Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 39133-I3
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. Confirmar la resolución apelada en cuanto resuelve no hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva solicitada en favor de R.A.S. (arts.159 y 163 en sentido contrario del CPP).
III. SUGERIR al magistrado interviniente que continúe supervisando el estado de salud de S. y arbitre los medios necesarios para concretar la interconsulta con un médico clínico.
IV. TENGASE presente la reserva del caso federal formulada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 148, 159 y 163 en sentido contrario, 421, 433, 434, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
Causa N°39133 I3 (IPP 13-02-023012-23/00)
"R.A.S. s/ Incidente de morigeración"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora particular, Luciana Wieckiewick, contra la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal N°2 departamental con sede en Florencio Varela, y;
A la cuestión planteada, el juez Luis A. Gil Juliani dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución dictada por el juez integrante del Tribunal en lo Criminal N°2 departamental con sede en Florencio Varela, Patricio Marcelo Gandulfo, quien no hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva solicitada en favor de R.A.S. (arts.159 y 163 en sentido contrario del CPP).
Para así decidirlo el magistrado consideró que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justificaran morigerar la prisión preventiva. Destacó la gravedad de los hechos atribuidos, la existencia de una condena a nueve años y ocho meses de prisión (aunque no firme) y que el tiempo de detención cumplido no resulta desproporcionado.
En cuanto a la salud del imputado, señaló que la pericia médica únicamente recomendó controles y seguimiento clínico, sin determinar que su tratamiento sea incompatible con el alojamiento penitenciario.
Asimismo, indicó que el informe socioambiental solo acreditó la existencia de una vivienda apta y una red familiar de contención, pero no elementos que justificaran la medida excepcional solicitada.
Finalmente, entendió que tampoco se acreditó de manera suficiente la necesidad de su presencia para el cuidado de sus hijos ni una situación económica o laboral que tornara indispensable su regreso al hogar.
Concluyó que los riesgos procesales valorados al dictarse la prisión preventiva permanecen vigentes y no han sido neutralizados por los argumentos de la defensa.
3. Por su parte, la defensa se agravió por entender que el rechazo del arresto domiciliario se fundó en una valoración insuficiente de las circunstancias personales, familiares y de salud de S..
Sostuvo que el Tribunal otorgó excesiva relevancia a una condena que aún no se encuentra firme para justificar el peligro de fuga, sin acreditar riesgos procesales concretos.
Asimismo, señaló que no se analizó adecuadamente la posibilidad de neutralizar dichos riesgos mediante medidas alternativas, como el monitoreo electrónico y otros controles.
También cuestionó la valoración de la situación sanitaria del imputado, al considerar que no se verificó si el Servicio Penitenciario puede garantizar efectivamente la atención médica necesaria.
Por otra parte, alegó que se minimizó el interés superior de los hijos menores de edad y las conclusiones favorables del informe socioambiental.
Finalmente, afirmó que la resolución carece de fundamentación suficiente y vulnera los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad al no explicar por qué el arresto domiciliario resultaría inidóneo para asegurar los fines del proceso.
Por todo lo expuesto solicitó se revoque el auto apelado y se otorgue la morigeración de la coerción a R.A.S..
Por último, formuló reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48.
4. Fijada la materia del recurso, cabe adelantar mi opinión en cuanto a que el mismo no recibirá favorable acogida.
En primer lugar, debo destacar que más allá de que la recurrente no comparta el criterio sustentado por el magistrado del caso, entiendo que la decisión cuestionada satisface acabadamente la exigencia de motivación prevista por los artículos 106 del CPP y 171 de nuestra Constitución Provincial, habiéndose brindado en la resolución tratamiento al beneficio peticionado, rechazándolo fundadamente y afirmando su razonabilidad en base a la valoración de los elementos de convicción reunidos en el caso.
En esa inteligencia, cabe tener presente que la debida motivación de las sentencias y autos que resulta impuesta por el artículo 106 del Código Formal bajo sanción de nulidad, " se refiere a la necesidad de expresar ... cuáles son los elementos de convicción ... o las pruebas ... en los que se basan las decisiones " (Héctor M. Granillo Fernández y Gustavo A. Herbel, "Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Bs. As.", 2° ed., La Ley, 2009, 369); y en ese mismo orden de ideas, la Sala Segunda del Excmo. Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires ha sostenido que " Motivar la sentencia es exponer por escrito el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el Tribunal apoya su decisión " (Causa N° 5321, "Barreto, Rubén M.. s/ recurso de casación", 20/11/2001).
En virtud de lo expuesto es que corresponde rechazar este tramo del recurso.
Sentado ello, cabe recordar que R.A.S. se encuentra detenido en el marco del presente proceso desde el 18 de octubre de 2023.
Además, se desprende lo actuado que el nombrado fue condenado -mediante sentencia no firme- el 28 de octubre de 2025 por el Tribunal en lo Criminal N°2 departamental con sede en Florencio Varela, a la pena de nueve (9) años y ocho (8) meses de prisión, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego en concurso real con homicidio calificado por el uso de armas de fuego, ambos en grado de tentativa en los términos del art.41 bis , 42, 55, 79 y 166 inciso 2° párrafo segundo del CP.
Surge, también, que dicho pronunciamiento fue recurrido por la defensa ante el Tribunal de Casación Penal.
Comparto lo sostenido por el juez del caso en cuanto a que las circunstancias personales invocadas por la defensa no permiten subsumir la situación del imputado en ninguno de los supuestos previstos por los arts.159 y 163 del CPP.
En tal sentido, del informe elaborado por el médico legista Martín Emanuel Forno, integrante de la Asesoría Pericial Departamental de Quilmes, surge que, al examen físico, los distintos aparatos y sistemas se encontraban libres de patología activa clínicamente demostrable. Asimismo, la movilidad articular se presentó dentro de parámetros normales, encontrándose conservados el tono, el trofismo y la fuerza muscular, sin alteraciones en la sensibilidad ni en los reflejos osteotendinosos.
El profesional concluyó que el examinado no presenta lesiones clínicamente constatables y recomendó únicamente su evaluación y seguimiento por un especialista en Clínica Médica.
En consecuencia, coincido con el magistrado en que, al menos por el momento, los dolores referidos no acreditado ningún padecimiento que amerite su tratamiento médico, sin perjuicio de las interconsultas o derivaciones extramuros que fueran recomendadas al Servicio Penitenciario por el médico Forno.
En cuanto al agravio vinculado con que S. es progenitor de tres niños menores de edad, uno de ellos de tres años, si bien dicha circunstancia podría, en principio, resultar subsumible en el supuesto excepcional previsto por el art. 159 del CPP, lo cierto es que de las constancias de autos no surge una situación que justifique la procedencia de la medida pretendida.
En efecto, del informe socioambiental elaborado por la Lic. M. Silvina Bregante con fecha 3 de junio de 2026 surge que, en el domicilio constatado, los menores cuentan actualmente con la contención afectiva y económica necesaria, encontrándose al cuidado de su progenitora, la Sra. D.S.C..
Asimismo, no se advierte que la defensa haya aportado elemento de convicción alguno que permita acreditar la necesidad de la presencia del inculpado en el domicilio para colaborar con la crianza de lo menores en un estado de vulnerabilidad que requieran de su estadía en el lugar.
Sobre el punto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la causa "Areco, Y. E. s/ arresto domiciliario" (causa n.° 70.578/2019, resuelta el 09/09/2022), sostuvo: "[...] al tratarse de una madre de una niña menor de cinco años de a su cargo, lo cual se extrae de la locución 'podrá', de manera tal que no resulta de aplicación automática y debe armonizarse con las demás disposiciones legales aplicables al caso concreto [...]. En definitiva, a pesar de los innegables inconvenientes que el encarcelamiento trae aparejado para cualquier núcleo familiar, no se advierte que los menores cuyos intereses superiores se invocan estén en una situación de abandono o de inseguridad material o moral que imponga la concesión del pedido de la parte recurrente [...]".
En consecuencia, las referencias efectuadas por la defensa respecto de los hijos menores de edad del imputado resultan insuficientes para sustentar la procedencia de lo solicitado.
Despejado lo anterior, tampoco advierto de las constancias del caso que exista alguna circunstancia particular que permita atenuar, por ahora, los riesgos procesales valorados oportunamente (RR-1212-2023 Causa N°39133, RR-1385-2023 en Causa N°39133 I1 y RR-317-2024 en Causa N°39133 I2), máxime teniendo en consideración que con fecha 28 de octubre de 2025 fue condenado -mediante sentencia no firme- por el Tribunal en lo Criminal N°2 departamental con sede en Florencio Varela, a la pena de nueve (9) años y ocho (8) meses de prisión, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego en concurso real con homicidio calificado por el uso de armas de fuego, ambos en grado de tentativa en los términos del art.41 bis , 42, 55, 79 y 166 inciso 2° párrafo segundo del CP.
En virtud de todo lo dicho, entiendo que la situación de S., por el momento, no puede ser encuadrada dentro de lo previsto por los artículos 159 y 163 del CPP y que la medida cautelar dispuesta deviene necesaria para asegurar el normal desarrollo del procedimiento y la eventual aplicación de la ley.
Por ende, propongo al Acuerdo rechazar el planteo efectuado por el recurrente y homologar en un todo el auto puesto en crisis.
Finalmente entiendo pertinente sugerir al magistrado interviniente que continúe supervisando el estado de salud de S. y arbitre los medios necesarios para concretar la interconsulta con un médico clínico.
Así lo voto , por ser tal mi sincera convicción.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 148, 159 y 163 en sentido contrario, 421, 433, 434, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Pablo G. Barbieri dijo:
Por idénticos argumentos es que adhiero, en su totalidad, al voto de mi colega preopinante.
Así lo voto , por ser tal mi sincera convicción.
Por ello, esta Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Quilmes;
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto resuelve no hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva solicitada en favor de R.A.S. (arts.159 y 163 en sentido contrario del CPP).
III. SUGERIR al magistrado interviniente que continúe supervisando el estado de salud de S. y arbitre los medios necesarios para concretar la interconsulta con un médico clínico.
IV. TENGASE presente la reserva del caso federal formulada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 148, 159 y 163 en sentido contrario, 421, 433, 434, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
Regístrese y notifíquese.
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: RITUCCI Maria Florencia - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1420-2026
Fin de la sentencia