Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición por los conceptos regularizados, por remitidos los intereses en la proporción que correspondan y por condonada la multa, con el alcance, términos y condiciones establecidas en los Considerandos III, IV y V.
2Las costas se imponen a la recurrente, salvo en la proporción de los conceptos remitidos y la multa condonada, que se aplican por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-35597973-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Marzo de 2023 En la ciudad autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 33.487-I, caratulado “INC S.A. s/ recurso de apelación”, y La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 91/111 vta. INC S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 52/09 dictada por el Jefe (int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, por la que se impugnan las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006, se establece el débito fiscal y el crédito fiscal de tales períodos, los saldos técnicos, saldo de libre disponibilidad y se le intima el ingreso de dicho tributo en relación con los períodos mensuales febrero y julio a octubre de 2006. Asimismo se liquidan intereses resarcitorios y se aplica una multa con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. vigente). Que a fs. 257/261 luce la sentencia de esta Sala (aclarada a fs. 285) por la que se confirma la resolución apelada en cuanto determina el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004 a diciembre de 2006, con más sus intereses resarcitorios y revoca parcialmente la multa aplicada.
II. Que mediante Mesa de Entradas Virtual (RE-2022-29289457-APN-SGAI#TFN, fs. 326/327)
la recurrente manifiesta que se allana incondicionalmente en los términos del artículo 7 de la ley N° 27.653 y el artículo 51 de la Resolución General N° 5101/2021, respecto de las obligaciones regularizadas correspondientes al impuesto al valor agregado, intereses y multa derivados de la Resolución N° 52/2009 (DV DEOA), por lo que desiste de acciones, reclamos o recursos en trámite. A tal efecto, acompaña F.408/PD de allanamiento total, F.206/I Multinota Impositivo por el que informa el acogimiento y pago de las obligaciones y constancia de presentación digital de Formulario 408 (fs. 320/325 vta.).
Que a fs. 348/348 vta. (RE-2022-62739304-APN-SGAI#TFN) el representante fiscal contesta el traslado conferido e informa que la actora se acogió por la deuda que se discute en autos a un plan de la ley 27.653, N° P943548, el que fue cancelado.
Finalmente, a través de RE-2022-109094592-APN-DTD#JGM (fs. 358/358 vta.) la apelante cumple el requerimiento efectuado y hace saber que se encuentra incluida en el universo de sujetos a que se refiere el artículo 8° de la ley 27.541 y su modificatoria N° 27.562, artículo 4° de la RG 4816/2020 y, en su caso, el artículo 59 de la referida RG.
Con el fin de acreditar lo expuesto, a fs. 354/357 vta. acompaña copia del “Informe de aseguramiento razonable de Contador Público Independiente sobre activos financieros en el exterior”, anexo “Declaración Jurada de Activos Financieros situados en el exterior al 11/11/2021” y la constancia de presentación del Régimen de Información Ley 27.562 (RE-2022-109098862-APN-SGAI#TFN y RE-2022-109096388-APN- SGAI#TFN).
III. Que la ley N° 27.653 (B.O. 11/11/2021) en su Título II, Capítulo III regula el régimen de “Promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de fiscalización”, el que en su artículo 7 prevé: “Con efecto exclusivo para las y los contribuyentes que pretendan regularizar sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, amplíase la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones”.
“En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.”
Asimismo, en el artículo 8 se establece: “A los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultarán de aplicación, en primer lugar, todas las disposiciones previstas en el título II de la presente ley y, subsidiariamente -y en las condiciones que establezca la reglamentación-, en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562…”. En tal sentido, el Capítulo II de la ley 27.653 (artículo 6) dispone que a los efectos de dicha ampliación, resultarán de aplicación tales disposiciones con las siguientes excepciones y/o consideraciones -en lo que aquí interesa-: “a) Se podrán regularizar las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera vencidas al 31 de agosto de 2021, inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, no pudiendo reformularse planes de pago vigentes de las leyes indicadas, excepto los condicionales mencionados en el inciso c) del artículo 13 de la ley 27.541 y sus modificaciones; b) Se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias [...] en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que se indica a continuación:
3. Para las y los demás contribuyentes: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado”
Ello así, en tanto no se configure, respecto del contribuyente o responsable, alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27.541, de aplicación complementaria al presente régimen. Por otra parte, el artículo 57, segundo párrafo de la RG 5101/2021 contempla que “El interesado deberá presentar ante la instancia administrativa, contencioso-administrativa o judicial en la que se sustancia la causa, copia del acuse de recibo del acogimiento al presente régimen junto al detalle de las obligaciones regularizadas”.
IV. Asimismo, cabe destacar lo estipulado en relación con los beneficios establecidos por el artículo 11 de la ley 27.541 y su modificatoria, en cuanto a que los sujetos que se acojan al régimen bajo análisis y cumplan con los pagos pertinentes, gozarán de las siguientes exenciones y/o condonaciones: a) de las multas y demás sanciones previstas en la ley 11683 (t.o. en 1998 y modifs.), que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en el presente capítulo… c) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias… en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje establecido en dicho artículo, según el período fiscal de que se trate, con la salvedad prevista en el artículo 6 inciso d) de la ley 27.653 que dispone: “Respecto a lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, modificada por la ley 27.562, establézcase que la exención y/o condonación estipulada en dicho artículo será de aplicación respecto de los conceptos mencionados en el mismo que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de agosto de 2021”. Su procedencia quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 6 inciso c) del cuerpo normativo, cuyo control oportuno corresponde al organismo recaudador, así como la verificación de los requisitos exigidos para hacer uso de los beneficios contemplados por el régimen.
V. Que de las constancias agregadas en autos y las manifestaciones vertidas por el Fisco Nacional en su presentación, surge que la recurrente, con anterioridad a que el pronunciamiento de fs. 257/261 adquiriera firmeza, ha regularizado los conceptos controvertidos en autos en los términos de la ley 27.542 a través de un plan de facilidades cancelado. Asimismo, no surge de las constancias de autos que se verifique la existencia de las causales de exclusión enumeradas por el artículo 16 de la ley 27.541.
Que en relación con las obligaciones emergentes del artículo 8° párrafos 3° y 4° de la ley 27.541, y su modificatoria 27.562, vinculadas con la repatriación de activos financieros, a fs. 357 luce la constancia de presentación de la declaración jurada prevista en el artículo 59 de la RG 4816/2020 (al que remite el artículo 48 de la RG 5101/2021). En tal sentido, cabe destacar que el control de los términos y condiciones del régimen, incluida esta cuestión, le compete exclusivamente al organismo recaudador.
Sentado lo que antecede, corresponde tener por desistida a INC S.A. (antes Supermercados Norte S.A.) de la acción y del derecho, incluso el de repetición, respecto del tributo discutido en autos. Asimismo procede tener por remitidos los intereses en la proporción que corresponda y condonada la multa, con el alcance y en los términos y condiciones establecidas en los artículos 11 y 13 de la ley 27.541 y modificatoria, referenciados precedentemente.
VI. Respecto de las costas, la ley 27.653 clara e inequívocamente impone -como condición para el ingreso al régimen- que el sujeto que regularice desista de toda acción y derecho, incluso el de repetición, “…asumiendo el responsable las costas y gastos causídicos” (art. 7), sin excluir concepto alguno para su determinación.
En tal sentido, recuérdese que la primera fuente de interpretación de la ley debe ser la que emerge de su letra, de manera que cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que resulte admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (Fallos 343:2158 entre otros), y en el caso, es clara la norma en cuanto no excluye de la condena en costas los importes representativos del beneficio (parte de los intereses y la multa), no correspondiendo presumir la inobservancia del legislador a su respecto (Fallos 343:1434 entre otros). Es que, si bien por la parte de intereses remitidos no puede inferirse que existió parte vencida, lo que ameritaría la imposición de las costas por su orden, lo cierto es que la ley 27.653 representa un régimen “especial” de pago de obligaciones tributarias; y también –consecuentemente- un régimen “especial” en materia de costas para esos casos, desplazante –por aplicación del principio de especificidad- del criterio general rector del CPCCN en materia de costas. Después de todo, la ley 27.653 es una norma de idéntica jerarquía que la 17.454, y representa una norma “especial” que desplaza, en este caso, las del CPCCN. Por ello, las costas debieran imponerse a la parte actora que desistió, sin exclusión de concepto alguno. Dicho ello, razones de economía procesal llevan a aplicar el criterio establecido por la Alzada in re “Alpargatas SAIC c/ DGI” del 16/12/2020, y por ende, imponerlas a la actora en la proporción de los importes regularizados, y por su orden respecto de la proporción de los intereses remitidos y la multa aplicada. Los Dres. Luis y Vicchi dijeron:
Que adhieren al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
1.-Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición por los conceptos regularizados, por remitidos los intereses en la proporción que correspondan y por condonada la multa, con el alcance, términos y condiciones establecidas en los Considerandos III, IV y V.
2. Las costas se imponen a la recurrente, salvo en la proporción de los conceptos remitidos y la multa condonada, que se aplican por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.03.28 15:03:50 -03:00 Date: 2023.03.31 11:34:45 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.31 12:03:50 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.31 12:03:50 -03:00
Fin de la sentencia