Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125911
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.911, "Aime, José Alberto contra Cooperativa Rural Eléctrica de Bragado Limitada. Incapacidad absoluta (art. 212, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 160/171 vta. y aclaratoria de fs. 172).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-IX-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda articulada por el señor José Alberto Aime y, en consecuencia, condenó a Cooperativa Rural Eléctrica de Bragado Limitada a abonar la suma que especificó en concepto de la indemnización del art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, a cuyo monto adicionó intereses según la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia".
I.1.a. Para así decidir, tras señalar que la prueba documental acompañada por la parte actora a fs. 8/128, fue reconocida en su totalidad por la demandada, tuvo por acreditado que el señor Aime se desempeñó a las órdenes de Cooperativa Rural Eléctrica Bragado Limitada en la sucursal de Warnes, partido de Bragado, desde el 1 de marzo de 1996, en la categoría 11, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 36/75.
Luego, consideró demostrado que el vínculo laboral se extinguió el 30 de junio de 2017 por renuncia del actor por acogimiento al régimen de jubilación por invalidez. Apoyó esta conclusión en los siguientes medios de prueba: a) el dictamen de la Comisión Médica n° 14 de Junín -de fs. 16/19- emitido el 17 de mayo de 2017 (por el cual otorgó al señor Aime una incapacidad laboral del 66% y concluyó que este reunía las condiciones del art. 48 inc. "a" de la ley 24.241 para acceder al beneficio de retiro por invalidez); b) el telegrama de fs. 9, en el cual, el día 12 de junio de 2017, el trabajador comunicó a la empleadora su estado de invalidez y, en razón de ello, la renuncia a su puesto de trabajo a partir del 30 de junio de 2017, solicitando la aplicación de los arts. 9 del CCT 36/75 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y c) la "constancia de baja del trabajador" de fs. 14.
Asimismo, a partir del dictamen médico acompañado y el expreso reconocimiento que formuló la demandada de sus conclusiones, tuvo por cierto que a la fecha de finalización del vínculo el actor tenía una incapacidad laboral permanente del orden del 66% (v. fs. 161 vta./162 vta.).
También estimó probado que el reclamante suscribió un convenio con su empleadora, el día 22 de septiembre de 2017, en el que expresamente se dieron en pago una serie de cheques "a cuenta de conceptos jubilatorios" por un total de $294.139,70, y que ambas partes imputaron ese pago a la bonificación que otorga el art. 9 del referido Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. fs. 162 vta. y 163).
I.1.b. Ya en sentencia, en virtud de lo resuelto en el veredicto, juzgó que al momento de la desvinculación laboral el actor era portador de una incapacidad total del 66%, la cual, en función de las concretas circunstancias personales del trabajador y la posibilidad de desempeñar su actividad habitual o sustituir esta por otra compatible con sus aptitudes, determinó como absoluta en los términos del art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con apoyo en precedentes de esta Suprema Corte y doctrina autoral, agregó que la indemnización allí establecida constituye una prestación eminentemente tutelar e irrenunciable, cuyo fin es compensar al dependiente por la pérdida de su trabajo y de la marginación del mercado laboral (v. fs. 166/167).
A partir de ello, entendió que resultaban inatendibles los argumentos jurídicos expuestos por la accionada al pretender repeler la acción, ya que -consideró- de ningún modo podía supeditarse dicha percepción al tránsito de los arts. 208, 209, 210 y 211 del mismo ordenamiento. Asimismo, entendió que tampoco correspondía analizar distintas alternativas por las que podría haber optado el actor para evitar el presente conflicto (v. últ. fs. cit.).
I.2. Seguidamente, estableció que debía ingresar en el análisis vinculado a si la bonificación del art. 9 de la ya citada convención colectiva excluía la posibilidad de reclamar la indemnización prevista en el art. 212 cuarto párrafo de la ley 20.744 (t.o.), pues indicó que si bien la demandada "...no lo plantea abiertamente, pero parece inducirlo en varios pasajes de su contestación..." (fs. 167 vta.).
En este orden, manifestó que el referido art. 9 inc. "b" del convenio refiere sin hacer distinciones -y sin que tampoco, enfatizó, pudieran hacerla los jueces- "a todo trabajador que se acoja a los beneficios de la jubilación", incluyendo, de este modo, a la totalidad de los dependientes que obtengan el beneficio jubilatorio, sea de carácter ordinario o por invalidez. Por otro lado, remarcó que el mismo precepto en su inc. "g" ratifica dicha conclusión cuando dispone expresamente que "los beneficios enumerados precedentemente no excluyen a los que legalmente correspondiere" (fs. 167 vta. y 168).
Además, agregó que a igual solución se arribaba a partir del análisis de la naturaleza jurídica de la indemnización establecida en el mentado art. 212 cuarto párrafo. En tal sentido, sostuvo que su finalidad es "...compensar al trabajador totalmente incapacitado por la pérdida de su trabajo y su marginación del mercado laboral..." (conforme cita de doctrina de esta Corte), mientras que el beneficio del art. 9 importa un premio al operario que ha alcanzado el beneficio jubilatorio, sin que ello tuviere relación con su estado de salud y las causas que motivaron la ruptura del vínculo (v. fs. 168).
I.3. Por todo lo expuesto, concluyó que se encontraban reunidos los requisitos que exige la citada disposición de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que declaró que dicho rubro debía prosperar íntegramente.
II. La legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del principio de congruencia y de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional.
Asimismo, invoca transgredidos los arts. 2, 3, 699, 701 y concordantes del Código Civil; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 11 apartado 4 inc. "c", 14 apartado 2 inc. "a", 26 y concordantes de la ley 24.557; 63 de la ley 11.653; 5, 6, 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773; decreto 472/14; resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la sentencia en cuanto declaró procedente la indemnización prevista en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que el tribunal de grado aplicó dicha norma prescindiendo de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión, y apartándose del derecho vigente. En este marco, afirma que condenó a la accionada a pagar un rubro improcedente.
Alega que el actor no recorrió ninguno de los "pasos" que surgen del Título X, Capítulo I de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es que, transcurridos todos los plazos y ante la necesidad de reincorporación en el puesto de trabajo, las partes hubieran resuelto la cuestión de acuerdo a las situaciones discriminadas y detalladas en el citado art. 212. Y recién, a partir de ahí -en el caso de que el trabajador no pudiera continuar trabajando como consecuencia de la incapacidad absoluta dictaminada-, disolver el contrato de trabajo y abonarle una suma equivalente a la determinada en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En tal sentido, resalta que no existió "...reincorporación alguna porque el actor nunca tomó licencia por la enfermedad inculpable que le aquejaba y, en efecto, trabajó hasta un día antes de comenzar a gozar del beneficio previsional por razones ordinarias (cumplimiento de los requisitos de edad y aportes)" (pág. 16).
II.2. Asimismo, se agravia por cuanto el tribunal de grado resolvió desestimar el pedido de compensación de créditos.
Manifiesta que se acreditó que su parte abonó la bonificación del art. 9 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, una vez que aquel obtuvo el beneficio previsional, aunque con la reserva de que, en el caso de que no fuera aplicado por no haber sido una jubilación ordinaria, como establece el inc. "a" de dicha norma, se imputarían los pagos a cualquier indemnización que pudiere corresponderle. Plantea que el a quo omitió tratar este punto del acuerdo que el propio actor firmó y reconoció en la demanda.
Argumenta que tanto los trabajadores cuya relación laboral concluye antes de acceder a la jubilación ordinaria, como aquellos que la adquieren en forma extraordinaria -por ejemplo, por incapacidad absoluta-, no son beneficiarios de la bonificación contemplada en el mentado art. 9.
Explica que ello es así por cuanto el objeto de la previsión convencional consiste en otorgar un beneficio adicional o "extra" al jubilado que cesa su trabajo, mas no a aquel que, por circunstancias excepcionales, puede gozar de otras indemnizaciones, como sucede en el caso de autos.
En ese contexto, manifiesta, de haberse considerado que la terminación del vínculo se hallaba amparada en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, el actor no hubiese percibido la bonificación del art. 9 del convenio en cuestión.
Considera que la confirmación de la sentencia atacada importaría un enriquecimiento sin causa del trabajador, quien -reitera- no se encontraba licenciado por una enfermedad inculpable, sino que trabajó hasta el último día en que renunció.
II.3. Por último, objeta el tramo del pronunciamiento en el que se dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena.
En este aspecto, refiere que, sin perjuicio de que su parte no incurrió en mora, por cuanto cumplió con "...las obligaciones que la Ley 24.557 establecía a su cargo...", se la condenó a abonar intereses conforme la tasa pasiva denominada digital, vulnerándose la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014), precedentes en los cuales esta Suprema Corte aplicó la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III. El recurso no prospera.
III.1. A partir de la lectura del relato de los antecedentes, se desprende que el remedio extraordinario no consigue revertir lo decidido en la instancia de origen, pues el análisis que -en definitiva- formó la convicción del juzgador de origen y otorgó sustento al fallo no es objeto de una réplica adecuada (conf. art. 279, CPCC).
III.2. Con la finalidad de desbaratar la decisión de grado con arreglo a la cual se declaró la procedencia de la indemnización prevista en el citado art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, puede observarse que el compareciente reflexiona sobre argumentos ya expuestos al contestar la demanda.
En este orden, conforme se reseñó, insiste en afirmar que el trabajador debió dar cumplimiento con lo establecido en los arts. 208, 209, 210 y 211 de la citada ley de fondo y no lo hizo.
Así las cosas, fácil es colegir que omite hacerse cargo de desvirtuar -de modo idóneo- las definiciones centrales del fallo que objeta, pues la crítica se ampara en una mera reiteración de argumentos llevados a consideración del a quo , que fueron analizados y desestimados por aquel, método que esta Suprema Corte ha juzgado ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 121.335, "Parodi", sent. de 12-VI-2019 y L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; e.o.).
En efecto, el tribunal de grado estableció que no resulta recaudo insoslayable para percibir la indemnización aquí reclamada que el trabajador hubiera transitado las etapas previstas en las normas de referencia; sino que, verificándose la situación de incapacidad absoluta a que hace alusión el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, es suficiente a los fines de la percepción del rubro allí previsto.
Para más, en lo que resulta pertinente, cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que no es obstáculo para que el trabajador resulte acreedor a la indemnización prevista por la disposición legal citada, la circunstancia que no estuviera en el año de conservación del empleo cuando se produjo la desvinculación laboral, porque producida la situación a que se refiere la norma, el contrato de trabajo se extingue por imposibilidad de subsistencia (causa L. 36.987, "Otranto", sent. de 23-XII-1986).
En estas condiciones, este aspecto de la decisión de grado ha de permanecer incólume.
Sobre el particular, no es ocioso señalar que es doctrina legal que la circunstancia de que el dependiente estuviera prestando servicios a la fecha del cese ocurrido por denuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación, no es óbice para que pretenda la indemnización aludida, siempre que se trate del supuesto de incapacidad absoluta que ineludiblemente origine la disolución del vínculo al imposibilitar su continuación (causa L. 80.099, "Torti", sent. de 19-IX-2007).
III.3. Tampoco merece recepción el agravio vinculado con el rechazo de la compensación entre la bonificación convencional abonada y el reclamo fundado en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
En primer lugar, el planteo atingente a que el tribunal prescindió analizar los términos del acuerdo suscripto entre las partes no resulta audible.
Es ello así, desde que no fue llevado a consideración del a quo en el momento procesal oportuno, por lo que reviste la condición de novedoso y extemporáneo, lo que lo margina de todo examen en esta sede casatoria (causas L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017; L. 120.027, "Rivero", sent. de 30-V-2018 y L. 120.179, "Bitulfo", sent. de 29-IX-2020; e.o.).
En segundo lugar, los restantes argumentos ensayados en la réplica merecen rechazarse porque se desentienden del razonamiento seguido por el tribunal de origen para desestimar tal pretensión, fincado -en esencia- en la interpretación de los incs. "b" y "g" del art. 9 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75.
En efecto, el recurrente pone el acento en lo dispuesto en el inc. "a" de dicho precepto, omitiendo cumplir la específica carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y, a la par, prescindiendo cuestionar -de modo directo y concreto- lo dicho por el sentenciante en lo relativo a los ámbitos personal y material de aplicación de la bonificación allí contemplada.
Así, frente a la relevada insuficiencia en la fundamentación de la crítica, la decisión de grado en esta parcela debe subsistir incólume.
III.4. En lo atingente a la denuncia de violación del principio de congruencia que se destaca al inicio de la presentación recursiva, la interesada no explica claramente cómo o de qué manera habría sido conculcado, pues se limita a afirmar dogmáticamente que el fallo transgrede dicho postulado (v. rec., pág. 13), sin abastecer la alegación con un planteo que resulte atendible en esta instancia de casación.
Asimismo, cabe advertir que esta Suprema Corte ha dicho que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas -que también se refiere en ese pasaje de la impugnación-, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de texto/s legales (causas L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; L. 116.646, "M., I. A.", sent. de 4-XII-2013 y L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020), no configurada en el caso.
III.5. Igual suerte ha de correr la crítica que se formula con relación a la imposición de intereses y al tipo de tasa que utilizó el tribunal de origen para calcular dichos accesorios.
Respecto del primer planteo, se observa que la impugnante pretende encontrar apoyo en la afirmación que realiza en orden a que su parte "...no se encuentra en mora, por cuanto ha cumplido las obligaciones..." (rec., pág. 18). Empero, esa mera expresión deviene claramente inatendible, en tanto no cumple los mínimos recaudos exigidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego, esta Suprema Corte, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017), entre muchas, se pronunció -por mayoría- estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.); de modo que, con respaldo en ello, corresponde confirmar la decisión de grado relativa a la tasa de interés cuya aplicación se dispuso.
En consecuencia, este tramo del pronunciamiento en crisis tampoco ha de modificarse.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:47:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 23:08:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2022 09:11:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:23:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:19:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia