Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en cuanto determina el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006, con más sus intereses resarcitorios y revocarla parcialmente respecto de la multa aplicada, de acuerdo con lo dispuesto en los Considerandos V y VI. Costas en relación con los respectivos vencimientos.
2Regular en las sumas de $ 483.340.- (pesos cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta) y $ 322.227.- (pesos trescientos veintidós mil doscientos veintisiete) los honorarios de los Dres. Cristina Noemí González y José Antonio Rodríguez, como co-apoderados, respectivamente; en $ 2.013.916.- (pesos dos millones trece mil novecientos dieciséis) al Dr. Walter Distel por su participación como letrado patrocinante y en la suma de $ 563.896.- (pesos quinientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis) al Dr. Ezequiel Silvio Katz por su actuación como co-apoderado y co-patrocinante, todos ellos en representación del Fisco Nacional. Dichos honorarios no incluyen el impuesto al valor agregado y se encuentran a cargo de la recurrente.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte recurrente aplicando las pautas referidas precedentemente y en tal sentido, se fijan en las sumas de $ 54.839.- (pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve) al Dr. Gustavo Grinberg por su actuación como co-apoderado; en $ 130.242.- (pesos ciento treinta mil doscientos cuarenta y dos) a la Dra. María …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-124716444-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Diciembre de 2021 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7º Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal de la 8° Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal de la 9° Nominación), a fin de sentenciar en la causa N° 33.487-I, caratulada “INC S.A s/apelación -impuesto al valor agregado”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 91/111 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 26 de noviembre de 2009, suscripta por el Jefe (int) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, mediante la que se impugnan las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006 presentadas por la sociedad anómina INC, se establece el débito fiscal y el crédito fiscal de tales períodos, los saldos técnicos, saldo de libre disponibilidad y se le intima el ingreso por dicho tributo en relación con los períodos mensuales febrero y julio a octubre de 2006. Asimismo se liquidan intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente al 70% del gravamen presuntamente omitido, con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683 ( t.o en 1998 y modif). Manifiesta la recurrente que en diciembre de 2003 firmó un contrato de swap de tasa de interés con el Credit Suisse First Boston Internacional, con el objeto de garantizarse una tasa de interés fija en relación a los intereses de las obligaciones negociables emitidas en el año 2000.
Señala que los ingresos obtenidos en función de dicho contrato se encuentran fuera del objeto del impuesto al valor agregado, conforme lo dispone el artículo 9 del decreto reglamentario de la ley del gravamen. Agrega que la sola existencia de ingresos exentos o no gravados no habilita para que corresponda efectuar el prorrateo previsto por el artículo 13 de dicha norma, sino que para su aplicación deben verificarse tres circunstancias: 1) que parte del crédito fiscal proveniente de compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios no se vincule con operaciones gravadas, 2) que el contribuyente destine compras, importaciones definitivas, locaciones o prestaciones de servicios que dieran lugar al cómputo de crédito fiscal indistintamente a operaciones gravadas, no gravadas o exentas y 3) que no pueda imputarse directamente el crédito fiscal a una operación gravada o a una exenta o no gravada.
Explicita que a fin de establecerse la vinculación de un crédito fiscal con operaciones no gravadas debe determinarse si el mismo se vio generado o aumentado con el específico fin de realizar dichas operaciones y que tal situación no se produce en autos, toda vez que no existe incremento del crédito fiscal de la empresa que pueda ser vinculado al ingreso derivado de la contratación del swap.
Puntualiza que, en todo caso, debería efectuarse el cálculo sobre la base de un porcentaje elaborado por la consideración del ingreso no gravado obtenido por aquél, en relación con el crédito fiscal que se generó por las compras o locaciones asignables a los gastos de administración vinculados con la gestión y administración de dicho contrato.
Sostiene que las operaciones exentas y gravadas con las que se vincula el crédito fiscal se refieren a la venta al por menor en hipermercados y que, por el contrario, el swap fue contratado con la finalidad de cubrirse de determinado riesgo que pudiera generarse en el mercado derivado de la oscilación de la tasa de interés y no como pretende el Fisco, para obtener fondos para abonar los intereses de las obligaciones negociables. Afirma que el contrato de swap no contiene prestaciones recíprocas a cargo de las partes, sino que se trata de un contrato en virtud de cual se intercambian flujos de caja en el futuro, de acuerdo con una fórmula determinada. Considera que, contrariamente a lo que sostiene el organismo recaudador, los gastos efectuados por conceptos tales como publicidad y propaganda, agua, luz, gas, diseño y embalajes, mantenimiento, reparaciones, limpieza, entre otros, pueden relacionarse con el swap.
Recuerda que el Fisco Nacional ha tenido oportunidad de opinar sobre la cuestión que aquí se ventila al emitir el dictamen (DAT) 36/97, afirmando que a los efectos del crédito fiscal que estatuye el artículo 13 de la ley del impuesto al valor agregado, no corresponde considerar los ingresos provenientes del Fondo Especial del Tabaco, por no haber incrementado éstos el crédito fiscal.
Por los argumentos reseñados precedentemente peticiona que se deje sin efecto la determinación recurrida; en subsidio impugna el monto considerado por la inspección como ingresos derivados del swap, peticionando el recálculo de las diferencias, de acuerdo con el detalle efectuado a fs. 104 y la forma en que se realizó el prorrateo. Ello por considerar que el porcentaje de ingresos exentos o no gravados que se determine - una vez que se incluyan los ingresos por swap- en relación con los ingresos gravados, deberia ser aplicado a créditos fiscales vinculados con la obtención de ambos tipos de ingresos.
Aclara que no pretende la determinación de un coeficiente especial para el prorrateo, sólo que de prosperar la pretensión fiscal, se realice una apropiación directa de los ingresos obtenidos por el contrato de swap con los créditos fiscales que se generaron e imputaron como gastos de administración de la sede central. Finalmente impugna la liquidación de intereses resarcitorios y la sanción aplicada; respecto de los primeros, aduce que se ha incluido dentro de la base de cálculo el período enero de 2007, no previsto en la determinación del capital. En cuanto a la multa, advierte que el cálculo se realizó sobre la suma de $ 11.296.706, 47, cuando en realidad la determinación fiscal asciende a $ 9.347.489,55, ya que en el período diciembre de 2006, se ingresó en exceso la suma de $ 1.949.216,91.
Sin perjuicio de ello, se agravia de que su conducta no encuadra en la figura del artículo 45 de la ley de procedimiento tributario, por no existir obligación tributaria alguna en cabeza del contribuyente. Cita doctrina y jurisprudencia en favor de su derecho, ofrece prueba hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 124/139 vta contesta el traslado conferido la representación fiscal.
Indica que la normativa aplicable al caso de autos establece que, de existir créditos fiscales que se relacionen de manera indistinta con ingresos gravados, exentos o no gravados y no se pudiera realizar la apropiación correspondiente a cada fuente de ingresos, deberá efectuarse el prorrateo del crédito fiscal, considerando la totalidad de los ingresos obtenidos por el contribuyente. Agrega que la ley no establece en modo alguno que, a los efectos de dicho prorrateo, no deban considerarse los ingresos obtenidos de manera ocasional o eventual. Entiende que el motivo del mutuo respectivo fue generar ingresos para hacer frente al pago de los intereses que devengarían las obligaciones negociables que emitiera la recurrente y no la obtención de un ingreso aleatorio, destacando que los fundamentos de la suscripción de dicho contrato se relacionan con la obtención de fondos necesarios para la cancelación de los pasivos contraídos oportunamente para financiar la actividad gravada. Recuerda que la ley del gravamen y su decreto reglamentario no excluyen los ingresos no gravados para efectuar el prorrateo que determine la apropiación de los créditos fiscales computables; en tal sentido cita el dictamen (DAT) 47/06.
En relación con la invocación por la contraria del dictamen (DAT) 36/97, plantea que el mismo no es aplicable para la resolución de la causa, toda vez que la recurrente no percibe ingresos en calidad de compensaciones o subsidios por parte del Estado, como sucede con los productores tabacaleros.
Respecto al agravio vinculado con las diferencias en torno a los ingresos por el contratos de swap que habría tomado la inspección, destaca que dichos montos fueron informados por la propia responsable y surgen del relevamiento de su contabilidad, no ofreciéndose prueba alguna tendiente a avalar la postura planteada. Menciona que los gastos incluidos en los rubros de comercialización y administración constituyen un claro ejemplo de operaciones generadoras de crédito fiscal que no pueden asignarse de manera directa a transacciones gravadas por el impuesto al valor agregado, en atención a que dicho rubro incluye conceptos que retribuyen toda la actividad económica de una empresa.
Explicita en relación con los intereses resarcitorios intimados que, de acuerdo con los papeles de trabajo obrantes en los antecedentes administrativos, no procede el agravio de la recurrente en cuanto a su procedencia y al monto liquidado.
Finalmente sostiene que procede la confirmación de la sanción aplicada, en el entendimiento que el Fisco se vio privado del ingreso del gravamen en tiempo oportuno, sin mediar causal que permita sostener que la conducta punible no se ha configurado y sin que obste a ello la compensación llevada a cabo por el juez administrativo. III.-A fs. 148 se abre la causa a prueba, ordenándose la producción de de la pericia contable ofrecida por la contribuyente y que luce a fs. 176/187vta. A fs.207 se elevan los autos a consideración de la Sala C; a fs. 219/234vta y 237/239 vta obran los alegatos producidos por la recurrente y el Fisco Nacional, respectivamente. IV.-Que previo a todo análisis ha de establecerse que no resulta materia de debate entre las partes la emisión efectuada por la contribuyente el 11 de septiembre de 2000 de obligaciones negociables por un monto total de $ 350.000.000, que fueron colocadas en forma privada, para ser amortizadas en un plazo de 10 años desde la fecha de emisión a una tasa de interés anual pagadera en euros y que con fecha 22 de diciembre de 2003 dicha parte celebra un contrato de swap con el Credit Suisse First Boston Internacional. Tampoco se controvierte el tratamiento impositivo como no gravados de los ingresos obtenidos en virtud de este último (conf artículo 9° del decreto reglamentario de la ley del impuesto al valor agregado)
Que en consecuencia, la cuestión litigiosa radica en dilucidar si como sostiene el Fisco en la resolución apelada, la recurrente debía incluir dentro del cálculo del coeficiente del prorrateo de los créditos fiscales mensuales correspondientes a los períodos en discusión los ingresos obtenidos en virtud del contrato de swap anteriormente mencionado o si, como argumenta la sociedad apelante, los mismos debían ser excluidos del procedimiento previsto por el artículo 13 de la ley del gravamen.
Dicho artículo establece que “cuando las compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios que den lugar al cómputo de crédito fiscal se destinen indistintamente a operaciones gravadas y a operaciones exentas o no gravadas y su apropiación a unas u otras no fuera posible, el cómputo respectivo sólo procederá respecto de la proporción correspondiente a las primeras, la que deberá ser estimada por el responsable aplicando las normas del artículo anterior”… Asimismo el artículo 12, en su parte pertinente fija que …” sólo darán lugar a cómputo de crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación.”
Finalmente el artículo 55 del DR prevé que no será de aplicación del art. 13 de la ley, en los casos en que exista incorporación física de bienes o directa de servicios, ni cuando pueda conocerse la proporción en que deba realizarse la respectiva apropiación…”
De la normativa antes transcripta surge que el mecanismo previsto por el artículo 13, denominado comúnmente “ prorrateo de crédito fiscal”, será aplicable únicamente para el caso que existan compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios que generen crédito fiscal y que éstas sean aplicadas indistintamente a operaciones gravadas gravadas, no gravadas o exentas, no resultando posible su apropiación en forma directa.
Que una vez reseñada la normativa aplicable, corresponde destacar que la actora sustenta su pretensión en la argumentación según la cual su actividad principal consiste en la venta al por menor en hipermercados con predominio de artículos alimenticios y bebidas, razón por la que los créditos fiscales del impuesto al valor agregado que posee, al vincularse únicamente con su actividad principal, sólo pueden ser objeto de prorrateo en relación con los ingresos de esa misma actividad. En consecuencia, entiende que no hay ningún crédito fiscal que se haya destinado en forma parcial e indeterminada al contrato de swap y a operaciones gravadas. Que sobre esta cuestión resulta esclarecedor el informe pericial producido en autos, en cuyo punto b) el perito del fisco señala que existen en los períodos fiscales 2003 y 2004 gastos relacionados con la celebración y gestión del contrato de swap (conf fs. 181/182). Además, dicho profesional agrega que la respuesta se circunscribió a los gastos originados únicamente en la sede central, pero que teniendo en cuenta que los contratos de swap son contratos derivados y que en el caso de autos el celebrado con el Credit Suisse First Boston Internacional está directamente relacionado con la emisión de obligaciones negociables destinadas a financiar las actividades de la actora en su conjunto, el espectro de gastos a considerar no debería haberse limitado únicamente a los causados en la sede central. Corresponde aclarar que dichas manifestaciones no fueron rebatidas por el perito de parte e inclusive, la actora en oportunidad de la presentación de sus alegatos reconoce la existencia de dichos créditos aunque con limitación en su monto (ver fs. 231/232 de autos).
Que en el caso de la firma INC S.A., los ingresos obtenidos por la celebración del contrato de swap, como expresamente contempla el art. 9 del DR, reciben el tratamiento impositivo de no gravados.
Que concluyéndose entonces que existieron gastos generadores de crédito fiscal relacionados con la celebración y gestión del contrato de swap, lo que no pueden ser apropiados por vía directa, resulta procedente recurrir al mecanismo residual contemplado en el artículo 13 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, y entonces concluir que los ingresos provenientes de aquél deben incluirse en el total de ingresos a tener en cuenta para el cálculo del coeficiente del prorrateo de los créditos fiscales en los períodos controvertidos en autos.
V. Que en relación al planteo subsidiario de la actora en el sentido que en caso que de prosperar la pretensión fiscal se debería efectuar una apropiación directa de los ingresos obtenidos por el contrato de swap con los créditos fiscales que se generaron como gasto de administración de la sede central, corresponde señalar que no resulta posible realizar dicha apropiación, ya que tal rubro retribuye toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, la actora no probó la proporción de los gastos administrativos sólo vinculados con el contrato de swap, situación que impide realizar la apropiación directa pretendida por ella, excluyendo así la aplicación del mecanismo contemplado en el artículo 55 del decreto reglamentario referido precedentemente, tal como se evidencia del informe pericial.
Que tampoco se comparte la postura vertida por dicha parte en oportunidad de presentar sus alegatos, en cuanto sostiene que para el caso de confirmarse el criterio fiscal, únicamente se deben tener en cuenta a los fines del prorrateo los montos señalados en la pericia, toda vez que, como fue consignado en ella, no puede establecerse con certeza que éstos sean los únicos relacionados con el contrato de swap, razón por la que resulta acertada la incorporación de los ingresos provenientes de la mencionada operatoria al cálculo del prorrateo en cuestión. Que finalmente en relación a la impugnación de los montos considerados como ingresos provenientes del contrato de swap, cabe señalar que tampoco puede acogerse el planteo de la recurrente ya que de la pericia surge que los ingresos tomados por la inspección resultan ser los registrados contablemente por la contribuyente, conf. fs. 187.
Que respecto de la pretendida aplicación al caso del dictamen (DAT 36/97), el mismo se refiere a un supuesto distinto al de autos porque, como explicita el Fisco Nacional, se trata de ingresos que no encuadran como actividad exenta o no gravada, por ser una compensación o subsidio que abona el Estado para retribuir en forma más justa al productor en el precio del producto (tabaco) que produce o vende, sin efectuarse contraprestación alguna por él.
VI.-Que en cuanto a la aplicación de intereses resarcitorios, el artículo 37 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y modif) autoriza su aplicación a partir del vencimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de interpelación alguna, como consecuencia de que ellos configuran una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el deudor.
Que ante la ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre su carácter, es posible recurrir a la legislación común para llenar este vacío, resultando aplicable a la ley tributaria el artículo 509 del Código Civil, que exime al deudor cuando prueba que aquélla no le es imputable (conf Fallos 304:203). En el mismo sentido se expide hoy el artículo 888 del Código Civil y Comercial.
Que, en consecuencia, su configuración requiere la existencia de dos requisitos, a saber: el retardo en el incumplimiento de la obligación y que el mismo no le sea imputable al deudor por haberse configurado circunstancias excepcionales, ajenas a él, que hubieren impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, debidamente acreditadas.
Que en el caso de autos, el contribuyente no acreditó la existencia de dichas causales exculpatorias, por lo que corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados por el organismo recaudador.
Que asimismo corresponde señalar que la liquidación de tales conceptos no incluye el período enero de 2007 como manifiesta la contribuyente, sino que se calcularon intereses relativos a la compensación parcial del saldo a ingresar del período febrero de 2006, con el pago en exceso del período fiscal diciembre de dicho año. VII.-Que finalmente procede analizar la multa aplicada en la resolución controvertida, con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683.
Que en tal sentido, revistiendo las infracciones tributarias naturaleza penal, no sólo resulta necesario para la aplicación de la pena la existencia de un hecho ilícito, sino se requiere un sujeto culpable (Soler, Sebastián, Derecho penal Argentino, Tea pag 5).
Que el ilícito de omisión de impuestos tipificado en el artículo 45 de la ley 11683 –texto vigente aplicable en autos- requiere para su configuración, en primer término la omisión de pago del gravamen por falta de presentación de la declaración jurada o por inexactitud de la presentada. A partir de allí, aquél a quien se le ha atribuido el elemento material del ilícito debe demostrar la existencia de alguna causal que lo exima de responsabilidad.
Que, tal sentido, nuestro más Alto Tribunal ha expresado que …“ si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente”(Wortman, Jorge y otros”, 8-6-1993). Que de acuerdo con lo analizado en los Considerandos precedentes, ha quedado acreditada la conducta que se le reprocha a la recurrente consistente en el ingreso en defecto del gravamen en cuestión, como consecuencia de haber presentado las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales bajo análisis consignando datos inexactos.
Que debe ahora este Tribunal examinar la configuración del elemento subjetivo, requisito que como se señalara, resulta necesario para la configuración del ilícito en cuestión.
Es menester destacar que el recurrente no ha esgrimido defensa alguna en relación con la sanción aplicada, más allá de su discrepancia con la postura sustentada por el organismo recaudador ni ha aportado probanza alguna tendiente a acreditar la existencia de error excusable.
En tales condiciones, procede confirmar la sanción aplicada, pero debiendo ser reducida al mínimo legal, toda vez que de la simple lectura de las resoluciones apeladas no se advierte cuáles son las circunstancias que llevaron al ente recaudador a fijar una graduación superior al mínimo ni de los antecedentes administrativos surge la existencia de antecedentes que lo justifiquen.
VIII. Que finalmente, le asiste razón a la contribuyente en cuando se agravia de la base sobre la que se efectuó el cálculo de la multa, toda vez que, como surge de la propia resolución controvertida, el tributo omitido por los períodos fiscales febrero y julio a octubre de 2006 asciende a $ 9.347.489,55.
IX.-Por ello, voto por confirmar la resolución apelada en cuanto determina el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006, con más sus intereses resarcitorios y revocarla parcialmente respecto de la multa aplicada, de acuerdo con lo dispuesto en los Considerandos V y VI. Costas en relación con los respectivos vencimientos.
X. En virtud de lo resuelto precedentemente corresponde proceder a practicar la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes aplicando las pautas emergentes de la ley 21.839 y sus modificaciones, toda vez que los trabajos efectuados por dichos profesionales fueron realizados íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423.
Que en tal sentido, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que “(...) es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior(...)” (conf. CSJN “Francisco Costa e Hijos c/Bs.As., Pcia.” 12-9-1996, “Coronel, Martín Fernando c/ Villafañe, Carlos A., y Universidad de Tucumán” 11-4-2006).
En consecuencia, se regula en las sumas de $ 483.340.- (pesos cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta) y $ 322.227.- (pesos trescientos veintidós mil doscientos veintisiete) los honorarios de los Dres. Cristina Noemí González y José Antonio Rodríguez, como co-apoderados, respectivamente; en $ 2.013.916.- (pesos dos millones trece mil novecientos dieciséis) al Dr. Walter Distel por su participación como letrado patrocinante y en la suma de $ 563.896.- (pesos quinientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis) al Dr. Ezequiel Silvio Katz por su actuación como co-apoderado y co-patrocinante, todos ellos en representación del Fisco Nacional y teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, las etapas procesales cumplidas y el resultado de la causa (conf. ley 21.839, arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y cctes. y modif.). Dichos honorarios no incluyen el impuesto al valor agregado y se encuentran a cargo de la recurrente.
No obstante la presentación efectuada por la Dra. Agostina Carla García, a fs. 203, su participación en estos autos no amerita regulación de honorarios teniendo en consideración el tenor de la misma.
Asimismo, procede regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte recurrente aplicando las pautas referidas precedentemente y en tal sentido, se fijan en las sumas de $ 54.839.- (pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve) al Dr. Gustavo Grinberg por su actuación como co-apoderado; en $ 130.242.- (pesos ciento treinta mil doscientos cuarenta y dos) a la Dra. María Soledad González, por su participación como co-apoderada y letrada co-patrocinante y en la suma de $ 102.822.- (pesos ciento dos mil ochocientos veintidós) al Dr. Ángel F. Pereira, por su labor como letrado co-patrocinante. Dichos honorarios no incluyen el impuesto al valor agregado y se encuentran a cargo del Fisco Nacional.
Finalmente, han de regularse los honorarios de los peritos Contadores Gustavo César Guerfell de Grenalfe y Luis Alberto Picarel en la suma de $715.185 (pesos setecientos quince mil ciento ochenta y cinco) para cada uno de ellos, de los cuales $ 659.114.- (pesos seiscientos cincuenta y nueve mil ciento catorce) se encuentran a cargo de la parte recurrente y $ 56.071.- (pesos cincuenta y seis mil setenta y uno) a cargo del Fisco Nacional, conforme las pautas emergentes del decreto-Ley 16.638/57. Dichos honorarios no incluyen el impuesto al valor agregado. Los Dres. Vicchi y Luis dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en cuanto determina el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006, con más sus intereses resarcitorios y revocarla parcialmente respecto de la multa aplicada, de acuerdo con lo dispuesto en los Considerandos V y VI. Costas en relación con los respectivos vencimientos.
2. Regular en las sumas de $ 483.340.- (pesos cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta) y $ 322.227.- (pesos trescientos veintidós mil doscientos veintisiete) los honorarios de los Dres. Cristina Noemí González y José Antonio Rodríguez, como co-apoderados, respectivamente; en $ 2.013.916.- (pesos dos millones trece mil novecientos dieciséis) al Dr. Walter Distel por su participación como letrado patrocinante y en la suma de $ 563.896.- (pesos quinientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y seis) al Dr. Ezequiel Silvio Katz por su actuación como co-apoderado y co-patrocinante, todos ellos en representación del Fisco Nacional. Dichos honorarios no incluyen el impuesto al valor agregado y se encuentran a cargo de la recurrente.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte recurrente aplicando las pautas referidas precedentemente y en tal sentido, se fijan en las sumas de $ 54.839.- (pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve) al Dr. Gustavo Grinberg por su actuación como co-apoderado; en $ 130.242.- (pesos ciento treinta mil doscientos cuarenta y dos) a la Dra. María Soledad González, por su participación como coapoderada y letrada co-patrocinante y en la suma de $ 102.822.- (pesos ciento dos mil ochocientos veintidós) al Dr. Ángel F. Pereira, por su labor como letrado co-patrocinante. Dichos honorarios no incluyen el impuesto al valor agregado y se encuentran a cargo del Fisco Nacional.
4.-Regular los honorarios de los peritos Contadores Gustavo César Guerfell de Grenalfe y Luis Alberto Picarel en la suma de $715.185 (pesos setecientos quince mil ciento ochenta y cinco) para cada uno de ellos, de los cuales $ 659.114.- (pesos seiscientos cincuenta y nueve mil ciento catorce) se encuentran a cargo de la parte recurrente y $ 56.071.- (pesos cincuenta y seis mil setenta y uno) a cargo del Fisco Nacional, conforme las pautas emergentes del decreto-Ley 16.638/57.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese. Date: 2021.12.21 16:32:19 -03:00 Date: 2021.12.22 16:26:27 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.23 10:10:38 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.23 10:10:39 -03:00
Fin de la sentencia