Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó íntegramente la acción iniciada por Marcelo Ricardo Piciana contra Seguridad Privada GRS.A., Maxiconsumo S.A. y Asociart ART S.A. en concepto de indemnización por incapacidad absoluta (v. fs. 564/580).
Para así decidir, juzgó no acreditado el nexo de causalidad entre la enfermedad sufrida por el actor y las tareas realizadas a favor de la empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 15-VIII-2019), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 605 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. En sustancia, se agravia de la decisión de grado de considerar no probada la relación de causalidad existente entre las labores desempeñadas, y las dolencias sufridas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. Sostiene que el a quo se apartó de la prueba pericial contable, médica y psicológica. Cuestiona la ponderación de las declaraciones testimoniales. Invoca transgredido el principio in dubio pro operario y las reglas de la sana crítica.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente cabe recordar que este Tribunal ha sostenido que determinar tanto la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, así como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no resulta susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.935, "Treboux", resol. de 5-IV-2013; L. 119.083, "Carbia", resol. de 11-XI-2015 y L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier equívoco o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
III.2. En la especie, si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, por cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019).
En definitiva, los argumentos que porta la impugnación, basados en apreciaciones desencontradas con la definición medular del pronunciamiento, sólo exhiben la disconformidad del recurrente con la decisión adoptada, sin hacerse cargo de desvirtuar las principales motivaciones sobre las que ella se asienta, vinculadas a la ausencia de demostración del cúmulo de tareas y la jornada de trabajo denunciada y, por ende, su relación causal con la incapacidad determinada por el perito médico.
III.3. Respecto al cuestionamiento vinculado a la ponderación de la prueba de testigos, esta Corte ha sostenido con reiteración que el examen y comprensión de la prueba testimonial es asunto reservado a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito y habilidad de las exposiciones, como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, salvo el supuesto extremo de absurdo (causas L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; L. 117.721, "Agapito", sent. de 25-XI-2015 y L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-II-2016; e.o.).
III.4. Por otra parte, este Tribunal reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia: por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014; L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018), tal y como acontece en el caso.
III.5. Para terminar, corresponde añadir, que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige -como se anticipó- el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 12:16:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 16:50:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 08:16:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:24:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 11:07:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia