Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 44098-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada, excepto en punto a la multa que se modifica en los términos del considerando 12. Con costas por sus respectivos vencimientos
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
3056/2021INC SA (TF 44098-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 18 de mayo de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 369/377 vta., el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: a) confirmar la resolución AFIP-DGI Nª 151/15 en cuanto había determinado la obligación tributaria de la actora respecto del IVA, por los períodos fiscales 12/2006; 1/2007 a 8/2007 y 1 a 6/2008, con más accesorios y multa, esta última reducida al mínimo legal del art. 46 de la ley 11.683; 2) revocar las resoluciones Nº 150/2015 y 152/2015 en cuanto habían determinado los Impuestos a las Ganancias por los períodos 2006 a 2008 y a las Salidas no Documentadas por los períodos fiscales 12/2006; 1/2007 a 10/2007, 3 a 5/2008 y 1/2009, con más intereses y multa. Imponer las costas por sus respectivos vencimientos, salvo en la parte que redujo la multa, que las impuso por su orden. Para así resolver, efectuó las siguientes consideraciones:
a) En cuanto a la determinación del IVA, entendió que formulado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones resultaba lógico que se observasen por la falta de confianza que inspiraba dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas. No obstante compartir la tesis que propugnaba la actora en cuanto sostenía que no podía aceptarse que el organismo fiscal pretendiera colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto era que los indicios reunidos por el Fisco eran suficientes para dudar de la realización de las operaciones con los proveedores cuestionados, siendo la actora la que cargaba con la prueba para demostrar lo contrario. b) Manifestó asimismo que correspondía destacar que, en el caso de marras, se presentaban concretas y graves impugnaciones que se proyectaban sobre los aspectos sustantivos y que ponían seriamente en duda que dichos terceros hubiesen sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados, cuyo crédito fiscal se encontraba controvertido, frente a lo cual la actora no podía limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría eran imputables a terceros o que no era su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores.
Cabía dejar sentado que la postura por la cual la contribuyente intentaba probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dicho proveedor se encontraba inscripto, resultaban claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación no resultaba hábil por sí solo ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión.
Toda vez que la actora no había logrado desvirtuar las conclusiones del Fisco, demostrando la efectiva realización de las operaciones, correspondía confirmar la resolución 151/2015 en cuanto determinaba el IVA.
c) Que, en lo atinente a las determinaciones referidas al Impuesto a las Ganancias y a Salidas no Documentadas, a la luz de los elementos de prueba aportados en autos, debía concluirse que las erogaciones que había efectuado la actora respecto de los conceptos consignados en la documentación aportada y la pericial contable fueron efectuadas para adquirir bienes de cambio por parte de la empresa, aplicadas a su explotación comercial.
d) Que, en consecuencia, por aplicación de lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 55 de su decreto reglamentario, cabía concluir que las erogaciones habían sido realizadas para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas, por lo que correspondía admitir su deducción en el Impuesto a las Ganancias, no resultando procedente el gravamen por salidas no documentadas. Por ello, debía revocar las resoluciones 150/2015 y 152/2015. e) En cuanto a la prescripción relativa a la multa aplicada, el plazo por el cual empiezan a correr las multas se inicia a partir del 1º/1/2009, teniendo en cuenta que la última infracción cometida fue la del período 6/2008. Por lo que hasta el 3/6/2013, (fecha de suspensión del plazo de prescripción conforme el art. 17 de la ley 26.680) transcurrieron 4 años, 5 meses y tres días. A su vez, dichos plazos se suspendieron por 180 días, conforme el art. agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683. En consecuencia, al 26/6/2015, el plazo para aplicar y hacer efectiva la multa no había transcurrido, por lo que debía rechazarse ese planteo. f) Por otro lado, y aun tomando el argumento de la actora respecto de los períodos diciembre 2006/agosto 2007, dichos plazos se habrían suspendido a partir del 24/12/2008 (fecha de suspensión del plazo de prescripción conforme el art. 44 y 86 de la ley 26.476). A su vez resultaría de aplicación la suspensión dispuesta por el art. 17 de la ley 26.860 y la de 120 días, conforme con el artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683. Por lo que el plazo para aplicar y hacer efectiva la multa no había transcurrido aun en la hipótesis de la recurrente. g) En cuanto a la multa impuesta, la conducta dolosa se infería de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador Dicha valoración llevaba a la convicción de que la vulneración del bien jurídico se había producido no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3056/2021INC SA (TF 44098-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
2. Que la actora apeló dicha sentencia y expresó agravios a fs. 398/410, que fueron contestados a fs. 438/451.
En dicha presentación, esboza los siguientes planteos:
a) Sostiene que no operó con los proveedores impugnados cuando fueron incluidos en la base Apoc. y que su parte efectuó todos los controles necesarios. b) Afirma que quedó suficientemente acreditado que las facturas fueron autorizadas por el Fisco y se probó la existencia de los bienes, la recepción de la mercadería y su reventa. En tal sentido, manifiesta que si los bienes adquiridos a los proveedores impugnados fueron transportados con las facturas cuestionadas y con intervención de los distintos municipios, ello demuestra que existieron, fueron transportados e ingresaron debidamente.
c) Manifiesta asimismo que los cheques fueron emitidos a nombre de los proveedores y cobrados por éstos. Asimismo, la AFIP les otorgó certificados de exclusión de IVA.
d) Considera de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildow”.
e) En cuanto a la multa, arguye que no corresponde aplicar la causal de interrupción en los términos del inc. a, del art. 68 de la ley 11.683. Entiende que el plazo de prescripción del período diciembre 2006 a agosto de 2007 se cumplió el 31/12/2013, fecha en la que no se había dictado la resolución de condena, en tanto respecto de los períodos hasta junio de 2008 operó el 31/12/14. Considera también que las leyes 26.476 y 26.890 no resultan de aplicación al caso. f) Subsidiariamente solicita que se revoque la sanción por falta de dolo en su obrar. A fs. 419 el Fisco apela los honorarios regulados a fs. 415 al Dr. Grinberg por altos y a fs. 423 la actora los apela por bajos. Asimismo, a fs. 427 la actora apela por altos los honorarios regulados a los letrados del Fisco a fs. 425 y a fs. 431 apela los del perito Louit de fs. 430.
3. Que, previo a examinar los agravios traídos a conocimiento de la Alzada, conviene recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la solución del caso (cfr. Fallos: 310:1835; 324:3421; 326:2235; 331:2077, entre otros).
4. Que, conforme surge de los presentes autos, con motivo de la fiscalización iniciada a la actora se constataron anomalías con relación a los siguientes proveedores:
a) High Grade SA: el proveedor fue cargado en la Base E-Apoc. bajo la condición “desconocido por sus titulares o responsables”, no posee personal en relación de dependencia, la relación débito- crédito es igual a 1; no tiene bienes en uso a los efectos de realizar la operatoria comercial ; no cuenta con capacidad financiera como para actuar como importador; de la circularización practicada a las empresas que habrían operado con el proveedor surgen diferentes actividades económicas como construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales y venta al por mayor de mercaderías; en el impuesto a las ganancias no exterioriza solvencia patrimonial acorde al volumen de las operaciones que llevaría a cabo y no coincide con el nivel de operaciones realizadas. En el IVA se observó que existe saldo a favor del contribuyente y que la relación débito y crédito es similar a 1, no registrando movimientos en los períodos enero a octubre de 2003; enero a mayo de 2004, octubre y noviembre de 2005, enero a abril de 2006, julio a septiembre de 2006 y octubre de 2007; se presentaron declaraciones juradas por los períodos fiscales 10/2005 a 5/2007 en cero, sin empleados a excepción de octubre de 2005 en el que declara uno; en cuanto a la localización del proveedor, no se pudo ubicar en el domicilio fiscal ni en el alternativo. Respecto de sus socios, el Sr. Poli manifestó ser empleado de High Grade SA y que sólo le pagaban el sueldo, resultando un prestanombres. De las circularizaciones bancarias efectuadas, el área fiscalizadora concluyó que ninguno de los pagos realizados fue depositado ni cobrado por quienes figuran declarados. b) Future Customer SRL: en el Impuesto a las Ganancias surgen declaraciones juradas de los ejercicios 2005 y 2006 arrojando pérdida. Posee baja provisoria a partir del 4/2010. En el IVA se observan presentaciones de declaraciones juradas en los períodos 11/2004 a 1/2009 con débito fiscal- créditos promedio 1 y pagos insignificantes. Ha sufrido retenciones de terceros que no se reflejan en sus propias declaraciones juradas, registra acreditaciones bancarias en el año 2007, no posee propiedades, no se pudo localizar a la empresa en su domicilio fiscal ni en el alternativo. Ninguno de los pagos realizados a este proveedor fueron depositados o cobrados por los sujetos que figuran declarados como representantes.
5. Que, la cuestión a resolver consiste en determinar si las operaciones realizadas por la actora con los precitados proveedores resultan reales y veraces y, por lo tanto, si corresponde hacer lugar a la solicitud de reconocimiento del crédito fiscal vinculado con ellas.
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3056/2021INC SA (TF 44098-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 6º) Que, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley de IVA) resulta indispensable que sea legítimo. En ambos casos, ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (cfr. causa CSJ 119/2013“ADM Argentina SA c/EN –AFIP-DGI- Resol. 24/08 25/08 DV Dy R s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10 de marzo de 2015). A tales efectos, resulta indispensable, según la doctrina del Máximo Tribunal, acreditar la capacidad económica de los proveedores.
7. Que, tal como lo dispone el art. 33 de la ley 11.683 (t.o.
vigente), “…todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas”.
8. Que, cabe precisar que, en materia de prueba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Adviértase que la cuestión central que aquí se debate —y que resulta de los expresos argumentos de los actos impugnados— no refiere a las formalidades de los comprobantes examinados ni a la operatoria llevada a cabo, sino a la concreta verificación de la capacidad de los sujetos para disponer de la mercadería que se dijo objeto de las respectivas transacciones comerciales y que habría generado el derecho al cómputo del crédito fiscal reclamado.
Teniendo en cuenta ello, corresponde precisar que la prueba producida por la demandante no logra contrarrestar el carácter ficto que la autoridad tributaria le atribuyó a las operaciones en cuestión.
En tal sentido, es dable señalar que para considerar como apócrifas a las distintas empresas con las que la actora declaró haber operado, el Fisco se basó en una sumatoria de elementos obtenidos en la etapa de fiscalización, a saber, la falta de localización en los domicilios fiscales y comerciales declarados, no responder los requerimientos, presentación de declaraciones juradas con relación crédito- débito igual a 1, falta de localización de los integrantes de la sociedad, no poseer bienes inmuebles o muebles registrables, lo que da cuenta de la imposibilidad de efectuar las operatorias en cuestión.
Por ello las facturas y recibos carecen de eficacia para probar la existencia real de las operaciones. Al no haberse vinculado con los proveedores objetados no puede afirmarse que los pagos tengan como destinatarios finales a tales sujetos.
Por lo demás, en cuanto a lo esgrimido con relación a la tasa de abasto, cuadra señalar que sólo acredita el transporte de los bultos, no pudiéndose identificar las características de las mercaderías.
Aunque que las operaciones se encuentren registradas en la contabilidad, lo cierto es que carecen de valor probatorio al no estar respaldadas por documentación suficiente. En consecuencia, no se puede justificar la realidad de las operaciones mediante dichas registraciones, por lo que tampoco resulta suficiente la prueba pericial contable de fs. 324/5, atento a que se basa en los libros y registros contables de la empresa actora.
En efecto, aquéllos carecen de relevancia para demostrar que, en el caso, no se han simulado las operaciones del modo indicado por el ente recaudador, en especial cuando éste último se ocupó de probar e individualizar los extremos que las tornaban carentes de credibilidad.
Sobre esa base, la actora no ha logrado rebatir los argumentos sostenidos por el Fisco ni ha aportado elementos suficientes para tener por acreditada la veracidad de las operaciones y su realidad económica, extremos que constituyen el fundamento del IVA (Fallos: 314:745). Máxime, si se tiene en consideración que aquélla no desvirtuó los hechos y fundamentos sobre los que la fiscalización actuante efectuó el ajuste, en especial, en lo referente a la ausencia de capacidad operativa, comercial y financiera de los proveedores impugnados (cfr. causas CSJ 119/2013“ADM Argentina SA “ y “Molinos Río de la Plata SA”, sent. del 25/8/15, ya cit.).
Asimismo, no resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Bildown”, puesto que allí no se discutió la existencia y materialidad de las operaciones realizadas entre la actora y los proveedores —como ocurre en el presente— sino si las normas condicionan el derecho al reintegro del IVA al hecho del efectivo ingreso del gravamen por parte de los proveedores.
9. Que, la valoración del Tribunal Fiscal respecto de la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3056/2021INC SA (TF 44098-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, no se ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión.
Por ello, y por considerar que no hubo error en la apreciación que se hizo de los hechos en la sentencia apelada, corresponde rechazar los agravios de la actora pues, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los que invoca la recurrente no configura arbitrariedad (Fallos: 273: 205; 274:35; 276:311, entre otros). Por las razones expuestas, corresponde rechazar los agravios referidos a los ajustes realizados con relación a los proveedores impugnados.
10. Que, en cuanto al agravio referido a la prescripción de la multa aplicada en el IVA por los períodos 12/2006 a 8/2007 y 2 a 6 /2008. Cabe destacar sobre el punto que la ley 11.683 dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos y el término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que hubiese tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Cabe asimismo tener en cuenta que el inc. a, del art. 68 de la ley 11.683, en lo que aquí interesa dispone que “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
11. Que, en tal sentido, la interrupción del curso prescriptivo para los casos previstos en el art. 68, inc. a, de la ley 11.683 sólo puede tenerse por ocurrida una vez que se hubiera juzgado el hecho al que se le atribuye aquel efecto y en tanto que se hubiera condenado por resolución firme al imputado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en Fallos: 312: 1351 y 322:717 en este sentido, y señaló que los delitos entre sí no tienen carácter interruptivo de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado (cfr. doctrina de esta Sala, in re “Leonardo Martino SRL c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/3/17).
En el caso de autos, el plazo de prescripción correspondiente al período diciembre 2006/agosto 2007, comenzó a correr el 1º/1/2008, tal como lo señala la actora.
Por su parte, la ley 26.476 suspendió por el término de un año el curso de la prescripción desde el 24/12/08 al 24/12/09.
Asimismo, la ley 26.860, en su art. 17, dispuso la suspensión con carácter general, por el término de un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos y para aplicar multas y fue publicada el 3 de junio de 2013, es decir, estando en curso el referido plazo de prescripción, por lo que a la fecha de las resoluciones (26/6/2015) aún no había operado.
Cabe también tener en cuenta la suspensión de 120 días conforme artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683. Por consiguiente, y toda vez que no existía una deuda prescripta al momento de la suspensión, la actora sólo poseía una mera expectativa y no un derecho consolidado, ya que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad (Fallos 339:245 y 340:257, entre muchos otros), por lo que no se encuentra vulnerado derecho alguno.
A iguales conclusiones cabe arribar respecto de los restantes períodos.
Por lo expuesto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos sobre el punto.
12. Que, la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.683 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos:
a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y c- la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.
De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 para su configuración necesita el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que se exige la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco.
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3056/2021INC SA (TF 44098-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño. La presunción de dolo en las infracciones tributarias que alega la representación fiscal ha de ser desechada, sin más, por ser contraria a elementales principios constitucionales de presunción de inocencia.
Ello no obsta a que, sin embargo, la necesidad de una efectiva defensa del erario justifique que el legislador arbitre una serie de hechos que, razonablemente elegidos, permitan inferir la existencia de una conducta dolosa merecedora de una sanción más grave, sin perjuicio del reconocimiento del derecho del contribuyente de desplegar todos los medios de defensa para destruir esa presunción.
En el caso de autos, la sanción fue aplicada con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b, de la ley 11.683. A dichos fines el Fisco debió acreditar no sólo la conducta defraudatoria sino también que fue realizada con el ardid o engaño necesarios para materializar la ocultación maliciosa que requiere el delito descripto en la figura.
En efecto, no se advierte que el ente fiscal haya acreditado o explicitado fehacientemente el hecho base de las presunciones de dolo que aplicó, observándose que la principal razón en la que sustentó la calificación de la conducta es haber contratado con proveedores incluidos posteriormente en la base eApoc, En este orden de ideas, cabe recordar que “en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 327:5345).
Ello es así, pues a las infracciones y sanciones tributarias le son aplicables las disposiciones del Código Penal salvo disposición expresa o implícita en contrario (cfr. Sala V in re: “Besfamille-Galli y Cia S.A. (T.F. 8083-
I. c/ D.G.I”, sentencia del 28/08/95 y Sala III in re: “Medici Graciela Vicente de (T.F. 10.701-I) c/ D.G.I.”, causa: 40.730/94), fallo del 10/10/96).
En consecuencia, desechada la calificación dolosa de la conducta de la actora, corresponde calificar la conducta en la figura de omisión culposa del artículo 45 de la ley del rito, atento la existencia de declaraciones juradas inexactas, fijando la multa en el 50% de los tributos no ingresados, de conformidad con lo previsto en la ley 11.683 (t.o.1998 y modif. vigentes al momento de los hechos).
13. Que, en atención a las consideraciones expuestas corresponde imponer las costas por sus respectivos vencimientos.
14. Que, en cuanto a los honorarios, en atención a la forma en que se resuelve corresponde efectuar una nueva liquidación teniendo en cuenta la nueva base regulatoria.
Asimismo, cabe recordar que el 21/12/17 se sancionó la ley 27.423, de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, cuyo art. 64 estableció su vigencia a partir de su publicación, a los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorarios. Sin embargo, por el decreto 1077/17 el Poder Ejecutivo Nacional observó dicha disposición.
Ello así y toda vez que la presente causa fue iniciada el 14 de agosto de 2015 (fs. 48), fecha en la cual se encontraba en vigencia la ley 21.839, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios y a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, devolver las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación para que se practique una nueva regulación, de conformidad con las pautas que emanan de la presente Por todo lo expuesto SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, excepto en punto a la multa que se modifica en los términos del considerando 12. Con costas por sus respectivos vencimientos Regístrese, notifíquese y devuélvase a sus efectos.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia