Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 33414 2
Lo que resolvió el tribunal
I. Revocar la decisión del Dr. Juan Sebastián Galarreta, quien en su condición de Juez de Ejecución a cargo del Juzgado de la materia N° 2 Departamental, declaró la inconstitucionalidad parcial del art. 100 de la Ley 12.256, y a la par de ello dispuso que Manuel Alonso Ávila goce de ese instituto de la ley provincial de ejecución; todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte del Sr. Agente Fiscal.
II. Hacer saber al magistrado de origen que en lo sucesivo deberá omitir hacer efectivas las salidas transitorias antes de la firmeza de la resolución. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Mar del Plata,
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-33414-2, y de cuyas constancias,
Que el Dr. Juan Sebastián Galarreta, en su condición de Juez de Ejecución a cargo del Juzgado de la materia N° 2 Departamental, declaró la inconstitucionalidad parcial del art. 100 de la Ley 12.256, ello en cuanto excluye del acceso a las salidas transitorias a quienes hayan incurrido en el delito de abuso sexual con acceso carnal, a la par de ello dispuso que Manuel Alonso Ávila goce de ese instituto de la ley provincial de ejecución.
La decisión fue recurrida por el Fiscal General Adjunto, Dr. Marcos R. Pagella, quien dirigió sus agravios a dos aspectos, el primero a la declaración de inconstitucionalidad de la norma y el restante, subsidiario a aquél, a la conveniencia de otorgar el instituto en el caso particular.
En carril independiente y especulando con la posibilidad de que el recurso sea acogido, bregó por la ejecución inmediata de la sentencia dictada en esta instancia y la suspensión del régimen otorgado.
I. El artículo 100 de la Ley 12.256 es constitucional en todos sus términos y que con su decisión el Juez de Ejecución se apartó del criterio sostenido en esta Alzada y por la propia Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Así lo reconoció el propio Magistrado al afirmar "por último, he de apartarme de los precedentes de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental (Sala III, causa nro. 28402-5 "Presentado, Sergio Esteban/ Incidente de Libertad Asistida y otros" setiembre de 2019 y causa n° 28932-3 "Medina Gastón Ezequiel s/Salidas Transitorias y Régimen Abierto del 7 de noviembre de 2019; Sala II, causa N° 29016-3 "Barrera, Daniel Alberto s/Salidas Transitorias del 4 de julio de 2019 y causa n° 30511-4 "Martinez, Osvaldo Antonio s/Libertad Asistida" del 11 de julio de 2019; entre otras ), que dejando a salvo la posición original (Sala I, causa n° 19447 "Brizuela Néstor Fabián s/incidente de libetad asistida", del 19 de mayo de 2011, 26586 "Giancola Cosimo Damián s /inc. de modificación de cómputo de pena" del 5 de febrero de 2015, entre otras), consideran que resulta obligatorio seguir la postura en contrario de la Suprema Corte Provincial (causa P. 129.332 "Chulliver, Carlos Damián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 81.482 del Tribunal de Casación, Sala IV", del 21 de noviembre de 2018) . Al igual que el Dr. Marcelo Madina, que ha votado en disidencia (causa 31621-3 "Ardoain, Matias Daniel s/Libertad Asistida" 11 de noviembre de 2019), considero que tratándose de doctrina referida a los conflictos de normas de segundo grado, -como son las de ejecución penal-, con la Constitución Nacional, solo resulta obligatoria la doctrina de su último interprete, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien hasta la fecha no se ha pronunciado (CSJN, causa 1381/2018/RH1 ""Espíndola Juan s/Rec. Extraordinario" 9/4/2019, citado en el precedente fallo)".
Como hemos sostenido en los antecedentes que enunció el a quo y como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resoluciones a las que nos remitimos en honor a la brevedad y para evitar repeticiones innecesarias, la norma en cuestión no viola el principio constitucional de igualdad ante la Ley ni atenta contra el fin resocializador de la pena ni contradice la progresividad que impera en el sistema punitivo vigente.
La decisión del a quo de apartarse de la doctrina de la SCBA y esperar en definitiva la posición que pueda adoptar la CSJN como máximo intérprete de la Constitución Nacional, genera un dispendio jurisdiccional innecesario, pues se evidencia por un lado que con cualquiera de sus integraciones, por el momento, la Alzada mantendrá tal criterio y que la revisión de la posición -lógicamente a la espera de un cambio de criterio del Alto Tribunal provincial o en procura de que se pronuncie la Corte de Nación- podrá mantenerse vigente con la vía recursiva intentada eventualmente por la defensa.
La resolución debe ser revocada.
II. La regla general de los recursos, que se encuentra prevista en el art. 431 del CPP, dispone que "las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiere ordenado la libertad del imputado".
Dicho esto y teniendo en cuenta que las salidas transitorias, aun cuando permiten al penado estar temporalmente fuera del espacio carcelario, no constituyen libertad, no existen motivos legales para que se estén cumplimentando desde que fueron ordenadas.
A modo de síntesis. Con su posición, el Dr. Galarreta al desatender el criterio jurisprudencial de la SCBA y disponer la ejecución inmediata de las salidas transitorias, hace relativamente ilusoria la expectativa estatal -en el caso en cabeza del Ministerio Público- de que su decisión pueda ser revisada, máxime en casos como el presente en los que a criterio de la Alzada incluso el otorgamiento en el caso particular debe ser revocado, entre otras cosas, porque no se acreditó un vínculo a reforzar, un mecanismo para hacerlo y, sobre todo, porque quien saldrá temporalmente de la prisión no ha realizado el tratamiento que recomienda la Ley 24.660 en relación a penados por delitos de abuso sexual.
La decisión resulta arbitraria en todos sus sentidos pues a lo dicho se debe añadir que el Juez no ha dado explicación alguna para disponer la ejecución inmediata de su decisión y modificar el alcance de los recursos en el proceso penal.
La situación descripta genera una situación compleja, eso por el hecho de que esta decisión no puede ser ejecutada de inmediato, lo contrario implicaría desatender el propio argumento de los suscriptos en relación a la materia.
Por todo ello, este Tribunal resuelve:
I. Revocar la decisión del Dr. Juan Sebastián Galarreta, quien en su condición de Juez de Ejecución a cargo del Juzgado de la materia N° 2 Departamental, declaró la inconstitucionalidad parcial del art. 100 de la Ley 12.256, y a la par de ello dispuso que Manuel Alonso Ávila goce de ese instituto de la ley provincial de ejecución; todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por parte del Sr. Agente Fiscal.
II. Hacer saber al magistrado de origen que en lo sucesivo deberá omitir hacer efectivas las salidas transitorias antes de la firmeza de la resolución. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2022 13:38:16 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 13:38:36 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 13:38:55 - DE LEON PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 25/03/2022 13:39:18 hs. bajo el número RR-98-2022 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia