Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC).
Causa N ° MO-33234-2023
VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la resolución del 22 de Febrero de 2024, concedido en relación y fundado con el memorial de fecha 8 de Marzo de 2024, replicado el 14 de ese mismo mes y año por la actora y el día 20, también de ese mismo mes y año, por la Asesoría
CONSIDERANDO: Que, inicialmente, es preciso señalar que el memorial recursivo satisface las exigencias del art. 260 del CPCC, pues contiene suficiente crítica, técnicamente computable, de la resolución apelada.
Por ello, no cabe decretar la deserción del recurso.
Ahora bien, en el auto apelado, la Sra. Jueza de la instancia previa, dispone un aumento de la cuota alimentaria provisoria, que había sido fijada en la resolución de fecha 3 de Octubre de 2023.
Ello agravia al demandado.
Abordando las cuestiones que plantea, lo primero a tener en cuenta es que, a contrario de lo que él sostiene, no existe ninguna norma, ni principio, que nos indique que la fijación de alimentos provisorios en casos como el presente debe ser restrictiva o excepcional sino, mas bien, todo lo contrario.
Si está en juego la subsistencia de dos niños, o adolescentes, la cuestión temporal de la prestación adquiere una trascendencia fundamental y el art. 15 de la Constitución de la Provincia, conjugado con la demás normativa convencional (CIDN) y legal (ley 26.061, CCyCN), imponen acudir a tutelas, provisionales, que brinden respuesta oportuna y eficaz a la situación.
Sentado ello, cabe recordar lo expuesto por esta Sala II en la causa nro. MO49.095, R.S. 617/03:
" Dispone el artículo 265 del Código Civil que, los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres, teniendoéstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.-
Específicamente respecto de la obligación alimentaria, el Código Civil prescribe que "...comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos de enfermedad" (art. 267 del Código Civil).-
Al respecto se ha dicho que "quien ha tenido un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades; no sólo el interés individual del hijo el que se halla comprometido en ello, sino que a través de él, aparece el interés de la sociedad" (esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01) y que "la prestación debe satisfacer no solamente las necesidades vinculadas con la subsistencia, entendidas como las más urgentes de índole material (habitación, vestuario, asistencia médica, etc.) sino también las de carácter moral y cultural de acuerdo a la condición social del alimentado" (esta Sala en causa 42.160, R.S. 137/00).-
Es evidente, que la obligación de alimentos pesa sobre el padre y la madre -la norma citada en primer término se refiere a "sus padres", aunque se reconoce que el primero, de no tener a su cargo la tenencia del hijo, se encuentra con mayores posibilidades de obtener ingresos pecuniarios a través de su trabajo.-
Ello, sencillamente porque dispensa menos tiempo al hijo, que la madre que ejerce la tenencia del mismo.-
De manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo menor, y para ello deben efectuar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivo (CNCiv., Sala A, 17/5/88, R. 36.161; íd., 15/3/88, R. 35.559), sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (CNCiv., Sala A, 19/11/87, R. 32.695; íd., Sala C, 24/3/86, R. 20.219).-
Insisto, aún cuando el progenitor reconozca realizar determinado trabajo cuyo ingreso no es suficiente para atender las necesidades del hijo, está en el campo de su responsabilidad paterna dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulta razonable, a tareas remuneradas con las cuales poder completar la cuota (CNCiv., Sala B, 20/8/86, R. 23.907; íd., 27/2/86, ED:, 122-214; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01).-
En este sentido la jurisprudencia ha resuelto que la responsabilidad asumida con el nacimiento de los hijos exige la realización de los esfuerzos necesarios para obtener las entradas suficientes para su satisfacción (CNCiv., Sala A, 17/5/88, R. 36.161; íd., Sala D, 15/5/79, R. 254.960; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01).-
El deber alimentario comprende la obligación de dedicarse al trabajo productivo que le permita satisfacer las necesidades de los seres a los que ha procreado (CNCiv., sala A, 30/12/87, R. 34.628; íd., 15/3/88, R. 35.559; íd., Sala G, 6/3/89, R.S. 42.543; esta Sala en causa 44.808, R.S. 213/01)".-
La cuestión trasciende los límites del Código de fondo y se engarza en los estratos más altos de nuestro orden jurídico, siendo pertinente enviarnos -en tal sentido- a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 Const. Nac.).-
El artículo XXX de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar y amparar a sus hijos menores de edad, a su vez el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.-
Tales normas, entre otras análogas de igual jerarquía, demuestran la trascendencia e importancia de la obligación alimentaria que vemos expresamente consagrada ya en la Constitución Nacional (1994).-
Por ello, toda interpretación y análisis en el tema ha de efectuarse en forma minuciosa, procurando -en todo momento y en lo que aquí interesa- que la obligación alimentaria de los padres se ajuste estrictamente a sus posibilidades y medios económicos pues, de no establecérselo así -ya sea por exceso o por defecto- podría contradecirse lo establecido por las normas de mayor jerarquía de nuestro orden jurídico (art. 31 y 75 inciso 22 Const. Nacional) (esta Sala en causas 49.778 R.S. 673/03; 53.446, R.S. 115/06; F4-53.953-BIS, R.S. 74/2016).-
Dicho rol de padre también se encuentra plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuando en su artículo 646, en lo que atañe en la materia aquí en estudio, refiere que "Son deberes de los progenitores: a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo...".-
Y en el art. 658 del mismo ordenamiento de fondo nos encontramos con que "ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna...".
A su vez, el art. 659 del CCyCN determina que "la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado".
Por otro lado, y atento la temática que se trae a nuestro conocimiento y decisión, es necesario recordar que el art. 544 del CCyCN establece que desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales.
En dicho camino, y como lo hemos recordado en ocasiones anteriores (esta Sala en causa nro. 75.582 R.S. 21/17, entre otras), se ha dicho que los alimentos provisorios están destinados a regir desde que se los solicita hasta el dictado de la sentencia y tienen por objeto subvenir sin demora a las necesidades del actor, ya que la espera hasta la finalización del juicio puede privarlo de los rubros esenciales para su vida. No constituyen un derecho diferente al que se concede para obtener la prestación alimentaria definitiva, tratándose de una facultad de neto perfil procesal, pese a su ubicación dentro del Código, que no supone una categoría autónoma de alimentos, sino una cuota que se fija anticipadamente para cubrir los gastos imprescindibles, hasta que recaiga el pronunciamiento final (cfr. "Código Civil... Comentado", Lorenzetti, Tomo III, pág. 426).-
Queda en claro, así, que el instituto de los alimentos provisorios, con una finalidad claramente anticipatoria de los efectos del eventual pronunciamiento de fondo, es un recurso ideado por el legislador tendiente a operar en una situación acuciante, de apremio temporal, impostergable al estar en juego la subsistencia de una persona, y donde no pueden producirse -ni tolerarse- las dilaciones propias que genera la emisión de un pronunciamiento de fondo.-
Y todo esto, a no dudarlo, repercutirá en la profundidad de la cognición: es que, signado por la urgencia, el decisorio que decida acerca de los alimentos provisorios no podrá reclamar de mayores acreditaciones, ni tampoco discurrir acerca de cuestiones que -se insiste- eventualmente serán objeto de la decisión definitiva que se dicte respecto de la pretensión alimentaria.
Ello así, las cuestiones que introduce el quejoso en relación a sus posibilidades económicas y demás temas conexos, habrán de ser objeto de tratamiento al momento de dictar sentencia.
Por otro lado, y teniendo en cuenta las cuestiones que se plantean en los agravios, cabe señalar en nuestra resolución de fecha 5 de Diciembre de 2023 dijimos que " si las volátiles circunstancias económicas de nuestro país demuestran la insuficiencia de dicho índice, nada impide que -judicialmente- se operen las pertinentes modificaciones.
Ello implica, solamente, ajustar los mecanismos que, en un contexto, pudieran haberse acordado a las nuevas circunstancias económicas imperantes (compútese, solamente, la inflación interanual y se observará que el aumento dispuesto provisionalmente queda muy lejos de ser desmedido) ".
Luego , la petición que motivó la resolución apelada derivó de la modificación de las condiciones económicas.
En tal contexto, si tenemos en cuenta que la cuota que se aumenta había sido fijada en Octubre de 2023 y contextualizamos ello con lo que vino después, modificando las condiciones económicas imperantes, hasta el dictado de la resolución apelada (en Febrero de 2024 ) queda en claro que el porcentual de ajuste (20% semestral) consagrado en Octubre de 2023 resultaba claramente insuficiente para mantener el valor de la prestación alimentaria, si se lo conjuga con la evolución de los índices (especialmente el costo de vida) informados oficialmente para el mismo período.
Consecuentemente, por tales razones y computando, asimismo, lo dictaminado por la Asesoría interviniente, la resolución apelada habrá de confirmarse.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, al apelante (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 12:30:04 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 12:48:01 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 12:51:57 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 23/04/2024 12:51:57 hs. bajo el número RR-276-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia