Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 43215
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421,433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. Revocar, por mayoría, la resolución apelada y, en consecuencia, conceder l a excarcelación a Alejandro Emanuel López, la que deberá hacer efectiva el juez de la causa, previo certificar la inexistencia de impedimentos legales en su contra, bajo la caución y condiciones que estime pertinentes para asegurar los fines del proceso, entre las que no podrán faltar: la obligación de residir en un domicilio distinto y alejado al de Verónica Marisa Vera, previa certificación del mismo; la prohibición de acercamiento y de mantener cualquier tipo de contacto, por sí o por terceros, personalmente, telefónicamente o por cualquier medio electrónico o digital, con la nombrada Verónica Marisa Vera y su grupo familiar; el estricto cumplimiento de las medidas de protección que se encontraren vigentes en el fuero de familia; y la obligación de presentarse entre los días 1 y 5 de cada mes ante el Patronato de Liberados que corresponda por jurisdicción, debiendo acreditar dicho cumplimiento ante el juzgado de intervención.
Asimismo, corresponde encomendar al juez del caso que comunique la presente decisión al órgano jurisdiccional con competencia en materia de familia que interviene en el marco del expediente de protección contra la violencia familiar seguido entre las partes, a efectos de su debido conocimiento y de la adopción de …
Causa N°43215 (IPP13 -00-33651-26/00)
"Alejandro Emanuel López s/ inc. de excarcelación "
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial, Irma A. de la Fuente, en favor de su asistido, Alejandro Emanuel López, en el marco de la IPP N°PP-13-00-033651-26/00, contra el auto dictado por el titular a cargo del Juzgado de Garantías N°2 departamental, mediante el cual se denegó la excarcelación solicitada en su favor; y,
A la cuestión planteada, el juez Luis Alejandro Gil Juliani, dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts. 421, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial, Irma A. de la Fuente, en favor de su asistido, Alejandro Emanuel López, contra la resolución dictada por el titular a cargo del Juzgado de Garantías N°2 departamental, mediante la cual se denegó la excarcelación oportunamente solicitada en su beneficio (arts.169 inc.1°, en sentido contrario, y ccdtes. del CPP).
En dicha oportunidad, el magistrado consideró que, si bien la situación del imputado encuadraría prima facie en las previsiones del artículo 169, inciso 1°, del Código Procesal Penal, la existencia de una condena anterior y las particularidades del hecho investigado permitían inferir la configuración de riesgos procesales que impedían acceder a su soltura.
En ese sentido, ponderó tanto la expectativa de una eventual pena de efectivo cumplimiento cuanto el contexto de violencia familiar en el que habría tenido lugar el suceso investigado, destacando que el nombrado habría desobedecido, pocas horas después de su notificación, una medida judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento dispuesta en protección de la denunciante. Sobre tales bases, concluyó que, en caso de recuperar la libertad, podría sustraerse del accionar de la justicia o influir sobre la víctima, entorpeciendo así el normal desarrollo del proceso (arts. 148 y 171 del CPP).
3. A su turno, la impugnante se agravió de lo resuelto por el juez de grado por considerar que la situación procesal de su asistido encuadra en las previsiones del artículo 169, inciso 1°, del CPP, teniendo en cuenta la escala penal prevista para el delito de desobediencia que se le atribuye.
Sostuvo que los riesgos procesales valorados en la resolución recurrida se sustentan en apreciaciones meramente conjeturales y no en circunstancias objetivas debidamente acreditadas en la causa. En ese sentido, destacó que el imputado se encuentra correctamente identificado, posee arraigo y cuenta con un domicilio debidamente certificado donde residiría en caso de recuperar la libertad, sin que existan elementos concretos que permitan presumir que intentará sustraerse del accionar de la justicia o entorpecer el desarrollo del proceso.
Asimismo, señaló que la baja penalidad prevista para el hecho investigado reduce sensiblemente el riesgo de fuga invocado por el magistrado, por lo que solicitó la revocación de la decisión impugnada y el otorgamiento de la excarcelación peticionada.
4. Finalmente, en el marco de la ley N°15.232, la víctima, Verónica Marisa Vera, manifestó su voluntad de ser informada y oída en el proceso, expresando asimismo su oposición a la concesión de la excarcelación pretendida por la defensa.
5. Sentado ello, y luego de un análisis de lo reseñado, adelanto opinión en cuanto a que el recurso merece prosperar.
En primer lugar, corresponde recordar que Alejandro Emanuel López se encuentra legalmente privado de su libertad por el hecho calificado como desobediencia (art.239 del CP), desde el día 24 de octubre de 2026.
Seguidamente, cabe destacar que, más allá de las razones por las cuales el juez de la causa denegó la excarcelación de López, esto es, la valoración de los riesgos procesales derivados del incumplimiento de una manda judicial de protección, ponderó además que el imputado registra una sentencia condenatoria dictada el 21 de junio de 2018 por el Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en el marco de la causa N°07-02-16412-17, mediante la cual fue condenado a la pena de dos (2) meses de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de estafa en grado de tentativa, sentencia que se tuvo por no pronunciada el 20 de julio de 2022 y cuya caducidad registral operará el 20 de julio de 2028.
Sin perjuicio de ello, observo que, a la fecha, el nombrado lleva cumplidos aproximadamente veinticuatro (24) días de detención, encontrándose actualmente privado de su libertad por un lapso superior al mínimo de la escala penal prevista para el hecho que se le atribuye, la que contempla una pena de quince días a un año de prisión.
Teniendo en cuenta que las medidas de coerción, por sus propias particularidades, revisten un dinamismo íntimamente ligado al transcurso del tiempo, considero que, en la actualidad, el posible riesgo procesal ponderado se encuentra disminuido. Tal circunstancia, a mi criterio, torna innecesario el mantenimiento de la medida de coerción dispuesta sobre el imputado.
En este contexto, considerando el tiempo que, hasta la fecha, el nombrado ha permanecido privado de su libertad en el marco del presente proceso, así como la escala penal estipulada en abstracto para el tipo penal endilgado, concluyo que, en virtud de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y subsidiariedad que deben regir en materia de medidas de coerción, los peligros procesales invocados por el juez de la causa se encontrarían actualmente atenuados, no advirtiéndose obstáculo para que, en el caso particular, puedan ser neutralizados de otro modo.
A título de ejemplo, y entre otras posibilidades, podría imponerse al imputado algún tipo de caución, la obligación de comparecencia periódica en sede judicial u otras condiciones especiales que permitan evitar el peligro procesal señalado (arts. 177, 179 y 180 del CPP).
A ello se suma que tampoco se advierte en autos ningún otro dato objetivo que permita inferir la existencia de riesgos procesales adicionales.
Por lo expuesto, y bajo los estándares propuestos, entiendo que resulta aplicable el artículo 169, inciso 1°, del CPP, correspondiendo por ello revocar el auto apelado y conceder la excarcelación a Alejandro Emanuel López. La misma deberá ser efectivizada por el juez de la causa, previo certificar la inexistencia de impedimentos legales en su contra, bajo la caución y condiciones que estime pertinentes para asegurar los fines del proceso.
Entre ellas no podrán faltar la obligación de residir en un domicilio distinto y alejado del de Verónica Marisa Vera, previa certificación del mismo; la prohibición de acercamiento y de mantener cualquier tipo de contacto, por sí o por terceros, personalmente, telefónicamente o por cualquier medio electrónico o digital, con la nombrada Verónica Marisa Vera y su grupo familiar; el estricto cumplimiento de las medidas de protección que se encontraren vigentes en el fuero de familia; y la obligación de presentarse entre los días 1 y 5 de cada mes ante el Patronato de Liberados que corresponda por jurisdicción, debiendo acreditar dicho cumplimiento ante el juzgado de intervención.
Asimismo, corresponde encomendar al juez del caso que comunique la presente decisión al órgano jurisdiccional con competencia en materia de familia que interviene en el marco del expediente de protección contra la violencia familiar seguido entre las partes, a efectos de su debido conocimiento y de la adopción de las medidas que estime corresponder en el ámbito de su competencia.
Así lo voto por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los arts. 106, 169 inc. 1°, 171 en función del art. 148, en sentido contrario, 177, 179, 180, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Pablo Gastón Barbieri dijo:
Adhiero en su totalidad al voto de mi colega preopinante por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los arts. 106, 169 inc. 1°, 171 en función del art. 148, en sentido contrario, 177, 179, 180, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Alejandro Cascio , dijo:
En primer lugar, vale señalar que comparto los fundamentos desarrollados por mi colega preopinante y la solución propuesta al caso.
Sin perjuicio de ello, estimo oportuno dejar a salvo mi opinión en cuanto a que la situación procesal de Alejandro Emanuel López encuadraba, en principio, dentro de las previsiones del art. 169 inc. 1° del CPP, sin que la condena anterior registrada por el nombrado constituyera, por sí sola, un obstáculo para la procedencia del beneficio ni una circunstancia suficiente para descartar su concesión.
Ello sin perjuicio de compartir que, en las particulares circunstancias del caso, el tiempo de detención cumplido por el imputado y la necesaria ponderación de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y subsidiariedad que rigen las medidas de coerción personal conducen a la solución adoptada en el voto que antecede.
Con esa sola aclaración, adhiero al voto de mi colega preopinante, por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los arts. 106, 169 inc. 1°, 171 en función del art. 148, en sentido contrario, 177, 179, 180, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Por ello, esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes;
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421,433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. REVOCAR, por mayoría, la resolución apelada y, en consecuencia, CONCEDER l a excarcelación a Alejandro Emanuel López, la que deberá hacer efectiva el juez de la causa, previo certificar la inexistencia de impedimentos legales en su contra, bajo la caución y condiciones que estime pertinentes para asegurar los fines del proceso, entre las que no podrán faltar: la obligación de residir en un domicilio distinto y alejado al de Verónica Marisa Vera, previa certificación del mismo; la prohibición de acercamiento y de mantener cualquier tipo de contacto, por sí o por terceros, personalmente, telefónicamente o por cualquier medio electrónico o digital, con la nombrada Verónica Marisa Vera y su grupo familiar; el estricto cumplimiento de las medidas de protección que se encontraren vigentes en el fuero de familia; y la obligación de presentarse entre los días 1 y 5 de cada mes ante el Patronato de Liberados que corresponda por jurisdicción, debiendo acreditar dicho cumplimiento ante el juzgado de intervención.
Asimismo, corresponde encomendar al juez del caso que comunique la presente decisión al órgano jurisdiccional con competencia en materia de familia que interviene en el marco del expediente de protección contra la violencia familiar seguido entre las partes, a efectos de su debido conocimiento y de la adopción de las medidas que estime corresponder en el ámbito de su competencia.
Rigen los arts. 21 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 106, 169 inc. 1°, 171 en función del art. 148, en sentido contrario, 177, 179, 180, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y concordantes del CPP.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: CASCIO Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: CHICHIZOLA Maria Jose - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1417-2026
Fin de la sentencia