Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 42667-I2
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
II. Hacer lugar, por mayoría, al pedido de morigeración de la medida de coerción que viene sufriendo N.G.B. en los términos del artículo 163 del CPP, la que deberá hacer efectiva el juez del caso en el domicilio oportunamente propuesto, con los controles que el magistrado estime convenientes para asegurar los fines del proceso y proteger a la víctima, entre las que no deberá faltar la prohibición de mantener contacto por ningún medio con las presuntas víctimas.
Rigen los artículos 21, inc.1, 106, 144, 146, 148, 159, 160, 163, 421, 433, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
Causa N°42667 I2 (IPP N°13-02-14697-26/00)
"N.G.B. s/ inc. de morigeración"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial, Mariana Yeregui, contra el auto dictado por el juzgado de garantías n°8 departamental, y;
A la cuestión planteada, el juez Alejandro Cascio, dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts. 421, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensora antes mencionada contra el auto dictado por el juez a cargo del juzgado de garantías n°8 departamental, Adrián Marcelo Villagra, quien resolvió no hacer lugar a la morigeración de la medida de coerción de N.G.B. (arts.159 y 163 en sentido contrario del CPP).
Para así decidirlo sostuvo que no se verifican en el caso los supuestos previstos en los arts. 159 y 163 del CPP y que subsistían los riesgos procesales que motivaron el dictado de la prisión preventiva.
En cuanto al estado de salud del imputado destacó que los estudios médicos realizados determinaron que las afecciones invocadas por la defensa (lipoma y lumbalgia) no revisten gravedad y reciben adecuado tratamiento dentro del ámbito penitenciario, sin resultar incompatibles con la detención que viene cumpliendo en esa unidad.
Asimismo, ponderó la gravedad de los hechos atribuidos, ocurridos en un contexto de violencia de género, entendiendo que existe riesgo de entorpecimiento del proceso y de intimidación a las víctimas y testigos en caso de recuperar la libertad.
En ese sentido, consideró que ni el arresto domiciliario ni el monitoreo electrónico resultan suficientes para neutralizar esos riesgos, los cuales tampoco se ven mitigados por la distancia entre el domicilio propuesto y el lugar de residencia de las víctimas, dado que los actos de amedrentamiento pueden concretarse por otros medios.
Por todo ello, concluyó que la prisión preventiva continúa siendo una medida necesaria, razonable y proporcional para asegurar los fines del proceso y la protección de las víctimas.
3. Por su parte, la recurrente, en líneas generales, sostuvo que la resolución apelada carece de una fundamentación suficiente respecto de los riesgos procesales al no individualizar circunstancias concretas que permitan presumir que B. intentará sustraerse del accionar de la justicia o entorpecer la investigación.
Señaló que la referencia a una eventual condena futura resulta insuficiente por sí sola para justificar el mantenimiento de la medida cautelar dictada.
Argumentó, asimismo, que la decisión impugnada vulnera el principio de inocencia y desnaturaliza el carácter excepcional de la prisión preventiva, convirtiéndola en un adelantamiento de pena.
Destacó que la libertad durante el proceso constituye la regla, mientras que las medidas de coerción representan una excepción, debiendo priorizarse alternativas menos gravosas.
Finalmente, afirmó que en el caso no existen elementos objetivos que permitan tener por configurados los peligros procesales previstos en el art. 148 del CPP, razón por la cual solicitó la revocación de la resolución recurrida y la concesión de la morigeración peticionada.
4. Por otra parte, corresponde destacar que se desprende de lo actuado que, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 15.232, se mantuvo comunicación telefónica con la presunta víctima de autos, M.L.O., quien manifestó que es su deseo que el inculpado recupere su libertad, siempre que se abstenga de molestarla o mantener contacto con ella.
5. Fijada la materia del recurso, adelanto opinión en cuanto a que el mismo recibirá favorable acogida.
En primer lugar, no puedo dejar de señalar que en virtud de la escala penal prevista en abstracto para los hechos atribuidos al inculpado, esto es: lesiones leves, daño y amenazas agravadas por el uso de arma, todos en concurso real entre sí (arts. 55, 89, 183 y 149 bis , primer párrafo, segunda parte del CP) y la carencia de antecedentes penales del encartado, su situación encuadraría dentro de las previsiones del art.169, inc.2, del CPP.
Ahora bien, en ese contexto y de acuerdo a mi postura favorable expuesta en cuanto a la posibilidad de otorgar la excarcelación, en este caso no encuentro óbice para que la actual medida de coerción que viene cumpliendo el encartado pueda ser modificada, en el particular, por otra menos gravosa que asegure los fines del proceso, como aquella solicitada por la recurrente.
Ello, además, teniendo especialmente en cuenta que el imputado se encuentra privado de su libertad desde el 23 de junio de 2026 y que presenta afecciones de salud que si bien no resultan incompatibles con el encierro cautelar, requieren seguimiento y control especializado, entre ellas, un lipoma de 3 cm de diámetro que demanda evaluación por un especialista, así como dolencias en la zona lumbar y en una de sus rodillas que motivan interconsultas en traumatología.
Tales circunstancias, ponderadas en conjunto con las restantes particularidades del caso, refuerzan la conveniencia de adoptar una modalidad menos gravosa de coerción que, sin comprometer los fines del proceso, permita una adecuada atención de su estado de salud.
Desde mi perspectiva, los argumentos brindados por el juez garante no resultan suficientes para descartar la procedencia de la morigeración solicitada.
Por el contrario, entiendo que los supuestos riesgos procesales ponderados pueden ser razonablemente mitigados mediante la imposición de reglas de conducta y mecanismos de control adecuados. Entre ellos, reviste especial relevancia la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto, por sí o por interpuesta persona y por cualquier medio, con las presuntas víctimas de autos.
En consecuencia y por las razones expuestas, propongo al Acuerdo hacer lugar al pedido de morigeración de la medida de coerción que viene sufriendo N.G.B. en los términos del artículo 163 del CPP, la que deberá hacer efectiva el juez del caso en el domicilio oportunamente propuesto, con los controles que el magistrado estime convenientes para asegurar los fines del proceso y proteger a la víctima, entre las que no deberá faltar la prohibición de mantener contacto por ningún medio con las presuntas víctimas.
Así lo voto, por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los artículos 21, inc.1, 106, 144, 146, 148, 159, 160, 163, 421, 433, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Pablo G. Barbieri, dijo:
En primer lugar, adhiero al juicio de admisibilidad efectuado por mi colega preopinante en el punto primero de su voto.
Sin perjuicio de ello, discrepo con la solución propuesta para el fondo de la cuestión. En mi criterio, el recurso interpuesto no puede prosperar por las razones que seguidamente expondré.
Cabe recordar que N.G.B. se encuentra detenido desde el 23 de junio del corriente año, imputado por los delitos de lesiones leves, daño y amenazas agravadas por el uso de arma, todos ellos en concurso real (arts. 55, 89, 183 y 149 bis , primer párrafo, segunda parte, del Código Penal).
Sentado ello, considero que, al presente, la situación del nombrado no encuadra en los supuestos previstos por los arts. 159 y 163 del CPP para acceder al beneficio solicitado.
En tal sentido, comparto lo sostenido por el juez garante en cuanto a que las afecciones de salud invocadas por la defensa pueden ser adecuadamente atendidas y controladas en el ámbito penitenciario.
Asimismo, entiendo que ninguna de las circunstancias alegadas permite concluir, por el momento, que los riesgos procesales oportunamente valorados al dictarse la prisión preventiva, y posteriormente confirmados por esta Alzada por mayoría (causa N°42667 I1, RR-843-2026), puedan neutralizarse mediante la imposición de una medida cautelar menos gravosa.
En aquella oportunidad, para tener por configurados los peligros procesales, ponderé especialmente la naturaleza del vínculo existente entre el imputado y la presunta damnificada, M.L.O., quien refirió haber sido víctima de episodios previos de violencia verbal y psicológica por parte del encartado.
También valoré las expresiones que éste habría proferido, tales como: " ...te voy a cagar a puñaladas, ya te voy a encontrar en la calle o cuando vayas al colegio... ", conforme surge de la declaración prestada el 22 de junio de 2026.
Por su parte, Lucas Benjamín Obregón, también presunto damnificado, manifestó que " N. es capaz de todo, yo lo considero capaz de cumplir las amenazas, muy capaz ", refiriendo además el temor existente en el grupo familiar respecto del nombrado y su preocupación por la seguridad de sus hermanos cuando permanecen solos en el domicilio.
En ese contexto, entendí que el imputado podría influir sobre los damnificados o afectar su libre determinación, comprometiendo así el normal desenvolvimiento del proceso.
A ello se suman las graves características de los hechos investigados, consistentes en que, durante una discusión en la que destruyó pertenencias e insultó a su pareja, el encartado habría agredido físicamente al hijo de ésta arrojándole un florero y, posteriormente, intentado ingresar a la habitación donde se refugiaban M.L.O. y sus hijos, golpeando la puerta con una cuchilla mientras profería amenazas de muerte.
En consecuencia, al no advertirse modificación alguna de los riesgos procesales oportunamente ponderados, estimo que la medida cautelar vigente continúa siendo necesaria para asegurar el correcto desarrollo del proceso y la eventual aplicación de la ley sustantiva, sin que resulte desproporcionada en relación con los fines que procura resguardar.
Por todo lo expuesto, considero que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por los arts. 159 y 163 del CPP para la concesión del beneficio pretendido, por lo que corresponde confirmar íntegramente la resolución recurrida.
Así lo voto , por ser mi sincera convicción.
Rigen los artículos 21, inc.1°, 106, 148, 159 y 163 en sentido contrario, 421, 433, 434, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Luis A. Gil Juliani, dijo , dijo:
Que llamado a conformar mayoría, adhiero al voto efectuado por el juez Alejandro Cascio.
Así lo voto, por ser ello mi sincera convicción.
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, por mayoría,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
II. HACER lugar, por mayoría, al pedido de morigeración de la medida de coerción que viene sufriendo N.G.B. en los términos del artículo 163 del CPP, la que deberá hacer efectiva el juez del caso en el domicilio oportunamente propuesto, con los controles que el magistrado estime convenientes para asegurar los fines del proceso y proteger a la víctima, entre las que no deberá faltar la prohibición de mantener contacto por ningún medio con las presuntas víctimas.
Rigen los artículos 21, inc.1, 106, 144, 146, 148, 159, 160, 163, 421, 433, 439, 440, 441, 442 y cctes. del CPP.
Regístrese y notifíquese.
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: CASCIO Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: RITUCCI Maria Florencia - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1416-2026
Fin de la sentencia