Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124365
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.365, "Andrade, Ricardo Esteban contra Centrales de la Costa Atlántica. Incapacidad absoluta (art. 212, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 515/536 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VI-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que resulta de interés- hizo lugar a la demanda interpuesta por Ricardo Esteban Andrade y, en consecuencia, condenó a Centrales de la Costa Atlántica S.A. a abonarle diferencias por la indemnización prevista en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo oportunamente percibida.
Para así resolver, tuvo por acreditado que la relación laboral habida entre las partes se inició el día 17 de octubre de 1989, extinguiéndose por incapacidad absoluta del dependiente a partir del 1 de enero de 2016, lo que fue notificado el 24 de noviembre de 2015 (v. vered., fs. 515/519).
Destacó que la accionada abonó al trabajador por dicho concepto la suma de $641.897,21, monto al que arribó luego de aplicar a la base de cálculo el criterio sentado por la Corte nacional en el caso "Vizzoti" (v. sent., fs. 521).
Contrariamente a ello, el sentenciante de grado sostuvo que si bien el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo remite para su cuantificación al art. 245 de dicho régimen legal, no correspondía aplicar tope alguno a dicha base de cálculo (v. fs. 521).
Fundó tal conclusión en que la reparación materia de agravio puede ser considerada una prestación de la seguridad social, de naturaleza diversa a la indemnización por despido, aunque ambos conceptos pudieran resultar coincidentes en cuanto a sus pautas de cuantificación (v. fs. cit.).
Añadió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A.374.XLIII, "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010) descalificó la validez constitucional del tope indemnizatorio previsto en la anterior legislación sobre accidentes de trabajo (art. 8 inc. "a" de la ley 9.688, texto según ley 23.643), a la vez que descartó expresamente que el criterio establecido en el precedente "Vizzoti" resultara aplicable a las indemnizaciones derivadas de infortunios laborales (v. fs. 521 y vta.).
En esta línea, destacó que esta Corte ha resuelto que, para cuantificar la indemnización especial para siniestros de esa índole, no cabe admitir reducción alguna del salario devengado por el trabajador. Cita, en este sentido, la doctrina legal que emerge de las causas L. 117.079, "Cuevas" (sent. de 15-II-2017) y L. 117.464, "Ruggeri" (sent. de 20-XII-2017; v. fs. 521 vta.).
Juzgó probado -con base en el recibo de haberes del mes de diciembre de 2015- que la mejor remuneración "percibida" por el actor fue de $82.238,96 (v. fs. 521 vta.). Para ello tuvo en cuenta el salario básico, los demás rubros liquidados ($49.991,42) y la incidencia del sueldo anual complementario, a lo que adicionó la bonificación anual por eficiencia (BAE) proporcional del segundo semestre de 2015 ($25.921,47, producto de dividir $155.528,86 por seis meses).
Aclaró -a influjo del informe pericial contable (v. fs. 190) y los recibos de sueldo agregados a fs. 360/389- que la mencionada bonificación es de carácter remuneratorio, se devenga mensualmente y se abona dos veces al año (v. vered., fs. 517 vta. y 518 vta.).
Con todo, estableció que la diferencia indemnizatoria reclamada por el señor Andrade debía prosperar por la suma de $1.496.341 (art. 212 cuarto párrafo, LCT; v. fs. 521 vta.).
En cuanto a los intereses, dispuso que se liquidasen desde que el crédito se devengó y hasta la notificación de la demanda (13-III-2017) a la tasa pasiva CAT (tasa digital, opción: plazo fijo tradicional) que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigente en los distintos periodos de aplicación, los que luego -conforme lo establecido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación- debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quedara firme la sentencia (v. fs. 533 y vta.).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 8, 212 -cuarto párrafo- y 245 de la ley 20.744; 1 y 4 de la ley 14.250; del acta-acuerdo del 2-III-1994 -homologado por disposición 1.041/94 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación-; de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 163 inc. "5" del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la sentencia de grado porque resolvió, a partir de lo que -aduce- constituye una interpretación errónea de los arts. 212 cuarto párrafo y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la indemnización prevista en la norma citada en primer término debía calcularse sin tope alguno.
Contra esa definición del fallo en crisis, el recurrente afirma que la primera de las normas citadas, al remitirse al segundo precepto, no expresa excepción alguna con respecto a la aplicación de la limitación de referencia.
Enfatiza que al resolver del modo en que lo hizo, el tribunal de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte que sostiene que el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo no es más que uno de los modos de extinción del contrato de trabajo -por imposibilidad de su continuación por incapacidad absoluta del trabajador- y de conformidad con el mandato legal, corresponde a la empleadora el pago de la indemnización establecida en el referido art. 245. Funda este razonamiento en la mención de la causa L. 43.582, "Wolf" (sent. de 20-II-1990).
Denuncia que no se ha observado, asimismo, aquel otro criterio rector en virtud del cual la indemnización del art. 212 cuarto párrafo, es equivalente a la prevista en el mentado art. 245, de forma que una sustituye a la otra (con cita de las siguientes causas: L. 67.257, "Romero", sent. de 29-II-2000; L. 71.370, "Amabile", sent. de 21-II-2001; L. 91.998, "H., J.", sent. de 25-II-2009 y L. 98.157, "Cabella", sent. de 29-XII-2009).
Destaca que este Tribunal también ha resuelto que a los fines de determinar la cuantía de la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en función del tope establecido en el art. 245 del mismo ordenamiento, resultan aplicables los fundamentos expuestos en la causa L. 87.327, "Brelles" (sent. de 22-IV-2009; v. cita de la causa L. 101.666, "Martínez", sent. de 27-IV-2011).
Indica que el juzgador aplicó erróneamente la doctrina que emerge de los fallos L. 117.079, "Cuevas" (sent. de 15-II-2017) y L. 117.464, "Ruggeri" (sent. de 20-XII-2017), desde que refieren a causas con distinto contenido fáctico y resueltas mediante la aplicación de las normas especiales del régimen de riesgos del trabajo, cuyo sistema de reparación tarifada había sido objeto de planteos de inconstitucionalidad.
II.2. Aduce -en el marco de un agravio que bien puede considerarse parte de las argumentaciones expuestas en el punto que precede- que el tribunal incurrió en absurdo al afirmar -de un lado- que las indemnizaciones previstas en las normas citadas -arts. 212 cuarto párrafo y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo- resultan coincidentes en cuanto a las pautas de cálculo; y -del otro- decidir que no correspondía aplicar tope alguno para cuantificar la derivada de la primera de las disposiciones de referencia.
II.3. Objeta el fallo de grado por haber adicionado la incidencia de la bonificación anual por eficiencia (BAE) y del sueldo anual complementario sobre dicho concepto, a la base de cálculo que utilizó el juzgador para estimar la diferencia materia de agravio.
Afirma que ese proceder conculca el texto expreso del acta-acuerdo de ESEBA-FATLYF del año 1994, cuyo art. 25 inc. 3 establece que en ningún caso las sumas percibidas en concepto de la mentada bonificación podrán considerarse, ni siquiera en su proporcionalidad, para establecer la base de cálculo de la liquidación de otros beneficios y/o indemnizaciones, ya sean estos de origen legal o convencional. Como correlato de ello, y toda vez que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, asegura que tampoco podría tomarse en cuenta el citado sueldo anual complementario sobre dicho rubro.
Añade que a la misma conclusión se arriba a partir de la hermenéutica del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el concepto en cuestión no cumple con las notas de normalidad y habitualidad requeridas en dicha disposición.
II.4. Alega que la determinación de la base de cálculo efectuada por el juzgador para liquidar la indemnización del art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo es arbitraria.
En este sentido, asegura que el tribunal de grado apreció de modo absurdo la prueba documental -recibos de haberes y acta-acuerdo del año 1994- y la pericia contable.
Refiere que, si bien es cierto que la mejor remuneración del actor fue la devengada en el mes de diciembre de 2015, al determinar el importe "percibido" el sentenciante sumó algebraicamente los rubros liquidados, sin detraer los descuentos por turno ($3.872,88) -al no realizar efectivamente las guardias- y el sueldo anual complementario sobre la bonificación anual por eficiencia -BAE- ($12.960,74).
Agrega que, sin perjuicio de la prohibición convencional de incluir dicho beneficio en la base de cálculo del mencionado art. 245, el juzgador de grado liquidó de manera equivocada su incidencia, desde que siendo un concepto que se abona una vez al año, debió dividirse por doce (12) y no por seis (6) meses. Al efecto, cita el art. 25 del acta-acuerdo en cuestión y argumenta que el yerro en el fallo posiblemente se deba que en el mes de diciembre de 2015 se le abonó al actor la BAE proporcional como derivación del distracto.
II.5. Por último, se alza contra el modo en que el tribunal hubo de calcular los intereses sobre el capital de condena.
II.5.a. Denuncia que recurrió al anatocismo, por cuanto, a partir de la aplicación del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación -cuya declaración de inconstitucionalidad peticiona-, determinó la acumulación de intereses sobre el capital originario, lo cual genera al compareciente un excesivo y desmesurado aumento en el monto de condena, violatorio del derecho de propiedad.
También entiende vulnerada la garantía de defensa en juicio porque considera que la norma fue aplicada de manera oficiosa por el tribunal de mérito, sin que su parte hubiera tenido oportunidad de manifestarse al respecto, por lo que -asegura- en el caso se transgredió el principio de congruencia.
II.5.b. A mayor abundamiento, y de modo subsidiario, alega que lo resuelto en este aspecto implica una imposición implícita de la tasa que recepta el art. 44 de la ley 11.653 (debió decir: art. 48), modificado por la ley 14.399, cuya utilización fue expresamente vedada por el Supremo Tribunal provincial, al declarar la inconstitucionalidad de dicha reforma en las causas L. 105.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013; L. 118.453, "Darengo", sentencia de 28-IX-2016 y L. 117.464, "Ruggeri", sentencia de 20-XII-2017. De allí que entiende violada la doctrina legal forjada en esos precedentes.
III. El recurso prospera parcialmente.
Por estrictas razones de orden metodológico, para el tratamiento de los agravios ensayados he de alterar el orden en el que fueron expuestos, principiando por abordar aquellos dirigidos a controvertir las conclusiones asentadas en los conceptos tomados en consideración para la estimación de la base indemnizatoria.
III.1. En primer lugar, señalo que no es de recibo el reproche por conducto del cual el compareciente cuestiona la decisión de grado con arreglo a la cual se incluyó la bonificación anual por eficiencia (BAE) y el sueldo anual complementario sobre dicho concepto, en la base de cálculo que utilizó para cuantificar la indemnización del art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 518 y vta.).
Me afirmo en esta conclusión porque la doctrina legal que acusa violada el apelante (a saber: causas L. 116.505, "Lozupone", sent. de 11-III-2015; L. 86.787, "Paic", sent. de 27-VI-2012; L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-IV-2008; L. 84.296, "Maffezzoli", sent. de 14-VI-2006; L. 75.356, "Milton", sent. de 6-XI-2002; L. 77.028, "Bengochea", sent. de 8-XI-2000; L. 77.452, "Mansilla", sent. de 8-XI-2000 y L. 117.728 "Arrieta", sent. de 30-VI-2015), no guarda vinculación alguna con los extremos fáctico-jurídicos debatidos en la causa en juzgamiento.
En efecto, en aquellos litigios se discutía la inclusión de la bonificación de referencia en la liquidación del beneficio convencional por retiro previsto en el art. 26 del convenio de empresa integrante del acta-acuerdo del 2 de marzo de 1994 -homologada por disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación el 29 de marzo de 1994-; mientras que, en la especie, se controvierte la incidencia de aquella misma bonificación para determinar la base de cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -aplicable al caso por remisión del art. 212, cuarto párrafo- normas ambas de jerarquía superior que no pueden sufrir limitaciones o restricciones provenientes de un ordenamiento convencional (causas L. 72.767, "Quispe", sent. de 14-IX-1999 y L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012).
De modo tal que, contrariamente a lo alegado por el quejoso, lo resuelto por el órgano de grado en esta faceta del fallo en crisis se ajusta en un todo a la doctrina legal elaborada en los precedentes registrados como L. 71.211, "Bugani" (sent. de 10-XI-1998); L. 72.767, citado; L. 68.724, "Rezzónico" (sent. de 22-III-2000); L. 80.466, "Zapico" (sent. de 29-V-2002); L. 85.322, "Cala" (sent. de 29-VIII-2007); L. 90.044, "Pérez" (sent. de 26-XI-2008) y L. 93.692 (ya citado), en los cuales se estableció que la bonificación anual por eficiencia (BAE) contemplada en el art. 25 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 debe computarse para el cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -disposición a la que remite expresamente el art. 212 cuarto párrafo, a efectos de calcular el resarcimiento objeto de autos-, no obstante la limitación establecida por la aludida norma convencional que no cabe convalidar, en tanto la pretendida restricción resulta desfavorable para el trabajador, y, deviene, por lo tanto, contraria a derechos consagrados en una disposición legal de jerarquía superior (arts. 8, LCT; 14, ley 14.250 y modif.).
III.2. En cambio, merece favorable recepción el embate según el cual se pone de relieve que el juzgador omitió detraer de la base de cálculo de la mejor remuneración del actor -a fin de determinar la indemnización establecida en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo- los rubros guardias ($3.872,88) y sueldo anual complementario sobre la bonificación anual por eficiencia -BAE- ($12.960,74).
Al respecto, recuerdo que la tarea de fijar la mejor remuneración mensual, normal y habitual constituye una típica cuestión de índole fáctica, por lo que su revisión se encuentra subordinada a la cabal invocación y demostración de absurdo en la estimación de dicha pauta salarial (causas L. 97.058, "Britez", sent. de 15-XII-2010; L. 110.609, "Maturano", sent. de 5-VI-2013 y L. 117.225, "Ruiz", sent. de 22-IV-2015).
Pues bien, este último vicio ha sido cabalmente evidenciado por el quejoso cuando apunta que el sentenciante sumó todos los conceptos "positivos" liquidados como "haberes" en el recibo de fs. 382 -arribando a un total de $49.991,42 (v. vered., fs. 518)- sin reparar en que dos de ellos -"guardias" y "S.A.C. B.A.E."- figuran en ese mismo documento como íntegramente descontados por el empleador.
De lo expuesto se desprende con claridad que tales rubros no fueron efectivamente percibidos por el trabajador y que, por ende, al incluírselos en la base de cálculo se ha incurrido en el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.169, "Pucheta", sent. de 14-X-2015; L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016 y L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018; e.o.).
Por ello, corresponde revocar esta parcela del pronunciamiento, debiendo volver los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine cuál ha sido la mejor remuneración del actor a los efectos antes indicados.
III.3. De otro costado, no resulta atendible la crítica encaminada a cuestionar el modo en que el tribunal de trabajo cuantificó la incidencia de la bonificación anual por eficiencia proporcional.
El juzgador sustentó su decisión sobre el punto en los recibos de sueldo obrantes en el expediente (v. fs. 360/389) y en el informe pericial contable, en el que se definió que el concepto en cuestión se paga dos (2) veces al año (v. fs. 190 y 518 vta.), extremo este último que no fue objeto de específica y oportuna impugnación por el ahora recurrente al observar la experticia. Por otro lado, en el fallo también se determinó que, además de abonarse bajo esa modalidad bianual, dicho beneficio se devenga mensualmente, conclusión esta contra la cual el apelante no formula un ataque directo y eficaz.
Basado el razonamiento del tribunal de trabajo en esos elementos de juicio -y aunque la decisión pudiera resultar opinable-, el recurrente no logra demostrar la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación del material probatorio que pudiera evidenciar la configuración de absurdo. Sabido es que no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo, ya que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (causas L. 88.229, "García", sent. de 24-II-2010; L. 117.783, "Vázquez", sent. de 26-III-2015 y L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017), supuestos que -como lo anticipé- no resultan aquí evidenciados.
III.4. Sentado todo lo anterior, he de adentrarme en el análisis del cuestionamiento con arreglo al cual se intenta desvirtuar la definición que dispuso la no actuación de la limitación indemnizatoria prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.4.a. En primer lugar, cabe señalar que asiste la razón al recurrente en cuanto afirma que el juzgador aplicó erróneamente la doctrina legal de esta Suprema Corte cuando resolvió que para calcular la indemnización por incapacidad absoluta normada en el art. 212, cuarto párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (que remite para su cuantificación al art. 245 de dicho cuerpo normativo) no correspondía aplicar tope alguno a la base de cálculo conformada por la mejor remuneración mensual, normal y habitual.
En efecto, tal conclusión -entre otras consideraciones- se fundó en lo dicho en los prec
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.