Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 43128
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensora oficial, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
2No hacer lugar al recurso interpuesto, y en consecuencia, confirmar , la resolución apelada en cuanto convierte en prisión preventiva la detención de S.D.C. por resultar supuesto coautor del delito de encubrimiento simple (art. 277, inc. 1, apartado c) del CP).
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 148, 169, inc. 1 en sentido contrario, 171, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Causa N° 43.128 / IPP 13-02-15692-25
" S.D.C. s/ inc. de prisión preventiva"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial Lorena Montiel, contra el auto dictado por el titular del Juzgado de Garantías N° 5 departamental y;
A la cuestión planteada, el juez Luis A. Gil Juliani dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts.421, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Las presentes actuaciones llegan a mi conocimiento a través del recurso de apelación presentado por la defensora mencionada contra el auto dictado por el juez titular del Juzgado de Garantías N° 5 departamental, Julián Busteros, quien resolvió convertir en prisión preventiva la detención de S.D.C., por considerarlo supuesto autor penalmente responsable del delito de encubrimiento simple (art. 277, inc.1, apartado c) del Código Penal).
3. La recurrente se agravió de la resolución dictada por el juez garante, postulando su rechazo.
Señaló que al examinar los elementos reunidos durante la investigación, el juez consideró acreditada la existencia del hecho y la probable intervención de C. a partir del acta de procedimiento policial, las declaraciones de los funcionarios intervinientes, el informe de visu, la inspección ocular y la documentación relativa al pedido de secuestro del motovehículo.
Destacó que sin embargo, el razonamiento desarrollado no distingue suficientemente entre aquellos elementos que permiten establecer la procedencia ilícita del rodado y los que resultarían necesarios para atribuir al imputado el conocimiento de dicha circunstancia.
A su modo de ver la distinción resulta esencial porque el delito de encubrimiento, en la modalidad prevista en el artículo 277, inciso 1, apartado c), del Código Penal, exige algo más que la mera tenencia o utilización de un objeto proveniente de un delito anterior.
Su configuración requiere acreditar, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, que quien recibió o adquirió el bien conocía su procedencia ilícita.
Luego, sostuvo que la medida cautelar resulta ilegítima y desproporcionada toda vez que el delito de encubrimiento imputado tiene una escala penal máxima de seis (6) años, lo que lo torna excarcelable conforme al artículo 169, inciso 1 del Código Procesal Penal.
Señaló que el juez, al resolver anticipó una condena de cumplimiento efectivo, desconociendo la postura de la defensa que insiste en la inocencia del imputado.
Asimismo, cuestionó que el magistrado haya fundado la prisión preventiva en la existencia de antecedentes condenatorios del imputado.
Por todo ello, solicitó la revocación del auto apelado y la inmediata libertad del asistido.
4. En primer término debemos recordar que el Juez garante tuvo por acreditado que "en fecha incierta, pero es dable establecer entre los días 8 de noviembre del ano 2022 y y el 16 de junio del año 2025, en lugar no determinado, pero presumiblemente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un sujeto varón, a la postre identificado como S.D.C., recibió con ánimo de lucro, evidenciando en el uso dado como transporte, un motovehículo marca (Omisión por dato sensible y/o personal) a sabiendas de su procedencia ilícita, toda vez que el mismo había sido sustraído en la fecha mencionada en primer término, poseyendo pedido de secuestro activo por el delito de hurto de motovheiculo, de fecha 8 de noviembre de 2022, con intervención de la Comisaría Tercera de Florencio Varela, en la fecha mencionada en segundo término, a la hora 15.00, en la calle Cañuelas entre las calles Delgado y Bogotá, de la localidad y partido de Florencio Varela, a visualizar el motovehículo antes descripto que circulaba con chapa patente colada, siendo interceptado e identificado como S.D.C., junto al secuestro del rodado ya aludido por razones de urgencia.
Calificó este suceso como constitutivo del delito de encubrimiento simple (art. 277, inc.1, apartado c) del CP).
En este punto, descartó la agravante sostenida por la fiscalía explicando que no advertía de las evidencias que el encartado haya realizado -o podido realizar- maniobra alguna que pueda considerarse provechosa o lucrativa respecto de los elementos que fueran secuestrados en su esfera de control y por eso debía quedar calificado en la figura básica.
Luego, sostuvo que existían elementos de convicción suficientes para acreditar que el inculpado resultaría probable autor penalmente responsable de aquel hecho.
Finalmente, el juez garante entendió verificada la existencia del peligro procesal de fuga que ameritaba la medida de coerción dispuesta, valorando para ello que el monto de pena en expectativa conminada en abstracto para la figura atribuida no podrá ser dejada en suspenso por el antecedente condenatorio que registra el C..
Esa circunstancia, lo llevó a concluir en la necesidad de la imposición de la medida precautoria de encarcelamiento preventivo que garantice la sujeción del imputado al proceso y el éxito en la aplicación de la ley penal.
5. Ahora bien, fijada la materia del recurso adelanto opinión en cuanto a que el mismo no merece prosperar.
En tal sentido, coincido con el juez interviniente en cuanto a que se encuentra, al menos en esta instancia, demostrada la ocurrencia del hecho y la participación penalmente responsable de S.D.C. en el mismo así como su encuadre legal.
Valoro para ello el acta de procedimiento que da cuenta de la aprehensión del imputado a bordo del rodado, el cual tenía pedido de secuestro activo por el delito de hurto de motovehículo del 8 de noviembre de 2022, con intervención de la Comisaría Tercera de Florencio Varela.
El contenido de dicho instrumento se encuentra complementado y ratificado con las declaraciones de los funcionarios policiales intervinientes y el testigo de actuación, el informe de visu y el acta de inspección ocular.
Asimismo, se encuentra incorporada a la causa la planilla de secuestro activo y la copia de la denuncia que motivo motivó su inserción.
En particular, corresponde destacar que el encausado fue interceptado mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo por hurto automotor, de la cual no poseía documentación alguna que acreditara su legítima tenencia.
Este conjunto de elementos permite inferir, con el grado de convicción exigible en esta instancia, que el imputado conocía el origen ilícito del vehículo que conducía.
En tales condiciones, estimo que se encuentran reunidos los extremos objetivos y subjetivos requeridos por la figura penal atribuida, particularmente en lo concerniente al conocimiento del origen ilícito del rodado.
Sobre casos similares al presente, la jurisprudencia tiene dicho que "[...] También incurre en el delito quien se encontraba en posesión de un automóvil con chapas cambiadas y sin documentación, sin dar explicaciones plausibles que desvirtúen las imputaciones [...]. El circular con el automóvil sin documentación alguna refleja a las claras el conocimiento pleno e inequívoco del origen ilícito del rodado que no se asienta con el dolo eventual sino de manera exclusiva en el directo" (Romero Villanueva, Horacio J. "Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria. Anotados con jurisprudencia, novena edición ampliada y actualizada". Editorial La Ley, año 2021).
Por ello, estimo que corresponde rechazar el planteo principal de la defensa orientado a obtener la libertad por falta de mérito (art. 320 del CPP, a en sentido contrario), pues se encuentran reunidos los extremos exigidos por el art.157 incs.1, 2 y 3 del CPP.
Por otro lado, también considero que debe confirmarse la medida de coerción dispuesta por el juez garante.
Si bien la situación de S.D.C., encuadraría en las previsiones del art.169, inc.1 del CPP, ello teniendo en vista la escala penal prevista para el hecho imputado, es necesario recordar que la aplicación del instituto de la excarcelación, no es automática porque la escala penal así lo permita sino que, para evaluar su viabilidad, corresponde analizar la situación del encausado conforme los parámetros establecidos por los arts. 171 y 148 del rito.
En ese sentido, debo destacar que conforme el informe actuarial agregado en el expediente digital, el encartado registra una sentencia condenatoria dictada el 16 de agosto de 2016 por los jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal N°2 del departamento judicial de Dolores, a la pena de cuatro (4) años de prisión, en el marco de la IPP 03-04-000408-14, en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. De adverso a lo sostenido por la defensa, lo cierto es que al momento de cometer presuntamente el hecho bajo análisis, en este caso el antecedente condenatorio no caducó registralmente, y en efecto, corresponde que sea valorado en la actualidad.
Dicha circunstancia, me permite concluir que, en caso de recaer sentencia condenatoria en autos, la misma no podrá ser dejada en suspenso, toda vez que desde aquel pronunciamiento hasta el día en que presuntamente cometió el evento aquí investigado, no transcurrió un plazo mayor al previsto en el artículo 27, segundo párrafo, último supuesto, infiriendo de ello el peligro procesal de fuga.
En este sentido, cabe indicar que, a mi entender, la medida de coerción que hoy pesa sobre el encartado no resulta, por el momento, desproporcionada en relación al objeto de tutela, en tanto se encuentra detenido desde el 22 de septiembre de 2026 (según actuaciones).
Además, debe valorarse el comportamiento del encartado en el presente proceso en el cual se lo convocó a declarar en cuatro oportunidades y no se hizo presente, demostrando dificultades para someterse al mismo.
Luego, desde mi punto de vista, la privación de la libertad anterior a la sentencia resulta admisible si la libertad del imputado pone en peligro los fines del proceso y dichos fines no pueden ser asegurados por medidas menos lesivas que la prisión rigurosa.
Por los argumentos expuestos, propongo al Acuerdo confirmar, por el momento, la resolución del juez del caso en cuanto dispuso la prisión preventiva de S.D.C. por resultar supuesto coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento simple (art. 277 inc.1 apartado c) del CP).
Así lo voto, por ser tal mi sincera convicción.
Rigen los arts. 21, inc.1, 106, 148, 169, inc. 1, en sentido contrario, 171, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Pablo Gastón Barbieri dijo:
Adhiero al voto del juez preopinante, por ser tal mi sincera convicción.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 148, 169, inc. 1, en sentido contrario, 171, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Así lo voto, por ser ello mi sincera convicción.
Por ello, esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes;
1. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensora oficial, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
2. NO HACER LUGAR al recurso interpuesto, y en consecuencia, CONFIRMAR , la resolución apelada en cuanto convierte en prisión preventiva la detención de S.D.C. por resultar supuesto coautor del delito de encubrimiento simple (art. 277, inc. 1, apartado c) del CP).
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 148, 169, inc. 1 en sentido contrario, 171, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Regístrese y notifiquese.
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: MUÑOZ Mariana Soledad - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1409-2026
Fin de la sentencia