Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131481 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la apelada resolución del 13 de mayo de 2024; y, en su mérito, declarar que las transferencias realizadas el día 30 de noviembre de 2023 tienen aptitud cancelatoria suficiente de las acreencias que se pretendieron abonar; y 2) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Julio de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SALLES SOLANGE MAGALÍ C/ SALLES CRISTHIAN S/ INC. DE CANON LOCATIVO" (causa: 131481-1), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 13 de mayo de 2024?
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 13 de mayo de 2024, la Sra. Jueza de la instancia previa decidió hacer lugar al planteo efectuado por el Dr. Mario César Salles, en cuanto consideró insuficiente la suma depositada en su favor por honorarios y aportes, por no corresponder la misma con el valor del Jus arancelario publicado el 29/11/2023, vigente a partir del 01/11/2023 ($ 15.636), sino con el correspondiente a un valor anterior; disponiendo que dentro del término de diez días de quedar firme su decisión, el obligado al pago integre la diferencia correspondiente; e impuso las costas en el orden causado.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzaron Solange M. Salles y Mario Cesar Salles, a través de los recursos que vienen fundados en las piezas de los días 21 de mayo y 2 de junio de 2024.
La primera sostuvo que el Acuerdo SCBA 4133/2023, que fijó el valor del Jus en la suma de $15.636, resultó posterior al pago realizado, el que se efectivizó durante la vigencia de su par 4124/2023, el cual establecía el valor de aquella unidad en la suma de $13860; de allí que debe tomarse esta norma y no aplicar retroactivamente una ulterior para modificar situaciones concluidas durante la vigencia de la previa.
Dicha postura llega replicada por el Dr. Mario C. Salles, a través de los fundamentos vertidos en el escrito del 6 de junio de 202, donde solicitó la confirmación de lo decidido.
1.c. Por su parte y en idéntica fecha, el letrado de mención sustentó su recurso en una presentación independiente, donde comenzó por referir en el considerando II la juzgadora consignó la palabra "pago", siendo ello una errada calificación que debe corregirse, toda vez que de adquirir firmeza este apartado, se condicionaría la liquidación que la sentenciante manda realizar en el punto I de la parte dispositiva del pronunciamiento, habida cuenta que el depósito realzado no reviste aquella calidad.
En segundo lugar, adujo verse agraviado por el modo en que se impusieron las costas, considerando que la fijación del Jus en forma retroactiva no tiene gravitación en los presentes toda vez que la diferencia de Jus que funda el rechazo se evaluó al momento del efectivo pago -11/12/23-, esto es al tomar conocimiento del depósito y su cuantía y ofrecerle la disponibilidad, para que lo acepte o lo rechace.
Asimismo, afirmó que desde un primer momento la deudora supo que el depósito intempestivo e inconsulto no equivalía a pago y por tal razón solicitó que se le haga saber aquel ingreso de dinero.
2.a. Habida cuenta que ambos recursos refieren a una misma resolución y aluden, en su contenido y sustancialmente, a la temática vinculada al alcance que cabe asignarle al depósito realizado por la actora, habré de abordar los mismos en forma conjunta.
2.b. Así pues, el día 1 de diciembre de 2023, Solange M. Salles manifestó acompañar "constancia de depósito correspondiente a las sumas reguladas a favor del Dr. Salles por [...] IUS con mas el 10% de aportes". Habiendo ingresado a los dos archivos adjuntos, se advierte que resultan constancias de transferencias, que evidencian el envío de dinero concretado el 30 de noviembre de 2023 en dos horarios diferentes: uno, por [...], a las 11:34:23 hs, y otro por [...], a las 15:15:58 hs
2.c. Aclarado ello, se impone recordar que el Ac. 4124/23 fijó el valor del Jus, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2023, en la suma de Pesos $13.860.
Por su parte, el posterior Ac. 4133/23 determinó dicha unidad, con vigencia desde el 1 de noviembre de 2023, en la suma de Pesos $15.636; y fue firmada, por el último de los Ministros, el día 30 de noviembre de 2023 a las 11:18 hs, siendo rubricada por el Secretario de Servicios Jurisdiccionales el mismo día a las 11:21 hs. Luego de ello, puede advertirse que tal resolución fue publicada, al menos en la web oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el día 4 de diciembre de 2023 (https://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?id=53427&veradjuntos=no; cfr. SCBA LP B 50296 S 12/03/1996).
2.d. Tal como surge de la reseña previa, la labor de la Alzada en esta oportunidad consiste en dilucidar si la decisión de la Sra. Jueza de la instancia previa, por medio de la cual consideró que las transferencias realizadas el 30 de noviembre de 2023 no resultaban cancelatorias de la acreencia del Dr. Salles, se ajustó o no a derecho; cuestión que usualmente llega recurrida por las consecuencias que genera el carácter retroactivo de los Acuerdos que dicta la Suprema Corte de Justicia en esta materia.
Ahora bien, para dar respuesta a ello, corresponde recordar que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, debiendo reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización (arts. 865, 867, 868, 869, 871, 873 del Código Civil y Comercial).
En el caso, la accionante manifestó su intención de cancelar la suma de [...] Jus, más la correspondientes a aportes, mediante la forma que usualmente ocurre en sede judicial, esto es, el ingreso de dinero -vía transferencia o depósito- en la cuenta abierta a nombre de las actuaciones; lo que no fue puesto en debate.
Asimismo, es imprescindible reparar en un dato que omite considerar la resolución puesta en crisis, que consiste en que tal envío de fondos se hizo el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia local dispuso el cambio del valor del Jus, pero trece minutos después de que la misma fuera suscripta por el Secretario de Servicios Jurisdiccionales; de allí que tal norma no se encontraba ni publicada (ver consid. 2.b), ni en condiciones de ser de libre y público acceso para razonablemente conocer sus términos, lo que tampoco fue argüido por el letrado acreedor.
De este modo, si el deudor tenía la intención de cancelar la obligación ese día, debía hacerlo en la cuenta judicial abierta al efecto, mediante la multiplicación de la cantidad de Jus [...] por el valor que tenía vigente a ese entonces ($13.860; cfr. Ac. 4124/23 SCBA); tal como efectivamente hizo, en una actitud que trasunta un pago que, en esos términos, puede considerarse con suficiente aptitud cancelatoria.
De igual modo, no es ocioso poner de resalto que el día inmediato posterior a hacer esas transferencias, la Sra. Solange M. Salles denunció las mismas en autos, lo que fue proveído en tiempo y forma por el órgano judicial (ver trámite del 6/12/23; art. 34 inc. 3.a del CPCC) en una resolución disponible en el portal de sus destinatarios el mismo día de su dictado.
Habiendo transcurrido esos trámites dentro del usual lapso que conlleva una actuación judicial y, en especial, considerando el nimio tiempo existente entre el envío de dinero y su manifestación en las actuaciones, no se advierte -ni tampoco se ha alegado- conducta disfuncional alguna del deudor que amerite un análisis diferente del caso (art. 10 del Código Civil y Comercial).
2.e. Ahora bien, las objeciones que sustentaron la postura del mencionado profesional radicaron en "que las sumas no se corresponde con el valor del Jus Arancelario publicado el 29/11/23 (Ac. 4133 SCBA)" (ver escrito del 11 de diciembre de 2023), dato éste ultimo que, como se viera, no se compadece con las circunstancias de dicha norma, cuyas particularidades me permito ilustrar mediante una adjunción de una copia de la misma al presente y de donde surgen las fechas de sus rúbricas -siendo la ultima, a riesgo de reiteración, del día 30 de noviembre de 2023-, que evidencian la imposibilidad de que ese acto tenga efectos con anterioridad a ser firmado por los miembros del Máximo Tribunal bonaerense y el restante funcionario interviniente en el caso.
2.f. Por otro lado, aun cuando no se trató de un argumento propuesto al Magistrado de la instancia ordinaria y a los fines de dar una respuesta integral, me permito señalar que el letrado refirió en su memorial que los arts. 15.d y 24 de la ley 14.967 establecen que el valor del Jus debido se determinará al momento del "efectivo pago", esto es, cuando se hace saber al acreedor el depósito de los fondos y se le ofrece la disponibilidad de los mismos para que los acepte o los rechace.
Tal como dejé sentado al pto. 2.d, el caso se ve particular y decididamente afectado por el mecanismo retroactivo de fijación del Jus; temperamento que produce -como en la especie- dudas razonables sobre el modo en que debe operar ese cambio y como afecta la situación de acreedores y deudores.
En concreto, la noción de "efectivo pago" presenta en el caso dos posiciones bien claras: para el deudor, el momento en el cual ingresó a la cuenta de autos los fondos, lo que hizo saber de manera inmediata; y para el acreedor, la oportunidad en que pudo retirar ese dinero para su libre disponibilidad. En el medio de esos dos actos sucedidos en estas actuaciones, imposibles de ser coetáneos cuando el pago se hace en cuenta judicial y no directamente al acreedor, sobrevino la modificación de aquella unidad de referencia y su conocimiento público.
Aun cuando ya he adelantado la solución que entiendo aplicable, me permito señalar que el Dr. Salles no ha denunciado la existencia de mora en el cumplimiento de la obligación ni el consecuente devengamiento de intereses que deban liquidarse (cfr. SCBA LP B 58389 2 RSI-504-14 I 29/10/2014; SCBA LP B 55237 I 14/11/2012; con cita de los arts. 622 y 725 del Cód. Civil).
A diferencia de ello, anoticiada de la resolución dictada por esta Alzada y como ya reseñara, la Sra. Solange M. Salles transfirió a la cuenta de autos los importes que representaban, al tiempo en que se lo hizo, la suma de [...] Jus y el día siguiente lo hizo saber, con las constancias respectivas; todo ello con anterioridad a que se publicara el nuevo valor de aquella unidad.
Bajo tales circunstancias, consciente que la decisión asumida afectará patrimonialmente a alguna de las partes de la relación jurídica procesal y a riesgo de reiteración, entiendo que en el caso debe primar la situación de quien ha abonado de manera correcta al tiempo en que lo hizo y con ello, se ha visto liberado de su obligación (art. 731 del Código Civil y Comercial).
Derivo ese razonamiento, en primer lugar, de evidentes motivos de seguridad jurídica, que tiene por norte darle certeza al deudor que la transferencia realizada en esas condiciones satisface la obligación impuesta. Interpretar de otro modo lo colocaría en la constante incertidumbre de no poder determinar la forma en que puede verse liberado -en tiempo y forma- de aquella, dejándola supeditada entonces a la libre manifestación del acreedor y los eventuales cambios que pudiesen ocurrir interín en dicha unidad de valor.
En segundo término, asumo que el dinero enviado, una vez que ingresó, tenia la potencialidad de ser de libre disposición para el acreedor; y no obstante el tiempo que indefectiblemente debe transcurrir desde aquel acto y su retiro -a lo que ya aludí y sobre lo cual volveré luego-, no existían razones que impidieran su liberación, habida cuenta que se había depositado el monto correspondiente a honorarios y aportes (art. 21 ley 6716).
En tercer orden, es relevante poner de resalto que el tiempo transcurrido desde la realización de aquella transferencia hasta que la misma fue anoticiada al acreedor -en especial, ante todo lo acontecido en el intervalo entre ambos hitos- está lejos de resultar irrazonable ni excesivo (ver consid. 2.d), no siendo posible imputarle las consecuencias de ese lapso a la Sra. Salles (cfr. SCBA LP I 69165 RSI-1253-22 I 14/12/2022).
Por todo lo expuesto, considerando que, en las especiales circunstancias que exhibe la causa, la transferencia realizada por la Sra. Salles bien puede ser considerada "efectivo pago", habré de proponer al Acuerdo la revocación de lo resuelto en la instancia de origen.
2.g. Antes de finalizar, y aun cuando entiendo que surge claro de los términos que volcara previamente, creo conveniente puntualizar que la decisión augurada no importa desconocer el efecto retroactivo que consigna el Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia local, sino en explicitar que tal alcance no se proyecta a aquellas obligaciones que se cancelaron o tuvieron aptitud cancelatoria con anterioridad a su publicación, según una normativa de idéntica jerarquía y plenamente vigente al tiempo de concretarse aquel pago; siendo predicable respecto de aquellas que aun no lo fueron y que pueden ser válidamente afectadas por el mismo; lo que termina por sellar el resultado favorable que habrá de merecer la pretensión revisora propuesta por la Sra. Solange M. Salles (art. 164 del CPCC).
2.h. Teniendo en cuenta el sentido de la decisión augurada, deviene abstracto el tratamiento del argumento vinculado a la utilización de la palabra "pago" en el considerando II de la resolución que se apela, careciendo entonces de virtualidad jurídica su abordaje (art. 168 Const. PBA).
2.i. En cuanto a las costas de ambas instancias y sin perjuicio de la revocación que habré de proponer al Acuerdo, considero que las mismas deben mantenerse en el orden causado, habida cuenta que en virtud de la fecha en que se hizo el pago, el efecto retroactivo previsto en la Ac. 4133/23 SCBA y lo acontecimientos generados en un lapso breve de tiempo (fecha de tal norma -30/11/23-, de las transferencias -30/11/23-, de su denuncia en autos -1/12/23-, publicación de la primera -4/12/23- y efectivo conocimiento del Dr. Salles), el acreedor bien pudo creerse con derecho a peticionar como lo hiciera (art. 68, 69, 274 del CPCC).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: comparto en un todo las razones meritadas por el colega preopinante, como la solución que propone.
Sólo a mayor abundamiento, me permito agregar que, más allá de la derogación del viejo art. 218 del Código de Comercio (art. 4 ley 26.994), cuyo texto era bien claro al respecto, está en la tradición de nuestro ordenamiento jurídico el principio del favor debitoris, que impone, en caso de duda, optar por la liberación del deudor.
En virtud de ello y como adelantara, adhiero a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo: 1) revocar la apelada resolución del 13 de mayo de 2024; y, en su mérito, declarar que las transferencias realizadas el día 30 de noviembre de 2023 tienen aptitud cancelatoria suficiente de las acreencias que se pretendieron abonar; y 2) imponer las costas de ambas instancias, por las razones expuestas, en el orden causado (arts. cits.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la apelada resolución del 13 de mayo de 2024; y, en su mérito, declarar que las transferencias realizadas el día 30 de noviembre de 2023 tienen aptitud cancelatoria suficiente de las acreencias que se pretendieron abonar; y 2) imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia