Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: CXXV REGISTRO: 013 FOLIO: 186/189
Caleta Olivia, 29 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: "INC. DE COPIAS EN AUTOS: O. R. S/ INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P.
(tobillera)" Expte. N° i-56625/26, N° de Juzgado de Recursos 8637/26, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Que a fs. 355/373 el Sr. Defensor Particular, doctor Lucas Osvaldo Chacón, interpone recurso de casación contra la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 31 de agosto de 2026 (fs. 227/285 del presente), que resuelve: "I.-RECHAZAR los planteos de nulidad por ausencia de requerimiento fiscal, y nulidad por afectación al derecho de defensa en la realización de la cámara gesell pese a la oposición de la defensa y ausencia de control de la Alzada, formulados por el Defensor Particular en los puntos I y II de su recurso de apelación de fs. 155/164, por los motivos expuestos en los considerandos. II.-DECLARAR LA NULIDAD de las declaraciones indagatorias de fs. 96/97 y 136/vta., y del auto de procesamiento de fs. 141/152 que es su consecuencia. III.-Hacer saber al Sr. Juez de Instrucción al recomendación efectuada en el último párrafo de los considerandos"
El recurrente indica que la impugnación se circunscribe, a los puntos I y III del pronunciamiento y a los fundamentos que les sirven de sustento, por considerar esta defensa que ambos segmentos ocasionan agravios autónomos de naturaleza procesal y constitucional. Señala que la resolución recurrida no reviste, en sentido estrictamente formal, el carácter de sentencia definitiva previsto por el art.440 del Código Procesal Penal. Que sin embargo, ello no agota el análisis. Que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido reiteradamente que existen decisiones anteriores a la sentencia definitiva que, por la naturaleza de sus efectos, deben ser equiparadas a ella cuando la postergación del control jurisdiccional hasta una etapa ulterior tornaría ilusoria o insuficiente la tutela judicial.
Cita "Mattei, Angel", Fallos:272:188,CSJN Sostiene que esa doctrina general adquiere en el presente caso una dimensión mucho más concreta a partir de la jurisprudencia desarrollada respecto de nuevas declaraciones o intervenciones sobre víctimas menores de edad en procesos por delitos contra la integridad sexual. En "M., A. y otros s/ abuso deshonesto", M.1116. XXXVI, sentencia del 27 de junio de 2002, Fallos: 325:1549, SCJN. Agrega que esta línea fue posteriormente retomada en "G. L., J. s/ causa N° 2222", sentencia del junio de 2011; y que el antecedente que presenta una analogía procesal particularmente intensa con la situación de autos es el dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, Secretaria Penal N° 2, Sentencia N° 155 del 4 de noviembre de 2008,?^1?C_3 W. y L., R. s/ abuso sexual y lesiones s/Casación", Expte.
N°23157/08. Que allí la Cámara había declarado la nulidad de un auto de procesamiento y reenviado las actuaciones a la instrucción para su regularización. Que el recurso de casación fue promovido por la querella y el Superior Tribunal debió resolver, antes de ingresar al fondo, si aquella decisión podía ser considerada equiparable a definitiva. Que la respuesta fue afirmativa porque de la resolución cuestionada se derivaba la necesidad de volver a recibir declaración a la victima menor de edad, circunstancia que podía generar un perjuicio de imposible reparación ulterior. Que el propio fallo oficial identifica la causa, la sentencia, su fecha y el objeto casatorio, y desarrolla específicamente la problemática de una nueva declaración de la victima menor durante la etapa de instrucción.
Que esa misma doctrina resulta particularmente significativa en Ocampo. Que la resolución impugnada declaró la nulidad de las declaraciones indagatorias y del auto de procesamiento, decisión respecto de la cual esa defensa carece de agravio y que, por ello, no integra el objeto del presente recurso. Que sin embargo, junto con aquella nulidad, el Juez de Recursos incorporó en el punto III de la parte dispositiva la recomendación de citar nuevamente a S.A.G.C. a prestar declaración testimonial conforme el art. 234 ter del C.P.P., precisando además que dicha intervención debería realizarse con anterioridad a la nueva declaración indagatoria de su asistido. Que no se trata, por tanto, de una consideración incidental o de una reflexión general contenida en los fundamentos, sino de una indicación concreta incorporada al segmento resolutivo del pronunciamiento, dirigida al magistrado instructor, individualizando la persona a convocar, el acto a producir y el momento procesal en que debería realizarse.
Señala que la particularidad del caso reside además en que la declaración anteriormente recibida a S.A.G.C. no fue declarada nula. Que por el contrario, el propio Juez de Recursos rechazó el planteo formulado respecto de aquella diligencia, examinó personalmente su contenido y utilizó esa fuente para efectuar el control de congruencia de la imputación.
Que a ello se suma la existencia de la posterior intervención psicológica de la Lic. Calderón, cuyo contenido también fue examinado por la Alzada, llegando el propio magistrado a concluir que no se encontraba frente a dos hechos concomitantes diferenciados sino ante una ampliación de circunstancias y modalidades relativas al mismo episodio. Que en consecuencia, la situación procesal no presenta una ausencia absoluta de fuente testimonial que necesariamente deba ser suplida mediante una nueva declaración. Que existe una declaración válida, registrada y disponible, una intervención psicológica posterior y, además, una valoración concreta de ambas efectuada por el mismo órgano que ahora recomienda volver a convocar a la adolescente.
Que en esas condiciones, sostiene que el agravio que introduce no puede ser reducido a una mera discrepancia con una futura medida probatoria ni a un cuestionamiento hipotético sobre el valor que eventualmente pudiera asignarse a una nueva declaración. Que el perjuicio radica precisamente en la realización misma de esa nueva intervención. Si S.A.G.C. es nuevamente convocada, interrogada y requerida para construir aspectos del hecho que el Tribunal consideró insuficientemente delimitados, el acto quedará materialmente consumado antes de que cualquier revisión posterior pueda tener lugar. Que ese es, justamente, el supuesto en el cual la doctrina de la equiparación a sentencia definitiva adquiere sentido: no porque la decisión ponga fin formalmente al proceso, sino porquela tutela diferida resulta incapaz de restablecer la situación anterior.
Indica que la defensa impugnó el punto III en la primera oportunidad procesal disponible, por cuanto la recomendación nació directamente de la resolución recurrida y no existía con anterioridad posibilidad alguna de cuestionarla. Pero, además, antes de que el presente recurso pudiera obtener tratamiento, el Juez de Instrucción dispuso concretamente su ejecución. Que existe así una continuidad causal directa entre el pronunciamiento impugnado y la medida actualmente ordenada: el Juez de Recursos recomendó una nueva declaración de S.A.G.C. con carácter previo a la nueva indagatoria y con la finalidad específica de delimitar las proposiciones fácticas de la imputación; recibido el expediente, el Juez de Instrucción expresó actuar "en atención a lo requerido por el Juez de Recursos" y fijó inmediatamente fecha para aquella declaración. Que el agravio, por consiguiente, no es eventual ni conjetural. Se encuentra actualmente configurado y su tratamiento no admite diferimiento, pues la declaración ha sido fijada para el 25 de septiembre de 2026, de modo que postergar el control hasta después de su realización privaría de utilidad a la tutela casatoria respecto del perjuicio que precisamente se pretende evitar.
Manifiesta que la equiparación a sentencia definitiva se justifica, entonces, no sólo por la naturaleza del agravio originalmente introducido, sino también por la actualidad, concreción e irreversibilidad del perjuicio que la ejecución del punto III es susceptible de ocasionar.
Invoca errónea aplicación de los arts. 172, 178, 180 y 187 del C.P.P.; ausencia de requerimiento fiscal de instrucción respecto de O. R.; arbitrariedad en la caracterización de las actuaciones iniciales como "prevención policial"; apartamiento del criterio sostenido por el Juez de Recursos en el precedente "Santana", desarrollando dichos argumentos.
Asimismo invoca arbitrariedad del Punto III de la resolución; ausencia de fundamentación sobre la verdadera necesidad de recibir una nueva declaración testimonial a S.A.G.C.; ejecución concreta de la recomendación por el Juez de Instrucción; gravamen actual y de imposible reparación ulterior; riesgo de victimización secundaria, ampliando cada uno de dichos puntos.
Plantea también arbitrariedad en el rechazo de la nulidad vinculada con la cámara gesell; recurso de apelación oportunamente concedido que nunca ingresó al Juzgado de Recursos ni fue resuelto; imposibilidad de considerar subsanada retrospectivamente la privación de control jurisdiccional; afectación al derecho al recurso del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional, los arts. 8.1 y 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), desarrollando dichos argumentos. Por último, formula reserva del caso federal, dejando expresamente planteada la cuestión federal y formulada reserva de ocurrir por la vía prevista en el art. 14 de la Ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por encontrarse comprometidas garantías de jerarquía constitucional y convencional vinculadas con el debido proceso, la defensa en juicio, el principio acusatorio, el derecho a obtener una revisión jurisdiccional efectiva y la exigencia de fundamentación suficiente de las decisiones judiciales, conforme los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y los arts. 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
II.-Corresponde por lo tanto que este Juez de Recursos de cumplimiento a lo reglado en el párrafo primero del art. 447 del C.P.P., a fin de constatar, si el recurrente ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos taxativamente enumerados por la ley formal para la procedencia del recurso, sin ingresar en la valoración de la cuestión sustancial, que ha motivado la interposición del recurso.-
En tal sentido la Jurisprudencia refiriéndose al art. 464 del C.P.P.N. idéntico a nuestro art. 447 ha dicho: “Es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de éstas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el Tribunal del Juicio se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece” (CNCP, Sala II, causa número 28, 23/9/93, reg. Número 34, Boletín de Jurisprudencia número 4, p.p. 76/78).- III.-Que conforme lo expuesto precedentemente deviene necesario considerar en forma concreta el cumplimiento de los requisitos formales, establecidos por nuestro Código Procesal Penal.-
En cuanto a los recaudos exigidos por los incisos c) y d) del art. 4° de la ley 1687, se comprueba que el recurrente constituyó domicilio en jurisdicción del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en la xxxxx N° *** de la ciudad de Río Gallegos y adjuntó comprobante de depósito en los términos del art. 4 inc. d Ley 1687, a fs. 354/vta. El recurso fue interpuesto dentro del plazo perentorio que establece el art. 446 del C.P.P., esto es en los diez días hábiles de notificada la resolución al recurrente. El Dr. Lucas Osvaldo Chacón fue notificado de la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 31 de agosto de 2026 (cód. validación DATO_1), conforme surge del respectivo comprobante de envío de SNE obrante a fs. 286, e interpuso el recurso de casación el día 14 de septiembre de 2026, esto es, dentro del plazo legal consignado. Y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 446 del Código Procesal de la Provincia, la impugnación se interpuso con firma del letrado, indicando las disposiciones legales que se consideran violadas. Sin embargo, en mérito a la facultad arriba mencionada e inspirado en principios de economía procesal, este Juez de Recursos, entiende que el recurso de casación no puede prosperar por la simple circunstancia de que el auto interlocutorio que se ataca, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la norma del art. 440 del C.P.P: No es sentencia definitiva, ni resulta equiparable a aquellas porque no ocasiona al recurrente gravamen irreparable o de tardía reparación, y no pone fin al proceso.
En efecto la resolución recurrida no pone fin al proceso, ni impide la prosecución de la causa, por lo contrario hace posible su continuación. Así la C.N. Casación Penal, Sala IV, 25/6/98, Causa, 1031, “S.J.A. S/RECURSO DE QUEJA”, Rev. “E.D.” del 10/9/98, p. 17 ha dicho "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido al proceso no revisten el carácter de definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal. (Nuestro 440 del C.P.P.).- Por lo expuesto, como Juez de Recursos
I.-RECHAZAR el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el doctor Lucas Osvaldo Chacón, 355/373 en contra del resolutorio de este Juez de Recursos obrante a fs. 227/285 del presente incidente de copias, por inadmisible en virtud del incumplimiento de los requisitos formales de procedencia, ante la ausencia de impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida (art. 440 del C.P.P.).
II.-Regístrese, Notifíquese. Cumplido remítanse los presentes al Juzgado de origen.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia