Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 43173
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421,433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. Revocar, la resolución apelada y conceder la excarcelación a I.N.P. en los términos del art.169, inc.2 del CPP, medida que deberá hacer efectiva el juez del caso siempre que no exista impedimento legal alguno y previo consigne el domicilio donde vivirá que debe ser alejado al de la víctima y estar debidamente certificado, ello bajo la caución y condiciones que el magistrado estime pertinentes, entre las cuales no podrán faltar: que se disponga una restricción de acercamiento hacia la víctima, no mantener contacto por ningún medio con ella y que el nombrado se presente con la periodicidad que el juez entienda conveniente ante el Patronato de Liberados que corresponda por jurisdicción, debiendo acompañar personalmente a la sede del organismo jurisdiccional interviniente la constancia de dicho cumplimiento entre el 1 y el 5 de cada mes, todo ello bajo el apercibimiento de revocarse el beneficio concedido.
III. ENCOMENDAR al juez del caso que: a) analice la necesidad, mediante experticias psicológicas y/o psiquiátricas, de brindarle al encartado, eventualmente, algún tratamiento vinculado con abuso de alcohol y/o cualquier otra sustancia y a la problemática de violencia de género; b) certifique si a la denunciante se le ha provisto oportunamente de un botón antipánico en su domicilio y, en caso de corresponder, se …
Causa Nº43173. IPP 13-02-24355-26/00
"I.N.P. s/excarcelación"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial, Marianela Granado, contra la resolución dictada por el titular momentáneamente a cargo del Juzgado de Garantías N°6 departamental, en el marco de la IPP 13-02-24355-26/00, y;
A la cuestión planteada, el juez Luis Alejandro Gil Juliani, dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts.421, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación presentado por la defensora oficial antes mencionada, contra el auto dictado por el juez momentáneamente a cargo del Juzgado de Garantías N°6 departamental, Jorge F. Moya Panisello, quien resolvió denegar la excarcelación solicitada en favor de I.N.P. (art.169, inc.2 en sentido contrario del CPP).
En el caso, el juez valoró que si bien por la pena en expectativa prevista para los hechos imputados, en principio calificados como violación de domicilio, daño y amenazas simples, todo ello en concurso real entre sí (arts.55, 149 bis primer párrafo primera parte, 150 y 183 del CP), procedería la excarcelación solicitada, existen circunstancias que obstan a su concesión.
En tal sentido tuvo en cuenta las particulares características de los hechos en el caso, señalando que se enmarca en un contexto de violencia de genero, por lo cual la victima merece una especial protección del Estado, teniendo en cuanta la normativa tanto nacional como internacional que rige la materia.
A ello sumó el vínculo existente entre las partes atento que resultan ser ex pareja, concluyendo que de otorgarle la libertad a P., podría influir en la libre voluntad de la víctima y así en el desenvolvimiento del proceso.
3. Por su parte, la recurrente se agravió de lo resuelto por el juez garante por considerar que los peligros procesales valorados no se encuentran debidamente acreditados para sostener la medida de coerción.
Al respecto sostuvo que P. carece de antecedentes condenatorios y que en la causa no existen datos objetivos que den cuanta que entorpecerá el proceso.
Destacó que no desconoce que el caso se debe evaluar con perspectiva de género, pero ello no implica dejar a su defendido detenido cautelarmente, sino que puede tomar otras medidas para su protección que no sean tan perjudiciales al imputado y, a su vez, sirvan para protección de la víctima.
Agregó, que la víctima refirió que no le interesaba que el denunciado continúe detenido pero sí quería medias de protección hacia ella.
Por lo expuesto, solicitó se revoque el auto impugnado y se disponga la excarcelación de su defendido (art.169, inc.2 del CPP).
4. Por otra parte, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley N°15.232, la actuaria informó que desde esta Alzada se mantuvo comunicación con la denunciante de autos, J.C.C., quien manifestó que no le interesaba que P. siga detenido, pero sí quería que se impongan medias de protección para ella.
5. Sentado ello y luego de un análisis de lo reseñado, adelanto mi opinión en cuanto a que el planteo de la defensa merece prosperar.
Desde un inicio conviene recordar que a I.N.P. se le imputa la presunta comisión de los hechos calificados, en principio, como: violación de domicilio, daño y amenazas simples, todo ello en concurso real entre sí (arts.55, 149 bis primer párrafo primera parte, 150 y 183 del CP).
Además, surge de lo actuado que el nombrado se encuentra detenido en el marco del presente proceso desde el 18 de octubre de 2026 (según se desprende de la planilla RUD y del SIMP).
En tal sentido, desde mi óptica y a la luz de la escala penal prevista para la significación jurídica bajo la cual fue subsumido el suceso atribuido al imputado su situación aparece comprendida en el supuesto previsto en el inc.2 del art.169 del CPP.
Ahora bien y no obstante ello, es menester recordar que la aplicación del instituto de la excarcelación no es automática porque la escala penal así lo permita, sino que, para evaluar su viabilidad, se debe analizar la situación del imputado conforme los parámetros establecidos por el art.148 del código ritual.
Ello así en razón de que el derecho constitucional de permanecer en libertad durante el procedimiento (art.144, primer párrafo del CPP), no tiene carácter absoluto, sino que encuentra su limitación en la existencia de indicios vehementes para suponer que en caso de que el imputado sea dejado en libertad, eludirá la acción de la justicia o entorpecerá la investigación (art.171 del mismo cuerpo legal).
Analizado el caso que me ocupa desde la perspectiva indicada no advierto la existencia de peligros procesales que ameriten dejar de lado el derecho establecido en el art.144 del CPP.
A mi modo de ver, en este caso en concreto, el juez garante se ha limitado a señalar que la posibilidad de que P. pudiera influir sobre la presunta víctima basta para presumir que no se cumplirán los fines del proceso, infiriendo de ello la existencia de entorpecimiento probatorio.
Sin embargo, de lo actuado no surge ninguna evidencia que indique que el encartado hubiese realizado, más allá de los hechos que se le imputan, algún tipo de comportamiento destinado a entorpecer el normal desarrollo de este proceso y que me haga, seriamente, presumir ese riesgo.
En síntesis, no advierto que lo valorado resulte suficiente para presumir, fundadamente, que en caso de que el imputado recuperase su libertad influirá sobre la señora C.C. y obstaculizará de esa forma el normal desarrollo del proceso.
A ello debo sumar que, si bien le incumbe al Estado, entre otras muchas cuestiones, la obligación de brindarle a la mujer víctima la protección adecuada en estos casos considerando su vulnerabilidad en cumplimiento de convenciones internacionales con rango constitucional y normas nacionales, de manera alguna puedo suscribir que la única forma de poder lograrlo, sea disponiendo el encarcelamiento preventivo del imputado.
Además, debo remarcar que el imputado carece tanto de antecedentes condenatorios como de otros procesos en trámite, por hechos similares.
En síntesis y por las razones expuestas, teniendo en cuenta el principio de excepcionalidad que rige en toda medida cautelar, especialmente en aquellas que privan de la libertad al imputado, considero que, en este caso en particular, el riesgo de entorpecimiento valorado por el juez no se encuentra debidamente justificado.
Finalmente y más allá de lo expuesto, no puedo dejar de tener en cuenta que de la declaración de la propia víctima en cuanto al contexto de violencia de género en que se desarrollaron los hechos , por ello creo conveniente y razonable acceder a imponer, en el caso, ciertas condiciones particulares vinculadas con dicha problemática (art.180 CPP).
A partir de este cuadro de situación es que, propongo al Acuerdo conceder la excarcelación a P. en los términos del art.169, inc.2 del CPP, medida que deberá hacer efectiva el juez del caso siempre que no exista impedimento legal alguno, previo consigne el domicilio donde vivirá sea alejado al de la víctima y estar debidamente certificado, ello bajo la caución y condiciones que estime pertinentes, entre las cuales no podrán faltar: que se disponga una restricción de acercamiento hacia la víctima, no mantener contacto por ningún medio con ella y que el nombrado se presente con la periodicidad que el juez entienda conveniente ante el Patronato de Liberados que corresponda por jurisdicción, debiendo acompañar personalmente a la sede del organismo jurisdiccional interviniente la constancia de dicho cumplimiento entre el 1 y el 5 de cada mes, todo ello bajo el apercibimiento de revocarse el beneficio concedido.
Por otra parte, se deberá analizar la necesidad, mediante experticias psicológicas y/o psiquiátricas que determinen si posee adicción al alcohol y/o drogas, y en su caso, brindarle, algún tratamiento vinculado con las posibles adicciones y con la problemática de violencia de género.
Asimismo, el juez del caso deberá certificar si a la denunciante se le ha provisto de un botón antipánico en su domicilio y, en caso de corresponder, se arbitren los medios para su inmediata implementación.
Así lo voto , por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los arts. 21,106, 144, 148 y 171 en sentido contrario, 169, inc.2, 180, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Alejandro Cascio , dijo:
Analizado el caso, adhiero en su totalidad al voto de mi colega preopinante, por ser ello mi sincera convicción.
A la misma cuestión planteada, el juez Pablo Gastón Barbieri , dijo:
Analizado el caso, adhiero en su totalidad al voto de mi colega que lideró el Acuerdo, por ser ello mi sincera convicción
Por ello, esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421,433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. REVOCAR, la resolución apelada y CONCEDER la excarcelación a I.N.P. en los términos del art.169, inc.2 del CPP, medida que deberá hacer efectiva el juez del caso siempre que no exista impedimento legal alguno y previo consigne el domicilio donde vivirá que debe ser alejado al de la víctima y estar debidamente certificado, ello bajo la caución y condiciones que el magistrado estime pertinentes, entre las cuales no podrán faltar: que se disponga una restricción de acercamiento hacia la víctima, no mantener contacto por ningún medio con ella y que el nombrado se presente con la periodicidad que el juez entienda conveniente ante el Patronato de Liberados que corresponda por jurisdicción, debiendo acompañar personalmente a la sede del organismo jurisdiccional interviniente la constancia de dicho cumplimiento entre el 1 y el 5 de cada mes, todo ello bajo el apercibimiento de revocarse el beneficio concedido.
III. ENCOMENDAR al juez del caso que: a) analice la necesidad, mediante experticias psicológicas y/o psiquiátricas, de brindarle al encartado, eventualmente, algún tratamiento vinculado con abuso de alcohol y/o cualquier otra sustancia y a la problemática de violencia de género; b) certifique si a la denunciante se le ha provisto oportunamente de un botón antipánico en su domicilio y, en caso de corresponder, se arbitren los medios para su inmediata implementación.
Rigen los arts. 21,106, 144, 148 y 171 en sentido contrario, 169 inc.2, 180, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Regístrese y notifíquese
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: CASCIO Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: MEISZNER Florencia Silvia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1407-2026
Fin de la sentencia