Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 43232
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa oficial, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del C.P.P).
II. Revocar la resolución apelada y, en consecuencia, conceder la excarcelación a T.A.V., bajo caución y condiciones que el juez garante estime pertinentes, entre las cuales no podrá faltar la prohibición de mantener contacto por cualquier medio con M.A.V., disponer una restricción de acercamiento respecto de la nombrada de mil (1000) metros por el plazo que el magistrado considere adecuado, analizar mediante pericias psicológicas y/o psiquiátricas la necesidad de que el nombrado realice algún tratamiento especializado, y aportar un domicilio distinto y alejado del de la damnificada, previo a su certificación.
Asimismo, certificar si a la presunta víctima se le ha provisto oportunamente de un botón antipánico y, en caso de corresponder, arbitrar los medios para su inmediata implementación.
Rigen los arts. 21 inc. 1°, 106, 144, 146, 169 inc. 1°, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y concordantes del Código Procesal Penal.
Causa Nº43232 (IPP: 13-02-23544-26/00)
"T.A.V. s/ inc. de excarcelación"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial, Roberto Ramón Rosales, en favor de su asistido T.A.V., contra la resolución dictada por el titular del Juzgado de Garantías N° 5 departamental, mediante la cual no hizo lugar a la excarcelación solicitada en su beneficio, en el marco de la I.P.P. N° 13-02-023544-26/00; y,
A la cuestión planteada, el juez Luis Alejandro Gil Juliani dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial, Roberto Ramón Rosales, contra la resolución dictada por el titular del Juzgado de Garantías N°5 departamental, Julián Busteros, mediante la cual resolvió no hacer lugar a la excarcelación solicitada en favor de T.A.V. (art. 169, en sentido contrario, del CPP).
En esa oportunidad, el magistrado valoró que, si bien por la calificación legal atribuida al hecho investigado, provisoriamente encuadrado en el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo (arts.89 y 92 en función del art. 80 inc. 1° del CP), la situación del encausado se encontraría comprendida dentro de las previsiones del art.169 inc.1° del CPP, concurrían circunstancias que obstaban a su soltura.
En tal sentido, ponderó que, aun cuando la defensa acreditó la existencia de un domicilio alternativo y que de los informes incorporados a la causa surgía que el imputado no registraba antecedentes penales, tales extremos no modificaban lo valorado al momento de disponer la prisión preventiva.
Por esa razón, concluyó que se encontraban configurados riesgos procesales que permitían inferir que, de recuperar la libertad, el encausado podría influir sobre la víctima y afectar la averiguación de la verdad, en atención al riesgo latente de que intentara contactarla con posterioridad, comprometiendo de ese modo el adecuado desenvolvimiento del proceso (arts. 148, último párrafo, y 171 del CPP).
3. Por su parte, el recurrente se agravió de lo resuelto por el juez garante por considerar, en líneas generales, que los riesgos procesales invocados para mantener el encierro cautelar de su asistido no se encuentran debidamente acreditados, por lo que la medida de coerción que actualmente sufre resulta injustificada y desproporcionada.
Indicó que, si bien el magistrado reconoció expresamente que la situación procesal de T.A.V. se encuentra comprendida dentro de las previsiones del art.169 inc.1° del CPP, denegó igualmente la excarcelación sobre la base de una mera presunción relativa a un eventual entorpecimiento probatorio, sin señalar circunstancias concretas que permitan inferir que el nombrado intentará influir sobre la víctima o afectar el desarrollo del proceso.
En ese sentido, sostuvo que el vínculo existente entre el imputado y la damnificada constituye una circunstancia propia del hecho investigado, pero que de ello no puede derivarse automáticamente la existencia de un peligro procesal, máxime cuando no se ha individualizado comportamiento alguno orientado a intimidar, condicionar o interferir en la producción de prueba.
Asimismo, destacó que la víctima ya prestó declaración y ratificó la denuncia formulada, que la investigación cuenta con diversos elementos de convicción incorporados y que, incluso, el Ministerio Público Fiscal ya requirió la elevación de la causa a juicio, sin que se hubiera precisado qué diligencias concretas podrían verse comprometidas en caso de disponerse la libertad del encausado.
Por otro lado, refirió que la defensa acreditó la existencia de un domicilio donde T.A.V. podría residir en caso de recuperar su libertad y que el propio magistrado reconoció la inexistencia de antecedentes penales registrados, circunstancias que, a su entender, no fueron debidamente valoradas al momento de resolver.
Finalmente, señaló que el eventual riesgo invocado podría neutralizarse mediante la imposición de medidas menos gravosas que el encarcelamiento preventivo, tales como prohibiciones de acercamiento o de contacto con la víctima, resguardándose de ese modo los fines del proceso sin desatender el principio de proporcionalidad ni la excepcionalidad que debe regir toda restricción cautelar de la libertad.
Por lo expuesto, solicitó se revoque la resolución recurrida y se conceda la excarcelación de su asistido en los términos del art.169 inc.1° del CPP, bajo las condiciones que se estimen pertinentes.
4. Por otra parte, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº15.232, personal de esta Alzada intentó comunicarse con la víctima, M.A.V., sin obtener respuesta, haciéndose saber que la nombrada oportunamente manifestó su oposición a la libertad del imputado por temor a su integridad y la de su familia.
5. Ahora bien, fijada la materia del recurso, adelanto mi opinión en cuanto a que el mismo merece prosperar.
En primer lugar, conviene recordar que al encausado se le imputa la presunta comisión de los hechos calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo (arts.89 y 92 en función del art.80 inc. 1° del CP).
Además, surge de lo actuado que T.A.V. se encuentra detenido en el marco del presente proceso desde el 7 de octubre de 2026 (según se desprende de las constancias de autos).
A mi modo de ver, en este caso en concreto, el juez garante se ha limitado a señalar que la posibilidad de que el imputado pueda inducir o afectar la libre voluntad de la presunta víctima respecto del testimonio que ésta pueda brindar sobre lo sucedido bastaría para presumir que no se cumplirán los fines del proceso, infiriendo de ello la posibilidad de entorpecimiento probatorio.
Sin embargo, no advierto que lo valorado por el magistrado resulte suficiente para inferir, fundadamente, que en caso de que T.A.V. recuperase su libertad influirá sobre la presunta víctima y entorpecerá de esa forma el normal desarrollo de la investigación. Ello, dado que hasta el momento ninguna evidencia parecería indicar que el encausado hubiese realizado acciones concretas que permitan deducir seriamente ese riesgo y el nombrado carece de antecedentes condenatorios.
No está de más recordar que en materia de medidas de coerción rigen los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad, razón por la cual la detención provisional resulta una medida de excepción.
Así las cosas, en este caso concreto, las circunstancias valoradas por el juez no constituyen por sí solas elementos válidos para extraer de allí, sin más, un supuesto peligro de entorpecimiento probatorio que justifique su actual estado de coerción.
Ahora bien, considerando que la situación del encausado encuadra en el supuesto excarcelatorio del art.169 inc.1 del CPP, no encuentro obstáculo para que a partir de otros condicionamientos se pueda neutralizar una posible influencia sobre el relato de la víctima.
Sobre este punto, y a título de ejemplo, bien podría fijársele al imputado algún tipo de caución adecuada, fijar un domicilio distinto y alejado de la víctima y condiciones especiales, medios efectivos que permitirían evitar ese supuesto riesgo futuro.
Por último, no está de más recordar que la presunta víctima, M.A.V., al momento de declarar en sede policial solicitó medidas de protección, por lo que corresponde disponer que, en caso de concederse la libertad, se impongan al encausado condiciones tales como: la prohibición de mantener contacto por cualquier medio con la víctima, restricción de acercamiento de 1000 metros, y la eventual realización de pericias psicológicas y/o psiquiátricas tendientes a evaluar la necesidad de que el encausado realice algún tratamiento terapéutico adecuado.
Asimismo, certificar si a la presunta víctima se le ha provisto oportunamente de un botón antipánico y, en caso de corresponder, arbitrar los medios para su inmediata implementación.
Consecuentemente, conforme lo que vengo argumentando y siendo que la situación del nombrado se encuentra enmarcada dentro de las previsiones del art.169 inc. 1 del CPP, propongo al Acuerdo concederle a T.A.V. la excarcelación, previo certificar el domicilio, bajo caución y condiciones que el juez garante estime pertinentes.
Así lo voto, por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los artículos 21 inc.1, 106, 144, 146, 169, inc. 1, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del Código Procesal Penal.
A la cuestión planteada, el juez Pablo Gastón Barbieri dijo:
Adhiero en su totalidad al voto de mi colega preopinante.
Así lo voto, por ser tal mi sincera convicción.
A la cuestión planteada, el juez Alejandro Cascio dijo:
Adhiero en su totalidad al voto de mi colega que lidera el acuerdo.
Así lo voto, por ser tal mi sincera convicción.
Por ello, esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa oficial, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del C.P.P).
II. REVOCAR la resolución apelada y, en consecuencia, CONCEDER la excarcelación a T.A.V., bajo caución y condiciones que el juez garante estime pertinentes, entre las cuales no podrá faltar la prohibición de mantener contacto por cualquier medio con M.A.V., disponer una restricción de acercamiento respecto de la nombrada de mil (1000) metros por el plazo que el magistrado considere adecuado, analizar mediante pericias psicológicas y/o psiquiátricas la necesidad de que el nombrado realice algún tratamiento especializado, y aportar un domicilio distinto y alejado del de la damnificada, previo a su certificación.
Asimismo, certificar si a la presunta víctima se le ha provisto oportunamente de un botón antipánico y, en caso de corresponder, arbitrar los medios para su inmediata implementación.
Rigen los arts. 21 inc. 1°, 106, 144, 146, 169 inc. 1°, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y concordantes del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: CASCIO Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: CHICHIZOLA Maria Jose - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1415-2026
Fin de la sentencia