Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II · Causa 41276-I1
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensora con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensora interviniente y, consecuentemente, confirmar el auto apelado en todo cuanto resolvió y fuera materia de agravio.
Rigen los arts. 5, 161 y ccdtes de la Constitución Provincial; arts. 76 bis del Código Penal; 21, inciso 1°, 56, 106, 404 en sentido contrario, 421, 433, 440, 441, 442 y concordantes del Código Procesal Penal.
Causa 41.276 I1 / IPP 13-00-36932-24
L.J.B s/ incidente de apelación
Para resolver el recurso de apelación interpuesto el 16 de octubre de 2026 por la defensora particular, M.E.E, contra el auto dictado el 15 de octubre de 2026 por la jueza titular del Juzgado Correccional N° 3 Departamental, y
A la cuestión planteada, el juez, Pablo Barbieri , dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensora antes mencionada contra la resolución dictada por la jueza a cargo del Juzgado Correccional N° 3 departamental, Julia Rutigliano, quien resolvió no hacer lugar a la solicitud de conceder la suspensión del juicio a prueba en favor del imputado L.J.B (arts.76 bis y ccdtes., 89 en función del artículo 80 inciso 9 del Código Penal y 404 en sentido contrario del CPP).
Por su parte, el recurrente se agravió de lo resuelto denunciando arbitrariedad por fundamentación aparente.
Afirmó que la resolución contiene extensas referencias al caso, pero que no responde específicamente a los planteos introducidos por la defensa ni explica de manera razonada por qué los requisitos de procedencia del instituto no se encontrarían satisfechos.
En mismo sentido, se quejó de que la jueza haya justificado su rechazó limitándose a aceptar la oposición del Ministerio Público Fiscal sin efectuar un control jurisdiccional real y concreto sobre sus fundamentos.
Sostuvo que el dictamen fiscal contiene consideraciones generales sobre la gravedad del hecho, la política criminal y la condición funcional del imputado, pero que no explica de manera suficiente por qué las circunstancias particulares del caso impedirían la aplicación del instituto previsto en el artículo 76 bis del Código Penal.
Agregó que existe una inconsistencia en la calificación legal utilizada, ya que la fiscalía habría encuadrado el hecho en el artículo 80 inciso 9 del Código Penal, relativo al abuso funcional de integrantes de fuerzas de seguridad, pero la resolución judicial menciona el inciso 11, referido a violencia de género.
Que dicha discrepancia no es meramente formal, ya que podría haber influido en los fundamentos empleados para rechazar el instituto, por lo que solicita que ésta Alzada determine cuál es la imputación efectivamente vigente.
Por otro lado, se quejó de la interpretación de la prohibición del artículo 76 bis respecto de funcionarios públicos.
Si bien reconoció la existencia de esa restricción legal, sostuvo que no basta con que el imputado sea personal policial para excluir automáticamente el beneficio, sino que debe acreditarse concretamente que el hecho fue cometido en ejercicio de sus funciones.
Afirmó que tampoco fueron debidamente valoradas las circunstancias personales favorables de L.J.B, tales como la ausencia de antecedentes penales, su actividad laboral, sus responsabilidades familiares, su disposición a cumplir reglas de conducta y el ofrecimiento de una reparación económica de $150.000.
Mucho menos se conoce la posición de la presunta víctima respecto del instituto solicitado.
Finalmente, cuestionó la valoración de la prueba reunida durante la investigación, especialmente del registro fílmico invocado por la fiscalía, argumentando que se trata de una grabación parcial que no refleja el contexto completo de los hechos y omite circunstancias que, a su criterio, mostrarían una actuación defensiva del imputado.
Vinculado con ello, invocó reiteradamente los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, sosteniendo que la prueba existente no permite tener por acreditadas con certeza las conductas atribuidas y que la resolución recurrida se apoya en hipótesis aún sujetas a comprobación.
Por todo ello, solicitó se revoque la decisión y se conceda la suspensión del proceso a prueba a su asistido o, subsidiariamente, la nulidad de la decisión por insuficiencia en la fundamentación.
Hizo reserva del Caso Federal (art. 14 de la ley 48).
3. Por su parte, surge que personal de esta Alzada no logró comunicarse con M.S.J, presunta víctima de caso (conforme ley 15.232).
4. Sentado ello, debo adelantar opinión en cuanto el recurso interpuesto no merece prosperar.
a) En primer lugar, considero que más allá de que el quejoso no comparta el criterio sustentado por la magistrada de grado, entiendo que la decisión cuestionada no es arbitraria y satisface acabadamente la exigencia de motivación prevista por los artículos 106 del CPP y 171 de nuestra Constitución Provincial, por cuanto brindó tratamiento al beneficio peticionado, rechazándolo de manera fundada.
En esa inteligencia, sostuvo la Suprema Corte provincial que: " No basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional. En otras palabras, es insuficiente el reclamo si, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (art. 495 C.P.P.) (Ref. SCBA, LP, N°131.219 del 09/11/2020).
A partir de ello, no considero que la resolución carezca de fundamentación y entonces no es arbitraria ni causa un perjuicio concreto y por ello la nulidad debe ser descartada.
b) Superado ello, conviene recordar que a L.J.B se le imputa la presunta comisión del siguiente hecho: " Que el día 17 de noviembre de 2024 siendo las 00:30 hs. aproximadamente B.L.J, en su condición de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en pleno ejercicio de sus funciones, en virtud de un llamado al 911, se presentó en las inmediaciones del domicilio sito en la calle Xdel partido de Quilmes y abusando de su función o cargo como miembro integrante de la fuerza de seguridad policiales, sin mediar motivo, empleando el uso de la fuerza en forma injustificada, agredió físicamente a S.J.M ocasionándole lesiones de leve entidad, de origen traumático, como hematoma orbitario izquierda bipalpebral con inyección conjuntival sin compromiso de la agudeza visual, excoriación fronto temporal izquierda, herida cortante supraciliar izquierda suturada, siendo que para ello le asestó varios golpes de puño y patadas, lo tomó de la cabeza a S haciéndolo impactar contra el móvil policial Volkswagen Amarok N° 31959 dominio AG109NH y luego lo golpeó con una piedra del tamaño de un ladrillo. Tras consumar las lesiones, B se dio a la fuga a bordo del móvil de mención".
Que el ministerio público fiscal calificó el evento como constitutivo del delito lesiones leves agravadas abusando de su función o cargo como miembro integrante de las fuerzas policiales (art. 89 en función del art. 92, y 80 inciso 9 del CP).
Por su parte, su defensora solicitó se le otorgue al nombrado la suspensión del juicio a prueba por cuanto no posee antecedentes, con su actividad laboral es el sostén del grupo familiar, tiene la voluntad de someterse a las reglas de conducta impuestas, y ofreció al presunto damnificado en concepto de reparación económica del daño causado la suma de ciento cincuenta mil pesos, entendiendo verificadas las exigencias previstas para la concesión de instituto peticionado.
Ahora bien, si bien la magistrada no designó la audiencia solicitada ni convocó a la presunta víctima (art. 404 del CPP), no puedo perder de vista que el artículo 76 bis del Código Penal establece que no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
La norma no prevé una exclusión fundada exclusivamente en la calidad personal del imputado, pues exige además que exista una vinculación entre el hecho atribuido y el ejercicio de la función pública.
Desde esa perspectiva, advierto una relación inmediata entre la conducta investigada y el ejercicio de la función pública desempeñada por el imputado B al momento de comparecer como funcionario policial a un llamado del sistema de emergencias 911.
Tales circunstancias tornan operativo el impedimento previsto en el artículo 76 bis del Código Penal.
A mayor abundamiento, considero que la jueza brindó tratamiento al beneficio peticionado, rechazándolo fundadamente, esto es al verificar la falta de consentimiento por parte del Ministerio Público Fiscal, el cual, tal como establece la normativa y jurisprudencia, deviene necesario en todos los supuestos del art. 76 bis del CP (TCPBA en pleno, causas N° 52.274 y 52.462, del 9/9/2013).
Los argumentos invocados por la fiscalía para rechazar el beneficio resultan lógicos y suficientes para tener por debidamente motivada su oposición a la aplicación del instituto en tratamiento, cumpliendo, en lo demás, con los recaudos exigidos en el art. 56 del CPP.
Las razones expuestas no resultan irracionales ni arbitrarias en el caso concreto, y demuestran la intención de la fiscalía de continuar ejerciendo la acción penal en el debate oral, y en consecuencia se torna vinculante para la jurisdicción.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar el auto puesto en crisis en tanto rechaza el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado en favor de L.J.B.
Así lo voto, por ser mi sincera convicción.
Rigen los arts. 76 bis del Código Penal; 21, inciso 1°, 56, 106, 404 en sentido contrario, 421, 433, 440, 441, 442 y concordantes del Código Procesal Penal.
A la misma cuestión planteada, el juez Alejandro Cascio, dijo:
Voto en igual sentido y por los mismos fundamentos que mi colega preopinante, por ser ello mi sincera convicción.
A la misma cuestión planteada, el juez Luis Gil Juliani , dijo:
Voto en igual sentido y por los mismos fundamentos que mi colega que lidera al Acuerdo, por ser ello mi sincera convicción.
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensora con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensora interviniente y, consecuentemente, CONFIRMAR el auto apelado en todo cuanto resolvió y fuera materia de agravio.
Rigen los arts. 5, 161 y ccdtes de la Constitución Provincial; arts. 76 bis del Código Penal; 21, inciso 1°, 56, 106, 404 en sentido contrario, 421, 433, 440, 441, 442 y concordantes del Código Procesal Penal.
Regístrese y notifíquese .
Firmas
Funcionario firmante: GIL JULIANI Luis Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: CASCIO Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: SCIAN Sergio Javier - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1413-2026
Fin de la sentencia