Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128964
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.964, "Calvo, Roberto contra Banco Credicoop Cooperativo Limitado. Incapacidad absoluta", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 15-VII-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda deducida por Roberto Calvo contra el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, condenando a este último a abonarle la suma indicada en la sentencia en concepto de indemnización por incapacidad absoluta, sueldos por cese laboral, multa del art. 2 de la ley 25.323, indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), con más los intereses liquidados del modo especificado en el fallo atacado. Asimismo, ordenó la entrega del certificado de servicios y remuneraciones -con sustento en el art. 12 de la ley 24.241- y de la constancia de trabajo prevista en el citado art. 80 (v. sent. de 15-VII-2021).
En lo que interesa, por resultar materia de agravio, estableció que la disolución del vínculo laboral operó el 31 de octubre de 2017, cuando el actor envió a la demandada la carta documento fechada el 19 de octubre de 2017, en la que puso de manifiesto que con fecha 26 de septiembre de ese mismo año, la respectiva comisión médica dictaminó que padecía un porcentaje de incapacidad del 66,64%, que le permitía acceder al beneficio del retiro transitorio por invalidez. En consecuencia, con la finalidad de concluir dicho trámite, notificó el cese laboral a partir de la fecha indicada (v. vered., pág. 9).
Luego, puntualizó el juzgador que, toda vez que el accionante invocó que el distracto obedeció a que se encontraba incapacitado de modo absoluto, mientras que la entidad bancaria negó dicho extremo, debía acudir -para dirimir el punto- a la pericia médica producida en autos (v. vered., págs. 14/15).
En este orden, refirió que el experto informó que la minusvalía que afectaba al señor Calvo era del 72,39%, incluyendo factores de ponderación, porque presentaba las siguientes patologías: artrosis de rodilla, hipercolesterolemia, diabetes tipo II, hipertensión arterial, psoriasis en codos, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), alteración de la agudeza visual, ansiedad generalizada con depresión (respecto de la cual se hallaba medicado; v. vered., págs. 15/17).
Con base en lo antedicho, concluyó que el dependiente era portador de una minusvalía para trabajar del orden del 66,64% -concomitante al cese laboral- y del 72,39% al tiempo de practicarse la mencionada experticia, por lo que procedió a subsumir el caso en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., pág. 4).
En otro orden, dispuso liquidar los intereses moratorios a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes en el inicio de cada uno de los períodos comprendidos, en base a la tasa pasiva CAT (tasa digital, opción: plazo fijo tradicional) que paga dicha entidad bancaria, conforme el siguiente cálculo: desde que se devengó cada crédito y hasta la notificación de la demanda (30-X-2018), los ordenó capitalizar conforme lo establecido por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial. Luego, estableció que el total devengara el mismo tipo de acrecidos hasta que quedara firme la sentencia, efectuándose ese cálculo hasta el 5 de julio de 2021, sin perjuicio de los accesorios resultantes desde esta última fecha hasta el efectivo pago (v. sent., págs. 33/34).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 80 y 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo; 12 inc. "g" de la ley 24.241; 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona que cuando el tribunal de grado estableció que el actor era portador de una incapacidad absoluta y acreedor de la indemnización prevista en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, se apartó de lo dispuesto por la norma citada y por la doctrina legal que emerge de la causa L. 88.913, "Mastaescusa" (sent. de 11-III-2009; v. rec., págs. 2/3).
En este orden, resalta que la incapacidad laboral prevista en la referida disposición legal es aquella que impide al trabajador realizar las labores que anteriormente cumplía u otras adecuadas a su disminución laborativa, que no permita la prosecución del contrato de trabajo, lo cual no requiere que la minusvalía llegue al cien por ciento, aunque debe ser indubitable la demostración en juicio de su carácter de absoluta, en el sentido de que el dependiente no pueda continuar las tareas que venía desempeñando ni otras compatibles a su capacidad residual. También invoca la causa L. 88.479, "Romero", sentencia de 18-VII-2007 (v. rec., pág. 4).
Seguidamente, argumenta que la sentencia de autos deviene absurda porque se aparta de la pericia médica, en la cual, si bien se otorgó al actor un porcentaje alto de incapacidad, no se precisó su imposibilidad de ejecutar tareas en el Banco como las que venía realizando, u otras distintas, incluso para otro empleador. Así, manifiesta que el reclamante, entre otras patologías propias de su edad, padece hipertensión arterial, síndrome meniscal, EPOC, pero que en el dictamen se hizo hincapié en la incapacidad visual por miopía, la cual -aduce- es de público y notorio que se corrige con anteojos, sin que las demás enfermedades le hayan provocado una disminución de la capacidad que resulte relevante (v. rec., pág. cit.).
Reitera que no existe prueba que demuestre que el grado de la capacidad remanente impida al señor Calvo desempeñar otras tareas, tal como prevé el cuarto párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. En estas condiciones, reconoce que si bien es cierto que no procede requerir que la minusvalía llegue al cien por ciento, no lo es menos que ha de ser indubitable la demostración en juicio de su carácter absoluto, en el sentido de que el dependiente no pueda continuar las tareas que venía desempeñando, ni otras compatibles con su capacidad residual. Cita el precedente L. 105.461, "Berton", sentencia de 22-VIII-2012.
Por ello, reprocha que la decisión adoptada viola el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, así como el citado art. 212, ya que -sostiene- no se produjo por parte del actor -extremo que estaba a su cargo- prueba alguna de su insuficiente incapacidad restante, incurriendo el fallo recurrido -además- en absurdo, porque otorga a la pericia médica una entidad y valor probatorio que no tiene (v. rec., pág. 5).
Denuncia que el fallo contraría, asimismo, el criterio sentado por este Tribunal en la causa L. 85.974, "Ianonne" (sent. de 26-XII-2007), en la que sostuvo que es el trabajador quien debe demostrar en juicio que no solo no puede continuar las tareas que venía haciendo, sino que tampoco otras compatibles a su capacidad residual; por lo que propugna que el rubro impugnado sea dejado sin efecto (v. rec., pág. cit.).
II.2. En segundo lugar, cuestiona la procedencia del crédito reconocido al accionante en concepto de gratificación extraordinaria de seis meses de sueldo. Entiende que lo resuelto en este tramo del fallo resulta absurdo por violar las reglas de la lógica y la evidencia documental incorporada a las actuaciones, pues la entidad bancaria solamente reconoce dicha gratificación especial a los empleados que egresan por jubilación ordinaria, supuesto -según resalta- distinto al de autos (v. rec., pág. 5).
En este sentido, alega que al adoptar el fundamento sostenido por la parte actora en su escrito de demanda, sustentado en que el reclamo debía proceder, pues de lo contrario la política de gratificaciones de la parte demandada resultaría discriminatoria por una cuestión de salud, extremo expresamente prohibido por la ley 23.592 (v. presentación electrónica de fecha 14-IX-2018, rubro IX), la sentencia atacada no indica en qué consistiría tal comportamiento discriminatorio, a la vez que aplica una normativa que nada tiene que ver con lo actuado.
Entiende violado el art. 1 de la ley 23.592 y arguye que la sentencia dictada vulnera el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto resulta incongruente entre el pedimento y lo resuelto (v. rec., pág. 6).
Postula que el actor no tiene derecho a una gratificación que ha sido establecida como beneficio restringido a una categoría especial de trabajadores (a quienes se jubilan de modo ordinario), y que la sentencia extiende equivocadamente a cualquier otro empleado, cualquiera sea la causal de egreso. Manifiesta que en el caso no se presenta una violación al principio de igualdad, que implica un trato igual para igualdad de circunstancias, pues no resulta equivalente quien egresa de la empresa con motivo de la disminución de capacidad -sin alcanzar la jubilación ordinaria- en cualquier momento de la vida, a quien lo hace por alcanzar la avanzada edad que lo pone en condiciones de obtener su jubilación ordinaria (v. rec., págs. 6 y 7).
Por lo demás, aduce que este tramo del pronunciamiento también vulnera el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, que impone la carga de la prueba a quien alega la procedencia de un rubro o crédito, toda vez que la supuesta obligación de la empleadora de establecer una gratificación especial por cese con carácter general o extendido a toda causal debió ser demostrada por el promotor del pleito, pero ello no sucedió en la especie (v. rec., pág. 7).
Asimismo, alega conculcado el principio de congruencia, toda vez que sostiene que el veredicto decide sobre la existencia de un obrar discriminatorio sin tener en cuenta la respuesta opuesta dada por la entidad gremial del Banco, no objetada por el actor, conculcándose así el art. 47 de la ley 11.653, disposición que -en lo pertinente- ordena que el tribunal de grado dicte sentencia que contenga "...la cuestión litigiosa en términos claros, los fundamentos del fallo y la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas..."; por lo que considera que este aspecto de la condena también debe revocarse (v. rec., pág. cit.).
II.3. A renglón seguido se agravia de la imposición de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
Tras reproducir el contenido del referido precepto sostiene que la sanción aplicada resulta improcedente, ya que refiere y se aplica exclusivamente al caso del despido y no hace referencia a otras indemnizaciones que la misma Ley de Contrato de Trabajo establece, como la del cuarto párrafo del art. 212, la prevista en el art. 248, etcétera (v. rec., págs. 7/8).
En este orden, alega conculcada la doctrina legal que -dice- emerge de la causa L. 116.518, "Grandelmeier" (sent. de 16-VI-2014; v. rec., págs. 8/9).
II.4. Por demás, postula que la sentencia quebranta lo establecido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, así como la doctrina legal sentada en la causa L. 119.766, "Pantano", sentencia de 8-X-2020, en la cual -afirma- esta Suprema Corte resolvió la improcedencia de la capitalización de intereses como la que aquí dispuso el tribunal de grado, por considerar que constituye una doble acumulación de intereses, causando así un grave perjuicio al demandado (v. rec., págs. 9/10).
II.5. Finalmente, se agravia de la condena con arreglo a la cual se dispone la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y el pago de la multa allí contemplada.
Explica que, si bien en la demanda la parte actora sostuvo que los certificados de trabajo no le habían sido entregados, luego -como se admite en el veredicto- aquella reconoció al contestar el segundo traslado conferido que había recibido dichos instrumentos, sosteniendo en esa oportunidad que los mismos no estaban completos.
Reprocha que no habiendo mediado la invocación de hechos nuevos (ni oportunidad para la accionada de expresarse al respecto), todo debate sobre la eventual completitud o no de tales certificados no integró nunca la litis. En estas condiciones, entiende conculcado el art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que cita (v. rec., pág. 10).
Manifiesta que la sentencia objetada resulta incongruente, desde que condena a otorgar aquello que se demostró entregado, violentando los arts. 163 inc. 6 de la citada normativa procesal y 47 de la ley 11.653, ya que al invocar la contraparte en su escrito liminar como no recibidos los certificados, la condena a proporcionar otros certificados excede la pretensión misma que había sido cumplida previamente. Sostiene que cualquier consideración sobre la corrección o no de la documentación entregada a la parte actora no fue materia de debate (v. rec., pág. 11).
Asimismo, entiende que la condena a pagar la multa prevista en el citado art. 80 vulnera dicho precepto y el art. 12 inc. "g" de la ley 24.241, que ordena la entrega de los certificados necesarios para el reconocimiento de servicios que tienen por objeto el otorgamiento de la prestación jubilatoria. Sin embargo, en el caso, el promotor del juicio -alega- está gozando de la jubilación por invalidez. Además, aduce, se encuentra impedido de trabajar mientras usufructúe tal beneficio (v. rec., pág. cit.).
En definitiva, considera que la decisión adoptada infringe la congruencia, así como los lindes que fijan la demanda y su contestación. Por ello, alega que el fallo deviene absurdo y opuesto a la lógica, ya que no se puede deber y haber entregado los certificados al mismo tiempo. Añade que el actor jubilado por invalidez no puede trabajar y tiene beneficio concedido, de modo que los certificados que se ordena confeccionar nuevamente carecen de objeto, y contrarían lo que dice la ley, violando la sentencia los arts. 44 inc. "e" y 47 de la ley 11.653.
III. Pues bien, considero que el recurso merece prosperar parcialmente.
III.1. Inicialmente, observo que el impugnante no logra conmover lo medular de la decisión que contiene el pronunciamiento de grado, esto es, que el trabajador se encuentra afectado por una incapacidad absoluta y permanente, por lo que resulta acreedor de la indemnización normada en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.1.a. Al respecto, dable es recordar que, conforme ha declarado esta Suprema Corte, el presupuesto al que se supedita la adquisición del derecho al cobro de la indemnización normada en el mencionado art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, consiste en que el trabajador sea portador, al tiempo de la extinción del vínculo laboral, de una incapacidad absoluta y permanente que imposibilite la prosecución del contrato de trabajo (conf. causas L. 39.422, "Rocca", sent. de 14-III-1989; L. 38.441, "Salerno", sent. de 29-IX-1987; L. 77.155, "Núñez", sent. de 16-VII-2003; L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013; e.o.).
También tiene dicho este Superior Tribunal que la minusvalía a la que alude dicha norma es aquella que impide al dependiente realizar las tareas que anteriormente cumplía u otras adecuadas a su disminución laborativa, que no permita la subsistencia del vínculo laboral, lo cual no requiere que aquella llegue al cien por ciento, aunque debe ser indubitable la demostración en juicio de su carácter de absoluta, en el sentido de que el dependiente no pueda continuar las tareas que venía desempeñando ni otras compatibles a su capacidad residual (causas L. 88.913, "Mastaescusa", sent. de 11-III-2009 y L. 105.461, "Berton", sent. de 22-VIII-2012, mencionadas por el propio recurrente).
III.1.b. En tal contexto, el órgano de grado tuvo por probado -como surge del relato de los antecedentes- que, por despacho telegráfico de fecha 19 de octubre de 2017, el actor notificó la extinción de la relación laboral por la causal objetiva aludida a partir del 31 de octubre de 2017, con sustento en el hecho de encontrarse incapacitado -según dictamen de la comisión médica emitido el 26 de septiembre de 2017- en un 66,64% de la total obrera (v. vered., págs. 9 y 14).
Luego, por conducto de la valoración de la pericia médica (v. presentación electrónica de fecha 29-I-2020 y respuesta a la impugnación formulada por la demandada en el escrito de fecha 3-IV-2020), juzgó que el dependiente era portador de incapacidad laboral total y definitiva del 72,39% de la total obrera, teniendo en cuenta cada una de las enfermedades que el experto informó como padecidas por el actor: miopía severa (aún con corrección); diabetes tipo II; hipertensión arterial severa (Grado III); EPOC y ansiedad generalizada con depresión. Asimismo, consideró que tal determinación le imposibilitaba realizar trabajos bancarios y/o administrativos de cualquier tipo (v. vered., págs. 17/18).
Para ello, el tribunal adoptó las conclusiones periciales vinculadas a que la miopía severa del trabajador, medida aún con corrección por el empleo de lentes en OD:5/10 (ojo derecho), OI:4/10 (ojo izquierdo), con más las alteraciones degenerativas presentadas en el fondo de ojo, sumadas al resto de las patologías padecidas, le resultaban altamente incapacitantes para desarrollar trabajos administrativos de cualquier tipo, por mostrar un índice de ansiedad y dolencias asociadas que podrían verse agravadas por labores generadoras de estrés. Así, concluyó expresamente que: "...no le asiste razón a la demandada cuando dice que el actor podía seguir trabajando en el banco hasta su jubilación ordinaria y que no le correspondía la incapacidad absoluta determinada por la Comisión Médica..." (vered., págs. 17/18).
III.1.c. Pues bien, tal categórica afirmación se basó -como se dijo- en la ponderación que, en ejercicio de facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653), fue efectuada en torno a la pericia médica. Al respecto, es sabido que la ponderación de dicho medio probatorio (para asignarle entidad convictiva) constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal del trabajo, que no resulta susceptible de revisión ante la Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional déficit del absurdo (causas L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 127.149, "Gerzel", sent. de 19-XII-2022; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; e.o.), que requiere -para su configuración- que la motivación impugnada deba estar viciada por un error grosero, extremo y manifiesto en la apreciación de las constancias objetivas de la causa (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
Si bien, como fue reseñado, la impugnación pretende desvirtuar el análisis que el tribunal de origen hizo sobre las resultas de la experticia médica (imputándole haberle atribuido un valor probatorio que no tiene), en rigor, no logra su cometido. El recurrente no demuestra cuál ha sido el yerro manifiesto del juzgador de grado en la determinación de las habilidades residuales del actor a partir de la valoración de las conclusiones periciales.
Por el contrario, los argumentos que expone
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.