo día: quién lo acompañó, cómo se desenvolvió, si comprendió la lectura, si pudo expresar su voluntad, si hubo coherencia mínima entre pregunta-respuesta, etc. En ese sentido, obran elementos que la sentencia (y, en general, el proceso) valoran como indicios de actuación consciente y finalista.
Así, la testigo Bissoni -convocada al acto- refirió en fecha 4/10/2023 que “primero hicieron pasar solo a Mario” y luego, al ingresar los testigos, “se les leyó que Mario dejaba sus bienes a Valeria, que era su deseo”. Este tipo de relato, aún sin constituir un examen clínico, se ubica en el núcleo temporal relevante y describe una secuencia compatible con la expresión de una voluntad determinada y con la comprensión mínima del contenido que se le lee en presencia de testigos.
En igual línea, el propio escribano demandado sostuvo que el causante “expresó claramente cuál era su voluntad”, que el instrumento fue redactado conforme esas instrucciones, que “dio lectura” al testamento y que “todo sucedió en un mismo acto, sin interrupción alguna”. Más allá de que se trata de una parte interesada (y ello exige cautela), su descripción coincide con el esquema formal del testamento por acto público y con la lógica de que, si en e
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