Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-114495822-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto intereses resarcitorios y multa, reduciendo estas últimas al mínimo legal, con costas a excepción de la parte que se reduce las que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-144891089-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Diciembre de 2023 El Expte. EX-2022-114495822- -APN-SGAI#TFN, caratulado: “INBER S.R.L. s/ Recurso de Apelación” a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallon (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), Jose Luis Perez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2022-114484022-APN-SGAI#TFN, RE-2022-114504090-APN-SGAI#TFN y RE-2022-
114509490-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° AFIP- DGI2022-139-E-AFIP-DVR SAL, AFIP – DGI 2022-140-E-AFIP-DVR SAL y AFIP-DGI 2022-141-E-AFIP- DVR SAL todas de fecha 30 de septiembre de 2022, dictadas por la División Revisión y recursos – Dirección Regional de Salta, AFIP.
Mediante la primera de ellas se determina el impuesto a las Ganancias, por el ejercicio fiscal 2016, estableciendo el impuesto a pagar a favor del AFIP en $1.362.415,41 con más intereses resarcitorios por $2.987.636,21 y una multa de $4.087.246,23 en los términos de los artículos 46, y 47 incisos a) y b) de la Ley Nº 11.683, equivalente a tres veces el importe del gravamen dejado de ingresar.
Por otro lado, la segunda de ellas determina el impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas, correspondiente a los períodos fiscales 2016 y 2017 estableciendo el impuesto a pagar a favor de la AFIP en $2.936.868,43 con más intereses resarcitorios por $6.618.677,64 y le aplica una multa de $2.055.675,55, de acuerdo a lo establecido en los artículos 46, y 47 incisos a) y b) de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1988 y sus modificaciones), equivalente a tres veces el importe del gravamen dejado de ingresar en el período fiscal 2016. Por último, la resolución relativa al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscal de 08/2016 a 10/2016, por la disminución del saldo de libre disponibilidad por la suma de $821.001,12.
La actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, manifiesta que como consecuencia de la fiscalización llevada a cabo en el domicilio de la Sociedad “Inber S.R.L”, mediante orden de intervención debidamente notificada al domicilio de la misma, se observaron créditos fiscales supuestamente improcedentes, ascendiendo la diferencia total según fiscalización a $3.909.533,90, conformándose tal diferencia por facturas emitidas por los proveedores José Ricardo Fernández y Mario Luciano Gómez.
A su juicio, las impugnaciones en cuestión se basan en una insuficiente labor de investigación fiscal, que tomó como punto esencial la supuesta incapacidad económica y financiera de dos proveedores de servicios. Considera que dicha investigación fue parcial y sesgada, toda vez que se arribó a la apresurada conclusión, de que la facturación emitida por esos dos proveedores no se corresponderían con la efectiva realización de las operaciones. Añade que los servicios cuestionados (excavaciones y movimientos de suelos en cantidades de varios miles de metros cúbicos y carga; aproximadamente 800.000 m3 de suelo movilizado) se corresponden con las máquinas retroexcavadoras -individualizadas con su marca y número- y con los camiones cargadores (con similares individualizaciones) utilizados en la prestación real y efectiva de los servicios facturados. Detalla que tal como expresó en el escrito de descargo presentado ante la AFIP, la contratación con SULLAIR S.A (propietaria a su vez de la obra de energía en CAIMANCITO, Jujuy), entre otras cosas, permite apreciar la razonabilidad de las provisiones de los equipos utilizados para una obra de la dimensión de la que se trata, lo que convalidaría totalmente la realidad del negocio.
Alega que se han ignorado los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (causas “ADM Argentina S.A”, del 10/03/2015 y “Molinos Río de la Plata S.A”, del 25/08/2015), los cuales respecto a las facturas apócrifas, dieron lugar a una nueva revisión de los casos planteados judicialmente. Ello así, agrega que en el mismo sentido se expidió la Corte a través de la conocida causa “Bildown” poniendo en su adecuado camino la enorme trascendencia del valor probatorio del circuito económico al momento de impugnarse los créditos fiscales por parte de la AFIP, permitiendo desvirtuar el ajuste fiscal, en aquellos casos donde el contribuyente haya probado mediante prueba documental, informativa y/o pericial la realidad económica de las operaciones.
Sostiene que se da una situación similar en este caso, es decir Inber aportó ante la AFIP prueba documental, ofreció prueba informativa y pericial, las cuales fueron en su totalidad avaladas, principalmente por la perito interviniente.
Señala que en la causa “VZ BATH & BODY S.A” la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones, de fecha 8 de junio de 2022 dejó sin efecto la pretensión del Fisco Nacional en los tres gravámenes. Para resolver así fue clave la prueba documental presentada por la firma en las actuaciones administrativas mencionadas anteriormente y la prueba pericial contable. Adicionalmente, en el expediente quedó acreditado, de manera expresa e indubitable, la existencia y concreción de los trabajos de refacción llevados a cabo.
En cuanto al presente caso, la actora manifiesta que se ha aportado ante la AFIP en su respectivo momento procedimental, la constancia de la inclusión en base APOC de los proveedores Fernández y Gómez y que la misma resultó realizada y publicada dos años después de la fecha de las operaciones con Inber S.R.L. con tales proveedores. Ello así, se agravia que no podía la firma conocer la situación de estos proveedores como “no confiables” y adoptar las precauciones del caso. Otro aspecto que no se tuvo en cuenta y entiende que hace a la debida diligencia de la empresa, es la posesión del C.A.E (código de autorización electrónico) en punto a lo que podía constatar respecto a la facturación recibida, y más aún, los proveedores utilizaron una clave fiscal para emitir las facturas en cuestión.
En cuanto a los proveedores, afirma que José Ricardo Fernández y Mario Luciano Gómez, son personas existentes, reales y no simuladas, y que no hay prueba alguna de parte del fisco que no hayan cumplido con la provisión de las máquinas y equipos cuyos alquileres facturaron, que dichas personas tuvieran un conjunto de falencias para con sus propias y personales obligaciones frente al fisco, no es una cuestión que pueda endosarse a la contribuyente, pues no es su función constituirse en custodio de la operación en el mercado de gente que trabaja y emite facturación en regla.
Por otra parte, se agravia de las observaciones que se formulan sobre determinados cheques emitidos en pago a proveedores. En primer lugar, señala que el uso de cheques al portador no tiene prohibición legal alguna y que constituyen medios legítimos de pago, no habiendo prohibición respecto al cambio de “cheques” por dinero en efectivo, lo que puede corresponder a la necesidad del proveedor-receptor del instrumento para, a su vez, efectuar pagos menores. En segundo lugar, añade que tampoco está prohibido el endoso de cheques, siendo que en su entendimiento razonable, el ingreso al Banco librado y su débito en la cuenta habilitada al efecto es una prueba más que suficiente de la veracidad de la erogación que mal puede calificarse como una salida no documentada. Resalta que de la labor realizada para probar la efectiva realización de las operaciones observadas y del cumplimiento de las exigencias fiscales respecto de las facturas surge que los proveedores existen, que la facturación de los mismos estuvo en regla, que firmaron los recibos correspondientes como elementos de control interno, que los mismos fueron exhibidos a la inspección sin que se hiciere objeción alguna y que los volúmenes de compras a los sujetos involucrados guardan relación de razonabilidad con el total de compras de la Sociedad a la fecha de las operaciones con los mismos.
En síntesis, alega que la Administración Fiscal en su labor de fiscalización constató: la correspondencia de las facturas recibidas con los registros contables de la contribuyente, que los importes registrados fueron incorporados en la declaración jurada presentada oportunamente, sin que existan contradicciones entre registraciones contables, documentación respaldatoria y la declaración jurada presentada, que los proveedores a la fecha de la operatoria no estaban incluidos en la base de datos de proveedores no confiables para AFIP , que la impresión de facturas fue hecha de forma electrónica con autorización del fisco, que los proveedores estaban activos y que los proveedores admitieron que sus facturas fueron canceladas y que otorgaron recibos de los pagos, que la empresa les puso a disposición.
En cuanto a las multas aplicadas, la contribuyente afirma que la calificación de conducta defraudatoria en los términos del art. 46 de la Ley 11.683, y su graduación, con más el agregado del art. 47 (uso de presunciones) no resultan serias en tanto se apoyan esencialmente en los “indicios”.
Añade que en el presente caso se ha constatado la autorización para la emisión de facturas electrónicas por los proveedores y que se les ha otorgado la Clave Fiscal (luego de una revisión de su situación fiscal por parte de AFIP) y ambas han permitido a la contribuyente considerarlas válidas, si las ha pagado con cheques (cuya trazabilidad demuestra que entre la emisión de ellos, su entrega a los proveedores, hubo una cadena de endosos totalmente ajenas a la actora y, finalmente fueron debitados en la cuenta bancaria de ella) entiende que queda diáfano el proceder diligente y probado, lo que impide que exista dolo alguno.
Que entiende que la contribuyente pudo haber sido inducida a error por haber confiado (luego de todos los controles realizados) en los proveedores, máxime si los servicios fueron efectivamente prestados o, si como no lo reconoce el fisco a pesar de la dimensión de los servicios en una obra de tamaña envergadura, el conjunto de elementos probatorios demuestran cuanto menos conformar indicios serios, precisos y concordantes, que tales prestaciones existieron. En el caso, subsidiariamente plantea la aplicación del error excusable. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Así, expresa que se tengan por solicitadas, de entenderlas conducentes, las medidas de mejor proveer en procura de alcanzar la verdad material, en especial la eventual ampliación de la pericia contable y la citación de concurrencia de los proveedores en cuestión (en la agencia Jujuy de AFIP) para prestar declaración bajo juramento de decir verdad. Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia revocando las resoluciones recurridas, con costas II. Que mediante IF-2022-127425337-APN-DTD#JGM, IF-2022-127336350-APN-DTD#JGM e IF-2022-
128663718-APN-DTD#JGM contesta la representación fiscal los traslados conferidos, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que, en consecuencia, se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
En primer lugar, refiere a los antecedentes de hecho y de derecho que llevaron al dictado de la resoluciones venidas en recurso, afirmando que luego de una minuciosa investigación, impugnó las operaciones juradas de la actora en virtud de las facturas registradas por la contribuyente como emitidas por los proveedores: Fernández, Ricardo José y Gómez, Mario Luciano. Ello, en virtud de considerar que la facturación era apócrifa. Señala que los indicios que llevaron a descalificar esa facturación pueden sintetizarse en: Proveedores calificados como “presta nombre” y “sin capacidad económica y financiera”; actividad distinta a los servicios facturados; no son titulares de los bienes registrables (maquinarias o camiones batea) que dicen alquilar a la contribuyente; facturan alquiler de maquinarias “con operarios” pero no tienen ningún empleado en relación de dependencia; las supuestas maquinarias adquiridas por el proveedor son de marca “IRON” mientras que las facturadas son marca “KOMATSU”; desconocimiento por parte del mismo proveedor de la facturación cuestionada y que los recibos por los pagos eran firmados por personas que no están declaradas como empleados de los proveedores. Alega que luego de analizar las defensas ensayadas por la actora en la vista corrida, el Juez Administrativo llegó a la conclusión que las mismas no resultaban idóneas para revertir los cargos imputados, por lo que procedió al dictado de los actos que aquí se cuestionan.
Afirma que la recurrente no explica ni prueba cómo han hecho los proveedores cuestionados para llevar a cabo los servicios que se encuentran expresados en la facturación tildada de apócrifa.
Ante tal circunstancia, expresa que en primer lugar el fisco tiene la prueba de una serie de indicios graves, precisos y concordantes con entidad para poner en duda la facturación. Y entiende que así lo ha hecho en las presentes actuaciones. Ante tal acreditación, la carga probatoria se desplaza hacia la contribuyente, quien debe probar la efectiva realización de las operaciones reflejadas en la facturación cuestionada, cosa que no ha logrado la actora mediante sus alegatos, mucho menos se concentra en probar la materialidad del negocio que intenta plasmar en las facturas.
Con respecto a los agravios sobre la falta de mérito de la prueba producida, señala que la misma fue correctamente sopesada por la División actuante y que la falta de admisión de sus defensas no puede constituirse en un agravio válido puesto que el ente fiscal ha efectuado un análisis consciente y pormenorizado de las probanzas y su suficiencia para revertir el ajuste de marras.
Menciona que como contrapartida de dicha compilación de indicios graves, precisos y concordantes, la actora no desarrolla más agravio que la reedición de los argumentos vertidos al contestar la vista (los cuales, entiende que han sido contundentemente superados por los fundamentos de los actos recurridos), la crítica aislada de algunos de los indicios colectados por el Fisco o la invocación de la “realidad económica” o la “verdad material”, no logran enervar el ajuste puesto que la jurisprudencia requiere la acreditación en el plano material de las operaciones que se encuentran en la facturación cuestionada.
Entiende que resulta necesario apreciar el elenco probatorio en su conjunto dado que existen hechos en la causa con aptitud suficiente para demostrar el carácter apócrifo de la facturación, Y, a su juicio, tal elenco probatorio (indicios graves, precisos y concordantes colectados por la fiscalización) sumado al escaso desarrollo argumental y probatorio de la actora conlleva, sin hesitación alguna, a la confirmación del ajuste de autos. Manifiesta que el crédito fiscal debe tener origen en operaciones verídicas, lo que a su juicio, no ocurre en el caso de autos.
Añade que la exigencia probatoria a la actora no consiste en más que en acreditar la operatoria comercial, tarea para nada complicada cuando se está en presencia de operaciones reales. Al Fisco, por el contrario, se le exige la reunión de indicios graves, serios y concordantes para atacar como apócrifos a los comprobantes respaldatorios de operaciones inverosímiles.
Sostiene que la representación fiscal no pretende que la contribuyente deba investigar sobre la situación fiscal de sus proveedores. Simplemente debe acreditar que la operación se realizó, no sólo en el ámbito formal del instrumento sino materialmente y que no basta con la afirmación que desliza la recurrente en la página 7 del recurso acerca de que los proveedores “son personas existentes, reales y no simuladas” dado que hace una década la CSJN ha entendido que: “ la mera localización de quienes emitieron las facturas no excluye la aplicación del Impuesto a las Salidas No Documentadas (art. 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias), toda vez que esa circunstancia no significa que aquéllos fueran los verdaderos beneficiarios de las erogaciones realizadas, ni cual fuera la verdadera causa de la obligación. Cita jurisprudencia.
Plantea que tampoco puede tener asidero la defensa que hace hincapié en el cumplimiento de los requisitos formales de la facturación puesto que ello no tiene entidad per se para demostrar que la misma responde a una operación que tuvo lugar en la realidad fáctica.
Respecto a los intereses resarcitorios, si bien la actora no expresa agravios, advierte que los mismos se encuentran liquidados conforme a la normativa vigente, es decir el art. 37 de la Ley 11.683 y que el estado de mora constituido por el incumplimiento material de la obligación produce, entre otros efectos, la obligación accesoria de pagar intereses. En el régimen previsto por la ley de procedimiento tributario, la constitución en mora se produce en forma automática, es decir, por el sólo vencimiento de los plazos para el pago y sin la necesidad de requerimiento previo por parte del Fisco.
En cuanto a la procedencia de las sanciones aplicadas, afirma que la actora sugiere que el Fisco está aplicando la misma presunción para determinar de oficio y para aplicar sanciones y entiende que ello no es así ya que no nos hallamos en autos ante una determinación de oficio sobre base presunta o estimación (para utilizar el término de la ley 11.683).
Que sin perjuicio de que se han utilizado indicios serios, graves y concordantes para calificar a la facturación como apócrifa destaca que los montos evadidos han sido determinados sobre base cierta, es decir, conociendo la cuantificación exacta de la base imponible.
Afirma que luego de una abundante actividad fiscalizadora, se llegó a la conclusión que la actora respaldó sus registraciones con documentación apócrifa, esto sin dudas, entiende que tiene entidad para activar las presunciones previstas en el art. 47 de la Ley 11.683. Por ello, considera que la actora es quien debe acreditar y no simplemente manifestar la ausencia de dolo una vez probados los hechos que activan la presunción en su contra.
Manifiesta que la actora no puede pretender que el Fisco dé plena prueba de la intención dolosa. En primer lugar, porque la misma sería una diabólica probatio, atento que sólo está presente en el fuero interno de la contribuyente. La Ley -dice- advierte este impedimento y es por ello que dota al Fisco de presunciones que, una vez acreditadas permiten inferir (salvo prueba en contrario) que el accionar ha sido doloso.
Afirma que acreditados los presupuestos de hecho que activan las presunciones dolosas del art. 47 debe la contribuyente acreditar la falta de dolo o la excusa absolutoria (lo que no logra la apelante en las presentes actuaciones).
Manifiesta que si bien la actora no efectúa agravio alguno al respecto, agrega que a efectos de reglamentar el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modif.) la AFIP-DGI procedió a dictar la Resolución General N° 893/00, que prescribe que el ingreso del impuesto en cuestión debe efectuarse dentro de los quince días hábiles administrativos de producida la erogación o salida no documentada.
Que el artículo 2 del Anexo I de la citada Resolución General indica los números de formularios o “volantes de pago” a utilizar por distintos contribuyentes o responsables. Por lo que entiende que lo dispuesto por el art. 15 de la ley de rito no hace otra cosa que equiparar, en lo que hace a la forma de determinación e ingreso, el instituto de las salidas no documentadas con cualquier otro impuesto; por lo que ante el incumplimiento de pago se debe actuar tal como se lo hace respecto de otro tributo (esto es, debiendo analizarse la actitud asumida por el contribuyente, sea que haya actuado con culpa o con dolo, según se observe en cada caso en particular). Acompaña los antecedentes administrativos, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. Que mediante PV-2023-117316247-APN-VOCV#TFN el Tribunal hace saber a las partes que la causa se resolverá con las constancias de autos y de las actuaciones administrativas, quedando conclusa para definitiva IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-130928433-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-140919967-APN-VOCV#TFN los llama para sentencia.
V. De los antecedentes administrativos y las resoluciones apeladas surge que la contribuyente es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida el 08/08/2008, comprendiendo su objeto social las siguientes actividades: Inmobiliaria, Constructora, Arquitectura e Ingeniería. Los socios que la integran son Rodrigo Insausti DNI 22.583.477 y Néstor Marino Berardi DNI 16.637.647, siendo el gerente titular el Sr. Héctor Ángel Merlo DNI 20.455.333.
Que el presente caso tiene su origen en las tareas desarrolladas por el Organismo Recaudador a través de las cuales la firma INBER S.R.L fue informada como usuaria de facturas de un proveedor incluido en la base de contribuyentes no confiables (José Ricardo Fernández CUIT N° 2160990784). Asimismo, del análisis posterior surgió que además habría computado en su crédito fiscal el generado por otro proveedor incluido en la base de contribuyentes no confiables, Gómez Mario Luciano (CUIT N° 23123767659).
En primer término y en relación a los proveedores señalados, la fiscalizada INBER SRL, aportó copias de los registros IVA Compras, los mayores analíticos y asientos del libro diario, en los cuáles han sido registradas las supuestas facturas emitidas por estos proveedores cuestionados.
Se evidencia que la actora proporcionó las facturas cuestionadas y su registración. Sin embargo, no arrimó mayores datos que permitan establecer la trazabilidad entre la documentación citada y las supuestas operaciones, tal como le fuera requerido en forma detallada a fin de comprobar la veracidad de tales operaciones Respecto al proveedor Fernández, la fiscalización manifiesta que mediante la O.I. N° 1674043, concluyó que se trata de un proveedor no confiable por su condición de “Presta nombre”, y “Sin capacidad económica y financiera”, habiendo concluido respecto del mismo que, “si bien el contribuyente existe y posee un taller de herrería, desconoció casi la totalidad de las facturas electrónicas emitidas, y lo que es más importante, no cuenta con la capacidad económica para llevar adelante las actividades emergentes de esta facturación, dado que: a) las facturas involucradas precisan conceptos que nada tienen que ver con la actividad que desarrolla el Sr.
Fernández y actividades que ni siquiera pueden ser asumidas, por cuanto no posee maquinarias y/o bienes de uso que permitan el desarrollo de estas actividades, ni declara empleados, ni denota capacidad económica; b) las únicas facturas electrónicas emitidas que precisan trabajos de herrería son las que precisó el Sr. Fernández de Contexnoa y de Dinarco y serían estas las únicas facturas que efectivamente le corresponden; c) pese a lo expresado en el apartado precedente, no resulta posible cuantificar los débitos provenientes del servicio de herrería que prestó este sujeto, dado que no aportó ningún tipo de registro, y atento que manifestó que en su mayoría son trabajos de tipo doméstico por los que evidentemente no emitió factura; d) del único consumo relevante informado por la Compañía telefónica surge que ante esta empresa se caracterizó como monotributista; e) sólo posee tres meses informados de consumo de tarjeta de crédito y los montos no son elevados; f) no posee bienes inmuebles; g) desconoció casi la totalidad de las facturas electrónicas que se le atribuyen; g) no registra pagos al Fisco pese a que sus DDJJ de IVA arrojan saldo a favor del organismo; h) el monto de ingresos facturados no se coindice con las condiciones de precariedad de su vivienda, ni con sus consumos; i) si bien tiene acreditaciones bancarias, no guardan correlato con la facturación electrónica emitida, resultando que las acreditaciones representan aproximadamente el 50% de su facturación; j) existe un reconocimiento por parte del Sr.
Fernández José Ricardo de haberle prestado su nombre al Sr. Marcelo Maroto Javier – DNI 14819797 – CUIT 20-14819797-1, quien sería el responsable; k) surge de las circularizaciones efectuadas a proveedores, que en las operaciones más importantes, se señala como contacto y persona responsable al Sr. Marcelo Maroto Javier, siendo oportuno destacar que en el caso de la firma INBER (proveedor y usuario de las facturas electrónicas), informa que el contacto era Maroto; l) existen además sociedades creadas y controladas por este Sr. Marcelo Maroto Javier y su familia, las que fueron o son creadas en esta maniobra.
Se detalla que tales facturas supuestamente emitidas por Fernández, corresponden al alquiler de maquinarias (con y sin operarios), las cuáles además de haber sido desconocidas por el propio Fernández, y conforme la consulta efectuada a las bases de datos de la Administración, no pueden resultar verosímiles por cuanto el Señor Fernández, solo posee en el ejercicio fiscal 2016, dos (02) automotores a saber: PHE 385 – Peugeot 308 Feline 1.6 HDI SEDAN 5 PUERTAS ; AA264JJ – Peugeot 308 Feline 1.6 HDI SEDAN 5 PUERTAS, los cuales por sus características corresponden a automotores, y no a las maquinarias (excavadoras; retroexcavadores; camiones bateas) como se describen en las facturas cuestionadas.
Además se destaca que algunas de las facturas cuestionadas de FERNÁNDEZ, incluye el alquiler de maquinarias “con operarios”. Sin embargo de la consulta efectuada a las bases de datos de la Administración, el mismo no tiene registrado ningún empleado en relación de dependencia.
Afirma que si bien la parte actora intenta acreditar con copias de facturas de compras que habría efectuado FERNANDEZ de maquinarias a la firma IRON GROUP ARGENTINA S.A., no se condicen con el tipo de maquinaria que figura en las facturas cuestionadas aportadas por la fiscalizada, las cuales detallan el alquiler de “excavadoras” marca “KOMATSU” y de camiones “batea”; por lo tanto lo aportado por la fiscalizada no contribuye a probar que Fernández poseía las maquinarias que describen las facturas cuestionadas. En cuanto al proveedor GOMEZ, la fiscalización practicada por la Administración (OI N° 1527461) concluyó que el mismo no posee capacidad económica, dado que: no posee bienes registrables, no obstante declarar diversas actividades, entre ellas transporte de cargas; Presentó DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2015 en cero; en los períodos fiscales 2015 y 2016 posee relación débito/crédito fiscal IVA menor a 1; efectuó pagos poco significativos conforme volúmenes de ventas facturadas; no posee personal en relación de dependencia desde su inscripción, no obstante declarar actividades diversas de prestaciones de servicios y ventas; no posee acreditaciones bancarias, no obstante haber facturado montos significativos; no pudo cerrarse el circuito de pago de los cobros informados por sus usuarias; los clientes circularizados poseen domicilios fiscales distantes del domicilio de emisión de las facturas; las firmas correspondientes a endosos de cheques del Sr. Gómez Mario Luciano difieren entre sí.
Se destaca que no obstante, las supuestas facturas emitidas por Gómez, en su mayoría corresponden al alquiler de “bateas”, las cuales corresponden a camiones bateas según surge de las declaraciones testimoniales (incorporadas en las actuaciones administrativas), de la consulta a las bases de datos de la Administración, el Señor Gómez, no registra bienes muebles registrables (automotores ni maquinarias agrícolas) en el período fiscal auditado. Vinculado a los proveedores con los cuáles Inber SRL, habría contratado la locación de las maquinarias y/o camiones, la propia fiscalizada señala a Huespe, José Luis – CUIT N° 20-28646456-5. Respecto al mismo, y conforme a la consulta efectuada a las bases de datos de la Administración, este contribuyente posee numerosos bienes automotores, incluidos camiones y tractores, señalando que las facturas emitidas por el mismo no han sido cuestionadas por la Administración.
Que por lo tanto, -dice- la afirmación de que la aplicación del principio de la realidad económica, basado en que la impugnación de las facturas cuestionadas, haría que la obra efectuada por Inber no tenga costos y gastos, ni créditos fiscales originados por el alquiler de maquinarias, resulta falaz.
Que la actora en su defensa arguye que aportó los recibos y detalle de los cheques correspondientes a los supuestos pagos, asimismo señala que por los pagos efectuados a FERNANDEZ, los recibos eran firmados por su responsable comercial Señor Marcelo Javier MAROTO – CUIT N° 20-14819797-1; y por los pagos efectuados a GOMEZ, los recibos eran firmados por su responsable comercial Señor Matías Ezequiel CLAPIER – CUIT N° 23-36225334-9.
De la consulta efectuada las bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, surge que tanto los Señores MAROTO como CLAPIER, no fueron declarados como empleados en relación de dependencia por ninguno de los supuestos proveedores.
También se destaca que, el Señor CLAPIER, ha sido incluido en base de contribuyente “no confiables”, por falta de capacidad económica y financiera desde el 22/11/2018 según la fiscalización efectuada bajo la OI N° 1716882. Por lo tanto, la Administración concluye que de los señores MAROTO como CLAPIER, no se evidencian vinculaciones formales con los supuestos proveedores de INBER SRL.
Corresponde reseñar que en las declaraciones testimoniales que constan en las actuaciones administrativas, los testigos si bien hicieron referencia a que INBER SRL, durante la obra ejecutada durante el ejercicio 2016 con la firma SULLAIR ARGENTINA por la construcción de una central termo eléctrica en el Caimancito (Ledesma), tuvo que alquilar algunas maquinarias, tales manifestaciones solo hacen referencia a que algunas maquinarias y/o camiones bateas fueron alquiladas a un tal FERNANDEZ y HUESPE. En ninguna de las declaraciones testimoniales mencionan a GOMEZ.
Adicionalmente en las declaraciones testimoniales, surge que la fiscalizada llevaba en la obra un registro de las maquinarias afectadas a la obra del Caimancito, los cuáles podrían haberse aportado a fin de informar los números de dominio, que corroboren la titularidad de las maquinarias que dice haber alquilado a FERNANDEZ y GOMEZ, situación que no aconteció en las presentes actuaciones, a pesar de habérsele requerido a la fiscalizada que aporte datos precisos a fin de demostrar la existencia de las supuestas locaciones efectuadas a los nombrados. De la pericia celebrada en sede administrativa surge en el punto (5) que, “… la empresa ha puesto a mi disposición la documentación de respaldo del alquiler de los equipos en cuestión, durante el ejercicio 2016 para la Obra en Caimancito. En particular, he examinado los Partes Diarios Individuales, a través de los cuales quedó registrada la utilización de los equipos alquilados. En efecto, dichos Partes, individualizan por fecha el equipo utilizado, identificando la máquina (….)”. No obstante, la fiscalizada INBER SRL, no aportó dicha información precisa, que hubiera permitido corroborar la supuesta titularidad de las maquinas que dice haber alquilado a FERNANDEZ y GOMEZ.
La Administración destaca que otro de los ítems de la pericial contable, hace referencia a los pagos de las supuestas facturas. Allí señala que la trazabilidad de los pagos, “está dada por la emisión y verificación de su posterior débito en la cuenta corriente de la empresa”. Sin embargo concluye que este cotejo es insuficiente para probar que los reales beneficiarios de los pagos efectuados, fueron los proveedores (FERNANDEZ y GOMEZ), por cuanto ha quedado demostrado que los verdaderos beneficiarios de los pagos, son terceros ajenos a las supuestas operaciones de alquiler de maquinarias.
VI. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si las resoluciones apeladas se ajustan o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio. Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Es decir, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que, la constancia de la inclusión de los proveedores Fernández y Gómez y que tal inclusión de los mismos resultó realizada y publicada dos años después de la fecha de las operaciones con Inber S.R.L. con los mismos y que la trazabilidad de los pagos, “está dada por la emisión y verificación de su posterior débito en la cuenta corriente de la empresa”, ya que, en primer lugar la inclusión de los sujetos en la base de proveedores apócrifos surge como consecuencia de diversas fiscalizaciones que necesariamente abarcaban periodos anteriores y en segundo lugar, el cotejo respecto a la trazabilidad de pagos es insuficiente para probar que los reales beneficiarios de los pagos efectuados, fueron los proveedores impugnados dado que se ha demostrado que los verdaderos beneficiarios de los pagos, son terceros ajenos a las supuestas operaciones de alquiler de maquinarias.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Asimismo cabe dejar sentado que la recurrente debió haber probado la capacidad productiva -patrimonial y operativa- de los proveedores involucrados, como ser documentación suficiente que acredite la titularidad y/o alquiler de maquinarias y herramientas para realizar tareas, circunstancia que no aconteció. Tal como se dijo en esta instancia no ha ofrecido ni producido prueba, y la aportada en instancia administrativa no logra acreditar tales extremos.
En efecto, y en relación a los servicios y existencia de la maquinaria, no puede perderse de vista que la pericial contable que luce a fs. 476/480 de las actuaciones administrativas no constituye prueba idónea para demostrar que existió efectivamente, y que la misma era necesaria para la obra en cuestión, lo que requería otro tipo de probanza. El análisis del profesional radica en un análisis de los asientos contables y documentación formal que no llega a demostrar ni la efectiva prestación de los servicios ni la verdadera utilización de las maquinarias y la capacidad económica y operativa de los proveedores cuestionados.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”
Que, esta posicón se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del. contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados por cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, relativo a las multas aplicadas en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a las ganancias salidas no documentadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 46, y 47 incisos a) y b) de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1988 y sus modificaciones).
En primer lugar, concretamente respecto de la multa impuesta en el Impuesto a las Ganancias – salidas no documentadas, cabe señalar que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido recientemente tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla. Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben serían pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, cabe entonces analizar si las multas aplicadas en las resoluciones apeladas en autos, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la Ley 11.683, se ajustan a derecho.
Que cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Que atento lo expuesto voto por confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto intereses resarcitorios y multa, reduciendo estas últimas al mínimo legal, con costas a excepción de la parte que se reduce las que se imponen por su orden. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pérez, debiendo dejar aclarado que, a diferencia de otros supuestos en los que he votado por la revocación de la imputación defraudatoria, entiendo que en el presente caso dicha imputación no se basa en la falta de presentación de declaraciones juradas del impuesto sobre las salidas no documentadas -como ocurria en tales precedentes- sino en la existencia de una ocultación maliciosa de materia imponible, situación fáctica contemplada en el texto del art. 46 a partir de la reforma introducida por la Ley 25.795. Esta relevante diferencia que señalo, a la que se adiciona la verificación en el sub lite de los presupuestos de hecho que evidencian la existencia en el caso de una deliberada conducta defraudatoria, abona la confirmación del acto sancionatorio y la atribución de costas que propone el Dr. Pérez.
Por ello, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto intereses resarcitorios y multa, reduciendo estas últimas al mínimo legal, con costas a excepción de la parte que se reduce las que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.12.04 18:42:48 ART Date: 2023.12.05 11:46:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.05 12:17:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.05 12:17:57 -03:00
Fin de la sentencia