Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa IEJ-56607-21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar el decisorio del 9 de octubre pasado, que rechazó la incorporación de Gaston Alexis Viñales Silva en el régimen abierto, en virtud de los fundamentos vertidos en el considerando (Artículo 100, 119, 120, 121, en sentido contrario de la Ley 12.256 y sus modif. y arts. 21 inciso 1°, 421, 433, 434, 439, 442, 447 y concs. del Código de Procedimiento Penal).
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Señor Defensor Oficial, Dr. Javier Jaime, contra la resolución del 9 de octubre del año en curso, que no hizo lugar al pedido de régimen abierto solicitado en favor de Gaston Alexis Viñales Silva, en el presente incidente de ejecución formado en el marco de la causa N° IEJ-56607-21 (07-00-056607-21), proveniente del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, y;
La instancia de grado resolvió no hacer lugar al pedido de régimen abierto oportunamente solicitado en favor de Gastón Alexis Viñales Silva, teniendo en cuenta el contenido del informe criminológico, el dictamen fiscal negativo y las reservas señaladas por el organismo evaluador, vinculadas a la falta de capitalización de su tiempo de detención, al no registrar actividades laborales ni educativas y las conclusiones desfavorables del informe psicológico. En ese sentido, consideró que su incorporación a un establecimiento carente de medidas de seguridad y sujeción resultaría prematura y podría frustrar los fines de la pena, por lo que dispuso su permanencia en el régimen semiabierto de modalidad amplia.
Contra tal decisión, se alza la Defensa argumentando, principalmente que la resolución se basa únicamente en una interpretación subjetiva, desconociendo aspectos positivos del desempeño penitenciario del condenado. Tornando, al mencionado resolutorio, arbitrario y carente e fundamentos solidos.
Sometido el presente a consideración de este Tribunal, surge que el 30 de noviembre de 2022 el Tribunal Criminal N° 2 departamental condenó a Viñales Silva a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas del juicio, con mas la declaración de reincidencia por resultar coautor y autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego (hecho I) en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho II). Dicha pena vence el día 25 de octubre de 2028.
Ahora bien, el reclamo gira en torno a la inclusión del condenado en un régimen abierto, cuyas características de tratamiento se asientan sobre la base de programas de autogestión, fortaleciendo la noción de responsabilidad social a través de nuevos vínculos o afianzamiento de los ya existentes, con un nivel adecuado de privacidad en lo habitacional, careciendo de medidas de seguridad tales como guardia uniformada, muros perimetrales, rejas u otras formas de contención (conforme arts. 119, 120 y 121 de la Ley 12.256).
Por su parte, la ley de ejecución provincial exige un informe criminológico a fin que el Juez autorice el cambio de régimen de la persona privada de libertad (art. 100 del plexo normativo), siendo que en el particular los propios operadores del Servicio Penitenciario Provincial en el Acta protocolizada bajo el número 1024/2026, estimaron la inconveniencia de aplicar el instituto en favor del condenado, sugiriendo favorecer su incorporación a los espacios tratamentales.
Lo expuesto se basa en el Informe Integral elaborado por la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena, del que surge que Gaston alexis Viñales Silva se encuentra incorporado al régimen semiabierto de modalidad amplia desde el 28 de agosto de 2025, detenta una conducta ejemplar (10) y un concepto bueno, no registrando sanciones disciplinarias.
Respecto a la capitalización que hace de su tiempo de encierro se desprende que, se ubica en lista de espera para continuar con sus estudios y para incorporarse a alguna actividad laboral brindada dentro de la Unidad que lo aloja.
Desde el plano psicológico se observa que: "...Respecto a su conflicto con la ley actual, el sujeto realiza un relato resumido y acotado de los hechos y si bien asume la autoría de los mismos observamos un sujeto que deposita las causas de su accionar transgresor en situaciones externas que derivaran de sus problemas de consumo. No observamos subjetivación de la pena impuesta y los actos delictivos parecen naturalizados en su acontecer..." .
Por su parte, corrida la pertinente vista al Ministerio Público Fiscal, la Dra. Lameiro, se expidió y manifestó su oposición al otorgamiento del instituto pretendido.
Avocándonos entonces, en primer lugar corresponde decir que en lo que respecta al agravio relativo a la arbitrariedad del resolutorio puesto en crisis, corresponde observar que cierto es que el artículo 106 del ceremonial exige la motivación de las sentencias y autos bajo sanción de nulidad.
Es así que, la motivación debe dar cuenta de las razones que conforman la base de la resolución, siendo el momento de mayor compromiso del magisterio penal ya que está destinada, no solo a manifestar el procedimiento lógico seguido por el juez al adoptar una decisión, sino también en demostrar a la sociedad el fundamento de la decisión.
Entonces, la falta de motivación causaría la nulidad de la resolución, entendiendo dicha ausencia como la orfandad de razonamiento en relación a un punto necesario para fundamentar la decisión sobre el fondo, conllevando a la arbitrariedad del resolutorio invocado por la parte.
No obstante ello, en modo alguno observamos que la Sra. Magsitrada hubiera resuelto de aquella manera, en tanto "...Son arbitrarias las sentencias que se limitan a efectuar un examen parcializado y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa sin integrarlos y armonizarlos en su conjunto." (Fallos, 12:2507. CSJN. entre varios otros), lo que en modo alguno ocurre en el caso bajo análisis.
La génesis lógica de una resolución judicial, representa un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y como juicio refleja el trabajo intelectual del juez, quien realiza en el acto de estudio critico de las cuestiones planteadas por los justiciables. Ello, da cuenta de la labor llevada a cabo por el juzgador, a fin de demostrar a través de su fundamentación, que ha llegado a una convicción, sobre las cuestiones a resolver. En consecuencia, la resolución constituye una unidad lógica jurídica, cuya parte resolutiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos enunciados en su fundamentación, en los considerandos, tal cual se manifiesta en el presente resolutorio.
En virtud de lo expuesto, corresponderá rechazar aquel agravio.
Continuando con análisis, esta Alzada entiende que, si bien y como se sabe, no resultan vinculantes las conclusiones que arrojen los informes practicados en la órbita administrativa, en el caso concreto, el dictamen fiscal negativo y el criterio desfavorable del Servicio Penitenciario Bonaerense, sumados a la nula actual capitalización de su tiempo de detención, sellan desfavorablemente la cuestión. En consecuencia, resulta prematuro avanzar hacia un régimen que exige mayores niveles de autonomía, por lo que deberá afianzar su participación en los espacios tratamentales, especialmente aquellos orientados a la asunción de responsabilidad y a la revisión crítica de su conducta, antes de evaluar una nueva progresión. Por ello, no se encuentran reunidos los recaudos para conceder el instituto requerido en los términos del art. 119 de la Ley de Ejecución Penal Bonaerense.
POR ELLO:
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental,
No hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar el decisorio del 9 de octubre pasado, que rechazó la incorporación de Gaston Alexis Viñales Silva en el régimen abierto, en virtud de los fundamentos vertidos en el considerando (Artículo 100, 119, 120, 121, en sentido contrario de la Ley 12.256 y sus modif. y arts. 21 inciso 1°, 421, 433, 434, 439, 442, 447 y concs. del Código de Procedimiento Penal).
Regístrese, notifiquese al Sr. Fiscal General, a la Defensoría de Ejecución Penal N° 1, y devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal N° 2, para el cumplimiento de las notificaciones de rigor.
En la fecha notifiqué al Sr. Fiscal General departamental ( [email protected] ) y a la Defensa Oficial ( [email protected] ), remitiendo la presente a la instancia de origen ( [email protected] ). CONSTE.
Firmas
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: GARIBALDI María Soledad - JUEZA
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: STORINO Paula Carina - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1820-2026
Fin de la sentencia