Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa IEJ1-263117-02
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial y confirmar el decisorio del pasado 28 de octubre pasado, que denegó la libertad condicional de Luis Norberto Salega Gómez, en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede (arts. 13 sentido contrario del C.P. en su anterior redacción, 21 inciso 1°, 209, 210, 421, 432, 433, 439, 442, 498 y concs. del Código de Procedimiento Penal).
Para resolver la apelación interpuesta por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Guillermo Granellla, contra la resolución del 28 de octubre del año en curso, que denegó la libertad condicional al condenado Luis Norberto Salega Gómez, en el presente incidente de ejecución de pena formado en el marco de la causa N° IEJ1-263117-02 (0700-263117-02), proveniente del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, y;
La Instancia de Grado denegó nuevamente a través del decisorio aludido del pasado 28 de octubre, la libertad condicional del nombrado, por considerar que no han variado las condiciones negativas que determinaran la denegatoria anterior a partir fundamentalmente de las múltiples sanciones disciplinarias que se le aplicaran, la parcial capitalización de su tiempo en detención y ante las reservas del informe psicológico, lo cual se torna relevante en virtud de la gravedad de los delitos por los cuales cumple pena y la reiteración de conductas disvaliosas que motivaran el dictado de una pena única.
Contra dicho decisorio se agravia el Sr. Defensor Oficial argumentando en esta oportunidad que se encuentran dados todos los requisitos para el otorgamiento del instituto, frente a todos los aspectos positivos no ponderados, que dan cuenta de una favorable evolución y de un proceso de adaptación a las pautas de conducta que no es mas ni menos que el regular cumplimiento de los reglamentos carcelarios, donde nuevamente y ya por varios períodos el causante mantiene su conducta ejemplar diez y buen concepto, donde ha logrado sostener un comportamiento ajustado a la norma. Considera que las sanciones disciplinarias no pueden ser computadas y que los aspectos negativos del perfil psicológico respecto de su personalidad tomados como fundamento para la resolución, no encuentra cobijo en el texto expreso de la ley, puesto que de ello no puede razonadamente concluirse un pronóstico de reinserción social inadecuada y que las circunstancias relacionadas al hecho por el cual se encuentra cumpliendo pena ya han sido valoradas al momento de dictar sentencia, entendiendo que se encuentran dados todos los requisitos para el otorgamiento del instituto pretendido .
Ahora bien, en primer lugar, y tal como lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, tenemos que Salega Gómez se encuentra condenado desde el 13 de Septiembre de 2019 por el Tribunal Criminal Nº 3 departamental, a la pena única de veintinueve años de prisión accesorias legales y costas del proceso, por ser autor penalmente responsable de los delitos de robo simple y robo con homicidio resultante reiterado en dos oportunidades, todos los que concursan materialmente entres sí, omnicomprensiva de las dictadas los días 13 de mayo del año 2008 y 9 de abril de 2010 por el Tribunal Criminal Nº 5 departamental y por ese Tribunal, la que vence el 6 de febrero de 2032, hallándose a la fecha en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional que peticiona por aplicación del art. 13 del Código Penal vigente al momento del hecho.
Requerido por la Instancia el nuevo legajo criminológico del interno, se desprende del informe Integral elaborado el pasado 13 de agosto por la Unidad Penal 35 Magdalena, que el interno en cuestión se encuentra alojado en un régimen semiabierto amplio, ostenta conducta ejemplar diez, merece un buen concepto por parte de las autoridades y registra veintiún sanciones disciplinarias durante su trayectoria carcelaria, siendo la última del 5/3/21.
Respecto al aprovechamiento que hace de su tiempo de encierro, se informa que no desarrolla actividades laborales y permanece en lista de espera, estudia cursando el tercer año del nivel secundario, no registra actividad cultural ni cursos, profesa el catolicismo y no ha recibido visitas de sus familiares ni allegados durante los últimos seis meses.
Del informe psicológico surge a modo de conclusión lo siguiente: "...En cuanto a su posicionamiento subjetivo, se observa la posibilidad de construir una lectura retrospectiva de su trayectoria, diferenciando el momento actual de aquel en el que se produjeron los hechos delictivos. Reconoce la responsabilidad jurídica correspondiente y establece una vinculación entre su conducta transgresora y el consumo problemático de sustancias. No obstante, dicha articulación permanece centrada principalmente en factores externos al conflicto subjetivo, advirtiéndose una elaboración aún incipiente respecto de las determinaciones singulares que sostuvieron la reiteración de conductas delictivas y el modo particular de resolución de sus conflictos...".
Del Informe social surge que el interno de 44 años de edad refiere que uno de sus hermanos ha recuperado su libertad hace aproximadamente dos años. Manifiesta haber realizado en libertad el nivel primario completo y haber trabajado desde los diez años de edad en actividades informales. Menciona haber consumido en su vida cotidiana marihuana, cocaína, psicofármacos y alucinógenos desde los doce años hasta quedar detenido. Se encuentra en pareja con la Sra. Adriana López y no poseen hijos en común aunque tiene un hijo de una relación anterior. Aporta los datos de la nombrada quien sería su referente externo y quien mediante comunicación telefónica expresa conformidad de recibirlo en su vivienda de la calle Córdoba Nº 527 entre Mitre y Canale de la Localidad de José Mármol, Pdo. Alte. Brown, manifestando como salida laboral que podría ayudarla en el negocio de su propiedad.
Por su parte, el Departamento Técnico Criminológico, tras evaluar las diferentes áreas que componen el legajo del interno, mediante Acta dictamen Nº 1022/26 emitida el pasado 14 de octubre, sugieren la viabilidad de conceder el instituto de libertad condicional en favor del causante.
Corrida la pertinente vista al Ministerio Público Fiscal, con fecha 23 de octubre del año en curso se expidió el Sr. Agente Fiscal Dr. Ignacio Gabriel Torrigino, quien manifestó su rotunda oposición al otorgamiento del instituto pretendido en virtud de la gravedad y violencia de los delitos por los cuales cumple condena, la fecha fijada de vencimiento de la misma, la naturaleza de los hechos cometidos donde se ha despreciado la vida humana en más de una ocasión para cometer despojos, lo que impone una máxima rigurosidad y prudencia a la hora de evaluar un egreso anticipado.
Considera asimismo que la propuesta del organismo examinador resulta prematura y contradictoria ya que en el mes agosto (hace apenas dos meses) habían evaluado la inconveniencia de incorporarlo al régimen abierto siendo que actualmente permanece alojado en un régimen semiabierto amplio, además de no encontrarse incluido en actividades laborales, sumado a la debilidad de los lazos de contención externa que surge del informe social y la necesidad de un abordaje clínico previo.
Ahora bien, corresponde examinar la procedencia del instituto a la luz de la redacción del artículo 13 del CP vigente al momento del hecho, la verificación de los recaudos temporales y de observancia regular de los reglamentos carcelarios no impone, por si sola, la concesión automática del beneficio. Su otorgamiento requiere una valoración integral de las circunstancias del caso y de los elementos incorporados al incidente.
Así, los indicadores personales ponderados por la Sra. Juez, deben examinarse en relación con la evolución concreta del condenado durante su vida carcelaria; no se trata de exigir una modificación subjetiva, ni de supeditar el beneficio a una valoración moral de la persona, sino de determinar si los elementos permiten sostener razonablemente la procedencia anticipada al medio libre.
En definitiva, los argumentos de la defensa no demuestran que la decisión recurrida resulte arbitraria ni que la valoración de la Juez carezca de sustento, tampoco importa desconocer la evolución registrada durante el cumplimiento de la pena, sino concluir que ella no alcanza, en el estado actual, para revertir los aspectos negativos que surgen de la evaluación integral.
En consecuencia, los cuestionamientos formulados por la defensa expresan, en lo sustancial, una discrepancia con la valoración realizada por la Instancia de grado, pero no logran demostrar que ésta haya omitido arbitrariamente elementos relevantes, incurrido en contradicciones o prescindido de las constancias de la causa.
Bajo este análisis, demarcado el escenario y ya en un marco de análisis guiado por las previsiones de los arts. 209 y 210 del ritual, armonizando e integrando debidamente en su conjunto lo recolectado, encontrándose esta Alzada en condiciones de resolver corresponde decir que a esta altura y en el caso en estudio, el decisorio cuestionado de momento no habrá de ser modificado.
Ello por cuanto considera el Tribunal que su adaptación al régimen resulta parcial e incipiente, valorando al efecto la escasa capitalización que hace de su tiempo en detención, las múltiples sanciones disciplinarias que se le fueron aplicando durante su trayectoria carcelaria, con lo cual se reitera la necesidad de continuar evaluando al interno Salega Gómez en el actual régimen, por un tiempo prudencial, inmerso en un plan integral de tratamiento, para luego dar acceso a instancias mas autogestivas de manera progresiva contempladas en la Ley de Ejecución Penal en contexto de encierro, con el fin de forjar hábitos saludables y adquirir herramientas que fortalezcan su confianza, para luego en un futuro dar acceso favorable a beneficios mas ampliatorios como el que se pretende.
Lo expuesto, sumado a la parcial capitalización que hace e hizo de su tiempo en detención, ante la gravedad de los delitos por los cuales viene cumpliendo condena, el tiempo que aún restaría por cumplir teniendo en cuenta que la misma como se expresara opera el 6 de febrero del 2032, las cuestiones de tenor cautelar que emergen de los informes psicológico y social aludidos, donde se refleja que el sujeto no ha alcanzado una plena responsabilización ni comprensión de la gravedad del daño causado, lo que se traduce en un proceso de rehabilitación parcial y con limitaciones, sumado a la falta de contención familiar que se vislumbra atento que no ha recibido visitas en su lugar de alojamiento durante este último período de encierro, se generan a todas luces dudas acerca de la capacidad del interno de actuar correctamente en el medio social amplio.
Párrafo aparte merece destacar, tal como lo expresara el Fiscal actuante, la contradicción existente entre los dos últimos informes criminológicos requeridos por la Instancia, donde en una ventana de tiempo de dos meses, el mismo organismo examinador dictaminara por la inconveniencia de otorgar un régimen abierto y la viabilidad de conceder un instituto liberatorio.
Por los motivos expuestos, apartándonos del dictamen favorable emitido por el organismo examinador, acompañando en un todo la decisión del Ministerio Público Fiscal y al no advertirse motivos que justifiquen apartarse de las conclusiones alcanzadas por la Instancia de origen, se impone la confirmación del decisorio recurrido por hallarse ajustado a derecho y a las constancias del expediente, por cuanto el requisito de cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios al que alude el art. 13 del C.P. en su redacción anterior, aún no se encuentra satisfecho.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental;
No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial y confirmar el decisorio del pasado 28 de octubre pasado, que denegó la libertad condicional de Luis Norberto Salega Gómez, en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede (arts. 13 sentido contrario del C.P. en su anterior redacción, 21 inciso 1°, 209, 210, 421, 432, 433, 439, 442, 498 y concs. del Código de Procedimiento Penal).
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General y a la Defensoría Oficial interviniente y devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal N° 2 , para el cumplimiento de la restante notificación.
En la fecha notifiqué al Sr. Fiscal General departamental ( [email protected] ) y a la Defensa Oficial ( [email protected] ), remitiendo la presente a la instancia de origen ( [email protected] ). CONSTE.
Firmas
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: GARIBALDI María Soledad - JUEZA
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: STORINO Paula Carina - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1818-2026
Fin de la sentencia