Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128327
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, rechazó la demanda interpuesta por Luis Omar Contreras -luego continuada por sus herederos Mirta Páez, Carina Contreras, José Luis Contreras y Paola Contreras- contra Gate Gourmet Argentina S.R.L. y Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual se perseguía el cobro de indemnización por incapacidad absoluta derivada del art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, y reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 5-XI-2021).
Para así decidir, consideró que no existían en autos constancias probatorias que permitieran determinar la existencia de una incapacidad de naturaleza absoluta y definitiva del trabajador a la fecha de la extinción del vínculo. Por otro lado, tuvo por no probada la relación causal entre las tareas prestadas por el señor Luis Contreras -hoy fallecido- y las patologías denunciadas en el escrito de demanda.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-XI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento del 29-XI-2021).
En su presentación relatan los antecedentes de la causa. Citan las normas que consideran violadas, alegan absurdo y, especialmente, transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo esencial, se agravian de la conclusión del sentenciante de grado en cuanto desestimó el cobro de la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212 de la ley citada, toda vez que -entienden- el trabajador fue portador de una incapacidad absoluta al momento del distracto. Postulan que ello quedo corroborado con la documental acompañada a la causa.
Asimismo, cuestionan el rechazo de la acción en concepto de daños y perjuicios. Afirman que, con la pericia médica, se acreditó la relación de causalidad entre las patologías y las tareas cumplidas por el trabajador fallecido.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Respecto del primero de los agravios enunciados, cabe señalar que esta Corte ha declarado que determinar si el trabajador se encuentra -o no- incapacitado en forma absoluta en los términos del art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo y, por consiguiente, si resulta acreedor a la reparación allí establecida, constituye una facultad privativa de los tribunales del trabajo no revisable en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 110.367, "Viegelmann", sent. de 15-VII-2015 y L. 125.986, "Monge", resol. de 11-V-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.1.b. En el caso, el recurso no contiene una réplica que desvirtúe el razonamiento del juzgador con arreglo al cual sostuvo que de la única prueba fehaciente producida, es decir, la pericia médica -y sus aclaraciones-, se desprende que Contreras no era portador de una incapacidad laboral absoluta al tiempo de la extinción del vínculo.
III.1.c. En efecto, esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por los interesados, que si bien invocan absurdo, no cumplen con la carga de acreditarlo. Ello asi, en tanto sus alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa -en particular la prueba documental y pericial-, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración de dicho vicio (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019).
III.1.d. En definitiva, se advierte que la argumentación que contiene el recurso denota, en rigor, un discurso que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin conseguir demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo en que el tribunal de trabajo resolvió la controversia.
III.1.e. En cuanto a la transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021).
III.1.f. Asimismo, deviene ineficaz la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018; L. 123.736, "Ronca", resol. de 11-III-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
III.2. Por otra parte, tampoco ha de prosperar el agravio por el que se cuestiona el rechazo de la pretensión de daños y perjuicios.
En este aspecto, sabido es que determinar las características de las tareas realizadas por el trabajador y la relación de causalidad entre aquéllas y las dolencias incapacitantes que padece, el análisis del material probatorio, y -asimismo- establecer si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020).
En el caso, el juzgador de grado, teniendo en cuenta la carencia absoluta de elementos probatorios, tuvo por no demostradas las labores cumplidas por el trabajador y la forma en que las mismas se desarrollaban, y, por ende, tampoco tuvo por demostrada la eventual vinculación causal de aquellas con las patologías que presentaba el accionante.
En ese marco, se advierte que los impugnantes no logran descalificar la esencial motivación del fallo recurrido, por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
Corresponde señalar, además, que la tarea de adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente es atribución privativa de los jueces de grado, no revisable en casación salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En suma, los interesados tan sólo se dedican a confrontar el fallo con sus propias interpretaciones, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (art. 279, CPCC; causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014; L. 122.969, "Buffone", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020). Por esta razón, la suerte adversa del remedio procesal deducido queda sellada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:30:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:17 hs. bajo el número RR-936-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia