Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 43205
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts.421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. Confirmar la resolución dictada el 27 de octubre de 2026, en todo cuanto dispone y fuera materia de agravio.
Rigen los arts.106, 148, 157, 171, 169 inciso segundo en sentido contrario, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
causa N° 43205 . IPP- 13-02-22999-26/00
"M.G. s/ incidente de apelación- prisión preventiva (coacción calificada - abuso de armas - portación ilegitima de arma de fuego de uso civil)"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora particular María Fernanda Regazzoni, contra lo resuelto por el Juzgado de Garantías N°5 Departamental, y
A la cuestión planteada, el juez, Luis Alejandro Gil Juliani dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts.421, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a mi conocimiento a través del recurso de apelación presentado por la defensa mencionada, contra el auto dictado por el juez a cargo del Juzgado de Garantías N°5 departamental, Julián Busteros, quien resolvió decretar la prisión preventiva de M.G., por suponerlo probablemente autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso de armas y coacción agravada por el empleo de arma, todos ellos en concurso real entre sí (arts.55, 104, primer y segundo párrafo, 149 ter, inc.1°, en función del art.149 bis, segundo párrafo, y 189 bis, inc.2°, tercer párrafo del Código Penal).
En ese contexto, el magistrado tuvo por acreditado: " Que el día 1° de octubre de 2026, siendo aproximadamente las 19:00 horas, en momentos en que B.M. regresaba hacia su domicilio, sito en calle Falucho N°2852, de la localidad y partido de Florencio Varela, es que, al llegar frente al mismo, en la vía pública, fue sorprendido por el imputado de autos, M.G., quien portaba, sin la debida autorización legal y con posibilidad inmediata de uso, un arma de fuego tipo revólver, marca Bagual calibre .22 PASPER, serie N° 286710, de color gris. En tales circunstancias, encontrándose a una distancia aproximada de diez metros de la víctima, es que el imputado efectuó al menos tres disparos con el arma de fuego mencionada contra la humanidad de B.M., impactando uno de ellos en su pierna derecha, provocándole una lesión en la zona inferior de la misma. Seguidamente, el imputado ingresó a su domicilio, ubicado en el mismo terreno que la morada de la víctima. Ante ello, y al intentar intervenir el progenitor del damnificado, C.M., el imputado, exhibiendo el armamento descripto, le manifestó, desde la ventana de su vivienda, "No te metas, porque te voy a hacer mierda a vos también", haciendo de esa forma uso de amenazas con el propósito de obligar a C.M. a no intervenir en auxilio de su hijo, contra su voluntad, valiéndose para ello del arma de fuego que poseía. Por lo narrado, los damnificados solicitaron la presencia de personal policial en el lugar, arribando numerarios del Comando de Patrullas de Florencio Varela, los cuales, una vez anoticiados de lo sucedido, procedieron a la aprehensión del encartado M.G. ".
Para arribar a tal conclusión, ponderó el acta de procedimiento labrada por el personal policial interviniente, que constató la existencia de una herida sangrante en la pantorrilla de la víctima y recogió sus manifestaciones sindicando a M.G. como autor de los disparos.
Asimismo, valoró las declaraciones testimoniales de las funcionarias policiales intervinientes, las que corroboraron las circunstancias relevadas al arribar al lugar.
Le otorgó especial relevancia a la declaración de la víctima, en cuanto refirió que, al regresar a su domicilio, observó a M.G. portando un arma de fuego calibre 22, con la cual efectuó tres disparos en su dirección, resultando alcanzado en una de sus piernas.
En igual sentido, consideró la declaración de C.M., progenitor del damnificado, quien afirmó haber observado al imputado armado, apuntando a su hijo y efectuando un disparo que impactó en su pierna, agregando que posteriormente lo amenazó para impedir su intervención.
A su vez, tuvo en cuenta el resultado positivo del allanamiento de urgencia practicado en el domicilio del encausado, ocasión en la que se secuestró un revólver marca Bagual, calibre 22, hallado apto para el disparo. Dicha diligencia fue corroborada por el testigo de actuación convocado al procedimiento.
Asimismo, valoró el informe médico legal del que surge que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en región gemelar derecha, sin orificio de salida, con un período de inutilidad para el trabajo menor a treinta días.
También consideró el informe del RENAR, que estableció que el imputado no se encontraba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego y que el arma secuestrada carecía de registración.
Sobre la base de tales elementos, estimó configurados, prima facie, los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso de armas y coacción agravada por el empleo de arma, en concurso real, previstos en los arts.55, 104, primer y segundo párrafo, 149 ter, inciso 1°, en función del art.149 bis, segundo párrafo, y 189 bis, inciso 2°, tercer párrafo, del Código Penal.
En cuanto a los peligros procesales, consideró que la medida cautelar encontraba sustento en la gravedad del hecho atribuido, el daño ocasionado, la pena en expectativa y los antecedentes condenatorios del imputado.
En particular, destacó que M.G. registraba una condena anterior a cinco años y seis meses de prisión por robo calificado por el empleo de arma, extinguida en agosto de 2025, circunstancia que, unida a la eventual imposición de una nueva pena de efectivo cumplimiento, permitía presumir un riesgo concreto de fuga.
Con fundamento en tales extremos y en lo dispuesto por los arts.144, 146, 148, 157, 158 y 171 del Código Procesal Penal, resolvió convertir la detención que venía sufriendo el imputado en prisión prevntiva.
3. La defensa particular interpuso recurso de apelación contra la mentada resolución, y solicitó su revocación y la inmediata libertad del imputado, o subsidiariamente la imposición de una medida menos gravosa.
En primer lugar, sostuvo que la resolución carece de fundamentación suficiente, ya que se limita a transcribir pruebas sin efectuar una valoración concreta de los elementos reunidos, incumpliendo, según afirma, las exigencias de los arts.106, 157 y 158 del CPP.
En cuanto a la materialidad del hecho y la autoría, señaló diversas inconsistencias probatorias.
Remarcó que la víctima habría manifestado que recibió un disparo en el pie, mientras que el médico forense constató una lesión en la región gemelar derecha (pantorrilla).
También destacó que no se secuestraron vainas servidas en el lugar, pese a que se denunció la realización de tres disparos, y cuestionó la ausencia de una pericia de dermotest que permitiera corroborar quién efectuó los disparos.
Asimismo, indicó que no existe prueba que vincule el arma secuestrada con el hecho investigado y que, al momento del allanamiento, el arma se hallaba descargada y sin vainas servidas.
En otro orden, sostuvo que no se encuentran acreditados los peligros procesales invocados para justificar la prisión preventiva.
Argumentó que M.G. nunca intentó sustraerse de la acción de la justicia ni entorpecer la investigación, por lo que no existiría riesgo actual de fuga ni de obstaculización del proceso.
Cuestionó que la resolución funde la medida cautelar principalmente en la pena en expectativa y en la eventualidad de una futura condena, lo que consideró contrario al principio de inocencia.
En apoyo de su planteo, desarrolló extensamente doctrina y jurisprudencia vinculadas al carácter excepcional de la prisión preventiva, invocando garantías constitucionales y convencionales, especialmente la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el criterio según el cual la privación cautelar de la libertad solo puede fundarse en riesgos concretos de fuga o entorpecimiento probatorio.
Finalmente, solicitó que la Cámara haga lugar al recurso, revoque la prisión preventiva y disponga la libertad del imputado bajo caución o, en su defecto, ordene la aplicación de una medida alternativa menos restrictiva de la libertad ambulatoria.
4. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley 15.232, surge que personal de esta sala, constató la inexistencia de datos de contacto del Sr. B.M., tales como teléfono o dirección de correo electrónico, que permitan entablar comunicación con el nombrado, por lo que no se pudo mantener contacto.
5. Encontrándome en condiciones de resolver, adelanto que el recurso interpuesto no tendrá favorable acogida.
En primer lugar debo señalar que, más allá de que el impugnante no comparta el criterio adoptado por el juez garante en el auto atacado, de la lectura del mismo se desprende que se ha efectuado allí una valoración que permite seguir el camino lógico por el que se arribó a la conclusión plasmada.
En esa inteligencia cabe tener presente que la debida motivación de las sentencias y autos impuesta por el artículo 106 del CPP " se refiere a la necesidad de expresar [...] cuáles son los elementos de convicción [...] o las pruebas [...] en los que se basan las decisiones" (Héctor M. Granillo Fernández y Gustavo A. Herbel, "Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Bs. As.", 2° ed., La Ley, 2009, 369); y, en ese mismo orden de ideas, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires ha sostenido que "motivar la sentencia es exponer por escrito el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el Tribunal apoya su decisión " (Causa N°5321, "Barreto, Rubén M. s/ recurso de casación", 20/11/2001).
Sentado ello, y en lo que hace al cuestionamiento de la defensa acerca de la acreditación de la materialidad y la autoría de su defendido, debo decir que tampoco acompañaré el planteo efectuado.
A fin de reconstruir el suceso, contamos con lo declarado por la víctima, B.M., quien relató que el 1 de octubre de 2026, alrededor de las 19:00 horas, cuando regresaba a su domicilio observó a M.G. en las inmediaciones de la vivienda. Manifestó que éste extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos en su dirección, impactándole el último de ellos en el pie.
Asimismo, indicó que mantenía conflictos previos con el nombrado, derivados de una pelea ocurrida meses antes, y que con anterioridad había recibido amenazas de su parte. Agregó que el imputado también habría efectuado disparos contra otra persona vinculada a su grupo familiar.
Sostuvo que pudo observar con claridad el accionar del imputado debido a las condiciones de visibilidad existentes, indicando que los primeros disparos fueron dirigidos hacia su torso y que el tercero lo alcanzó cuando intentaba alejarse corriendo, que le impactó en el pie cuando intentaba alejarse corriendo del lugar.
Además, manifestó reconocer el arma utilizada como un revólver calibre 22 que, según sus dichos, el imputado solía exhibir y emplear para amenazar a distintas personas.
Asimismo, declaró O.M., progenitor de B.M. y refirió que observó una discusión entre B.M. y el imputado, originada, según su versión, por el malestar de la pareja de M.G. debido a que B.M. quemaba cobre en la vereda.
Señaló que, mientras se encontraba a una distancia aproximada de entre doce y quince metros, el imputado exhibió un revólver calibre .22, apuntó hacia B.M. y le reprochó conductas vinculadas con su pareja, acto seguido, el imputado efectuó un disparo que impactó en la pierna derecha de B.M.
Agregó que, luego del disparo, intentó intervenir para evitar la agresión, ocasión en la que el imputado ingresó a su domicilio y, desde una ventana, continuó apuntando en dirección a los presentes mientras profería amenazas.
Finalmente, indicó que posteriormente arribó personal policial y una ambulancia, que trasladó a B.M. al hospital local. Consultado específicamente afirmó haber observado que el arma fue dirigida hacia el cuerpo de su hijo.
Las declaraciones de las víctimas se complementan con el contenido del acta de procedimiento de donde surge que personal policial se constituyó en el lugar de los hechos ubicado en la calle [omisión por dato personal, conf. ley 25.326, art. 164 CPCC y arts. 2, 3, 4 del Acuerdo 4011 SCJBA].
En el lugar encontraron a B.M., quien presentaba una lesión sangrante en la pantorrilla y manifestó que había mantenido un conflicto con M.G., atribuyéndole haber efectuado tres disparos en su contra.
A raíz de ello, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión de M.G. y la realización de un allanamiento de urgencia de su domicilio.
La diligencia de allanamiento tuvo resultado positivo, procediéndose al secuestro de un revólver calibre 22. En esa oportunidad, L.P., actuó como testigo de actuación del allanamiento en urgencia y ratificó su contenido.
Finalmente, las circunstancias consignadas en el acta de procedimiento fueron corroboradas por las declaraciones testimoniales del personal policial interviniente, Alejandra Molina y Valeria Moreno.
El arma secuestrada fue sometida a peritaje, concluyendo la experticia que el arma de fuego, del tipo revolver, calibre .22 marca Pasper Bagual, número de serie 286710, calificada como arma de fuego de uso civil, poseía signos de residuo de pólvora sin deflagrar o de la deflagración, lo que indicaría que la misma había sido disparada recientemente, resultando además apta para efectuar disparos.
Por otro lado, se observa el reconocimiento médico legal. el que en definitiva constató la presencia de una herida de arma de fuego en la región gemelar derecha, sin orificio de salida, calificando la lesión como leve.
Se complementa la pesquisa con el informe del ReNAr que dio cuenta de que M.G., no se encontraba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categoría, y el revólver secuestrado tampoco.
Así las cosas, y con las evidencias recolectadas, discrepo con lo alegado por la defensa, y encuentro que por el momento las evidencias recolectadas son suficiente para tener por comprobada tanto la materialidad ilícita como la autoría penalmente responsable de M.G. en la misma.
Las víctimas no dudaron en señalar a M.G. como autor de los disparos y las amenazas coactivas, y las nimias diferencias en cuanto a la localización de la herida, sea en el pie o en la zona del gemelo, no hacen variar mi convencimiento acerca de la forma en que ocurrió la misma, y que fue producto de los disparos efectuados por M.G. en dirección a B.M.
Tampoco tengo dudas, teniendo en cuenta el tiempo, y espacio en que se dieron los sucesos, y la señalización específica realizadas por los testigos, que el arma secuestrada en poder de M.G., habría sido la utilizada para configurar los delitos atribuidos.
B.M. y O.M., dijeron haber visto a M.G. esgrimiendo el arma de fuego en la vía pública, apuntado a Julio Braian y disparado contra su persona, habiendo impactado un disparo en su pierna derecha.
A ello se suma la constatación de la herida en la pierna derecha de B.M., completándose el plexo cargoso con la comprobación pericial de que el arma secuestrada a M.G. era apta para efectuar disparos y habría sido recientemente disparada, circunstancias que constituyen elementos objetivos de corroboración de significativa relevancia y que fortalecen, en esta instancia, la credibilidad de la versión suministrada por las víctimas.
En consecuencia, las evidencias recolectadas, con los requerimientos propios de la instancia, me llevan a confirmar, por el momento, lo resuelto por el juez garante, ello en virtud de que alcanza a conformar un cuadro de sospecha suficiente para proceder con la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal conforme las exigencias del art. 157 del CPP.
Por otra parte, la ausencia de la pericia de dermotest, que no se hayan secuestrado vainas servidas, o que el arma una vez secuestrada estuviera descargada no permiten excluir la acusación y las restantes evidencias recolectadas, las que valoradas de forma conjunta me convencen, en esta etapa, de la existencia del hecho, la probable autoría de M.G., y la adecuación con la calificación legal provisoriamente asignada por el ministerio público fiscal (Arts., 157 inc. 1, 2 y 3 del CPP).
Seguidamente, y en lo atinente a los peligros procesales (art.157 inc.4 del CPP), debemos tener en cuenta que M.G. se encuentra detenido en el marco del presente proceso desde el 01 de octubre del 2026, en orden a los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso de armas y coacción agravada por el empleo de arma, todos ellos en concurso real entre sí (arts.55, 104, primer y segundo párrafo, 149 ter, inc.1°, en función del art.149 bis, segundo párrafo, y 189 bis, inc.2°, tercer párrafo del Código Penal).
A partir de ello y a la luz de la escala penal prevista para los delitos atribuidos al encartado su situación aparece comprendida en el supuesto previsto en el segundo inciso del art.169 del CPP.
No está demás recordar que la aplicación del instituto de la excarcelación no es automática porque la escala penal así lo permita, sino que para evaluar su viabilidad se debe analizar la situación del imputado conforme los parámetros establecidos por el art.148 del código ritual.
Ello así en razón de que el derecho constitucional de permanecer en libertad durante el procedimiento (art.144, primer párrafo del CPP), no tiene carácter absoluto, sino que encuentra su limitación en la existencia de indicios vehementes para suponer que en caso de que el imputado sea dejada en libertad, eludirá la acción de la justicia o entorpecerá la investigación (art.171 del mismo cuerpo legal).
En ese contexto, y a la luz de las normas citadas, considero que la escala penal prevista para los hechos atribuidos constituye un claro indicador de peligro procesal de fuga (arts.148, segundo párrafo, inc.2°, y 171 CPP).
Desde mi perspectiva, la privación de libertad anterior a la sentencia resulta admisible cuando la libertad del imputado pone en riesgo los fines del proceso y dichos fines no pueden ser garantizados mediante medidas menos gravosas.
En ese orden, en el caso en particular, corresponde destacar que no sólo la pena prevista y la calificación legal atribuida de forma provisoria, permiten inferir la existencia de motivos suficientes para sostener el peligro de fuga.
En ese aspecto, la circunstancia de que M.G. registra un antecedente penal computable configura un parámetro suficiente para constituir el peligro procesal de fuga.
Se observa del informe del registro nacional de reincidencia y estadística criminal que el Tribunal en lo criminal N°1 departamental, resolvió en el marco de la causa N° 5909, el 26 de febrero de 2023 condenar a M.G. a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma, cuyo vencimiento operó el 19 de agosto de 2025.
Las condena referida denota una razón válida para presumir que el imputado podría intentar sustraerse del accionar judicial (arts.148 y 171 CPP).
Se observa que en caso de recaer una sentencia condenatoria en la presente causa, la misma no podrá ser dejada en suspenso (art.27 del CP), sumado a que podrá llegar a ser declarado reincidente conforme el art.50 del CP.
En función de este cuadro de situación, considero que la medida cautelar restrictiva de la libertad resulta, por el momento, necesaria para garantizar el correcto desarrollo del proceso y la eventual aplicación de la ley penal.
No obstante el esfuerzo argumental de la defensa, sus planteos no alcanzan a desvirtuar la valoración efectuada respecto de los riesgos de fuga verificados.
Finalmente, no advierto que el tiempo de detención que registra el imputado se haya tornado desproporcionado en relación con el objeto de tutela de la medida de coerción impuesta.
Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde confirmar, por el momento, la resolución recurrida en todo y cuanto fuera materia de agravio, dejando a salvo que se encuentra en trámite ante el juzgado de garantías, un pedido de morigeración.
Así lo propongo al acuerdo, por ser ello mi sincera convicción.
Rigen los arts.106, 148, 157, 171, 169 inciso segundo en sentido contrario, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
A la cuestión planteada, el juez, Pablo G. Barbieri dijo:
Coincido con el voto efectuado por mi colega al que adhiero en su totalidad.
Así lo voto, por ser tal mi sincera convicción.
Rigen los arts.106, 148, 157, 171, 169 inciso segundo en sentido contrario, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Por ello, esta Sala Segunda de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts.421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. CONFIRMAR la resolución dictada el 27 de octubre de 2026, en todo cuanto dispone y fuera materia de agravio.
Rigen los arts.106, 148, 157, 171, 169 inciso segundo en sentido contrario, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
III. Regístrese y notifiquese.
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: PONCET Sabrina Yael - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1408-2026
Fin de la sentencia