Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.336, "Quiñones, Marcelo Ceferino contra Ente Administrador Astillero Rio Santiago y otro/a. Incapacidad absoluta (art. 212, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 14-VII-2023).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcelo Ceferino Quiñones contra el Ente Administrador del Astillero Río Santiago en cuanto procuraba al pago de la indemnización prevista en el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo y el agravamiento contemplado en el art. 2 de la ley 25.323.
Para así resolver, en lo que resulta de interés, tuvo por acreditado que la relación laboral habida entre las partes se inició el día 14 de julio de 1997, extinguiéndose por incapacidad absoluta del dependiente el 30 de noviembre de 2017 (v. vered., primera cuestión).
Sostuvo el juzgador de origen que si bien el mencionado art. 212 cuarto párrafo de la referida Ley de Contrato de Trabajo remite para su cuantificación al art. 245 de la ley citada, no correspondía aplicar en la especie tope legal alguno.
Fincó tal conclusión en que la parte demandada no invocó cuál es, en concreto, el límite que consideraba aplicable a la base de cálculo, ni demostró que a la fecha de la desvinculación existiera un tope que debiera tenerse en cuenta para calcular el rubro en cuestión (v. sent. pág. 5).
Aseveró que la ausencia de la aludida restricción, se corroboraba al consultar la página web de la Dirección de Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) de la Nación y el sitio oficial de dicha cartera ministerial, correspondiente al convenio colectivo de trabajo (CCT) 91/75 (buscador de convenios, v. sent., pág. cit.).
Sentado ello, tomando como módulo la mejor remuneración mensual, normal y habitual del actor que estimó verificada ($66.687,50), concluyó que la indemnización reclamada con sustento en el indicado art. 212 cuarto párrafo de la última de las leyes citadas debía prosperar por la suma que especificó en la sentencia.
Asimismo, hizo lugar a la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que —manifestó— su finalidad es sancionar al empleador que, pese a haber sido intimado, se muestre reticente a satisfacer las indemnizaciones debidas al dependiente.
En cuanto a los intereses moratorios, dispuso su liquidación desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días.
II. La Fiscalía de Estado provincial deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que el tribunal interviniente, tras endilgar arbitrariamente a la demandada que no invocó cuál era el tope aplicable en el caso, calculó la indemnización normada en el art. 212 antes citado, conforme lo establecido por el art. 245 de dicho cuerpo normativo, sin la limitación legal, aduciendo para ello que, consultada la página web de la Dirección de Regulaciones del Trabajo del MTESS de la Nación y la página oficial de este último organismo ministerial correspondiente al CCT 91/75 (buscador de convenios), corroboró la ausencia del referido tope.
Arguye que, al resolver de ese modo, el sentenciante de grado transgredió la doctrina legal delineada por esta Corte en las causas L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013) y L. 91.301, "Sobre" (sent de 12-X-2011), que transcribe en lo que considera relevante.
Alega que de dichos precedentes se infiere que la restricción a la que se viene haciendo referencia es de aplicación imperativa para los magistrados, salvo su eventual declaración de inconstitucionalidad en caso de que no guardara el estándar fijado en los fallos "Vizzoti" (CSJN Fallos: 327:3677) y L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006) de esta Suprema Corte. Ello —explica el quejoso— aún en el caso de que no existiera publicación actualizada de dicha limitación por parte del organismo ministerial competente.
En su apoyo, menciona, también, el antecedente de este Tribunal que identifica como L. 119.668, "Díaz" (sent. de 21-IX-2016).
Por lo expuesto, solicita que se case el fallo de grado, disponiéndose la aplicación al caso del tope previsto en el art. 245 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, y —en consecuencia— se efectúe un nuevo cálculo del agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.
II.2. Sin mengua de lo señalado, a tenor del principio de eventualidad, añade que las razones invocadas por el tribunal de origen para resolver del modo en que lo hizo —consistentes, según dijo, en la falta de invocación concreta por parte de la accionada del tope aplicable, como así también, de no haberse demostrado que a la fecha de la desvinculación existiera alguno que debiera tenerse en cuenta— son arbitrarias.
Al respecto, arguye que en oportunidad de contestar la demanda sostuvo expresamente la aplicación al caso del CCT 91/75, denunciando, igualmente, el límite a la base de cálculo que consideró aplicable (se remite al capítulo VII del escrito electrónico de fecha 10-V-2019), lo cual quedó corroborado —afirma— mediante la prueba informativa agregada con fecha 19 de septiembre de 2020.
Por último, agrega que —aún sin constituir doctrina legal— lo resuelto en la instancia de grado colisiona —también— con lo decidido por la Corte federal en la causa "Nine, Héctor Aldo c/ Automóvil Club Argentino" (sent. de 7-II-2006).
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que —en efecto— el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 28-IX-2023).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2.a. En ese contexto, aun cuando el caso bajo análisis presente matices particulares, considero que acierta el impugnante al denunciar que la decisión del juzgador, en cuanto dispuso la no actuación de la limitación indemnizatoria prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto del rubro cuya procedencia declaró, conculca la doctrina legal delineada en las causas L. 91.301, "Sobre" (sent. de 12-X-2011) y L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013).
Partiendo del presupuesto fáctico de que la accionada solicitó la aplicación del tope indemnizatorio e identificó el convenio colectivo aplicable en un pasaje de la contestación de la demanda que fue transcripto textualmente por el propio tribunal de origen en el fallo en crisis (v. sent., págs. 9/10), observo que los argumentos dados por el sentenciante no resultan definitorios para excluir al caso del criterio judicial emergente de los precedentes citados.
En ellos, cabe recordar, se determinó que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Nine, Héctor Aldo c/ Automóvil Club Argentino", sentencia de 7-II-2006, la circunstancia de que el Ministerio de Trabajo de la Nación no hubiese fijado el tope a la base salarial correspondiente al convenio colectivo aplicable al trabajador despedido en los términos de la última disposición legal citada, no constituye un valladar que impida preservar el propósito legislativo de establecer un límite a las indemnizaciones en concepto de despido, por lo que mal pudo el juzgador de grado, ante —según dijo— la verificada omisión de la cartera ministerial, resolver del modo en que lo hizo, sin quebrantar —reitero— la doctrina legal que emerge de los mencionados casos.
III.2.b. En razón de lo expuesto, auspicio hacer lugar al recurso traído y revocar la sentencia de grado en cuanto ordenó calcular la reparación de referencia sin tope alguno (v. sent. de fecha 14-VII-2023), debiendo —asimismo— devolverse los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda, y —conforme se peticiona en la impugnación— liquide nuevamente el agravante previsto en el art. 2 de la ley 25.323, aplicable al caso.
III.3. Finalmente, y sin dejar de señalar que los presupuestos fácticos y jurídicos que informan la causa L. 119.668, "Díaz", sentencia de 21-IX-2016 difieren de los de la presente, considero que lo dicho precedentemente abastece la respuesta para el presente debate.
IV. En virtud de lo dicho, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y casar la decisión objetada, de conformidad y con los alcances dispuestos en los puntos III.2.a. y III.2.b.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines allí indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:03:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:15:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:26:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:40:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:46:57 hs. bajo el número RS-71-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia