Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa IEJ1-50988-14
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación de la defensa oficial y, en consecuencia confirmar el decisorio dictado el día 2 de noviembre del corriente año, que no hiciera lugar al pedido de libertad condicional de Víctor Ramón Moreyra Godoy, ello por los motivos expuestos en el considerando (Artículo 13 en sentido contrario del C.P., arts. 100 y concs. de la Ley 12.256, arts. 21, inc. 1º, 209, 210, 421, 433, 442, 447 y concordantes del C.P.P.).
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Guillermo A. Granella, contra la resolución del 2 de noviembre del año en curso, que no hizo lugar a la libertad condicional de Víctor Ramón Moreyra Godoy, en el presente incidente de ejecución formado en el marco de la causa N° IEJ1-50988-14 (07-00-50988-14), proveniente del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, y;
La instancia de grado a través del pronunciamiento dictado el pasado 2 de noviembre, dispuso denegar el instituto de libertad condicional al causante, al presumir que en caso de conceder dicho instituto, el mismo podría verse frustrado por un comportamiento desajustado, destacando al efecto que ha sido pasible de cinco correctivos disciplinarios, suma a ello las cuestiones desfavorables expuestas en el informe psicológico del cual se evidencia un carente proceso reflexivo y autocrítico frente a su accionar desajustado, sin implicarse subjetivamente en el hecho y sin registrar el daño ocasionado a terceros, el prolongado tiempo que quedaría por cumplir para agotar la sanción impuesta y su reciente inclusión en un régimen abierto, considerando que su evaluación en dicho régimen resulta indispensable previo a un acceso de libertad anticipada.
Contra dicho decisorio se agravia el Sr. Defensor Oficial, Dr. Guillermo Granella, quien sostiene en primer lugar que su ocasional defendido debía ser liberado provisoriamente en virtud de todos los elementos favorables agregados a esta vía incidental y que no han sido correctamente valorados por la Instancia e incluso se ha vertido un dictamen favorable por parte del S.P.P. para la promoción del instituto pretendido, siendo que las sanciones disciplinarias no pueden ser valoradas en detrimento del causante por el tiempo transcurrido desde su comisión, tampoco las cuestiones que emergen del informe psicológico pueden operar en desmedro del mismo. Por estos motivos entre otros, pide por la revocatoria del auto impugnado y que se conceda la libertad condicional o en su defecto de manera subsidiaria el régimen abierto a su ocasional defendido.
Sometida entonces la cuestión a análisis, y tal como lo hemos reiterado en distintas ocasiones, tenemos en primer lugar que Moreyra Godoy se encuentra condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 10 departamental, desde el 31 de mayo de 2016, a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego, robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y abuso de armas calificado por dirigirse contra personal policial por su función y para procurar impunidad y autor del delito de portación ilegal de arma de guerra, venciendo la pena impuesta el 24 de agosto de 2032, hallándose desde el 24 de mayo del 2026 en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional que peticiona, ello por aplicación del estímulo educativo otorgado el 12/05/25.
Requerido por la instancia el nuevo legajo criminológico del interno, surge del Informe Integral elaborado el 22 de abril del 2026 (informe que ya ha sido valorado por esta Alzada en el decisorio dictado el pasado 30 de junio), donde se dejara sentado que Moreyra Godoy se encuentra alojado en dicha Unidad desde el 31/10/22 incluido en un régimen semiabierto de modalidad amplia desde el 24/05/23, ostenta conducta ejemplar diez, es merecedor de un concepto general bueno y registra cinco sanciones disciplinarias, siendo la última cometida en fecha 20/04/21.
Respecto al aprovechamiento que hace de su tiempo de encierro se informa que trabaja en tareas de mantenimiento en general desde el 27/09/23, cursa el tercer año del nivel educativo secundario y participó de un curso de Soldador Básico y se encuentra realizando el curso formal anual de "Operador en carpintería y fabricación mobiliaria", realizó oficios y actividades culturales, practica el culto evangélico, desarrolla actividades deportivas y recreativas y recibe visitas de su entorno familiar (hijos, nietas y con mas frecuencia de manera mensual de su esposa la Sra. Patricia Susana Araujo.
Del Informe Psicológico se desprende: "...observamos idéntico posicionamiento que en los informes previos. Nuevamente desde un posicionamiente obturador, un discurso desafectivizado, escueto y evasivo, no surgiría disponibilidad para poder resignificar la coyuntura psicológica en juego al momento de cometer los hechos delictivos. Al igual que en el informe anterior no se colegiría conciencia del daño ocasionado a las víctimas, ni elementos egodistónicos que generen malestar subjetivo, tendiendo a implementar mecanismos defensivos del orden de la justificación, proyección y minimización sobre los hechos que se le inculpan. Se sugiere que en tanto permanezca en este establecimiento, la continuidad con su rutina diaria..." .
Del Informe Social surge que el sujeto cuenta con 51 años de edad, refiere estar casado y poseer cinco hijos. Manifiesta encontrarse casado con la Sra. Patricia Vanesa Araujo, comerciante, residente en Urdampilleta. Refiere que el presente es su quinto proceso privativo de libertad y encontrarse detenido hace doce años aproximadamente. En caso de libertad, propone el domicilio de su pareja ubicado en la calle Chacabuco Nº 117 de Urdampilleta, Pdo. de Bolívar.
Por su parte, el Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario Provincial, tras evaluar las distintas áreas que componen el legajo del interno, mediante Acta N° 416/26 protocolizada con fecha 15 de octubre del corriente año, estiman la viabilidad de otorgar el instituto de libertad condicional al causante, por cuanto en este último período ha avanzado hacia un régimen abierto desde el mes de septiembre.
No obstante ello, destacan elementos de reserva derivados del informe psicológico aludido, del que emerge un posicionamiento obturador, un discurso desafectivizado, escueto y evasivo, no surgiría disponibilidad para poder resignificar la coyuntura psicológica en juego al momento de cometer los hechos delictivos, no se colegiría conciencia del daño ocasionado a las víctimas, ni elementos egodistónicos que generen malestar subjetivo, tendiendo a implementar mecanismos defensivos del orden de la justificación, proyección y minimización sobre los hechos que se le inculpan. Sugiriendo su acompañamiento por instituciones idóneas como el Patronato de Liberados y su incorporación a un espacio de atención psicológica.
Corrida la vista al Ministerio Publico Fiscal, la Dra. Karina Lameiro se expidió el pasado 28 de octubre y manifestó su expresa oposición al otorgamiento del instituto liberatorio, ante los elementos de reserva que surgen de las sanciones disciplinarias aplicadas, la falta de verificación fehaciente del empleo que tendría para lograr su subsistencia, la carencia de un informe socioambiental en el domicilio propuesto y las reservas que emergen de la evaluación psicológica.
Demarcado el escenario y ya en un marco de análisis guiado por las previsiones de los arts. 209 y 210 del ritual, armonizando e integrando debidamente en su conjunto lo recolectado, encontrándose esta Alzada en condiciones de resolver corresponde decir que a esta altura y en el caso en estudio, el decisorio cuestionado nuevamente no habrá de ser modificado.
Ello por cuanto considera este Tribunal, imprescindible e indispensable que atento la reciente inclusión de Moreyra Godoy en el régimen abierto que esta Sala dispusiera oportunamente, sea evaluado un tiempo prudencial en dicho régimen, para luego dar paso en lo posible a instancias más laxas, ello a los efectos de analizar de manera paulatina el grado de compromiso y responsabilidad que pueda asumir y sostener en contextos en donde los controles ceden casi por completo y para poder así dotarse de herramientas las cuales le serán de utilidad y le permitirán autovalerse en el medio social amplio.
Así las cosas, esta Alzada entiende que si bien y como se sabe no resultan vinculantes las conclusiones que arrojen los informes que se practiquen en la órbita administrativa, en lo particular del caso y al menos a esta altura, hemos de apartarnos del mismo por cuanto no se observa una mejora sustancial en tal documentación, a pesar del periodo de cumplimiento de pena, al punto que propicie una modificación en las valoraciones de los integrantes de esta Sala que les permita emitir una opinión distinta de la dictada en el anterior resolutorio, situaciones en que estuviera en estudio el mismo instituto que hoy se analiza al tiempo que en contestación a lo alegado por el recurrente se lo vislumbra como fundamentado el decisorio habiendo la instancia analizado las constancias incorporadas y dando las razones que cimentan su decisión.
A ello, ha de sumarse las cuestiones de tenor cautelar que persisten del informe psicológico aludido, en parangón con el tenor de los delitos por los cuales cumple condena, el prolongado tiempo que aún le restaría por cumplir para agotar la sanción impuesta por sentencia firme, la disconformidad fiscal y la falta de certificación fehaciente del domicilio propuesto, todo ello valorado en su conjunto sellan desfavorablemente la suerte del recurso, por cuanto las condiciones a las que hace referencia el art. 13 del Código Penal no se encuentran satisfechas en autos, motivo por el cual y como se adelantara la impugnación articulada por al defensa no puede prosperar, correspondiendo entonces homologar el decisorio puesto en crisis, por hallarse ajustado a derecho y a las constancias del legajo.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental;
No hacer lugar al recurso de apelación de la defensa oficial y, en consecuencia confirmar el decisorio dictado el día 2 de noviembre del corriente año, que no hiciera lugar al pedido de libertad condicional de Víctor Ramón Moreyra Godoy, ello por los motivos expuestos en el considerando (Artículo 13 en sentido contrario del C.P., arts. 100 y concs. de la Ley 12.256, arts. 21, inc. 1º, 209, 210, 421, 433, 442, 447 y concordantes del C.P.P.).
Regístrese y notifiquese al Sr. Fiscal General y a la Defensoría de Ejecución Penal interviniente. Fecho, remítase al Juzgado de Ejecución Penal Nº 2. a fin se cumplimenten las restantes notificaciones.
En la fecha notifiqué al Sr. Fiscal General departamental ( [email protected] ) y a la Defensa Oficial ( [email protected] ), remitiendo la presente a la instancia de origen ( [email protected] ). CONSTE.
Firmas
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: GARIBALDI María Soledad - JUEZA
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: STORINO Paula Carina - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1822-2026
Fin de la sentencia