Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122608
Lo que resolvió el tribunal
I. Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 267, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
II. Comunicar al Colegio de Abogados de Mar del Plata, lo resuelto en el punto III.1 de la presente (arts. 3 inc. "f"; 5 y 25 inc. 7, ley 5.177 y 45 -texto según decreto-ley 9.978-, ley 6.716).
"JOCKEY CLUB MAR DEL PLATA S/ INC.CAUSA CIV. Y COM. DIST. DE QUIEB. Y CONC. (EXC RED.FAL. ETC) "HIPODROMO" S/ INC. ART 26 DEL CPCC"
La Plata, 11 de Septiembre de 2019.
I. El abogado Martín Scarimbolo deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -por un lado- desestimó la queja por denegatoria del remedio de nulidad planteado a fs. 29/38 y -por el otro- declaró mal concedido otro extraordinario de nulidad articulado a fs. 51/61 vta. En la mencionada decisión -además- se advirtió al letrado que ambos recursos fueron abordados únicamente respecto a su actuación por derecho propio, dado que con relación a su invocada representación de los trabajadores de la fallida, ese incorrecto proceder estaba vedado por las normas que regulan su profesión (arts. 3 inc. "f" y 5, ley 5.177 y 45, ley 6.176; v. fs. 147/162 y fs. 134/137, respectivamente).
II.1. En la vía ahora intentada, que insiste en presentarla -al igual que los remedios locales- por derecho propio y en representación de los trabajadores incidentistas (v. fs. 147, 148 y 161 y vta.), funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad, la transgresión de los derechos de defensa en juicio, doble instancia recursiva, juez imparcial y acceso a la justicia; así como en los arts. 18, 31, 33, 75 inc. 22, 116 y 117 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; v. fs. 148 vta., 150/157 vta., 155/156 vta. y 160 vta./161 vta.).
II.2. Denuncia la supuesta falta de abordaje del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 62/72 vta., que fuera denegado por la Cámara a fs. 73 y vta. y afirma que en dicho carril cuestionó la multa procesal aplicada por el Tribunal de Alzada, al calificar de maliciosa la recusación formulada (v. fs. 154/155).
II.3. En ese sentido, asevera que debió soslayarse la restricción por insuficiencia en el valor del litigio que le vedó el acceso a la instancia extraordinaria, dado que la multa fijada de 15 jus (art. 29, CPCC) nunca podría alcanzar los 500 jus que se exigen para recurrir en forma extraordinaria. Consecuentemente -según su criterio- en el caso la mencionada limitación resulta inconstitucional por vulnerar la garantía de la doble instancia prevista en el Pacto de San José de Costa Rica (v. fs. 155 vta.).
II.4. Por otra parte, alega que se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, ya que no se ponderaron los agravios referidos a que el juez recusado admitió que se hallaba impedido de sentenciar, dado que conocía la denuncia penal planteada por el recurrente (v. fs. 156)
II.5. Finalmente, cuestiona la falta de aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional "Llerena" (Fallos: 328:1491) que reconoce -según su entender- el carácter de sentencia definitiva de las decisiones en materia de recusaciones cuando se encuentra en juego la garantía de juez natural. En ese sentido, objeta que este Tribunal haya expresado que no se observa agravio federal, cuando -a su entender- el rechazo de la recusación planteada implica la violación de la referida garantía constitucional (v. fs.156 vta./160 vta.).
III.1. En primer lugar, tal como se expusiera al resolver el recurso de queja local, se hace saber que este medio federal se abordará únicamente con relación a la actuación del letrado por derecho propio, no -en cambio- en cuanto insiste en interponerlo invocando ser representante de los trabajadores de la fallida, pues -como ya se aclarara- ese proceder está expresamente vedado por la normativa que rige el ejercicio de la profesión de abogado (arts. 3 inc. "f" y 5, ley 5.177 y 45, ley 6.176).
Al respecto, en atención a lo manifestado por el recurrente en el punto V (v. fs. 161) y la insistente actitud detallada en el primer párrafo de este apartado, comuníquese al Colegio de Abogados de Mar del Plata a los fines que estime corresponder (arts. 3 inc. "f"; 5 y 25 inc. 7, ley 5.177 y 45 -texto según decreto-ley 9.978-, ley 6.716).
III.2. Hecha esta aclaración, es preciso recordar que las decisiones que versan sobre recusaciones o excusaciones de los jueces no son susceptibles de ser revisadas en sede extraordinaria -en el sub lite , por el carril previsto por el art. 14 de la ley 48- al no constituir sentencia definitiva (CSJN Fallos: 327:1513 y 327:2048, entre otros).
Asimismo, los temas relativos a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales y las cuestiones vinculadas con multas impuestas con arreglo a las normas del Código Procesal Civil y Comercial provincial -tanto en lo que hace a su aplicación, como la valoración de la conducta de las partes y sus letrados- tampoco justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (Fallos: 291:265; 303:817; 307:512; 308:1605; 311:1638; 312:1076; 324:2806).
Y en ese sentido, se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el caso, en el que los argumentos expuestos por el recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente -como tal- para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, cits.).
III.3. En lo atinente a la arbitrariedad basada en el supuesto dogmatismo, falta de fundamentación, omisión de tratamiento de cuestiones planteadas y de valoración del material probatorio, no se observa en el caso que se hayan expuesto razones bastantes que - prima facie - ponderadas autoricen la concesión del remedio intentado (doctr. art. 15 citado).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206; 3761; 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden remedios extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 311:100; 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir, entonces, acabados argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a discrepar con las soluciones dadas por esta Corte a los recursos locales y por el otro, a reiterar los cuestionamientos que sustentaron el planteo de nulidad y que merecieran oportuna respuesta (v. fs. 140 y vta., 154/155 y 163 vta.)
Por otro lado, tampoco se advierte un apartamiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado por el interesado ("Llerena"; Fallos: 328:1491), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las expuestas en el presente proceso.
III.4. Respecto a la cuestionada inadmisibilidad de los recursos locales, cabe señalar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
III.5. Finalmente, en lo que atañe a la vulneración de las garantías de imparcialidad, juez natural, defensa en juicio y acceso a la justicia (18, 31, 33, 75 inc. 22, 116 y 117, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; v. fs. 148 vta., 150/153 vta., 155/156 vta. y 160 vta./161 vta.), no se evidencia -en principio- que se hayan formulado argumentos suficientes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas a tal fin las referencias generales efectuadas en la presentación, relativas a la falta de valoración por este Tribunal de los fundamentos esgrimidos en las vías locales (doctr. art. 15, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 267, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
II. Comunicar al Colegio de Abogados de Mar del Plata, lo resuelto en el punto III.1 de la presente (arts. 3 inc. "f"; 5 y 25 inc. 7, ley 5.177 y 45 -texto según decreto-ley 9.978-, ley 6.716).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia